Por Jorge Torres Romero

Una auditoría especial practicada al Viceministerio de Minas y Energía dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), detectó serias irregularidades en la explotación minera de Paso Yobai y reveló, entre otras cosas que no se existen reportes del pago de regalías por parte de la empresa CEMA SA, respecto a la exportación de oro entre el periodo de 2014 a 2018, por un valor cercano a los US$ 100 millones.

La secretaría de Estado ni siquiera cuenta con información precisa sobre la cantidad exacta de mineral extraído y la firma tampoco presentó ninguna documentación respaldatoria de sus operaciones.

La empresa CEMA, representada por Diego Casco Navarro y Hernán de Carli, explotó por casi diez años los yacimientos de oro en la localidad de Paso Yobai, Departamento del Guairá, sin tener autorización legal y según los hallazgos de la auditoría, exportó 2.894 kilos por casi cien millones de dólares sin el pago correspondiente de las regalías al Estado durante los años 2014 al 2019.

Según reporte de la Dirección Nacional de Aduanas a través del Expediente Nº 38816/18 de fecha 18/09/2018 referente a la exportación de oro en los últimos 10 años, se puede constatar que la empresa CEMA SA, realizó tales operaciones sin haber sido titular de una concesión minera.

Ausencia de comprobantes

El Equipo Auditor observó además que no pudo haberse determinado la liquidación de la Renta Neta de la empresa para el pago de las regalías debido a la ausencia de comprobantes respaldatorios que avalen los egresos incurridos durante la actividad desarrollada.

Según se pudo constatar, existen graves inconsistencias en las documentaciones que eran presentadas en las declaraciones de ingresos y egresos de la empresa, con lo cual pretendían abonar una irrisoria suma de 24 millones de guaraníes en concepto de regalías, cuando que la ley establece que deberá ser de entre un 2% al 8,40% sobre la renta neta trimestral de la concesionaria. Esto significa que la empresa dejó de abonar al Estado entre 2 a 8 millones de dólares.

Lo grave del caso es que el Viceministerio de Minas y Energía, que debía velar por el cumplimiento de la ley que rige la explotación minera de nuestro país, ni siquiera cuenta con información precisa sobre la cantidad exacta de minera extraído de la zona por las concesionarias.

El oro de Paso Yobái era explotado por dos empresas LAMPA SA, antiguamente en manos de unos canadienses, hoy en manos de unos chilenos, que es la única que tiene toda licencia para la explotación del mineral y CEMA que recién logró en setiembre de 2017 un contrato de cesión de derechos del 1%, contrato que fue homologado por el MOPC en 2018.

Este acuerdo, se encuentra actualmente judicializado. Es decir, los nuevos dueños de LAMPA se percataron de la irregularidad del referido contrato y plantearon una medida cautelar y posterior recisión de mismo.

En setiembre del 2018 dadas las continuas desavenencias con la directiva de CEMA, LAMPA decide resolver el contrato de cesión de derechos mineros. Esta decisión fue recurrida por CEMA y hay una causa judicial abierta ante la jueza Luz Marlene Ruiz Diaz.

Padrinazgos políticos

Detrás de la explotación ilegal del oro en Paso Yobái existe una fuerte protección política, según confirmaron los senadores Fernando Silva Facetti (PLRA) y Hugo Richer (Frente Guasú). Uno de los referentes políticos del Guiará es el senador colorado oficialista Rodolfo Friedmann, quien hoy está imputado por varios delitos vinculados a una empresa proveedora de alimentos a instituciones públicas. Friedmann, cuando se desempeñaba como gobernador había señalado que el negocio del oro movía en la zona cerca de US$ 2 millones por semana.

El senador Silva Facetti anunció que su bancada pedirá informe a las instituciones encargadas a fin de determinar la situación actual de las concesiones para la explotación del mineral precioso.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).

De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.

Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.

En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.

Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.

🧐 La clásica estrategia de "apriete" del Grupo Zuccolillo al MEC.

📺 Vía "Arriba Hoy" | @SomosGEN pic.twitter.com/J1h40LIiRN

— Diario HOY Paraguay (@hoypy) January 9, 2024

La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.

Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.

Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.

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