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Toribio Morel, direc­tor general de Admi­nistración y Finanzas de la Cámara de Diputados, demostró que continúa en plena vigencia su capacidad de hacer prosperar sus finan­zas y las de otros funcionarios, quienes consiguieron aumentazos en la actual presidencia del cuerpo legislativo.

Fue durante la administra­ción financiera de Morel, en la Gobernación de Paraguarí, cuando entre el 2013 y el 2018 se orquestó el caso conocido como “Tractores Mágicos”, maquinarias en estado de abandono y obsoletas que fueron puestas a “trabajar” con combustible cuyo costo ascen­dió a más de G. 1 mil millones.

Su padrino, el ex gobernador de Paraguarí y actual presi­dente de la Cámara de Dipu­tados, Miguel Cuevas le nom­bró en julio del 2018 en el Congreso. Ingresó a la direc­ción que se encarga de trami­tar las finanzas del estamento legislativo.

El mismo, se ubicó en el cargo de confianza con un sueldo mensual que asciende a G. 25 millones y que triplica lo que percibía en la jefatura departamental que era de G. 7,6 millo­nes al mes.

Generoso y eficiente a favor de los recomendados, en el 2018 Morel tiró la casa por la ven­tana en pagos de beneficios adicionales, abultando así el bolsillo de varios operadores. Con su gestión fueron tra­mitados un total de G. 321,4 millones, que ejecutó en meses para pagos de viáticos de tours internacionales de miembros de la Cámara Baja a distintos destinos, eventos y conferen­cias.

Además, facilitó jugosos pri­vilegios como interesantes aumentos salariales a funcio­narios recomendados de los diputados, entre ellos perso­nas sin carrera y sin antigüe­dad, en la función pública.

JUGOSO SALARIO SIN CARRERA

Efectivamente, Morel perdió sus años de antigüedad en la función pública cuando pre­sentó renuncia a la Goberna­ción de Paraguarí para ingre­sar al Congreso Nacional en el 2018, dimisión que fue acep­tada por la autoridad departa­mental en su momento.

Consultado por La Nación si esta renuncia dificulta de alguna manera la factibilidad de volver a ocupar cargos públicos con su antigüedad pertinente, como ocurre con los funcionarios del Estado, Julio Arévalos, director de Recursos Humanos de Dipu­tados, explicó que el opera­dor político se encuentra en un puesto de designación por confianza y no afecta

“Efectivamente, al renunciar a su antiguo cargo perdió toda la carrera como funcionario, pero esto no afecta su condi­ción actual, tanto su salario y demás bonificaciones, por encontrarse en un cargo de confianza”, señaló.

Añadió que ahora dependerá de la nueva presidencia de la Cámara Baja, que estará a cargo del diputado Pedro Alliana, para que Morel per­manezca en su puesto o sea desplazado.

“Él es director de gabinete y cumple el cargo de asesor. No es un puesto concursable, no iba luego a poder concursar un puesto porque renunció a su antigüedad”, acotó.

VITO DEL DINERO PÚBLICO

A pesar de esta situación y todos sus antecedentes, Tori­bio Morel permanece contri­buyendo con la “promoción laboral” de muchos funcio­narios, nuevos en su mayoría.

Con la actual administración de la Cámara de Diputados, que en julio cumple un año, ya ingresaron unos 250 fun­cionarios en calidad de con­tratados y se crearon más de 25 direcciones para justificar sueldazos que fueron otorga­dos durante el actual periodo.

Ninguna de las más de 200 per­sonas que lograron meterse a la función pública fue a través de concursos públicos. Sobre el punto, el presidente de la Cámara de Diputados había explicado en su oportunidad que todas las incorporaciones fueron por pedidos de los legis­ladores de diferentes partidos políticos. Los pedidos fueron ágilmente canalizados a tra­vés de la dirección financiera de Toribio Morel.

Clan Buzarquis, entre los favoritos

Entre las decenas de casos de aumentazos y privilegios otorgados a funcionarios de la Cámara de Diputados durante la actual gestión, resaltan como favoritos fun­cionarios vinculados al clan Buzarquis.

El senador Enrique Salyn y el diputado Enrique Anto­nio tienen en la función pública a una gran cantidad de familiares, operadores y allegados bien acomodados durante los últimos años.

Es así que los casos que sobresalen entre los “fanáti­cos” del clan son los de Rod­ney Zorrilla Ortiz y Nadia Beatriz Medina López, ambos funcionarios de la Cámara Baja.

Zorrilla logró incrementar su salario de G. 5.700.000 a G. 13.529.000 gracias a la influencia de Antonio Buzar­quis, quien en el momento de la repartija era aliado polí­tico del actual presidente de la cámara, Miguel Cuevas.

Nadia Medina, por su parte, consiguió también bajo la presidencia de Cuevas, en la dirección de Gestión de Pro­cesos, llegar a un salario de casi G. 18 millones, todo esto con un título de química far­macéutica que nada tiene que ver con la tarea legislativa.

En cuanto a los familiares, los hermanos de los geme­los, Víctor y Jamyl Buzar­quis, consiguieron aumen­tos salariales y el traslado desde la Cámara de Dipu­tados, donde son funcio­narios nombrados, hasta la Gobernación de Caaguazú, departamento del cual son oriundos y donde pueden estar cerca de sus familias, demostrando el buen rela­cionamiento con la admi­nistración de turno que les habilitó la mudanza.

En declaraciones realizadas ante medios de prensa, el senador Enrique Salyn ase­guró que no es cierto que él haya influenciado u obrado de alguna manera para que sus allegados, compañeros políticos y familiares ingre­sen a la función pública.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).

De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.

Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.

En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.

Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.

🧐 La clásica estrategia de "apriete" del Grupo Zuccolillo al MEC.

📺 Vía "Arriba Hoy" | @SomosGEN pic.twitter.com/J1h40LIiRN

— Diario HOY Paraguay (@hoypy) January 9, 2024

La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.

Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.

Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.

Leé más: Calé acusa al Grupo Zuccolillo: “Su especialidad es falsificar cajetillas de cigarrillos”