José Gaspar y la Niña Francia: Heredera e ¿Hija ilegítima?

Una de las más apasionantes incógnitas de la historia paraguaya se posa sobre la presunta descendencia del Supremo Dictador don José Gaspar Rodríguez de Francia. El saber popular habla sobre una supuesta hija ilegítima y los descendientes de la misma defienden que heredó los bienes del Dictador por cuestión de parentesco, pero otras versiones dan pie a un amplio debate. Ubalda García y el espeso manto de conjeturas que envuelve su misteriosa y larga vida.

Por Gonzalo Cáceres (@gonzatepes) - Periodista

José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco (1766-1840) gobernó la entonces naciente República del Paraguay durante 26 años, desde que recibió poderes por parte del Congreso del 4 de octubre de 1814 y hasta el día de su deceso.

Nombrado Dictador Perpetuo de la República en 1816, dirigió con puño de hierro los destinos de un país permanentemente acosado por la ambición expansionista del vecino Imperio del Brasil y las trifulcas de las excolonias de la Corona Española del Río de la Plata.

Iglesia, ejército, economía, educación, política interior y exterior, incluso los pleitos civiles más comunes pasaron por sus manos, con una obsesión casi enfermiza por controlar cada detalle, nada escapaba de su atenta mirada. Francia eliminó el elemento extranjero de la administración pública, ahogó la corruptela colonial y obtuvo la lealtad de cada soldado, maestro o empleado público que se mostró consustanciado con la Revolución.

Pero, en todos esos ajetreados años de temeraria labor, ¿Hubo tiempo para que el Supremo forme familia? ¿Tomar mujer? ¿Hijos, quizás? Se conoce del intento infructuoso por la mano de Petrona Zavala, pero esa es otra historia.

Dentro de lo que fue el silencio de su hermética vida privada, su austera, autoritaria y severa personalidad, la historia rescata el nombre de Ubalda García, o Ubalda Francia García como supuesta hija ilegítima, fruto de un romance ajeno a la opinión pública.

ORÍGENES

Sabemos por las investigaciones del historiador Julio César Chávez que la rama de los Rodríguez de Francia llegó al Paraguay hacia 1762 con el militar portugués Jose Engracia Garcia Rodrigues de França (1737-1807). Garcia contrajo primeras nupcias con doña María Josefa Velasco Yegros, hija del capitán Matías Félix de Velasco y doña María Josefa Yegros Ledesma. De esta unión nacieron Petrona Regalada, José Gaspar, Pedro y Juan José Ignacio y también hay referencias de otro hijo, Francisco (habría fallecido a una tierna edad ya que no figura en la repartición de bienes del padre).

Tras la muerte de doña María Josefa (1782), Garcia se unió en segundas nupcias con doña Rafaela Aristegui, de cuyo matrimonio nace Agustina Rosa Francia Aristegui.

HERENCIA

Contrario a la extensa prole de su señor padre, al momento de dar su último aliento en la Casa de los Gobernadores (1840), José Gaspar Rodríguez de Francia no dejó hijos legítimos, testamento ni mujer, pero sí propiedades y algo de dinero.

Sus bienes fueron asentados en un inventario ordenado por la Junta Gubernativa provisoria con su valor en metálico, onzas de oro, plata y pesos. “Una silla de montar de terciopelo carmesí. Estribos de plata. Catorce chapitas de oro que se sacaron de siete casacas con peso de cinco onzas (..)”, describe, entre otras, el documento.

El destino de los bienes del Dictador quedó finalmente claro en el Congreso Extraordinario de 1841 al ser aprobadas las medidas sobre las nuevas estructuras del Estado y la adjudicación y la sucesión intestada del primer constructor nacional. En la misma, se declaró que una parte de sus sueldos (en deuda por parte del Estado) irían para sus “honores de aniversario” por “la forma que corresponde a la elevada dignidad que obtuvo en vida” y otra cantidad fue para su hermana Petrona Regalada”.

Y un detalle. Se declaró “por libres de toda servidumbre los esclavos que han sido del Supremo Dictador”.

Es justamente en la partición de las propiedades en la que la gran protagonista de esta historia hace su aparición.

