Negocio de US$ 1 millón: ¿Quiénes están detrás de empresa beneficiada por Conajzar?

La empresa Icrop S.A. encargada del cobro del canon por la explotación ilegal de las máquinas tragamonedas, que operan en la vía pública, cobra entre G. 300 a G. 400 mil al mes por cada tragamonedas, de los cuales G. 80 mil transfiere a la Conajzar. Estiman que existen 25 mil máquinas operando en forma ilegal ante el beneplácito del ente regular. Políticos influyentes habrían operado para que la empresa privada logre un contrato directo otorgado por Conajzar que les genera mensualmente cerca de US$ 1 millón. Presumen esquema de lavado de dinero.

Fuente: La Caja Negra

La empresa ICROP S.A. beneficiada vía resolución por la Conajzar para censar, catastrar y explotar los juegos de azar con máquinas callejeras es apuntada como una empresa de maletín. En la comisión de Hacienda del Senado advirtieron que la firma podría servir como fachada para lavar dinero. La problemática detrás del negocio de los tragamonedas callejeros fue expuesto por el área de Investigación del Grupo Nación.

¿Quiénes están detrás de la empresa?. De acuerdo a los datos recogidos por el equipo de La Caja Negra la empresa ICROP S.A. nace en el 2018. Entre sus directivos aparece Anderson Luis Lamb Vosh, un joven de 30 años, oriundo de Alto Paraná. También figura otro identificado como Pedro Paulo da Silva Pedroso, supuesto aportante de la campaña presidencial de Colorado Añetete.

Lo llamativo es que ninguno registra actividades comerciales conocidas en el país ni referente al rubro de los juegos de azar. La empresa como tal nace recién en el año 2018 tras la modificación de estatutos, pasa a denominarse ICROP S.A. Según su página web y los registros de inscripción la sociedad se dedica a “servicios informativos, data center y telecomunicaciones”.

En el esquema operativo de la empresa aparece un exfuncionario estatal, Cristian Vera, expresidente de la Conajzar y su hermano Ariel Vera, apuntado como supuesto brazo operativo de la empresa.

La empresa presenta en octubre del 2019 una propuesta formal a la Conjazar, presidida por José Ortiz Baez, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes, de los cuales solo el 30% debe transferir al ente regulador. ICROP S.A. cobra entre G. 300 a G. 400 mil por mes, en concepto de canon a cada máquina que registran. Sobre la base de que existirían 25 mil máquinas a nivel país surge el millón de dólares como recaudación mensual.

La empresa no registra domicilio conocido, al menos la información declarada en su página web en la ciudad de Hernandarias no fue ubicada. También se menciona un local ubicado en el cuarto barrio de Luque, pero en el sitio se observa ningún cartel que indique que se trate del local de la empresa.

La misteriosa empresa tendría vínculos con políticos del sector de Colorado Añetete. Operadores legales e informales del negocio mencionan como padrinos políticos de la empresa a Óscar “Cachito” Salomón, actual presidente del Congreso y al senador Juan Afara, ex vicepresidente de la República.

La sospecha de que se trataría de una empresa de maletín fue expuesta durante una reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, lugar donde fue discutida la decisión de la Conajzar de delegar sus funciones y tercerizar a través de esta empresa el cobro de canon a estas máquinas ilegales.

En la reunión de la Comisión del Senado, presidencia por la senadora Esperanza Martinez, se alertó de la posibilidad de que se trataría de una empresa de maletín que apuntaría a registrar maquinas fantasma a fin de generar una fachada ideal para lavar dinero sucio.

 

MOPC apura licitación de puente con Brasil: fuerte tufo a maniobra para beneficiar a dos empresas

Con el aval del presidente Mario Abdo Benítez, el Ministerio de Obras Públicas pisó el acelerador para la licitación del futuro puente bioceánico que unirá Carmelo Peralta de Paraguay y Porto Murtinho del Brasil, pese a carecer de una fuente de financiamiento. El apuro en sí mismo ya resulta muy sospechoso y se agrava ante el posible direccionamiento que se estaría haciendo hacia ciertas empresas que actualmente se encargan de la ruta bioceánica. Así, Arnoldo Wiens está a punto de concretar nuevamente una megalicitación presuntamente direccionada.


