• POR ORLANDO BAREIRO
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El Ministerio de Tra­bajo se convirtió en agencia de empleo de familiares y amigos políticos. Mirta Domínguez, quien se ubicó en el cargo de jefa de secretaría privada del Gabi­nete de la ministra de Tra­bajo, Carla Bacigalupo, desde agosto del año pasado consi­guió jefaturas para el sobrino y su novia, también para un ahijado en el Servicio Nacio­nal de Promoción Profesio­nal (SNPP).

José Carlos Azcona Fleitas y Sebastián Insaurralde, sobrino y ahijado, respectivamente fueron incorporados reciente­mente sin concurso, como ya es habitual en el SNPP. En el caso de José, es su sobrino, ya que es el hijo del hermano de su pareja, Milciades Fleitas; mientras que Sebastián es ahijado y vecino en Areguá.

Cabe señalar que Milcia­des Fleitas, pareja de Mirta Domínguez, es funciona­rio de la Dirección de Aero­náutica Civil (Dinac) con un sueldo de G. 9 millones.

En el caso del sobrino Azcona Fleitas, quien per­cibe un salario mensual cercano a los G. 8,5 millo­nes, en la planilla de pagos aparece como asistente téc­nico, pero con el rango de jefe a la vez.

En la institución nos dije­ron que el cargo del mismo es el de “jefe de archivo”. El privilegiado se incorporó en febrero de este año y sola­mente cuenta con curso de bachiller.

Por su parte, el otro fun­cionario público que consi­guió colocar Domínguez en el SNPP es Sebastián Insau­rralde. El mismo trabaja como fotógrafo oficial de la ministra Bacigalupo, su sueldo mensual es de G. 9,2 millones y, también, cuenta solo con curso de bachi­ller. Ingresó a la entidad en febrero pasado.

Otra jefa del clan de Domín­guez que se ubicó en el SNPP es Ivana Delgado Taboada, novia del sobrino Juan Car­los Azcona. La mujer tiene sueldo de G. 8 millones al mes. Figura como asistente técnico y tampoco cuenta con título universitario.

Tratamos insistentemente en hablar con la ministra sobre la incorporación fami­liar, pero no respondió las lla­madas, tampoco los mensajes vía Whatsapp.

OCULTAN INFORMACIÓN

Tuvimos que acudir a otra institución para confirmar que Domínguez ingresó al Ministerio de Trabajo y que percibe más de G. 13 millo­nes al mes. La ahijada política de Bacigalupo no figura en la planilla de funcionarios que se publica en el portal de la institución. Es decir, filtran la nómina pese a la vigencia de la Ley Nº 5.189/14 que obliga a publicar todos los pagos realizados a los funciona­rios públicos.

Consultamos a la Secreta­ría de la Función Pública y así pudimos constatar que Domínguez está en el Minis­terio de Trabajo como perso­nal técnico y estudiante uni­versitaria. Es decir, carece de título de grado.

Domínguez es una fanática de la ministra de Trabajo en sus redes sociales al igual que su parentela. Operó bastante por el movimiento Añetete y ahora disfrutan la recompensa.

VARIOS CLANES CONTRATADOS

Además de los operadores y seguidores incorporados en el SNPP, esta institución pasa a ser el lugar preferido para ubicar clanes. Desde la llegada de Carla Bacigalupo y su equipo, aparecieron los “familiares y amigos” insta­lados en su administración..

Uno de los casos es el de Celso Alejandro Rodríguez Colmán, hermano del jefe de Patrimonio del SNPP, Israel Rodrigo Rodríguez. Celso, quien consiguió su comisio­namiento desde Yacyretá, donde cobraba mensual­mente más de G. 23 millo­nes, pasó a ganar más de G. 30 millones gracias a su comisionamiento al SNPP. Los hermanos son muy cer­canos al gerente Julio Pes­solani (operador de Arnaldo Samaniego)..

Otro caso que salió a luz es el de Elva Acosta viuda de Vega, quien ocupa una jefa­tura en el SNPP pese a que no concluyó su secundaria, con un salario por encima de los G. 9 millones al mes. Viuda de Vega hizo valer su influencia, ya que también es operadora de Arnaldo Samaniego y logró ubicar a su hijo Carlos María Vega Acosta en la secretaría gene­ral del SNPP. Este último hasta ahora no terminó la secundaria.

Además de estos nombra­mientos, la actual admi­nistración se destacó por tener una directora vip, el caso de Ana Houdin, quien era directora del SNPP y docente en el colegio Repú­blica de Colombia a la misma hora. Luego de las publica­ciones periodísticas, la fun­cionaria fue enviada nueva­mente a su lugar de origen, la Municipalidad de Asunción, y está siendo investigada por el MEC, que hasta ahora no quiere hablar del tema.