En la misma declaración del Congreso Extraordinario se dispone “adjudicar a sus sirvientes Ubalda García y María Roque Cañete la chacra que ha dejado en el Partido de Ybyray, se ha mandado a entregarles en dichos términos, según la voluntad del Supremo Dictador”.

El saber popular cuenta que María Roque Cañete fue una suerte de ama de llaves del Dictador, pero ¿Quién era Ubalda y por qué habitaba el tan preciado feudo del Supremo Dictador?

Ese mismo año (1841), Juan de la Cruz Cañete se presentó ante los Cónsules Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López para solicitar la legalización del legado de la chacra de Ybyray -donde vivían María Roque Cañete y Ubalda García, la primera su madre y la segunda, esposa suya-.



LA ‘NIÑA FRANCIA’

El historiador Manuel Peña Villamil, descendiente Juan de la Cruz y Ubalda, atestigua en su obra “Hija del Silencio” (editorial Don Bosco), con sobrada documentación, la presencia de Ubalda en la quinta del Ybyray.

Según expone la saga familiar de los Peña Cañete, Ubalda fue hija de María Juana García, nació allá por 1807 y debido a la desaparición de su asiento de bautismo no se puede corroborar esta información -que fue brindada por la misma Ubalda en 1841 al momento de contraer matrimonio con Juan de la Cruz Cañete en la iglesia de la Recoleta-.

Según esta versión, ampliamente difundida por los descendientes, es “muy probable” que María Juana García haya mantenido una relación sentimental con José Gaspar Rodríguez de Francia (indican que vivió bajo el control del Dictador, frente a su propiedad), que este sea el padre biológico de Ubalda García, lo que justificaría su estadía en la quinta del Ybyray (presuntamente se hizo cargo tras la muerte de María Juana) y que -consecuentemente- al morir el Dictador- la misma estuviese en posición de reclamar la propiedad (que, recordemos, fue dispuesta por los entonces cónsules según voluntad del mismo Francia).

“NINGUNA EXPLICACIÓN”

“No es extraño que Francia no diera ninguna explicación sobre el origen de Ubalda, sin que necesariamente se le atribuya la paternidad de la criatura. Se han tomado algunos de los documentos sin conexión entre sí, para no salir del entorno familiar que pueda en forma indirecta relacionarse con la vida privada del Dictador y a su vez con respecto a los habitantes y dueños de la finca del Ybyray, que indudablemente en una época atrajo al Dictador (desde 1803) a elegir ese lugar como morada”, indica el autor.

La ‘Niña Francia’ firmó como Ubalda Francia, Ubalda Francia de Cañete, Ubalda Rodríguez y Ubalda Francia García ya en trámites burocráticos en los que figuró nueve años antes de la muerte del Dictador (estuvo al tanto del uso que le dio a su apellido) y en asientos de bautismo en las que hizo de madrina. “Es evidente que nació García por su madre legítima, pero a través de su larga vida usó otros apellidos, sin razón justificada para el cambio (...) fueron varios según constancias de los documentos y testimonios escritos”, insiste Peña Villamil.

VERSIONES CONTRAPUESTAS

La posición de los descendientes no es del todo convincente para un sector de los estudiosos de la materia. A entender del historiador Fabián Chamorro, puede que el apellido le otorgue cierta legitimidad a Ubalda, pero tampoco es un factor concluyente y mucho menos si se lo ubica en el contexto de la época. “La servidumbre también llevaba el apellido de aquellos para quienes trabajaban, no solo los esclavos, eso se ve en el censo de 1846, por ejemplo”, alegó.

Esta teoría sostiene, en palabras de Chamorro, que “Ubalda y Roque Cañete aparecen como sirvientas cuando se les otorga por decreto de los cónsules López y Alonso la chacra de Ybyray, y a mí no me parece raro que alguna vez la apelliden ‘Francia’”.

A ciencia cierta, para la época no eran llamativos los casos de los sirvientes o esclavos que, una vez emancipados por deceso y/o expreso deseo del amo, continúen utilizando el apellido de la familia a la que anduvieron sometidos.