Fuente: La Caja Negra - Unicanal

El 30 de junio pasado, el MOPC sorprendió al reactivar la convocatoria para el llamado N° 15/2021 correspondiente a la “Licitación Pública Binacional de firmas constructoras domiciliadas en la República del Paraguay y en la República Federativa del Brasil para la construcción de un puente carretero internacional sobre el río Paraguay entre las ciudades de Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Porto Murtinho (Matto Grosso Do Sul)”. Se trata de la tercera unión física con el Brasil, luego del Puente de la Amistad (Ciudad del Este – Foz de Yguazú) y el Puente de la Integración (Presidente Franco- Foz de Yguazú) que actualmente está en construcción.

Este anuncio se dio luego de que a inicios del año, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, postergara esta millonaria licitación hasta mitad del año, a raíz de las presiones al Gobierno para que redireccione sus recursos a la compra de insumos covid. En mayo pasado, cuando las aguas se calmaron un poco más, el mandatario informó que de vuelta se iba a avanzar en el proceso licitatorio y aclaró que recién superada la pandemia iba a trabajarse en la financiación de la obra que tiene un monto estimado de 534 mil millones de guaraníes.

Desde ese momento comenzaron las llamativas situaciones, como la exigencia a que la empresa brasileña que decidiera participar en consorcio con una firma paraguaya tenga entre sus trabajos previos la construcción de un puente de similares características en el territorio brasileño, siendo que existen alrededor de cinco puentes de esa magnitud en el vecino país y la mayoría han sido construidos por la Constructora Queiroz Galvao SA, la cual puja en esta licitación en consorcio con la firma paraguaya Ocho A SA. Ambas empresas ya se encargan de la construcción de la ruta Bioceánica en la ciudad de Carmelo Peralta, Alto Paraguay. También hay que recordar que a principios del año pasado, la Contraloría General de Brasil declaró al grupo Queiroz Galvao como «no idóneo» para suscribir contratos públicos con el Gobierno brasileño por su implicación en actos de corrupción.

Las grandes empresas brasileñas que construyeron en el mundo entero obras similares a la que se desea hacer en Carmelo Peralta cuestionaron que la medida impuesta inicialmente carecía de sentido técnico y tras muchas protestas e insistencia, a tan solo unos días de la presentación de la oferta, el MOPC decidió modificar y cambiar ese polémico punto. Este cambio a última hora dejó sin tiempo a las empresas a poder prever y planificar una oferta acorde a la magnitud del proyecto. Lo llamativo es que el ministerio recibió una gran cantidad de pedidos de prórroga pero no dio lugar, resulta hasta incomprensible que la adenda no incluya un tiempo considerable para que más empresas se presenten.

Las constructoras que desean licitar en igualdad de condiciones que las aparentemente elegidas a dedo por el MOPC reclamaron que no se haya ampliado el plazo de oferta, lo cual hace sospechar que pudo haber un aparente arreglo previo con ciertas empresas. De acuerdo a una nota a la cual accedió el equipo de La Caja Negra, una de estas firmas reclamó el llamativo el actuar de la cartera administrada por el teólogo, refiriéndose al ministro de Obras, Arnoldo Wiens.


Una de las empresas que hizo su correspondiente protesta fue Benito Roggio e Hijos SA, la cual también quiere participar de la licitación. Al respecto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hizo lugar a la impugnación, pero no así al pedido de prórroga. En su resolución solo recomendó al MOPC prorrogar el proceso licitatorio. De esta manera la institución se lavó las manos y tiró la pelota al ministerio a cargo de Wiens, donde justamente se habría gestado el aparente direccionamiento de esta megaobra.

Existe mucha molestia entre las empresas por la forma en que se estaría operando a puertas cerradas pero de manera muy alevosa, al primero implementar limitaciones y cambiarlas a días de la presentación de las ofertas, impidiendo a las firmas interesadas a preparar una oferta seria para un puente de tal magnitud.

A todo eso se suma que aún no se cuenta con el financiamiento y recién se prevé contarlo a finales de la pandemia. Por ello, ¿por qué la premura para hacer esta licitación? ¿La obra ya tiene un dueño elegido a dedo por el MOPC?

El Gobierno de Mario Abdo alega que su mayor legado será el fortalecimiento del sistema sanitario, pero siempre destaca sus kilómetros asfaltados, por lo que al parecer en vez de conmoverse por las muertes de los compatriotas a causa del Covid-19, lo que en realidad movería al mandatario es la búsqueda de placas de recordación de inauguraciones de obras de infraestructura.

