FastPay, empresa de Trovato, activa alerta de Seprelad: ¿Vínculo con lavado de dinero?

La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Esta última fue creada en marzo del 2018 y comenzó a operar en agosto del mismo año con el esquema de apuestas moviendo grandes cantidades de dinero sin control. Seprelad destaca que con este vínculo se blanqueó parte de los ingresos de la firma.


Fuente: La Caja Negra - Unicanal

Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se verificó que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756.

El informe de carácter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Publico que deberá iniciar una investigación ante indicios de un presunto esquema de lavado de dinero y asociación criminal. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.

La firma Infinium S.A. (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. La inscripción de la firma en el Registro Publico de Comercio se realizó en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de Gs 120 millones confirmado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.


De acuerdo al reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una transferencia Gs 100.826.816 a favor de la firma Apostala.

La empresa Fastpay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrónicas. En un comunicado hecho público por la firma Apostala se men­ciona que FastPay es un “medio electrónico de agi­lización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. El comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio.

¿Por qué la empresa de Trovato, ligada a las apuestas deportivas, aparece bajo la lupa de la Seprelad?

La firma FastPay, perteneciente a la familia Trovato, aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre de del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.


La empresa Infinium S.A. (FastPay) recibe créditos en cuenta de Tigo Money Mobile Cash y posteriormente transfiere vía SIPAP el monto a su cuenta en una entidad bancaria para luego realizar los pagos a la firma DARUMA SAM (Apostala). La empresa de Trovato procesa el pago y se queda con el 5% del costo por el servicio.

La alerta que se activó en el sistema bancario se registró tras la no contestación por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos. La empresa de Trovato no respondió qué controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.


Según el reporte de transferencias realizadas desde FastPay a favor de Apostala desde el mes de agosto del año 2018 hasta agosto del año 2020, las operaciones alcanzaron un monto de Gs 42.632.966.022

Los ingresos recibidos a través de FastPay no constituyen la totalidad de los ingresos obtenidos por Apostala. Los pagos de apuestas en efectivo, que carecen de control, constituyen la principal vía de ingresos. El informe de la Seprelad destaca la precariedad del sistema para justificar el ingreso de los montos directamente desde la concesionaria de juegos de azar al sistema financiero.

También Seprelad destaca que con el vínculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utilizó para blanquear parte de los ingresos de la firma.

 

Petropar “arregló” pago de US$ 1 millón a Engineering por contrato que no cumplió

Increíblemente la empresa Engineering SA obtuvo un favorable arreglo extrajudicial con Petróleos Paraguayos (Petropar) que inicialmente la había demandado ante la Justicia por incumplimiento de contrato, ya que cobró un anticipo de G. 2.900 millones para la provisión de tanques subterráneos de combustible y solo entregó una parte por valor de G. 831 millones, sin devolver el remanente. Sin embargo, bajo la presidencia de Patricia Samudio, la superproveedora del Estado no solo se quedó con el anticipo, sino que además logró cobrar una indemnización por más de G. 6.210 millones, con lo que se embolsó un total de G. 9.110 millones (unos US$ 1,4 millones, al cambio de ese entonces), habiendo entregado apenas 21 tanques de los 140 que debía construir.

Por Jorge Torres Romero

Los antecedentes del caso indican que en fecha 13 de junio del 2013, Petropar suscribió un contrato con la firma Engi­neering SA, en el marco de la Licitación Pública Nacio­nal 10/13 para la “Adquisi­ción de tanques subterrá­neos de combustibles”, por un valor total de G. 7.252.376.000; de los cua­les, al momento de la firma, Petropar abonó, en con­cepto de anticipo, la suma de G. 2.900.950.400, equi­valente al 40%. Luego de abonado el anticipo, la pro­veedora entregó una parte de los tanques por valor de G. 831.006.000, quedando pendiente una diferencia de G. 2.069.944.400 a favor de Petropar.