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En Sapucai mucha gente recuerda al Cuevas “zapa­tero de barrio”. Era cono­cido así, pero ya mostraba a finales de los 80 ganas de ingresar a la política local. Sus primeros pasos le sir­vieron para alzarse con la intendencia de Sapucai en 1996 y desde entonces no ocupó ninguna otra función laboral importante que no sea la pública. Hoy día, don Miguel Cuevas disfruta sus días con su familia lejos de la angustia económica.

Cuevas es amigo de Nica­nor Duarte Frutos y muchos vecinos recuerdan cuando el entonces candidato y pos­terior presidente de la Repú­blica lo visitaba en Sapucai. De hecho el ex mandatario fue el que le premió con un cargo de “oro” en Puertos.

Tras dejar la intendencia en el 2000, un tiempo des­pués Cuevas consiguió ser subadministrador y luego adminis­trador de la Administra­ción de Puer­tos de Para­naguá, un lugar con­siderado clave para “recaudar”.

En efecto, según la propia declaración jurada de Cue­vas que figura en la Contra­loría General de la Repú­blica, hasta antes del 2005 Cuevas solamente tenía un inmueble a su nombre que había adquirido en 1987 en Sapucai donde estaba la humilde vivienda, hoy convertida en una man­sión para lo que representa la zona. Después del 2005 y ya estando en la función pública, específicamente en Paranaguá y con un sueldo mensual de G. 4.600.000, es que empieza a crecer su patrimonio.

Desde dicho año y hasta el 2006, es decir en un período de 12 meses, Cuevas adqui­rió 5 propiedades más, todas ubicadas en Sapucai, depar­tamento de Paraguarí. El valor de estos inmuebles alcanzó la suma de G. 2.731 millones, monto que no incluye la cotización de su residencia.

En el 2010, Cuevas volvió a ser elegido intendente de Sapucai. Sin embargo, este período ya no completó porque peleó para gober­nador de Paraguarí, cargo al que accedió en el 2013. Como gobernador, Cuevas ya dejó de ser aquel zapa­tero de barrio. Se movili­zaba en camionetas lujo­sas y su gestión empezaba a tener denuncias de diversas índoles, pero su patrimonio seguía aumentando.

En su declaración jurada del 2014, el patrimonio neto que figura en los documentos llega a los G. 9.727 millones. Además de los seis inmue­bles, se le sumaron tres vehículos y Cuevas tam­bién apostó por el negocio ganadero; ya tenía cabezas de ganado de la raza bran­gus. Solamente en la acti­vidad agropecuaria, el valor de sus animales llega a los G. 1.675 millones, según el documento de marras.

Varios de los inmuebles hizo desaparecer Cuevas de su última declaración jurada luego de que le entablaran demandas por no pagar sus deudas. El ex gobernador estaba acogotado de deudas entre el 2013/2014; junto con su mujer Nancy Florentín fueron inhabilitados para fir­mar cheques y tenían cuenta cancelada. Según registros comerciales, el ahora dipu­tado era moroso hasta en el pago del servicio de telefonía.

Para el 2016, Cuevas sumó tres inmuebles a su patri­monio por valor de G. 954 millones.

La gobernación también le sirvió para nombrar a su hijo Enzo como “coordinador de la entrega de merienda esco­lar” del 2016.

Además de este cargo, Enzo logró que su suegra se quede con un buen negocio con la Gobernación de Paraguarí. En el 2016, la firma Albicar SRL, propiedad de Marina Cañete de Montiel, mamá de Alba Montiel Cañete, esposa de Enzo Miguel Cuevas, se quedó con dos licitaciones de la gobernación por valor de G. 283 millones.

A estos casos se suman otras situaciones como el sistema de engaño que utilizaron en la gobernación a través de facturas falsas para justi­ficar gastos. La compra de combustible por G. 1.300 millones para tractores y camiones que ya estaban inutilizados. Las denuncias de creación de comisiones u organizaciones vecina­les fantasma para justificar gasto, entre otras denuncias.

Escrachadores exigen imputación

Desde el pasado martes y al menos durante toda esta semana, los ciuda­danos autoconvocados se instalarán frente a la Fiscalía de Delitos Eco­nómicos del Ministe­rio Público para exigir la imputación del inves­tigado por enriqueci­miento ilícito y decla­ración jurada falsa, el diputado Miguel Cuevas.

Los “escrachadores” soli­citaron hablar con los nue­vos fiscales de la causa, René Fernández y Liliana Alcaraz, quienes asumie­ron de manera interina en reemplazo de Irma Llano en un momento clave de la investigación, pero no fue­ron recibidos.

