• POR ROSSANA ESCOBAR M.
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La sociedad se creó en junio del 2009 y se denomina Minapa SA.

“Somos amigos de más de 25 años, necesitaba alguien de confianza en el interior de la República, quería que Víctor me ayudara”, señaló en comu­nicación telefónica Hussein Dia. Subrayó que años después el hermano del parlamenta­rio salió de la empresa. “No apareció oportunidad buena, después de que habría salido yo compré algunas propieda­des en Asunción a nombre de Minapa”, explicó el libanés.

Hussein sostuvo que la empresa es formal, paga IVA, etc.

Cabe recordar que Hussein es hermano del exembajador paraguayo en el Líbano, Has­san Khalil Dia, ex diplomático amigo de Amine Sweid, a quien invitó en misión oficial.

Tanto el ex embajador como Walid Amine Sweid son men­cionados en el informe pre­sentado ante el Congreso de los Estados Unidos. El segundo fue sindicado como un supuesto financista del Hezbollah, grupo considerado como terrorista por el gobierno del país norteamericano.

El ex diplomático organizó la visita oficial y reunión política con parlamentarios aliados al Hezbollah, Hussein (socio del hermano de Buzarquis) par­ticipó también y se lo ve en fotografías, por ejemplo, con Nabih Berry, presidente de la Cámara de Diputados y líder del movimiento chiíta Amal, aliado pleno del Hezbollah.

Hussein refirió que todos los políticos del mundo que van al Líbano visitan a Berry. “Él recibe a todos los políticos”, subrayó.

En cuanto a informes que sin­dican al amigo de la familia Sweid como financista del Hezbollah, Hussein dijo que eso nunca fue probado, son “solo pálpites”, no son infor­mes serios.

Mientras el empresario liba­nés confirma la SA con el integrante del clan Buzar­quis, en Twitter, saltó que el diputado Antonio Buzarquis dijo “que la supuesta relación comercial de un hermano con empresarios ligados presun­tamente al terrorismo nunca existió y que la publicación periodística al respecto, solo busca ensuciar a su hermano el senador y la familia”.

Una investigación encabezada por el periodista Joel Corvalán y transmitida por el canal GEN dejó al descubierto supuestas irregularidades administrativas, sobrefacturaciones y uso indebido de recursos públicos en la Municipalidad de Paso de Patria (departamento de Ñeembucú).

El trabajo de campo reveló la existencia de presuntos proyectos viales con costos exorbitantes que no fueron ejecutados, así como obras supuestamente inauguradas meses antes de que se realizara el llamado formal a licitación.

Adoquinado “fantasma” y sobreprecio seis veces superior al promedio

Uno de los hallazgos se sitúa sobre la avenida Igualdad. Siempre conforme al trabajo emitido por el canal GEN, los documentos remitidos al Ministerio de Economía dan cuenta del pago de casi G. 500 millones por la construcción de un adoquinado que, según se constató en el lugar, no existe. El tramo se encuentra en estado de tierra.

La obra fue presupuestada en aproximadamente G. 1.053.000 por metro cuadrado. A modo de comparación, los llamados ejecutados por la Gobernación de Ñeembucú abonan un promedio de G. 180.000 por metro cuadrado, lo que representa un sobreprecio de seis veces más, según informó Corvalán.

Reportó además que un tramo de adoquinado de dos cuadras (frente al hospital local) fue inaugurado y publicado en las redes oficiales del municipio en el año 2024. Sin embargo, la licitación y la firma del contrato por G. 270 millones recién se oficializaron en 2025.

La obra figuraba adjudicada a Ojeda Construcciones —perteneciente a un candidato a concejal de Pilar— y a SAP Constructora, de la esposa del citado contratista.

Facturaciones millonarias en caminos rurales e instituciones en desuso

La investigación expuso además el presunto desvío de recursos destinados al mantenimiento de caminos. Un monto de G. 276 millones fue rendido bajo el concepto de “levantamiento y mejoramiento” de accesos a cuatro escuelas. Entre ellas figura la Escuela Costa Paraná, situada sobre la ruta PY04 (tramo bajo jurisdicción exclusiva del MOPC), así como una institución educativa que actualmente se encuentra en desuso.