Posteriormente, en fecha 4 de setiembre del 2013, cuando estaba en plena eje­cución el contrato, la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas hizo lugar a la protesta promovida por la firma Cabipal Metalmek SA y anuló la adjudicación a Engineering SA y, por ende, el contrato firmado con Petropar quedó sin efecto.

Ante esta situación, la petrolera estatal comunicó a la proveedora que el con­trato en cuestión había que­dado sin efecto, debiendo procederse a la restitución del anticipo entregado. Cabe aclarar que en la cláusula 27° del contrato entre Petropar y Engineering SA se encon­traba prevista la posibilidad de nulidad del llamado de referencia, lo que dejaba sin efecto el contrato.

Este es el acuerdo por el cual Petropar acepta abonar los 6.200 millones de guaraníes a la firma Engineering en concepto de indemnización por supuesto daño.

ENGINEERING JUDICIALIZÓ EL CASO

Sin embargo, la firma Engi­neering se negó a devolver el saldo del anticipo recla­mado por Petropar por lo que esta, en fecha 13 de marzo del 2014, exigió a la firma Aseguradora el Comercio Paraguayo SA, la ejecución de la póliza otor­gada en el marco de la LPN N° 10/13 para la adquisición de tanques de combusti­ble, sin que la misma haya obrado en consecuencia.

A raíz de este hecho, el caso fue judicializado y pese a que no se probó que Petropar haya obrado ilícitamente en perjuicio a la firma Enginee­ring, esta lo demandó por daños y perjuicios y por sentencia del 9 de mayo del 2019, la Justicia hizo lugar a la demanda que condenó a Petropar al pago de unos G. 3.066 millones, más los intereses por el 97,5% de la demanda, con lo que tota­lizaba los G. 6.210.848.118 que finalmente sin apelar y sin exigir la revisión, la pre­sidenta de Petropar, Patricia Samudio, accedió a abonar, pese a que la petrolera esta­tal tenía todas las de ganar en el juicio.

El documento lleva la firma de Patricia Samudio, ex presidenta del ente, y Juan Andrés Campos Cervera, de la empresa Engineering SA, la multiproveedora del Estado, considerada “amiga” del poder.

SIMILAR AL CASO TEXOS

Guardando las distancias, este caso es muy similar a lo que ocurrió con la empresa Texos que demandó en ins­tancias locales al Estado y reclamó US$ 31,3 millones, supuestamente por daño empresarial, gastos de lici­tación, obligaciones con otras proveedoras, lucro cesante, entre otros, por la fallida adjudicación para comprar entre 21.000 m3 y 42.000 m3 de gasoil.

La Procuraduría General y la Asesoría Jurídica de la estatal aprobaron luego un dudoso arreglo extra­judicial por US$ 7 millo­nes, que tras filtrarse en la prensa derivó en un escán­dalo que terminó con la salida de Sergio Coscia de la Procuraduría General de la República.

En la demanda de Petropar, la petrolera tenía todas las de ganar, puesto que había demostrado que Engineering no cumplió el contrato y tampoco hubo daño de parte de Petropar, que solo hizo uso de la cláusula de rescisión.

 

Treintena de nuevos consultores, con sueldazos en Mitic durante pandemia

Millonarios honorarios para “expertos” en el marco de la agenda digital, proyecto hasta ahora desorientado por las licitaciones superpuestas realizadas en varias instituciones públicas.

Por Rossana Escobar M. / La Nación

rossana.escobar@gruponacion.com.py

La eficiencia más visi­ble en dos años del Ministerio de Tecno­logías de la Información y Comunicación (Mitic) es la repartija de supersueldos. Al asumir el ministro Alejandro Peralta Vierci, habían saltado aumentazos a los amigos reu­bicados en su administración y su gestión es muy cuestio­nada a medida que avanzan los megaproyectos de moder­nización digital que tomó como bandera el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Ahora la contratación de con­sultores con supersueldos de manera acelerada durante la pandemia y en medio de una serie de improvisacio­nes generan más sospechas sobre los intereses detrás de los megaproyectos.

