Dueños del grupo 5 Días llevan meses de mora en pagos al IPS
“Beto” Koube y Fernando Rodríguez tienen una relación desde hace muchos años, y el hoy detenido frecuentaba bastante la redacción de 5Días.
Tras los operativos antidrogas Turf y A Ultranza Py los hermanos Fernando y Enrique Rodríguez, cabezas de Editorial de Negocios SA, fueron noticia por la cercanía con Alberto “Beto” Koube, preso por estar sindicado como brazo logístico del narcotráfico. Ahora, estos empresarios de medios son cuestionados por varios despidos en la redacción, e incluso desde abril que no abonan a la previsional el aporte obrero patronal de sus empleados, adeudando ya G. 1.350 millones.
Fuente: La Nación
- Unidad de Investigación Nación Media
La situación en el medio de comunicación que funciona en la Torre 1 del Paseo La Galería no está del todo bien desde hace ya varios meses, de nuevo estas semanas corrieron denuncias en redes sociales de despidos de trabajadores de prensa, y a esto se suma la inmensa deuda que tiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) por la falta de aporte obrero patronal.
Editorial de Negocios SA, razón social para los diarios 5Días y El Independiente, tiene como cabezas del medio a Fernando y Enrique Rodríguez, quienes ya en febrero pasado fueron noticia tras los operativos porque ambos tienen varios años de vínculo con Alberto Koube Ayala, alias Beto, un hombre sindicado de operar para las organizaciones de tráfico internacional de cocaína que lideraban el brasileño Lindomar Reges Furtado y el uruguayo Sebastián Marset.
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Un equipo de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), encabezado por el fiscal Denny Park, capturó al amigo de los dueños de 5Días el 24 de febrero del 2022.
Según los registros del portal de consulta del asegurado del IPS, el último período abonado por los hermanos Rodríguez fue marzo del 2022. Llamativamente, desde el mes de abril Editorial de Negocios SA no abona el aporte obrero patronal para la jubilación y la cobertura médica de sus empleados.
A la fecha, la deuda de 5Días con el IPS ya alcanza los G. 1.350 millones, confirmaron fuentes consultadas por esta redacción. Mientras, las cabezas Fernando y Enrique Rodríguez también son cuestionadas en redes sociales porque, además de esta situación de descuido hacia sus empleados, se suman los constantes despidos, que al parecer coincidieron con que 5Días no cierre uno de los dos pisos que usufructúa en la Torre 1 del Paseo La Galería.
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DOBLE DISCURSO
Mientras Benjamín Fernández Bogado, director asociado de los dos diarios de Editorial de Negocios, cuestiona en sus columnas de opinión de Última Hora que “Paraguay es un país que genera muy escasos puestos de trabajo bien remunerados”, obvia que al interior del medio donde es director la mayoría de los trabadores de prensa perciben solamente el salario mínimo legal vigente, tampoco están adheridos al contrato colectivo de trabajo como otros medios escritos, por lo que no se benefician del salario piso para periodistas de medios escritos. A Fernández Bogado también se lo cuestiona porque no emite opinión pública en defensa de los periodistas que son despedidos de su medio, pero critica a diestra y siniestra lo que ocurre en otros lugares.
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RELACIÓN ANTIGUA
El relacionamiento entre Koube, sospechoso de ser un elemento del crimen organizado, y los hermanos dueños del grupo 5Días, data de hace varios años. Fuentes cercanas a las cabezas señalaron que la amistad es de aproximadamente 15 años, es decir, antes de que Fernando Rodríguez haya estado en el ojo de la tormenta como gerente de Riesgos del BBVA, y que fuese sancionado por el Banco Central del Paraguay con una inhabilitación de cuatro años para operar en el sistema financiero.
Una de las fotografías que se hicieron virales tras los operativos Turf y A Ultranza Py fue justamente donde se lo observa a “Beto” Koube y Fernando Rodríguez con varios años menos que ahora.
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Documento secreto: los “cerebros” y cómo la Fiscalía descubrió la trama
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El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto.FOTO: GENTILEZA
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete revela cómo se fraguó, montó y filtró un informe de inteligencia utilizando de manera ilegal instituciones del Estado y a funcionarios no autorizados. El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto que fue detectado en los archivos de la propia Seprelad.
Por Cinthia Mora, periodista.
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
Para llevar adelante ese objetivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales) entre ellos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.
La estrategia incluso había sido revelada por un excolaborador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un programa de televisión que generar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los enemigos políticos de Abdo.
El acta de imputación de la Fiscalía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcionarios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.
EL ARCHIVO SECRETO
De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Seprelad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elaboración y en qué condiciones fue redactado.
En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Seprelad un documento en formato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.
En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino también quedaron registradas las “huellas” de quienes intervinieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fiscalía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceministra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligencia contra Horacio Cartes.
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EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA
“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación montada por funcionarios de la institución e incluso por personas ajenas a la institución y sin potestad legal para acceder a informes de inteligencia.
En el acta de imputación se incluyen los metadatos (huellas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Francisco Pereira. Estos metadatos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.
En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa.
Tal es así que, Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.
Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
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LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.
En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia.
Senadora Amarilla tiene otra empresa con proveedor de la merienda escolar
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Celeste Amarilla, senadora y Patricio Buteler, socio de Amarilla
Los ataques a proveedores de alimento escolar por parte de la parlamentaria liberal Celeste Amarilla para desacreditar el proyecto que busca centralizar de alguna manera los fondos para este rubro reflotaron sus vínculos con el negocio al punto de salpicarla en un esquema con prestanombres, acusaciones hasta de tráfico de influencias. De hecho, la senadora no puede desmarcarse mucho ya que tiene otra empresa con representante legal de una de las contratistas más grandes de la merienda escolar del Estado.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo escolar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efectivamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos proveedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.
Con los dardos que lanzó Amarilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitaciones de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blancos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búmeran de los intereses particulares que presuntamente hacen reaccionar a la parlamentaria.
En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras personas para pasar desapercibida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la senadora que proveen merienda y almuerzo escolares.
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En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamentaria para incremento presupuestario a gobernación que arrastra deudas por provisión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Contraloría General de la República, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedoras de merienda escolar.
No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las proveedoras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.
En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifestación de bienes se redujeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la proveedora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centralización del uso de fondos de alimentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Estigarribia y restar poder económico al departamento Central, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, considerando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gobernación de Central.
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María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa,
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Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría
María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar
Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría
Zuccolillo, las ‘ubres’ del Estado y apriete: con 60 contratos y US$ 20 millones, mimó a Abdo
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Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, directivo de Mercurio SA y presidente del banco Atlas, el exmandatario Mario Abdo y Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color.
Colgado del Estado paraguayo, el Grupo Zuccolillo logró facturar más de 20 millones de dólares al ligar jugosos contratos durante la administración de Mario Abdo Benítez. El monto duplica la cantidad que consiguió el clan empresarial en un lapso de siete años antes de la gestión abdista.
A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).
De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.
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Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.
En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.
Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.
🧐 La clásica estrategia de "apriete" del Grupo Zuccolillo al MEC.
— Diario HOY Paraguay (@hoypy) January 9, 2024
📺 Vía "Arriba Hoy" | @SomosGEN pic.twitter.com/J1h40LIiRN
La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.
Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).
De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.
Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.
Leé más: Calé acusa al Grupo Zuccolillo: “Su especialidad es falsificar cajetillas de cigarrillos”
