POR PERIODISTA JORGE TORRES

Para tener una idea del gran negocio mon­tado en esos años con los fondos de la Itaipú Bina­cional, que estaba en manos de Víctor Bernal Garay, según registros, solo en el 2007 en materia de publicidad la margen paraguaya de la binacio­nal había gastado un total de US$ 16.455.039, que repre­sentan unos G. 98.730 millo­nes al cambio de hoy.

Los gastos fueron utilizados para someter a la prensa con montos que no se compade­cían con verdaderos costos publicitarios de ese entonces. Ese año, la empresa Sistema Siete percibió de la binacional un total de G. 9.116 millones.

Cabe mencionar que la misma empresa publicitaria, durante las internas coloradas, tuvo a su cargo la campaña elec­toral de la candidata oficialista de ese entonces, Blanca Ovelar de Duarte, quien luego compitió en las generales con Fernando Lugo.

Algunos reportes periodís­ticos de la época (Abc Color, 10-09-2008) indican ade­más que en el 2008, en plena etapa electoral, la publicita­ria Sistema Siete facturó a Itaipú unos G. 2.070 millones, de los cuales 1.708 millones de guaraníes figuran haber sido pagados en concepto de impresión, pasacalles, quepis, camisetas, afiches y giganto­grafías, supuestamente en el marco de la campaña contra el dengue y la fiebre amari­lla. Las localidades donde supuestamente se hicieron estas campañas correspon­den al interior, en lugares como Santa Rosa, Carayaó, Minga Guazú, etc.

Asimismo, entre el 2005 y el 2006, la publicitaria Sis­tema Siete cobró G. 2.618 millones de la Itaipú Bina­cional en varios conceptos, de acuerdo a los documentos hallados durante un procedi­miento de la Fiscalía, en el que fueron decomisadas varias cajas con papeles de un vehí­culo de la Itaipú Binacional que se trasladaba de Asunción a Hernandarias.

Si bien Nicanor se cuidó muy bien de no aparecer en la conformación de la socie­dad anónima, lo hicieron dos empresarios, uno de ellos muy allegado a él, José Ángel Soto Barreto. Este fue el hom­bre clave en los negocios del mandatario, ya que además de compadre y compueblano de Duarte Frutos, trabajó como despachante adua­nero de Petropar, donde fac­turó millones.

Durante la campaña electo­ral en el 2002, Duarte Fru­tos había declarado en una entrevista que tenía “una pequeña empresa” dedicada al “marketing, consultoría, publicidad y servicios gene­rales”; se trataba de la misma empresa que luego se deno­minó Sistema Siete, aunque con otros accionistas, pero cercanos a él.

INVESTIGACIÓN Y EVASIÓN FISCAL

La Unidad Especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía había iniciado una investigación sobre el uso de fondos sociales de Itaipú en la era Nicanor, que inicialmente estuvo a cargo de Gustavo Gamba Paredes, pero luego fue apartado y asumió en su reemplazo Humberto Otazú.

Según los documentos incautados por el Ministe­rio Público, los desembolsos hechos a la citada publicita­ria fueron por los servicios de creatividad, ploteado de vehículos policiales, impre­sión de remeras, avisos y hasta publicidades en para­das de buses. Según las pes­quisas, Sistema Siete fue una de las cuatro empresas que organizaron la campaña colorada a cuenta de la Itaipú y que facturaron en su con­junto a la binacional, bajo la administración de Víc­tor Bernal, más de US$ 4,7 millones.

La mayoría de los pagos era a través del sistema de adquisi­ción directa con el que, según los valores establecidos por la Resolución del Consejo de Administración Nº RCA-005/03 del 9 de mayo del 2003, se podían transferir hasta 50 mil dólares.

Por si fuera poco, la empresa Sistema Siete también fue sometida a una fiscalización impositiva, en la que se con­cluyó que la empresa adeu­daba al fisco G. 1.391.599.236 por impuestos no pagados y multas entre el 2006 y el 2008. Sistema Siete pidió una reconsideración y se sometió a un sumario requerido por el fiscal Sergio Alegre (el mismo que jugaba fútbol con Nica­nor en Mburuvicha Róga), quien concluyó que la diferencia entre lo declarado ante Hacienda y los documentos exhibidos por Sistema Siete fueron de aproximadamente G. 190 millones.