En una lista proveída mediante Ley de Acceso a la Información Pública aparece la incorporación de todo tipo de expertos en el marco de la agenda digital, que a pro­pósito se está ejecutando de manera desorientada con licitaciones superpuestas de software y equipos, como las millonarias compras para­lelas entre Salud y el Mitic por más de G. 150 mil millo­nes, entre ellas para mismos hospitales que fueran revela­das por nuestro medio hace un par de meses. El vicemi­nistro Miguel Martin había señalado en aquella opor­tunidad que todavía no tie­nen el control de la ejecución del proyecto ni la atribución para que las instituciones que compren tecnología requie­ran autorización por parte de su cartera.

La agenda digital vale recor­dar es un proyecto empren­dido mediante un préstamo de US$ 130 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Martin había mencionado que estaban trabajando en un decreto para que puedan tener el control de las com­pras de tecnología, ya que tienen previsto el montaje de un data center presupues­tado en US$ 23 millones; sin embargo, hasta ahora no die­ron a conocer al respecto de la normativa y las millonarias licitaciones del rubro pululan en las reparticiones estatales.

Gerentes de proyectos de infraestructura, especialis­tas en adquisiciones, coor­dinadores TIC, especialista jurídico, figuran en la lista de expertos incorporados princi­palmente durante el segundo semestre del 2020 con suel­dos que varían de G. 10 millo­nes a G. 22 millones, según los registros de Hacienda.

Entre los expertos contra­tados aparece también un gerente de proyecto 1 del Gobierno Digital, un con­sultor responsable de protec­ción de sistemas de gobierno e infraestructura crítica, un consultor supervisor opera­tivo de gestión de incidentes cibernéticos.

Mientras el Mitic se encon­traba abocado durante la pandemia a una caza de coti­zados talentos, las institucio­nes que en teoría debieran formar parte de un data cen­ter fueron aprovechando el tiempo y realizando millona­rias compras de equipos com­putacionales que no se sabe si servirán para el promocio­nado proyecto. En paralelo incluso explotó el caso de la pérdida de archivos por pro­blemas de servidores en el MOPC que los expertos cali­ficaron como ciberataque y el Ministerio de Tecnologías ni enterado estaba, según con­firmó el mismo Martin. Al tiempo que la red de fibra óptica sigue siendo motivo de cuestionamientos por el retraso de más de un año en la terminación.

Sobre la treintena de con­trataciones de expertos cuando rige un decreto que prohíbe seguir inflando el presupuesto público, la encargada de RRHH del Mitic sostuvo que los pro­yectos están exceptuados del decreto presidencial.



POR ENCIMA DEL PRESIDENTE

El ministro Peralta Vierci realizó 4 nombramientos por resolución sin necesidad de un decreto presi­dencial, todos durante la pandemia. Según la directora de RRHH, María Luisa Espínola, el titular del Mitic tiene la potestad de hacerlo, “conforme lo que establece el artículo 13° de la ley de creación del Mitic” y en reemplazo de funcionarios que dejaron sus cargos.

De esta forma, Chiara Vanessa Merlo fue designada como directora de Comunicación Institucional con un salario base de G. 12.200.000.

Así también, mediante la resolución del ministro Peralta Vierci se ubicó como directora general de Comunicación Estratégica, Sumaia Cruzans Baranda, con un sueldo base de G. 13.000.000.

Los otros dos nombramientos sin decreto son María Aurora Escurra Chamorro con sueldo base de G. 9.400.000 como directora de Evaluación y Monitoreo de Proyectos, y el de Gonzalo Raúl Giménez, como director de Fomento de Emprendedores con remuneración base de G. 9.400.000.

