Por LA NACIÓN

Con la aparición de las nuevas imágenes de la trágica madru­gada del 1 de abril ocurrida en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuando mataron a Rodrigo Quintana, material magne­tofónico que estaba celosa­mente guardado por el juez penal de Garantías Alcides Corbeta, ahora salen a la luz situaciones que deberían por lo menos ser investiga­das, como, y principalmente, la alteración de la escena del crimen, en la que se observa la manera descarada en que se burlaron de la Fiscalía y de la Policía Nacional, quie­nes levantaron como válidas todas las evidencias puestas por los propios adherentes.

Tal situación se enmarca en lo que sería un hecho de frus­tración a la persecución penal. Lastimosamente, dicho mate­rial no fue completamente visto por el Ministerio Público o más bien lo obvió, ya que lo tenía a su disposición. El cuerpo de la víctima aún se encontraba en el piso cuando empezó a operar el aparato distractor de los liberales para crear una escena que, poste­riormente, fue encontrada por los expertos en criminalística y por el Laboratorio Forense.

PLANTO. Fernando Cáceres es otro que también dejó un cartucho al pie de la escalera que luego fue movido por Olga Paredes.

Rodrigo Quintana cayó al suelo a las 00:22:08 tras reci­bir el disparo mortal, a las 00:33:25, el suboficial Juan Ramón Garcete, por instruc­ción de otra persona que no se observa en la cámara, pisa la vainilla que pudo haber sido de la bala que mató al joven dirigente liberal y que pos­teriormente había sido cam­biada de la escena del crimen.

A las 00:41:15 aparece un hombre con remera negra, que aprovechó la aglomera­ción cerca del cuerpo de Quin­tana para plantar una vaini­lla que acercó desde la calle. A la 01:00, se rodeó la escena del crimen, ya con el cartucho plantado. Posteriormente, una joven de remera celeste toma la mencionada vainilla que había sido pisada por Juan Garcete, la mueve y la deja fuera de la vista de la cámara.

LA MUEVE. Olga Paredes arrastra con sus pies la vainilla dejada por Fernando Cáceres muy cerca donde cayó Quintana y al lado donde el hombre de remera negra dejó otro cartucho.

A la 01:09:45 Fernando Cáce­res aparece con otra vaini­lla, aparentemente deja otra donde cayó el primer cartu­cho, que el joven de la remera celeste había alzado. El hom­bre muestra una vainilla a un fotógrafo del diario Popular, para luego salir a la calle nue­vamente. Este mismo hom­bre aparece nuevamente a la 01:40:22 para dejar otro cartu­cho, para que posteriormente Olga Paredes, con la orden de Ramona Mabel Cantero, lo arrastre desde el inicio de la escalera hasta cerca de donde cayó Quintana, junto con la otra vainilla que había plantado el hombre de la remera negra.

Mientras esto pasaba en la planta baja, en el primer piso ya se estaba preparando tam­bién otra escena para cuando el Ministerio Público tome intervención. El propio hijo del líder azul, Efraín Alegre Irún, estaba acomodando las CPU, cambiandolas de lugar. Él principalmente sacó la CPU de la oficina de su padre para trasladarla a otra oficina, mientras que Stiben Patrón llevaba otra al segundo piso.

Además, se observó a una mujer que también cambiaba y trasladaba la CPU de un lugar a otro, aparentemente era del circuito cerrado. A las 02:29 llega la comitiva fiscal encabe­zada por Raquel Fernández y acompañada por agentes de Investigación de Delitos y Cri­minalística, quienes levanta­ron todo lo que se había puesto en la escena del crimen.

El proyecto contempla una presa de 160 metros de altura en la garganta del río Pilaya, un afluente clave de la cuenca del Pilcomayo. “El Carrizal” busca generar energía eléctrica y habilitar sistemas de riego, pero veinte científicos internacionales de seis países rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Los expertos señalan la sedimentación extrema como el mayor peligro técnico de la obra. El río Pilcomayo arrastra 200 millones de toneladas de materiales al año, una cifra récord a nivel mundial. Esta carga llena el embalse rápidamente y reduce la vida útil de la estructura de forma drástica.

Rio Pilaya, Bolivia

Las naciones indígenas Weenhayek, Tapiete y Guaraní dependen del sábalo para su alimentación y economía. Uno de los puntos que se critica del proyecto, es que la represa actuaría como una barrera física que bloquea la ruta migratoria de los peces hacia sus zonas de reproducción.