Paralelamente, la comuna destinó G. 410 millones para el arreglo de caminos en compañías rurales como Sauce Oquerón. Pobladores de la zona, como Cirilo Amarilla y Nicolasa Alarcón, denunciaron que en los últimos cinco años las maquinarias municipales ingresaron una sola vez y que los propios vecinos deben costear los arreglos.

Uso del parque automotor para la campaña

El equipo periodístico registró el momento en que un camión tumba de la Municipalidad de Paso de Patria retiraba bolsas de cemento desde el parque automotor comunal para depositarlas en la vivienda particular del actual intendente, Constancio Gómez, en horario nocturno. Asimismo, se constataron traslados de insumos municipales hacia una fábrica de cerámicas de carácter privado.

Según contó el periodista, durante el recorrido por el predio industrial, el equipo fue amedrentado por una turba de aproximadamente 30 operarios que atacaron el dron del canal con honditas.

Inclusive la Policía llegó al lugar para verificar quiénes eran los integrantes del equipo de prensa.

“A mí me llamó el exintendente Antonio Gómez para pedirme que identifique el vehículo e informe quiénes estaban haciendo volar drones sobre la zona”, admitió ante las cámaras el subjefe de la Comisaría de Paso de Patria, suboficial mayor Roberto Negrete, confirmando que la fábrica privada pertenecía al exjefe comunal.

El proyecto contempla una presa de 160 metros de altura en la garganta del río Pilaya, un afluente clave de la cuenca del Pilcomayo. “El Carrizal” busca generar energía eléctrica y habilitar sistemas de riego, pero veinte científicos internacionales de seis países rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Los expertos señalan la sedimentación extrema como el mayor peligro técnico de la obra. El río Pilcomayo arrastra 200 millones de toneladas de materiales al año, una cifra récord a nivel mundial. Esta carga llena el embalse rápidamente y reduce la vida útil de la estructura de forma drástica.

Rio Pilaya, Bolivia

Las naciones indígenas Weenhayek, Tapiete y Guaraní dependen del sábalo para su alimentación y economía. Uno de los puntos que se critica del proyecto, es que la represa actuaría como una barrera física que bloquea la ruta migratoria de los peces hacia sus zonas de reproducción.

Los líderes indígenas denuncian la falta de una consulta previa y obligatoria según las leyes locales. Francisco Nazario, capitán de la organización weenhayek, califica la obra como una sentencia de muerte para su cultura.

La construcción inunda también tierras agrícolas de comunidades como Camblaya y Los Sotos. Expertos ambientales descartan el éxito del sistema de riego prometido por las autoridades, argumentan que los canales sufren colmatación inmediata por la arena y el barro del río. El cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, corre riesgo de una alteración visual y biológica irreversible por la intervención.

Si bien los promotores defienden la obra como una respuesta a la crisis del gas, los científicos reiteran que el costo ambiental supera los beneficios energéticos. El destino del Pilcomayo y la biodiversidad de la zona permanecen hoy bajo una gran incertidumbre.

Informe del Proyecto Hidroelectrico Carrizal

Basado en el reportaje original de Iván Paredes Tamayo (Mongabay Latam)

Desde hoy, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú pasa a llamarse Centro Nacional de Prevenidos y será exclusivamente para personas procesadas. Este cambio se da bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Asimismo, a partir de la vigencia, se dispone no recibir a nuevos ingresos ni hacer traslados de personas con condena firme. Bajo el operativo “Umbral 3.0″ las personas privadas de libertad en carácter de condenados se trasladarán gradual y planificadamente hasta la total desocupación de condenados a establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas conforme a criterios de calificación y seguridad.

Según el artículo 5, las medidas adoptadas tienen por objeto cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, el Código de Ejecución Penal del Paraguaya y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

La redistribución y el traslado estará bajo la organización del Viceministerio de Justicia.

“Paraguay está viviendo un nuevo amanecer”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Con ello, resaltó, se da un paso sin precedentes en la reforma del sistema penitenciario nacional.