“Desde el martes nos movi­lizamos con el objetivo de interiorizarnos sobre los trabajos que lleva adelante la Fiscalía, pero hasta ahora no tenemos retorno de René Fernández ni Liliana Alca­raz, es por eso que decidi­mos que las movilizaciones continuarán durante toda la semana”, expresó Aide Vera, una de las manifes­tantes.

La denuncia contra Miguel Cuevas, y que ahora pone bajo la lupa a toda su fami­lia, se presentó en los pri­meros días de setiembre del año pasado por el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáce­res. Varios elementos con­tundentes que van desde las 14 fincas, la mansión y cuentas a cobrar que no son reales saltaron hasta ahora, pero la Fiscalía no avanza en su imputación.

• POR JORGE TORRES ROMERO
• Periodista

Las facturas ficticias que men­ciona la acusación son las uti­lizadas por consultoras brasi­leñas (empresas de maletín), vinculadas a Odebrecht y que operaban con el Banco Pau­lista SA y que supuestamente asesoraban a la entidad banca­ria en la importación de divi­sas. La transferencia de dinero entre el Banco Paulista y estas consultoras ronda los US$ 15 millones.

El documento arrimado al Juzgado Federal de Curi­tiba por la fiscalía del vecino país cuenta con 60 fojas y en la misma aparecen acusados, con pedido de prisión preven­tiva, los ejecutivos Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tar­císio Rodrigues Joaquim y Gerson Luiz Mendes de Brito, todos ellos vinculados al Banco Paulista SA e investigados en el ámbito de la denominada Ope­ración Lava Jato.

En el expediente figura ade­más un listado de empresas fantasmas que fueron creadas por los acusados para realizar las transferencias y pagos ile­gales en diferentes conceptos, desde paraísos fiscales.

Según el escrito, grandes empresas contratistas del Brasil, entre ellas OAS, UTC, Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Enge­vix, SETAL, Galvão Engenha­ria, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK habrían formado un cartel a través del cual se distribuían las licita­ciones de la empresa estatal Petrobras para la contrata­ción de grandes obras públicas.

CÓMO OPERABA EL ESQUEMA

En la evolución de las investi­gaciones relacionadas al Grupo Odebrecht, en el ámbito de la Operación Lava Jato, fue reve­lada la existencia de un sector específico destinado a la reali­zación de pagos encubiertos y que fue denominado Sector de Operaciones Estructuradas. A través de dicha oficina, los eje­cutivos del Grupo Odebrecht, inclusive su presidente, efec­tuaban los pagos a los altos fun­cionarios y políticos involucra­dos en el esquema criminal.

Dicho sector de la empresa era dirigido por los ejecutivos Hil­berto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Fernando Migliac­cio da Silva y Luiz Eduardo da Rocha Soares, que contaban con el apoyo de terceros para la apertura y el movimiento de cuentas offshore en el exterior y para la realización de los pagos encubiertos a través de ellos.

En ninguna de estas operacio­nes efectuadas a través de ter­ceros aparece alguna vincula­ción, ya sea con el Banco Basa o cualquier otra entidad ban­caria de nuestro país.

Según los elementos de prueba reunidos, los recursos finan­cieros utilizados para estas operaciones eran recogidos primordialmente del mercado negro de cambios, por medio del cual se accedían a dólares que posteriormente ponían a disposición del Banco Pau­lista para que esta institución efectuase los pagos a los bene­ficiarios finales por medio de transferencias electrónicas en favor de empresas de fachada montadas por las personas que recibían el dinero de las coimas. Algunas de estas empresas fantasma se deno­minaban: BBF, JR GRACO, VVB, Lafrano, MIG, Crystal y Bilinski.

En síntesis, conforme se cons­tató en la investigación del Ministerio Público brasileño, el Banco Paulista habría sido utilizado por ejecutivos vincu­lados al Sector de Operaciones Estructuradas de la Odebre­cht y también por representan­tes de Meinl Bank en Antigua, para el lavado de activos de ori­gen ilícito.

JUSTIFICABAN PAGOS CON FACTURAS FRAUDULENTAS

A partir de las noticias divulga­das en los medios de prensa –refiere el escrito de los fiscales– se obtuvo la declaración de los ejecutivos del Grupo Odebre­cht, bajo la figura de la delación premiada, específicamente la de Fernando Migliaccio da Silva, quien declaró que se uti­lizaban contratos ficticios for­malizados entre su empresa, MIG Consultoría Económica, con el Banco Paulista, para dar sustento a las remesas realiza­das en contraprestación por la entrega de dinero.