Durante los años de admi­nistración del ex presidente Duarte Frutos, la citada empresa acaparó la coloca­ción de anuncios publicitarios de entidades estatales, espe­cialmente de las binacionales Itaipú y Yacyretá.

A partir de la denuncia penal que había formulado el exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata, (2009) basado en el resultado de un informe de auditoría practicada al consulado paraguayo en Buenos Aires, durante el ejercicio 2005-2008, la justicia condenó a siete años de cárcel a Domingo Arzamendia, quien había sido nombrado por Nicanor Duarte Frutos como cónsul general en la capital Argentina.

Arzamendia, quien falleció el 7 de octubre de 2015, antes de ser nombrado como cónsul se desempeñaba como chofer del expresidente Duarte Frutos, y era considerado uno de sus hombres de confianza, al punto que le asignó la tarea de protección de no de sus hijos que estaba estudiando en Buenos Aires, al tiempo de ejercer su cargo como cónsul.

La Cancillería nacional, a cargo de Lacognata había denunciado el 22 de mayo de 2009 ante la Fiscalía de Delitos Económicos que bajo la administración del entonces cónsul general paraguayo en Buenos Aires, Domingo Arzamendia, se produjeron diferentes delitos y daño patrimonial al Estado paraguayo por cerca de los US$ 800.000.

LA ACUSACION CONTRA NICANOR

De acuerdo a las publicaciones periodísticas de la época (ABC 26/10/09), la denuncia de la Cancillería solo involucró a Arzamendia, pero el entonces canciller Lacognata declaró públicamente que con dinero del consulado en Buenos Aires, el ex presidente Duarte Frutos compró para su familia un departamento en la capital argentina. A eso se suma que uno de los hijos mayores de Nicanor estaba estudiando una carrera universitaria en Buenos Aires y Arzamendia era uno de sus custodios personales.

El excanciller puntualizó que "Nicanor tendrá que hablar y mucho cuando aparezcan imputaciones sobre fraude en diferentes consulados y, en particular, en Buenos Aires, donde se beneficiaron él y su hijo. No quiero dar datos que puedan entorpecer la investigación, pero hay suficiente documentación de que parte de la recaudación iba a pasajes del hijo (de Nicanor), se compró un departamento en Buenos Aires. Esas son las cosas que tienen que preocupar a Nicanor cuando está frente a un micrófono", había declarado el entonces ministro de Relaciones Exteriores.

CASOS DE PLANILLERISMO

La auditoría al consulado de Buenos Aires detectó también que se encontraron ocho nombres de funcionarios que figuran en la nómina de contratados temporales con registros de asistencia irregular a su lugar de trabajo. Esto significó para el Estado un impacto negativo de US$ 339.500.

En el 2013, el Tribunal de Sentencia, integrado por Lourdes Peña, Manuel Aguirre y Rosarito Montanía, llegó a condenar a Arzamendia por exacción, estafa, uso de documentos no auténticos, utilización de marcas de valor no auténticos, excluyéndose la extorsión que no fue comprobada. El perjuicio que había generado el ex cónsul alcanzó la suma de US$ 538.000.

Arzamendia declaró falsamente ante la Dirección General de Administración y Finanzas de Relaciones Exteriores que contrató a nueve personas, que son Maura Figari, Sabino Mereles, Teodolina Flor, Gilberto Quiñónez, Grisell Gill, Apolonia López, Isaac Rojas, Barcilicia Candia y Alfredo Roa.

Las citadas personas supuestamente fueron contratadas para prestar servicios en la sede diplomática a su cargo y bajo su supervisión. En ese contexto, recibía mensualmente los cheques correspondientes a los pagos de haberes de las citadas personas. Sin embargo, estos contratados nunca prestaron servicio en la sede del Consulado. Arzamendia se quedaba con todos los cheques que llegaban al Consulado desde el 2005 al 2008, totalizando US$ 421.814.

