Hay sospechas de colusión en compra de US$ 12 millones hecha por Peralta Vierci

Llamativamente solo dos empresas se presentaron a “competir” en el llamado a licitación para la provisión de equipamientos para el suministro, instalación y ampliación de la red nacional de fibra óptica, convocada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic), a cargo de Alejandro Peralta Vierci.


Fuente: La Nación

Se trata de la empresa Celexx SA, representante exclusivo en Paraguay de la marca Huawei y SSD SRL, que a su vez es distribuidora de los productos representados por la primera. Esto no deja de ser un dato menor, teniendo en cuenta que el llamado a licitación pública (subasta a la baja electrónica-SBE) se llevó a cabo en un cuestionado proceso, con un pliego de bases y condiciones cuyas especificaciones técnicas estaban orientadas a favorecer a una empresa, puesto que se exigía la provisión de bienes específicamente de la marca Huawei, lo que atenta contra la libre competencia y, en definitiva, viola la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas.

Todo parece indicar que se trató de una adjudicación “directa” y, para maquillar la millonaria adquisición, se recurrió a la modalidad de subasta a la baja electrónica, en la que obviamente las condiciones ofrecidas por el representante serían mucho más convenientes a las de un distribuidor, como ocurrió posteriormente, puesto que la licitación fue adjudicada, según Resolución Mitic Nº 69, a la empresa Celexx SA por un monto total de G. 71.820 millones, unos US$ 12 millones; mientras que la otra oferente, SSD SRL, había ofertado el suministro por G. 71.840 millones; es decir, una ínfima diferencia que hace sospechar de una posible colusión o acuerdo de precios.

Cabe recordar que la adjudicación se dio a conocer el mismo día en que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) comunicó la finalización del proceso de investigación y el desistimiento de la protesta promovida por la firma Bullers SA contra el pliego de bases y condiciones, lo que allanó el camino para la contratación.

La convocante había argumentado entre otros puntos que los bienes de la Ande y Copaco son de la marca Huawei, lo que condicionaba la compra, teniendo en cuenta que la telefónica estatal tiene 180.000 km de fibra óptica, Ande otros 120.000 km, la cartera del Interior 200 km y Hacienda 74 km.

“Se requiere asegurar la completa compatibilidad, la calidad, el rendimiento y no perder funcionalidad. También el personal técnico de las instituciones que realiza el soporte y mantenimiento de esa infraestructura ha sido capacitado ampliamente en la administración y configuración, conociendo los pormenores de su funcionamiento”, señalaba una parte del escrito presentado para justificar la adquisición.

NO SE JUSTIFICA LA DEPENDENCIA

Sin embargo, según los denunciantes, no existían argumentos suficientes que justifiquen la adquisición de equipos única y exclusivamente de la marca Huawei, puesto que en realidad no existe una dependencia tecnológica entre la infraestructura actual y la que se pretendía adquirir o montar en el proyecto de referencia. Las redes nuevas podrían ser desplegadas de manera independiente a las redes existentes sin necesidad de obligar al Estado paraguayo a adquirir la marca Huawei.

En definitiva, “no existen motivos técnicos que obliguen al Estado paraguayo a adquirir equipos bajo una sola marca fabricante y contratar servicios para las tres redes a un único oferente, puesto que, en cada caso, cada red podría ser provista y desplegada de manera independiente, garantizando la integración entre sí por medio de estándares que comparten y cumplen todos los fabricantes del mercado (Nokia, CTSco, Huawei, etc.)”, sostiene la denuncia que finalmente fue retirada, con lo que se dio vía libre a la compra y el desembolso de unos US$ 2,4 millones el pasado mes de enero.

 

Oscuro método para elevar precios de fármacos del IPS

El Instituto de Previsión Social adjudicó compra de medicamentos por un monto global estimado de G. 373 mil millones a 32 proveedoras en diciembre pasado. En el jugoso contrato saltan alevo­sos sobreprecios que sumados ascienden a la estratosférica cifra de G. 170.958.785.440 (Ciento setenta mil novecien­tos cincuenta y ocho millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro guaraníes) unos US$ 29.000.000 (Vein­tinueve millones de dóla­res americanos) al cambio actual.