Mientras Marito da vía libre a su ministro Arnoldo Wiens, al parecer los direccionamientos siguen a la orden del día en Obras Públicas.

 

Abc Color no se toma por aludido en la “dura advertencia” de EEUU sobre casos de lavado

El diario Abc Color del grupo Zuccolillo, en su edición del martes 29, publicó como principal título de portada que la enviada de Joe Biden, la subsecretaría de Estado norteamericana Victoria Nuland, lanzó una “dura advertencia de EEUU, a los corruptos y lavadores” y avisó a Paraguay que su país posee “herramientas fuertes” y no tiene miedo para usarlas. El medio apunta a políticos “corruptos y lavadores”, sin tener en cuenta que uno de los casos que precisamente es considerado emblemático para la justicia del país del Norte tiene que ver el banco Atlas, entidad bancaria señalada porque habría integrado el esquema que uso el fallecido ex dirigente deportivo Nicolás Leoz (+) para lavar parte de los US$ 200 millones desviados de la Conmebol.


Fuente: Por Jorge Torres Romero

Lo hizo de nuevo. El diario Abc Color en su edición del martes 29, publicó como principal título de portada que la enviada de Joe Biden, la subsecretaría de Estado norteamericana Victoria Nuland, lanzó una “dura advertencia de EEUU, a los corruptos y lavadores” y avisó a Paraguay que su país posee “herramientas fuertes” y no tiene miedo para usarlas. Una vez más el diario apunta a los políticos “corruptos y lavadores”, sin tener en cuenta que uno de los casos que precisamente son considerados emblemáticos para la justicia del país del Norte, tiene a la entidad bancaria de su grupo empresarial en la mira.

Llama la atención la insistencia que realiza este medio de comunicación sobre el tema, sobre todo atendiendo que el banco Altas, se encuentra precisamente en la órbita de las investigaciones relacionadas al escándalo del FIFA Gate en la Corte de Brooklyn (NY).

En efecto, en el programa La Caja Negra habíamos revelado el resultado de una auditoría de carácter confidencial y documentos que demostraban el modus operandi del banco Atlas, perteneciente al Grupo empresarial de la familia Zuccolillo, para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Nicolas Leoz, expresidente de la Conmebol. De acuerdo con los informes, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra en la mencionada Corte de EEUU, el banco Atlas recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, más de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo. Asimismo, Atlas enfrenta una denuncia penal por presunto lavado de dinero y se expone además a una fuerte multa o suspensión temporal de hasta 180 días.

En el transcurso de las averiguaciones sobre el caso, fueron determinadas por lo menos 10 faltas por las cuales los directivos del banco Atlas debían ser investigados tanto por el BCP como por el Ministerio Público.

Entre estas se halló que el banco Atlas negoció dos contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz. Ambos fueron celebrados en febrero de 2016, apenas un mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

Hicieron caso omiso a las alertas

Asimismo, el banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales.

En otra parte se indica que el banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la Ley Nº 6.497 que previene el lavado de dinero y obliga a los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil de este que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones.

De igual manera, una auditoria privada ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre Atlas y Leoz reveló que no consta la emisión por parte del banco Atlas de un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre los fideicomisos.

Según este reporte, el banco Atlas autorizó las operaciones de fideicomiso con documentos y recibos fraguados y sin aval suficiente. Además, documentos expuestos por La Caja Negra demuestran que el banco Atlas autorizó las operaciones con documentos presuntamente apócrifos.

Familia Leoz dejó en evidencia irregularidad

Otro dato significativo en esta historia tiene que ver con la devolución del dinero por parte de la familia Leoz. En efecto, en noviembre de 2020, las hijas de Leoz pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millones. Con esto, la propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación con el Banco Atlas fue turbia.

Cabe recordar además que el banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”.

Asimismo, la investigación salpica a la Inmobiliaria del Este (IDESA), también perteneciente al Grupo AZ de los Zuccolillo y se la considera pieza clave en el esquema de lavado con dinero sucio de Leoz. IDESA administra varias propiedades de Leoz y deposita los rendimientos en el banco Atlas. La fiscalía de Nueva York no pudo acceder a información relevante sobre estas operaciones ya que la empresa de los Zuccolillo nunca respondió al requerimiento de la justicia.