“EXISTENCIA ANÓNIMA”

María Roque Cañete, madre de Juan de la Cruz y suegra de Ubalda, falleció en 1856 y la propiedad del Ybyray quedó bajo entera jurisdicción de la pareja. De la unión Cañete – (Francia) García nacieron Francisca del Rosario (fallecida en 1928), dos años después de la muerte de Dictador, y Agustín (1844-1902), quien peleó en la Guerra Grande y cuidó de sus sobrinos al ser el único varón de la familia que regresó con vida.

Francisca del Rosario, hija de Ubalda y –presunta- nieta del Dictador, se casó con Epifanio Peña. Agustín, único hijo varón de Ubalda, contrajo nupcias, pero no tuvo descendencia.

De la unión entre Francisca del Rosario y Epifanio Peña nacieron cinco hijos, lo que abrió la rama de los Peña-Cañete, origen de destacadas figuras de la escena local (diplomáticos, médicos e incluso un efímero presidente de la República), tal como fue el hijo mayor del matrimonio, Jaime Antonio Peña Cañete, uno de los miembros fundadores de la hoy Asociación Nacional Republica (ANR).

Manuel Peña Villamill indica que Ubalda vivió “una existencia anónima” y que no dejó “estela personal para trazar su perfil” y su legado fue “tan solo una circunstancia en su larga vida”. La ‘Niña Francia’ falleció el 27 de abril de 1890 en Asunción, con 83 años, según consta en acta. Algún tiempo después de su muerte, la casa que ocupó dentro de la chacra del Ybyray, y que en otros tiempos también dio cobijo al Supremo Dictador, quedó abandonada y finalmente demolida.

Pese a la laguna histórica, alimentada por la falta de testimonios y documentos de la época, la descendencia de Ubalda Garcia defiende su lugar como sucesora directa del linaje del Supremo Dictador Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Fue realmente hija ilegítima o solo una distorsión del momento y de los hechos?

 

Burda campaña de vuelta a clases de medio vinculado a proveedor de útiles

Abc Color editorializó el regreso a las aulas, mientras el MEC liberaba las órdenes de compra de cuadernos y demás útiles escolares a favor de Mercurio SA, empresa del mismo grupo empresarial.


Fuente: La Nación

Una fuerte campaña de vuelta a clases comenzó el diario Abc Color, apenas la gráfica del mismo grupo empresa­rial firmó contrato con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la pro­visión de útiles escolares, que obviamente se justifica con la presencia de los chicos en las aulas.

Las noticias difundidas en Abc Color desde fines del 2020 ejercían una suerte de sumisión del MEC a los inte­reses del grupo Zuccolillo, que en este caso favorecían de manera específica al provee­dor de los insumos escolares, Mercurio SA. Cabe señalar que la imprenta se identifica mucho con Miguel Ángel Sal­dívar, esposo de la directora de Abc Natalia Zuccolillo y quien sigue figurando como uno de los representantes de la empresa en los registros de Contrataciones Públicas.

Parte del contrato adjudicado por Eduardo Petta a Mercurio SA, en noviembre del 2020. Semanas después comenzó la campaña retorno a clases.

Titulares como “Petta ade­lanta que propondrá clases presenciales como opción 2021”, comenzó a difun­dir el medio desde diciem­bre pasado, además de una seguidilla de publicaciones sobre los protocolos a tener en cuenta para el retorno de los niños, mientras el ex ministro Eduardo Petta y su viceministro Robert Cano piloteaban cómo se iba a dar ese regreso presencial a las escuelas.

Un editorial de fecha 9 de febrero del 2021 que dice: “Llegó el momento de que los maestros vuelvan a las aulas” resulta contundente para el redondo negocio existente detrás de esta “postura” del medio Abc Color. En el artí­culo se instiga al retorno maquillando la intención con un mensaje que aboga por una vuelta segura con los insumos de higiene per­tinentes.

Así iban repartiendo útiles, mientras en ese lapso insistían en justificar la adjudicación con la presencia de los niños en las aulas.

Los mensajes mediáticos se enfocaron en los últi­mos meses a encaminar el regreso de los chicos, sin tener mucho en cuenta el riesgo y el difícil momento que atraviesa el país a causa de la pandemia del covid-19.