Fuente: La Nación

De un lote de 103 medicamen­tos subastados, 47 registran precios sobrefacturados con relación a la última compra que realizó la previsional un año antes.

El mecanismo para llevar a cabo este golpe fue mani­pular el precio unitario esti­mado, sobre la base de 3 pre­cios de medicamentos de venta al público y precios de 3 principales oferentes de medicamentos, pero conve­nientemente no considera­ron la referencia más impor­tante y relevante que son los precios de las últimas com­pras del IPS.

Los responsables de la elabo­ración de los precios de refe­rencia de compra en el IPS son la UOC (Unidad Opera­tiva de Contrataciones) y la Gerencia de Salud, para luego debe ser aprobado por el Consejo Administrativo de la pre­visional.

Cabe remarcar que el precio referencial de compra es ela­borado a partir de consultas de precios tanto del portal de la DNCP, potenciales oferen­tes, precio de venta al público y catálogos farmacéuticos, etc. La base del principio de eficiencia económica es tener en cuenta en cuenta el último valor adjudicado, esto para regular la escalada inflacio­naria.

Por su parte la DNCP ejerce su prerrogativa de control sobre los precios que exceden el 20% del precio por encima del referencial y el 30% por debajo, pero al ser manipu­lado el precio unitario estimado, los lances adjudicados no exceden los parámetros permitidos por la DNCP, así se encubre el robo bajo un manto de “legalidad”.

El IPS defendió su postura de que actuaron conforme a la Ley 2051/03 “De Contra­taciones Públicas” presen­tando su planilla de datos para establecer los precios referenciales, delatándose ellos mismos ya que en dicha planilla figuran las columnas donde deben ir los precios de las últimas compras públicas pero están vacías, dejando en evidencia que no los conside­raron para establecer el pre­cio referencial para la adqui­sición.

El IPS, según la normativa de la DNCP, fijará el precio de referencia, atendiendo al “principio de economía y efi­ciencia”. Contrariamente a lo actuado por el IPS, que uti­lizó conscientemente los pre­cios más caros desfalcándose. Esto, beneficia directamente a los proveedores.

 

Compra digitada de Peralta Vierci se basó en supuesta “dependencia” tecnológica

La reciente contratación de los equipamientos para el suministro, instalación y ampliación de la red nacional de fibra óptica, efectuada por el Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y la Comunicación (Mitic) por un valor de US$ 12 millones, se basó en una supuesta “dependencia” tec­nológica que, sin embargo, carece de fundamentos téc­nicos, según expresan oferen­tes que debieron resignar su participación en el llamado.


Fuente: La Nación

POR JORGE TORRES ROMERO

De acuerdo a la denuncia efec­tuada en su momento por la firma Bullers SA, el pliego de bases y condiciones de la licitación convocada por el Mitic contenía requerimien­tos que no resultan, desde nin­gún punto de vista, técnica­mente indispensables, y que, en contrapartida, limitaban la libre concurrencia al cons­tituir las mismas trabas a la igualdad ya mentada, puesto que, eventualmente favorece­ría a una marca que “coinci­dentemente” era la única que podría cumplir con los reque­rimientos establecidos, ello en detrimento a otras firmas que, de igual modo, pueden garan­tizar calidad en la prestación del servicio e inclusive precios más convenientes.

En definitiva, la supuesta “dependencia tecnológica”, en realidad no existe y por otros motivos técnicos y eco­nómicos el Mitic intentó jus­tificar la millonaria compra, alegando incluso la necesidad de contar “en la brevedad posi­ble” con dichos equipamien­tos tecnológicos.

Todo esto hace suponer en realidad que el llamado a lici­tación pública bajo la moda­lidad subasta a la baja elec­trónica fue toda una farsa. Puesto que desde un prin­cipio se hubieran ahorrado todos los contratiempos que suponen una convocatoria si se efectuaba una compra directa arguyendo la “depen­dencia tecnológica”, teniendo en cuenta que se exigía la pro­visión de bienes específica­mente de la marca Huawei.