 

¿Quién dio las instrucciones? Documentos revelan el cronograma de la transa

El 2 de diciembre se firmó el acuerdo por el cual el Estado paraguayo a través de Petropar iba a entregar US$ 7 millones a la empresa de maletín Texos Oil SRL para finiquitar una demanda que el 2011 planteó la firma argentina. El exprocurador Sergio Coscia fue quien llevó esta propuesta al presidente de Petropar Denis Lichi y eso se desprende de un documento exclusivo al que tuvo acceso La Caja Negra donde Coscia le envía una nota a Lichi y le dice que recibió instrucciones para buscar el máximo beneficio para el Estado a través de un acuerdo económico que ponga fin al conflicto judicial que se tenía con Texos y que viene desde el 2011.


Fuente: La Caja Negra

¿Quién le dio esas instrucciones a Coscia? Si el mismo admitió que del acuerdo no estaban enterados el presidente de la República Mario Abdo Benítez, tampoco el ministro de Hacienda Óscar Llamosas.

Entonces de donde salió la idea de hacer un arreglo extrajudicial?¿Quién le ordena a Sergio Coscia apurar la firma de un acuerdo para arreglar un proceso, que según dijo estaba por ser ganado por Texos Oil, cuando los abogados de Petropar tenían una opinión totalmente en contrario, incluso las pruebas que se presentaron en tribunales todas favorecían a la petrolera paraguaya.

El exprocurador señala en el escrito que envió a Petropar que hay altas probabilidades que el Estado sea condenado en tres rubros de la demanda de Texos Oil y que son daño empresarial, lucro cesante y perdida de chance, esto debido que se anuló la adjudicación que se le hizo a Texos Oil para la provisión de combustible en el 2009, pero no se tiene en cuenta que la cancelación se realizó antes de la firma del contrato por lo que no hubo daño ya que la ley de contrataciones públicas en su artículo 31 es clara al señalar que los oferentes no tienen derecho a reclamos o pedidos de indemnización si no hubo firma de contrato y la adjudicación puede ser anulada unilateralmente, sin perjuicio alguno.



¿Por qué Sergio Coscia apuró la firma del acuerdo para la entrega del dinero a la empresa argentina? ¿por qué todo se realizó por debajo de la mesa, a espaldas de sus superiores? ¿La o las personas que le dieron la instrucción del arreglo no son parte del gobierno? ¿A quién le estaba rindiendo cuentas Coscia o actuó solo en este arreglo extrajudicial?

Coscia no le contó a sus superiores que estaba en vías de la firma de un finiquito extrajudicial, tampoco que ya firmó el documentos y que comprometió al Estado a pagar una millonaria suma de dinero, dinero que Petropar no tenía en sus arcas pero que el presidente del ente Denis Lichi pide a Hacienda el 20 de noviembre de 2020 a través de una nota una ampliación al presupuesto de gastos de Petropar y requiere de G. 48.939.125.000, para poder cumplir con el acuerdo sugerido por la Procuraduría General de la República según la nota Nº 538/2020 con lo que se concretaría un acuerdo muy ventajoso para la institución.

Con esta ampliación Petropar ya podría tener los US$ 7 millones para pagar a Texos Oil. En conclusión Sergio Coscia firmó un acuerdo para entregar un dinero que no se tenía, solo cuando el caso fue descubierto por La Caja Negra, Coscia apuradamente volvió tras sus pasos, anuló el acuerdo y luego para evitar más exposición pública renunció al cargo, sin explicar los entretelones del hecho y a quienes estaba respondiendo.

Todo apunta a que se quiso aprovechar la pandemia y el último mes del año cuando todos estaban distraídos con otros temas, para hacer la firma secreta del acuerdo y la entrega de los US$ 7 millones a una empresa que no tiene solvencia económica, tampoco antecedentes en el rubro de combustibles, pero que se iba a llevar un dinero sin merecimiento alguno.