Un contrato de G. 18.626 millones adjudicado por Petta en noviembre del 2020 a Mercurio SA para provisión de útiles se debía resguardar y el argumento perfecto es el retorno de los alumnos a las aulas, de lo contrario el convenio podría perderse. Nuestro diario ya alertaba de esta importante tajada otorgada a la citada gráfica el año pasado, adjudica­ción que fue defendida por el director administrativo del MEC, Alejandro Duarte, mediante una carta remitida a La Nación.

Mientras aparecían las rei­teradas publicaciones en Abc Color, el MEC iba liberando órdenes de compra a favor de Mercurio SA. Las notas de remisiones tienen fechas de entregas de útiles a distintas escuelas del país, mientras se desarrollaba la insistente campaña en las diferentes plataformas del medio.

Editorial de ABC instando a volver a clases presenciales.

CLIENTE FIEL

El MEC es un cliente fiel y periódicamente compra útiles y adjudica impresio­nes a la gráfica de los Zuc­colillo. A finales del 2019, la misma empresa firmó contrato con Petta por G. 14.569 millones para la provisión de cuadernos, materiales que práctica­mente no fueron utiliza­dos a causa de la pandemia.

Dos hechos llamativos fue­ron destacados por algunos funcionarios del MEC con relación al vínculo comer­cial entre la institución y la imprenta. El primero está relacionado a una suaviza­ción de las publicaciones que el medio venía realizando de manera constante en con­tra del ahora ex ministro de Educación, Eduardo Petta.

El otro hecho que llamó la atención es que Gráfica Mercurio SA fue una de las empresas que recibieron casi todo el pago por la pro­visión de cuadernos para el 2020, y que prácticamente no fueron utilizados, a dife­rencia de otros proveedores, quienes vieron postergados sus pagos.

Según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), desde el 2010 hasta la fecha la empresa propiedad de los Zuccolillo ha obtenido más de G. 108.273 millones (US$ 16 millones, aproximadamente) solo con los contratos de impresión de materiales y provisión de kits escolares que tiene con el MEC

“SUAVIZANDO” PUBLICACIONES

Atrás quedaron las publica­ciones del medio en contra de Petta donde exponían el aumento patrimonial del ministro, los gastos super­fluos en materia administra­tiva, las críticas por el estado del edificio que fue adquirido por el MEC o los gastos en publicidades.

Ahora el regreso a clases pre­senciales es tema editorial y Petta obtuvo más espacio en el medio para poder publi­citar los logros de su admi­nistración, como la difu­sión de los protocolos para la meta del MEC y Abc que es la vuelta a clases, mientras las críticas hacia su gestión fueron suavizadas.

 

Robos, listas VIP y fraudes en la vacunación son la nueva pandemia en América

Redacción Internacional.- Fraudes, robos, cargamentos ilegales y listas VIP son las nuevas "variantes" de la pandemia que empañan la vacunación contra la covid-19 en una América que, además de redoblar esfuerzos contra la enfermedad, debe ahora luchar para frenar las irregularidades.


Fuente: EFE

Como si fueran pocos los más de 50 millones de contagiados con coronavirus que tiene el continente, a la lentitud en el proceso de vacunación en la mayoría de los países en este febrero se sumaron las cada vez más frecuentes denuncias sobre dosis “desaparecidas” y políticos inmunizados a pesar de no ser trabajadores de la salud ni adultos mayores.

“Más que ilegalidad, lo que existe de manera arraigada en la sociedad es la corrupción y una alta flexibilidad frente a este flagelo”, dijo a Efe el doctor en sociología Carlos Charry.

Lamentablemente, ahondó el director de la maestría en Estudios Sociales de la colombiana Universidad del Rosario, “la mayoría de medidas en contra de la corrupción han tratado de reforzar las acciones punitivas y no tanto los factores de control social y, especialmente, la ética en el individuo que es en donde se vuelve permisible la corrupción”.