Con esta evidencia, el Banco Central del Brasil procedió a la fiscalización de la actuación del Banco Paulista en el esquema, que luego de ser notificado pro­veyó las documentaciones en las que consta que MIG Con­sultoría Económica recibió pagos referidos a supuestas prestaciones de servicios por un monto de 7.998.045 reales y que igualmente otras seis empresas vinculadas a cola­boradores del Grupo Ode­brecht recibieron pagos en el mismo concepto por un total de 48.439.315,11 reales.

Agrega el escrito que el Banco Paulista justificó los pagos alegando que se trataban de remuneraciones por “importa­ción de moneda nacional”, que figuraban como una comisión sobre los valores importados.

Sin embargo, al ser requerido por las documentaciones que avalaban dichas operaciones, el Banco Paulista presentó notas fiscales electrónicas emitidas por las empresas de los colaboradores que fueron emitidas en forma consecu­tiva, lo que hace sospechar que eran de origen fraudulento.

A raíz de ello están procesa­dos los funcionarios del banco Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Vinicius Veiga Borin y Fernando Migliaccio da Silva, quienes tenían a su cargo las operaciones cambiarias del Banco Paulista.

Concluye el escrito de acu­sación que existen suficien­tes indicios de que el mismo esquema de celebración de contratos ficticios con empre­sas de fachada era utilizado para obtener dinero en efec­tivo que era utilizado entre el Banco Paulista y las siguientes empresas:

a) Poletti Joias Turismo e Transportadora Ltda

b) Qmk Marketing e Qualidade s/c ltda

c) Fer & Ros Consultoria fin. e apoio adm. ltda.

d) Dial Assessoria e Consulto­ria Empresarial ltda

e) Zera Promotora de Negó­cios ltda

f) S.G. Consultoria financeira ltda

g) Jehkf Consultoria e Parti­cipações Ltda

h) Sercor Consultoria Adm. e FinanceiraLtda

i) Coficam Assessoria de Comercio Exterior ltda

j) Cimo Consultoria e Asses­soria fin. e com. Exterior Ltda

El resumen de las operaciones entre el Banco Paulista y estas empresas de fachada, solo en el ejercicio 2017, arrojó una suma total de 286 millones de reales, según el requerimiento fiscal.

LA ESPECULACIÓN DE O GLOBO

El periodista Thiago Herdy, del periódico O Globo, accedió al documento del Ministerio Público del Brasil y al obser­var que los representantes del Banco Paulista, en su decla­ración, alegan que la transfe­rencia de US$ 15 millones a las empresas consultoras de male­tín, vinculadas a Odebrecht, fueron por asesorías para la “importación de divisas”, recu­rre al Banco Central de Bra­sil para obtener todo lo que el banco mencionado hizo en concepto de “importación de divisas”. Es aquí donde aparece que el Banco Paulista remesó entre el 2017 y el 2018, solo de Paraguay, unos US$ 1.700 millones y figura que el banco que más reales reexportó fue el Banco Basa, pero obvió mencionar a los otros bancos para­guayos que también operan en este rubro de manera legal con las autorizaciones correspon­dientes.

Los tres bancos paraguayos habilitados y controlados por el BCP y el Banco Central del Brasil reexportaron reales al Brasil entre el 2017 y el 2018 cerca de US$ 3 mil millones, cifra que llamó la atención del periodista de O Globo. Esta cantidad de dinero es lo que dejaron cerca de 16 millones de brasileños, que pasaron por las ciudades fronterizas a rea­lizar sus compras.

Los brasileños compran en reales y los comercios para­guayos deben pagar a sus pro­veedores en dólares. Por eso trabajan con bancos paragua­yos para realizar la operación cambiaria y pagar a sus pro­veedores. Estas operaciones, es decir, los depósitos de los comercios paraguayos, tienen una trazabilidad, y están ava­ladas por facturas de compra y venta que permanentemente son controladas por siete orga­nismos para la reexportación de reales.

EL PAULISTA TAMBIÉN OPERA CON BANCO ATLAS

El superintendente de bancos, Hernán Colmán, aseguró que el Banco Paulista (entidad que está siendo investigada por el caso Lava Jato) aparte de ope­rar con el Banco Basa, tam­bién realiza transacciones con otras entidades paraguayas como el Banco Atlas.

“Tenemos al Banco Basa, Atlas; en algún momento también el Banco Continen­tal operó con ellos; y también hay otros bancos como Ren­dimiento, Banco Do Suceso, Banco Continental de Bra­sil que decidieron, en algún momento, satisfacer esa nece­sidad de remesar reales al Brasil, como también lo hacen en euros hacia Europa o en dólares hacia Estados Unidos”, manifestó el titular del orga­nismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP).

Remarcó que las estadísticas económicas demuestran que el régimen de turismo mueve entre los US$ 3.000 a 3.500 millones por año. “En remesas físicas de reales hay como el equivalente a 2.500 a 3.000 millones de dólares en algu­nos años.