Los líderes indígenas denuncian la falta de una consulta previa y obligatoria según las leyes locales. Francisco Nazario, capitán de la organización weenhayek, califica la obra como una sentencia de muerte para su cultura.

La construcción inunda también tierras agrícolas de comunidades como Camblaya y Los Sotos. Expertos ambientales descartan el éxito del sistema de riego prometido por las autoridades, argumentan que los canales sufren colmatación inmediata por la arena y el barro del río. El cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, corre riesgo de una alteración visual y biológica irreversible por la intervención.

Si bien los promotores defienden la obra como una respuesta a la crisis del gas, los científicos reiteran que el costo ambiental supera los beneficios energéticos. El destino del Pilcomayo y la biodiversidad de la zona permanecen hoy bajo una gran incertidumbre.

Informe del Proyecto Hidroelectrico Carrizal

Basado en el reportaje original de Iván Paredes Tamayo (Mongabay Latam)

Desde hoy, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú pasa a llamarse Centro Nacional de Prevenidos y será exclusivamente para personas procesadas. Este cambio se da bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Asimismo, a partir de la vigencia, se dispone no recibir a nuevos ingresos ni hacer traslados de personas con condena firme. Bajo el operativo “Umbral 3.0″ las personas privadas de libertad en carácter de condenados se trasladarán gradual y planificadamente hasta la total desocupación de condenados a establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas conforme a criterios de calificación y seguridad.

Según el artículo 5, las medidas adoptadas tienen por objeto cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, el Código de Ejecución Penal del Paraguaya y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

La redistribución y el traslado estará bajo la organización del Viceministerio de Justicia.

“Paraguay está viviendo un nuevo amanecer”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Con ello, resaltó, se da un paso sin precedentes en la reforma del sistema penitenciario nacional.

LA CAJA NEGRA

Este acuerdo se firmó en el año 2017 mediante la figura del fideicomiso, que en términos más sencillos consiste en una caja de seguridad o contrato de confianza donde uno entrega bienes, dinero o propiedades a un banco para que los cuide, gestione y use específicamente para un fin definido en el contrato.

En este caso, el IPS y Atlas acordaron que debía servir para financiar la construcción de cuatro hospitales: el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Y para ese objetivo se fijó la suma de 828.000 millones de guaraníes.

A simple vista todo parecería conveniente para el IPS, sin embargo, en la práctica es otra la situación, ya que todo el dinero que la previsional recauda para salud pasa primero por el banco.

¿Cómo funciona el mecanismo? Cada mes, el IPS recibe aportes de trabajadores y empleadores para el fondo de salud. Según el contrato, el 100% de ese dinero se deposita primero en las cuentas administradas por el banco durante 30 días. Durante ese tiempo, el banco debe separar una reserva mínima de hasta 160.000 millones de guaraníes. Recién después de ese proceso, el resto del dinero vuelve al IPS para ser utilizado.

En pocas palabras, el banco actúa como una especie de aduana financiera. El dinero entra primero allí, se retiene una parte y luego se libera lo restante.

El contrato del IPS otorga grandes ventajas al banco Atlas porque el plazo de este acuerdo es de nada más y nada menos que de 30 años, es decir, durante ese periodo cada mes el banco tiene en sus cuentas sumas muy grandes de dinero provenientes de los aportes de los asegurados. Eso significa que la entidad financiera dispone de una enorme liquidez, y que puede utilizar dentro de sus operaciones habituales, sin asumir riesgos con su propio capital.

En el acuerdo firmado en el año 2017 y que sigue vigente, se fijó que los gastos de administración del contrato no los paga el banco Atlas. Es así que los honorarios profesionales, auditorías, impuestos o gastos legales se cubren con el propio dinero del IPS o con los fondos administrados en esa cuenta especial. Con esto el banco de los Zuccolillo no gasta ni arriesga su capital.

El principal problema de este contrato leonino es que los aportes de los trabajadores quedan retenidos cada mes en el banco, mientras los hospitales y servicios que debían construirse con ese dinero todavía siguen inconclusos o demorados.

Hay que recordar que los actuales administradores del IPS realizaron auditorías internas y externas por este contrato con Atlas, que derivaron en cuatro denuncias penales por las irregularidades detectadas en su manejo.

Uno de los informes reveló que solo el 26% del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los proyectos originales, que eran los cuatro hospitales, mientras que el 74% restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta jugarreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supuestos trabajos para obras no previstas inicialmente no se ejecutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hospitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos propios para continuar las obras, que se esperan que terminen recién este año.