VACUNAS DE AIRE EN BRASIL

El 26 de febrero de 2020 será una fecha para no olvidar en América Latina. Ese día, Brasil confirmó el primer caso de covid-19 en Sao Paulo y desde entonces la pandemia se instaló en la región.

Esta última semana de febrero el escándalo estalló en cuatro ciudades del país luego de que familiares de algunos ancianos informaran que los profesionales de la salud insertaron la aguja en el brazo de sus allegados pero no inyectaron el remedio.

Un video grabado en la ciudad de Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro, en el que se observa a una anciana recibiendo una inyección con una jeringa vacía desató la indignación y obligó a que tanto la Secretaría de Salud como la policía investigaran.

En Niteroi, también en Río de Janeiro, la policía acusó de malversación de fondos, un delito que tiene penas de hasta 12 años de prisión, a una enfermera que, de “forma consciente”, no aplicó la vacuna a una mujer de 90 años y respondió “irónicamente” al ser cuestionada por la familia de la paciente, según el comisario Luiz Henrique Pereira.

EL “VACUNAGATE” DE ARGENTINA Y PERÚ

La vacunación con privilegios a diversas figuras vinculadas al poder en Argentina es otra “perla” del collar de irregularidades en América.

El caso salió a la luz cuando el periodista Horacio Verbitsky, de 79 años y afín al Gobierno, reveló que se vacunó sin esperar su turno porque se lo pidió a su “viejo amigo” Ginés González García, entonces titular del Ministerio de Salud.

El hecho desembocó en la renuncia de González, quien fue imputado al igual que su sobrino, Lisandro Bonelli, que se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

La chispa, ya encendida, llevó a la prensa a asegurar que además de Verbitsky hubo políticos, sindicalistas y empresarios allegados al Gobierno del presidente Alberto Fernández e incluso familiares de algunos de ellos ya vacunados.

Por la controversia, la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, publicó la lista de 70 vacunados de la que hacen parte el jefe de Estado, cuya inoculación sí fue informada el 21 de enero, ministros y otros funcionarios y personas sin cargo público, como Vertbisky.

En defensa de su Gobierno, Fernández calificó el escándalo de “payasada” ya que, a su juicio, “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga que será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila”.

Algo similar ocurre en Perú, en donde el denominado “vacunagate” permitió que 487 personas recibieran vacunas que eran para el personal que llevaba adelante los ensayos clínicos en el país.

Si bien en el listado hay médicos y científicos, también se encuentran funcionarios de los dos últimos Gobiernos, incluido el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), familiares de estos, consultores e “invitados”.

Sobre Vizcarra el Congreso anunció que planteará su inhabilitación política, al tiempo que el presidente de transición, Francisco Sagasti, reconoció el “duro golpe” que significa esta situación, ya que entre los vacunados están la ahora exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete.

Mazzetti dirigió la lucha contra la pandemia y afirmó recientemente que sería “la última” en ser vacunada en Perú, a pesar de que había recibido las dos dosis en enero pasado, y Astete fue la encargada de negociar la compra de las vacunas.

EN COLOMBIA HAY CARGAMENTOS ILEGALES Y VACUNAS DESAPARECIDAS

Colombia, que empezó hace una semana la vacunación, incautó el 13 de febrero en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, 70 dosis contra la covid-19 que una mujer, que llegaba en un vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos, pretendió ingresar de forma ilegal.

Al respecto, el Ministerio de Salud precisó que es la única entidad encargada de importar vacunas contra el coronavirus y que, en su momento, determinará cuándo y qué personas jurídicas y privadas pueden importar, comercializar y aplicar los inmunizantes.

Otra anomalía tiene que ver con la pérdida de 15 dosis de vacunas en distintas partes de la nación cafetera, según denunció la Contraloría General, que ya definió “varias acciones para establecer lo sucedido” con los biológicos que “no se aplicaron y no aparecen”.

EE.UU. Y CANADÁ NO ESCAPAN AL “TURISMO DE VACUNAS”

En el estado de Florida (EE.UU.), los mayores de 65 años, que son prioritarios para la vacunación, han enfrentado el llamado “turismo de vacunas”, y también posibles favoritismos políticos del gobernador republicano, Ron DeSantis.