REQUERIMIENTOS A MEDIDA

En efecto, en las Especifica­ciones Técnicas del llamado, textualmente se menciona que “Copaco actualmente cuenta con una red óptica nacional DWDM que une los puntos de Asunción – Cnel. Oviedo – Ciudad del Este y Encarnación, de igual manera, posee un enlace de Asunción a Mayor Infante Rivarola. Para todos los equipos son de marca Hua­wei, modelo O5N6800. Se requiere ampliación, actua­lización de los sitios actua­les de tal manera a soportar una capa eléctrica que pro­vea múltiples accesos cross-conectados y transportados por la capa óptica ya desple­gada, de tal manera a redu­cir el impacto en servicios y en la inversión de manera efi­ciente”.

Sin embargo, según expli­caron los denunciantes, la completa compatibilidad, la calidad y el rendimiento se pueden alcanzar con cual­quier otra marca, siempre y cuando se establezcan crite­rios adecuados de integración, lo cual no debería ser exclusi­vidad de una sola marca.

En cuanto a la capacitación del personal y que los mis­mos conozcan todos los por­menores del funcionamiento de los equipos actuales, es algo lógico, pero “de ninguna manera representa una ven­taja ni se puede garantizar que implique una disminu­ción de costos operativos con respecto a otras tecnologías”, insistieron.

En este caso, se requiere actualización de los equipos existentes, la cual responde a nuevas funcionalidades y nuevos equipos. “Es inconce­bible la manifestación de que el personal está previamente capacitado, pues no existe nin­guna certeza de que la actuali­zación de los equipos permita a los funcionarios operar los equipos en las mismas con­diciones como se encuentran actualmente”, agregaron.

En definitiva, la justificación del Mitic para la compra carece de argumentos técnicos y por tan solo dos ítems que repre­sentan menos del 2% del pro­yecto, se terminó por adjudi­car el 100% a una sola marca, en este caso Huawei.

YA DESEMBOLSARON US$ 2,4 MILLONES

El primer desembolso de US$ 2,4 millones, según las documentaciones del llamado se concretó final­mente el pasado 16 de enero del 2019. La licitación fue adjudicada el pasado 18 de diciembre del 2018, según Resolución Mitic N° 069 a la empresa Celexx SA, por un monto total de G. 71.820 millones, unos US$ 12 millo­nes. La otra oferente, SSD SRL, había ofertado el sumi­nistro por G. 71.840 millo­nes. La adjudicación se dio a conocer el mismo día en que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) comunicó la finali­zación del proceso de inves­tigación y el desistimiento de la protesta promovida por la firma Bullers SA.

 

Olor a fato de US$ 29 millones en compra de medicamentos del IPS

El Instituto de Previsión Social adjudicó com­pra de medicamentos por un monto global esti­mado de G. 373 mil millones a 32 proveedoras en diciembre pasado. En el jugoso contrato saltan alevosos sobreprecios con relación a licitación del 2017, que sumados ascien­den a la estratosférica cifra de G. 170.958.785.440 (ciento setenta mil novecientos cin­cuenta y ocho millones sete­cientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro guaraníes), unos US$ 29.000.000 (veintinueve millones de dólares ameri­canos) al cambio actual.


Fuente: La Nación

De un lote de 103 medica­mentos adjudicados, casi la mitad registra precios sobre­facturados con relación a la última compra que realizó la previsional un año antes. Para mayor comprensión de nuestros lectores, deben tener en cuenta que a conti­nuación mencionaremos 4 medicamentos de los 47 que se han visualizado con sobre­precios en la planilla del con­trato.

Entre los ítems altamente sensibles para los asegura­dos de los que hemos cons­tado un futuro desfalco (de concretarse el pago), el más escandaloso tiene que ver con el losartán potásico 50 mg, que es un medicamento antihipertensivo y que en la última adjudicación se pagó G. 251 por comprimido, mien­tras que en esta licitación el precio unitario adjudicado es de G. 1.491. Es decir, en un año el valor de compra de este fár­maco se incrementó en 494%. La cantidad máxima estable­cida en este contrato es de 37 millones de comprimidos y el sobreprecio en este ítem se dispara a G. 46.376.000.000.

El segundo tiene que ver con el enalapril 20 mg. Es un medicamento cardio­lógico, que en la licitación del 2017 se pagó G. 252 por comprimido, mientras que en el 2018 se adjudicó a precio unitario de G. 915, que representa un incremento de 263%. Se estima una com­pra máxima de 30 millones de comprimidos, así el des­pojo en este fármaco es de G. 19.890.000.000.