Los directivos del banco Atlas enfrentan una denuncia penal por presunto lavado de dinero, por lo que el banco se expone a una fuerte multa o a una suspensión temporal de hasta 180 días.

 

Represor stronista: Los crímenes del infame ‘Sapriza’

Hablar del comisario Camilo Almada Morel es evocar los omnipresentes fantasmas de los más oscuros años de la dictadura stronista. Alias “Sapriza” fue uno de los más atroces agentes de la represión. Procedió con litúrgica dedicación sobre quien y donde le fuese encomendado. Resuelto, despiadado y convencido de la doctrina de la “democracia sin comunismo”, un psicópata. Los testimonios recogidos en las siguientes líneas evidencian su sanguinario accionar.

Por Gonzalo Cáceres - Periodista

“Quien olvida su historia está condenado a repetirla” - Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana.

Poco tiempo después del golpe que derrocó a Stroessner en 1989, Raúl Monte Domecq y Guillermina Kanonnikoff impulsaron juntos un proceso judicial contra los responsables del asesinato, mediante tortura, de Mario Schaerer Prono en 1976, uno de los referentes de la extinta Organización Político Militar (OPM).

La querella fue contra Alfredo Stroessner, el ministro del Interior (Sabino Augusto Montanaro), el jefe de Investigaciones (Pastor Coronel), el jefe de la Policía Nacional (Alcibiades Brítez Borges) y los torturadores Nicolás Lucilo Benítez Santacruz, Camilo Almada Morel y Juan Aniceto Martínez Amarilla.

Esta demanda supuso un histórico golpe a la impunidad del cual gozaba (y continúa gozando) el círculo de privilegiados de la dictadura. Coronel, Martínez, Almada Morel y Benítez fueron condenados a 25 años de cárcel. A Brítez Borges le alcanzó un lustro. Stroessner y Montanaro no fueron incluidos (ambos estaban fuera del país) en el proceso. Fue el primer caso en toda Latinoamérica que culminó en condena para responsables de crímenes de lesa humanidad por causas políticas.

De entre los torturadores, Camilo Almada Morel era bien conocido, y temido, por ser de los más salvajes agentes de la dictadura y el principal artífice de la tristemente célebre “Pascua Dolorosa”.

EL CONTEXTO - OPM

El 3 de abril de 1976 caía Carlos Brañas, un estudiante paraguayo de medicina con domicilio en la ciudad argentina de Corrientes, en la aduana de Encarnación, durante un control policial rutinario tras cruzar el río Paraná en lancha. El susodicho portaba documentos de identidad falsos y escritos de la Organización Político Militar (OPM), lo que inmediatamente llamó la atención de los agentes. Fue el comienzo del fin para esta intentona revolucionaria.

A partir de la información extraída de Brañas se desató una feroz ola de allanamientos y detenciones. La oficina de Investigaciones de la Policía Nacional se dio cuenta de que estaba ante un movimiento clandestino, subversivo y que pretendía instalar la resistencia armada contra la dictadura stronista, en los papeles previos.

La plana mayor de la OPM fue arrasada en las siguientes horas y su precaria estructura desbaratada casi del todo con el correr de los días. La pesquisa constató que la OPM no solo estaba conformada por estudiantes secundarios de la burguesía capitalina y de los círculos universitarios locales y fronterizos, también contaba con profundas ramificaciones entre los dirigentes campesinos y religiosos de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC).

La existencia de la OPM le cayó como anillo al dedo a Stroessner, que aprovechó el episodio para golpear a personas e instituciones que nada tenían que ver con el asunto. El dictador echó a andar su maquinaria represiva también sobre los referentes del campo, a sabiendas de que la experiencia de las Ligas Agrarias Cristianas (y su modelo social y político) se extendía como pólvora encendida por el interior del país desde hacía un buen tiempo.



OPM - ‘PASCUA DOLOROSA’

Es así que en la Semana Santa del 76 llegaba el temido comisario Camilo Almada Morel a San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones. Se instaló en la cárcel de Abraham Cué, un edificio antiguo con forma de ‘U’ empotrado en el núcleo urbano de la ciudad. Desde allí procedió a dar caza a cualquiera con olor a sospechoso, o de simpatizar con las ideas de la OPM, con el apoyo de los soldados de la Tercera División de Infantería del Ejército Paraguayo, policías, alcaldes de compañía y los infaltables milicianos (civiles de la seccional colorada local).