Los medios dan cuenta de historias de algunos turistas, especialmente argentinos, que visitaron Florida por las vacunas de Moderna y Pfizer, más no por sus playas y centros comerciales.

Aunque DeSantis dijo que no permitiría esta práctica, las críticas están a la orden del día ya que anunció vacunaciones en localidad de Lakewood Ranch, un área “adinerada”, con poca incidencia de la covid-19 y sede de una empresa que le ha donado “900.000 dólares”, según el congresista demócrata Charlie Crist.

Otro que optó por el “turismo de vacunas” fue Mark Machin, consejero delegado de CPP Investments, la entidad que maneja las inversiones del principal fondo público de pensiones de Canadá y uno de los mayores del mundo.

Machin dimitió este viernes de su cargo luego de que el periódico The Wall Street Journal publicase que viajó a Dubái para vacunarse, sin informarlo a las autoridades canadienses.

Al respecto, el Ministerio de Finanzas de Canadá aplaudió “la rápida acción” del consejo de administración de CPP y calificó el proceder de Machin como “decepcionante”.

Asimismo y como si la pandemia fuera un chiste, dos mujeres “vestidas como abuelas” trataron de vacunarse con la segunda dosis contra la covid-19 en Florida.

“No sé cómo lograron vacunarse por primera vez, pero vinieron con guantes, anteojos, todo, y probablemente tienen 20 años”, denunció, aterrado, Raúl Pino, un funcionario sanitario del condado de Orange.

Y es que, como lo aclaró a Efe el sociólogo Carlos Charry, “en términos morales existe una falta de conciencia frente al efecto que situaciones como las antes mencionadas tienen en la sociedad”.

De hecho, para algunos historiadores la corrupción en América, especialmente en América Latina, “tiene su origen en la forma como se constituyó la sociedad colonial, altamente jerarquizada, incluso por cuestiones raciales”.

Esto, aseveró Charry, “generó una serie de privilegios que, indistintamente, se han mantenido a lo largo del tiempo” y le hacen creer a algunos que están por encima de otros “por su color de piel, nivel económico o abolengo”, aún en tiempos de pandemia.

 

Revelan “chantaje de alto nivel” de Pfizer para vender vacunas a países de Sudamérica

Una investigación desarrollada en Londres y Cusco desnuda las descabelladas exigencias de Pfizer a países sudamericanos para la venta de vacunas. Poner los bienes soberanos como garantías en casos de negligencias y futuros pleitos legales es una de las condiciones.

El extenso material elaborado por el Buró del Periodismo de Investigación en Londres con apoyo del Ojo Público del Perú, muestra las insufribles negociaciones entre Pfizer y países sudamericanos para la comrpa de vacunas. En el mejor de los casos se llegaba a un acuerdo luego de meses de tratativas, pero bajo condiciones “intimidantes” para los Gobiernos.

La investigación identifica a varios países, pero también mantiene en reserva a uno o dos de ellos, por acuerdo de confidencialidad firmado con las autoridades.

En Argentina y en un país anónimo, los fabricantes de Pfizer exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil por cualquier efecto adverso que pudieran presentar los vacunados, un aspecto que el ministro Julio Mazzoleni siempre mencionó en sus conferencias de prensa al detallar las condiciones de las fabricantes en general, pero sin aclarar a qué marca se refería.

Otra insólita exigencia fue que los países pongan como garantías sus activos soberanos-como edificios de embajadas y bases militares- contra el costo de futuros pleitos legales.

Como una “intimidación de alto nivel y un chantaje” describió uno de los funcionarios del país anónimo a las pretensiones del gigante farmacéutico para concretar la venta de vacunas.

Èl y un representante de la Argentina consideraron que las demandas de Pfizer iban mucho más allá que la de otras empresas, además de implicar cargas financieras adicionales al tener que aprobar nuevas legislaciones complejas para eximir a los fabricantes de responsabilidades.

La cuestionada indemnidad -dejar libre de responsabilidad en caso de daños- incluye no solamente posibles efectos adversos de los inmunizados, sino también las posibilidades de que Pfizer haya enviado la vacuna incorrecta o cometido errores de fabricación.