El tercero, también alevoso, tiene que ver con el diclofe­nac 50 mg. Es un medica­mento analgésico que en la licitación anterior se pagó G. 151 por comprimido, mien­tras que en esta adquisi­ción el precio unitario es de G. 735 y esto representa un incremento de 387%. Con los 30 millones de compra máxima de comprimidos que se prevé, se pagarán G. 17.520.000.000 más caro.

El cuarto desfalco tiene que ver con la ciprofloxacina (medica­mento antibiótico). En la licitación anterior se pagó G. 327 por comprimido, mientras que en esta licitación el precio unita­rio adjudicado es de G. 3.900, lo que representa un incremento de 1.093%. El valor de compra equivale a un sobreprecio de G. 8.360.820.000 por 2,3 millo­nes de comprimidos, canti­dad máxima estipulada en el contrato.

SE DEBEN EVALUAR LOS PRECIOS REFERENCIALES

En el marco de esta investiga­ción, la redacción se comu­nicó con el presidente de la previsional, Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco. Al momento de consultarle sobre la susodicha licitación, mencionó no contar con los datos a mano y desconocer que se haya adjudicado esa subasta.

Pero al comentarle que la licitación cuenta con una impugnación precisamente por denuncias de irregularidades, el mismo acotó: “Ah… y bueno, si es así pudo haber ya recibido los medicamen­tos, entonces tenemos que ver a qué se refiere el valor que seña­lan por sobrefacturación porque hay que ver los precios referen­ciales a los cuales se llamaron a licitación, ¿verdad?”.

Al mencionar que existían irregularidades en la elaboración del precio de referencia, contestó lo siguiente: “En términos con­cretos, no tengo la información aquí a mano para decirte, pero habrá que ver qué tanta variación existe porque regularmente el Comité de Evaluación tiende ya a no adjudicar si el estimado supera 30% a la baja y 20% a la alta, en esos casos el Comité recomienda regularmente no adjudicar…”.

Poca transparencia en el procedimiento

Ante los insistentes pedidos de nuestra redacción para acceder a los documentos públicos correspondien­tes a la licitación, pudimos constatar que la DNCP no había recibido todas las documentaciones relacio­nadas al caso. Es decir que la entidad rectora no poseía los documentos a más de un mes de la adjudicación.

También nos comunicamos con la Jefatura de Licita­ciones del IPS, realizamos numerosos intentos para contactar con la Dirección Jurídica de la previsional para dar seguimiento a las documentaciones de carác­ter público, pero no hubo respuesta clara.

Por otra parte, asegurados comprometidos e indigna­dos con tan escandaloso robo e intentando en lo posible que se pueda evitar un daño mayor, han reali­zado las denuncias perti­nentes a través del Módulo de Investigaciones Electró­nicas del Sistema de Infor­mación de Contrataciones Públicas.

Ante estas denuncias, la DNCP ha llevado a cabo la “Investigación Preliminar Caso Nº 470”, que a efectos de clarificar lo referido en la denuncia solicitó mediante nota, con fecha 12 de diciem­bre del 2018, a la Comisión Evaluadora de las Ofertas del IPS que remitan todas las documentaciones relativas a la adjudicación: informe de evaluación, notificación de adjudicación y resolución de adjudicación, como así tam­bién comuniquen el estado de ejecución contractual del procedimiento de contra­tación en el plazo de 3 días hábiles.

Habiendo pasado 38 días hábiles del pedido al IPS por parte de la Abg. Djalma Vera y de la directora jurí­dica Abg. María Eugenia Otazo Aponte de la DNCP, convenientemente estas documentaciones de carác­ter público recién fueron remitidas a la Dirección de Normas y Control de la DNCP el día lunes 4 de febrero del corriente.

Se recuerda lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Nº 3.439/07 (modificatoria de compras públicas), que establece: “Las entidades, organismos y municipalidades colabo­rarán para la eficaz gestión en materia de contrataciones públicas y deberán proveer toda la información relacio­nada con la materia que sea requerida por la (DNCP)”.