Alfredo Boccia Paz relata en su obra “La Década Inconclusa” los terroríficos episodios que se sucedieron. “Los campesinos eran llevados a Abraham Cué de a uno. Allí hubo el mismo proceso vivido por los militantes asuncenos unos días antes en Investigaciones: la tortura. Pero aquí con el estilo más bruto y bestial que imponía Camilo Almada Morel. El tormento sufrido por los agricultores apresados supera los límites de lo creíble”.

Los testimonios de los sobrevivientes fueron recopilados en el libro “Ko’aga roñe’eta" (Ahora hablaremos), editado por la CEPAG. El título surge de la frase que pronunció Almada Morel (“¡Ko’aga reñe’eta!) cuando le cortó los labios con un cuchillo a uno de los tantos desdichados que le tocó ‘procesar’.

La población entera de San Juan Bautista estaba sumergida de lleno en el miedo. Los niños cuyos padres fueron encarcelados quedaron vagando por las compañías, de los mismos los alcaldes tomaron las propiedades y todo objeto que les apetecía. El abuso sexual de menores y mujeres y el robo sistemático fue una constante. La impunidad de los agentes estatales era tal que, según una versión difundida por el hoy Monseñor emérito Mario Melanio Medina, “Sapriza”, cruzando raudamente una tarde la ciudad, atropelló y mató a una criatura de seis años que estaba sentada a la vera del camino. Nadie se atrevió a reclamar.

Los testimonios también indican que ‘Sapriza’ tuvo directa participación en el asesinato del dirigente Diego Rodas, quien fue ejecutado tras dos días de brutales torturas.

“Nada de lo que se siga que ocurrió en Misiones es exagerado”, alega Boccia Paz.

Los privados de libertad abarrotaban la cárcel de Abraham Cué y la Delegación de Gobierno. Un memorándum policial, firmado por ‘Sapriza’ a mediados de mayo del 76, indica que la situación llegó a tal punto que 84 campesinos tuvieron que ser remitidos a Asunción. Ocho asesinados fueron catalogados como “desaparecidos”, quedando para siempre en algún punto de Abraham Cué o los montes vecinos. Sus cuerpos nunca fueron entregados a los familiares.

El coronel Delis Villar Marecos relató al Diario ABC Color en 1992 que en esa época él era comandante de compañía. Afirmó que su trabajo fue recoger los informes sobre los procedimientos realizados en Abraham Cué. Según su versión, Stroessner llamaba todos los días a las seis de la mañana al general Eduardo Sánchez, superior de Villar Marecos en la Tercera División de Infantería, para conocer los avances de la investigación. “Yo, en cumplimiento de la orden de mi comandante (Sánchez), iba a traer los informes para el Presidente de la República”. Stroessner sabía de la carnicería desatada por Almada Morel y sus secuaces.



CAAGUAZÚ

Otro de los atroces episodios del extenso prontuario de Almada Morel es el conocido como ‘caso Caaguazú’.

El 7 de marzo de 1980, 10 componentes de la Base Acaray de las Ligas Agrarias Cristianas (Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Feliciano Verdún, Reinaldo Gutiérrez, Federico Gutiérrez, Concepción González, Fulgencio Castillo, Secundino Segovia, Gumersindo Brítez y Adolfo César Brítez) fueron desaparecidos por Almada Morel en complicidad de Juan Martínez, Lucilo Benítez, Eusebio Torres, todos bajo las órdenes de Pastor Coronel. Dos de los liguistas Mariano Martínez y su esposa Apolinaria González fueron obligados a reconocer uno de los cadáveres: “Tenía cortadas las dos piernas y había sido degollado con cuchillo: era el cadáver casi irreconocible de Estanislao Sotelo”, afirmó Martínez.

Francisco Duré, Arnaldo Duré y otros seis liguistas afirmaron haber sido salvajemente torturados por el grupo de “Sapriza” antes de guardar reclusión en las cárceles del Buen Pastor y Tacumbú.

En Capitán Miranda, Blas Garay, Costa Rosado, Empalado, y otros lugares de Caaguazú, también se denunciaron desapariciones y la presencia del grupo de represores encabezado por Almada Morel, en sucesivas redadas.