De acuerdo a las conclusiones del informe de auditoría, pero que no llegaron a demostrarse en el juicio, Arzamendia habría realizado todas estas operaciones por orden director del entonces presidente de la República, por ello también la contundencia en las declaraciones de Lacognata al señalar que Duarte Frutos compró hasta un departamento y pagó los viajes de su hijo con fondos del consulado.

• POR ROSSANA ESCOBAR M.
• rossana.escobar@gruponacion.com.py

Estigarribia sostuvo que no ahondó en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito de Duarte Frutos, cuya reapertura fue recomendada por la fiscala Yolanda Portillo en enero del 2018.

La fiscala Portillo había dic­taminado que existen ele­mentos para que se reabra la pesquisa por presunto enri­quecimiento ilícito del ex pre­sidente de la República.

“Acá hay una causa anterior y no puede haber dos cau­sas por el mismo hecho. En todo caso lo que yo dije en mi requerimiento es que se tiene que reabrir la otra causa.

Pero, sin embargo, también al ver la denuncia de este señor Nelson Argaña, él denunció hechos que ya fueron desesti­mados también. Estos hechos denunciados ya fueron objeto de análisis anteriormente y por otro lado eventualmente si existieran nuevos elemen­tos (algo que no hubo) docu­mentalmente se tendría que solicitar la reapertura de la causa. Eso yo hablé con los denunciantes y el señor Nel­son Argaña ha desistido de la denuncia”, señaló Estiga­rribia.

Cabe recordar que Argaña refirió en entrevistas que desistió de su denuncia “por amor” al movimiento Colo­rado Añetete, grupo político aliado de Duarte Frutos.

“NO PODÍA”

Estigarribia confirmó que no investigó porque “no podía, no se puede”, porque todos los hechos denunciados ya fue­ron objeto de investigación en causas anteriormente desesti­madas. Aunque, en otra parte de la entrevista con nuestro diario, dijo: “Pero se hicieron algunas investigaciones, se pidieron declaraciones jura­das, por ejemplo, de bienes y yo comparé con la declara­ción anterior. Prácticamente no tendría ni un elemento, no había nuevos elementos, eran los mismos inmuebles”.

Consultado respecto a si llegó a indagar sobre los nombres de supuestos tes­taferros denunciados por Argaña, entre ellos Rosa María Penayo y su difunto esposo José David Orrego (cuñada y concuñado) de Duarte Frutos, Estigarribia respondió: “Bueno, pero yo no podía hacer en el marco de esta causa”.

Cuando le insistimos sobre los nombres de supuestos testafe­rros, transferencias, socieda­des mencionadas en la denun­cia, Estigarribia aseveró: “¿Cuál sería el hecho, eso lo que yo quiero, algo concreto”, cuando es a él a quien le toca investigar. Mientras tanto, Duarte Frutos alardea de que salió limpio ante la Justicia.

ELEMENTOS DISTINTOS

Llama la atención que uno de los fisca­les asignados primeramente para esta última investigación, que se abrió a partir del dictamen de Portillo, sí hable de “ele­mentos distintos” con relación a la causa desestimada anteriormente. Los agentes designados habían sido Liliana Alcaraz y René Fernández, los mismos que desesti­maron la denuncia en el 2006.

“Nosotros fuimos recusados”, dijo al res­pecto René Fernández y confirmó que la causa quedó en manos Rodrigo Estigarribia.

“Nosotros estábamos analizando, qué porción de hechos corres­pondían a la causa vieja y cuál a los hechos nuevos, pero fue ense­guida que fuimos recusados, quedamos fuera”, agregó Fernández.

“Llegamos a hacer algunas actas de investigación”, dijo Fernández. Al parecer, los agentes fiscales no manejan el mismo criterio, ya que Estigarribia señaló que no podía investigar, pero Fernández con­firmó que realizó algunas diligencias antes de ser recusado.

“Lo que sí recuerdo bien es que en esa denuncia había hechos que ya fueron investigados anteriormente y había otros hechos distin­tos”, señaló Fernández. Al ser consultado sobre si esos “hechos dis­tintos” eran nuevos, señaló que “sí, son posteriores a aquella causa”.