“SAPRIZA”

Camilo Almada Morel nació el 18 de julio de 1941 en Acahay, hijo de Don Serafín Almada y Doña Juliana Morel. Su residencia se encontraba en Purificación y Primera. Sobre su recorrido estudiantil y llegada a los cuerpos de seguridad estatales poco o nada se sabe. Fuentes confirmaron que poseía, o posee, acciones en diversas empresas de transporte público (línea 6, entre otras).

Él mismo afirmó durante el juicio por la muerte de Schaerer Prono que su trabajo dentro de la organización de la Policía Nacional era “la del control del servicio extremo político y afines”. Tenía a su cargo el control de los puestos fronterizos (Falcón, Sajonia, Itá Enramada, Aeropuerto Internacional) y también era responsable de “observar el movimiento de los pasos que no estaban habilitados” y lugares “de aglomeración” como la terminal de ómnibus de Asunción o la calle Palma. Sus archivos y la mayoría de datos suyos se perdieron (o hicieron ‘perder’).

Por el caso Schaerer Prono, “Sapriza”, a sus 48 años de edad, guardó reclusión en la Agrupación Especializada desde el 3 de agosto de 1989. Fue puesto en libertad el 10 de abril del 2014 tras cumplir el cuarto de siglo impuesto.



OTROS PROCESOS

Almada Morel cuenta con al menos 22 procesos impulsados por el Comité de Iglesias por crímenes de lesa humanidad y otros.

El 1 de septiembre de 1999 recibió 25 años de cárcel por el homicidio de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba. En este caso fue beneficiado con la libertad por la compurgación de pena mínima (12 años y 6 meses), pero no abandonó la prisión al tener la condena del caso Schaerer Prono encima.

También recibió pena máxima por la desaparición de Carlos José Mancuello y Amílcar Oviedo (septiembre de 1976), según explicó el abogado Rodolfo Aseretto.

Pero no todas fueron malas para Almeda Morel, también tuvo sus victorias en Tribunales. En la primera década del nuevo milenio fue sobreseído en otros procesos de igual naturaleza, alguna que otra por “dejadez” del Ministerio Público.

CUENTAS PENDIENTES

Y en diciembre de 2019 nuevamente Almada Morel fue condenado a siete años de cárcel por la muerte de Celestina Pérez de Almada, esposa del activista Martín Almada, querella que comenzó en 1989. Martín Almada indicó que ‘Sapriza’ causó la muerte de Celestina al hacerle llamadas telefónicas durante las sesiones en que él era torturado, donde le hacía escuchar los gritos y que en una ocasión le llevaron su ropa ensangrentada, lo que terminó por ocasionarle un infarto a la mujer, el 6 de diciembre de 1974.



SE RESISTE A VOLVER A PRISIÓN

Sobre el caso de Celestina Pérez de Almada, en agosto de 2020, la Sala Penal de la Corte rechazó un hábeas corpus preventivo a favor Almada Morel planteado por el abogado Emigdio Allendre Morel.

Allendre Morel argumentó que el proceso arrancó tras la caída de la dictadura, con lo que a la fecha llevaba ya 31 años. Según alegó, el 29 de julio de 1997 se le dio a su cliente la libertad por compurgamiento de pena mínima, con lo que señala que ya cumplió la pena. Además, apuntó que ya sobrepasa los 70 años, por lo que no se le puede dar prisión preventiva por la edad. También habló de las dolencias que tiene por la edad, y que estaría en peligro en la cárcel por el Covid-19.

La Sala Penal de la Corte advirtió que Almada Morel está en rebeldía (2020) y que si quiere pedir a la Justicia, debe ponerse a disposición.

A ciencia cierta, y debido a su avanzada edad (80 años), Camilo Almada Morel sería beneficiado con la prisión domiciliaria, así como lo estima el Código Procesal Penal paraguayo. Sin embargo, y conforme explicó el abogado Aseretto, “él no puede gozar de ese beneficio por la naturaleza de sus crímenes”.

MÁS QUE CIFRAS

La dictadura stronista se saldó con 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente, 336 desaparecidos, 3.470 exiliados, 107.987 víctimas indirectas, entre familiares y allegados, y 7.851.295 hectáreas de tierras malhabidas, según un estudio de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ).

Todavía existen al menos 600 torturadores libres de culpa y pena.