POR JORGE TORRES ROMERO

01- Conrado Hoeckle, dueño de Monte Alegre SA, actual asesor estratégico “ad honorem” de Abdo

Privilegió a la empresa del asesor “ad honorem” de Marito, en perjuicio de la ciudadanía.

LA EXCUSA: El argumento de Patricia Samudio y los voceros del oficialismo es que los emblemas privados, entre ellos Monte Alegre S.A. propiedad de la familia de Conrado Hoeckle, asesor estratégico “ad honorem” del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, siempre han comprado combustible de Petropar en los últimos años y que las ventas realizadas a los privados eran normales.

LA REALIDAD: Lo que omite el gobierno es que hasta el 3 de junio de este año había una obligatoriedad, vía decreto del Ejecutivo, que los privados debían comprar gasoil de Petropar. A partir, del 4 de junio ese decreto quedó sin efecto, y los emblemas privados ya no tenían ninguna obligación en comprar única y exclusivamente de Petropar.

Sin embargo, al observar los registros de la petrolera estatal, coincidentemente, la empresa Monte Alegre S.A. realiza la mayor cantidad de compra en el mes de setiembre, cuando ya estaba Samudio como presidenta, y con el valor agregado de que ya tenía la información de que el combustible subiría en octubre. Es decir, tenían la información de la suba y dos días antes de concretar el incremento, compraron 7,5millones de litros de gasoil. Solo por la operación, en la variación de precio, sin contar sus ganancias por la venta, la familia Hoeckle ganó US$ 1 millón.

EL HECHO: Los emblemas con sello Petropar son considerados aliados estratégicos de la petrolera estatal, ya que los privados invirtieron unos US$ 100 millones para instalar las 150 estaciones de servicio que al ente no le costó un solo guaraní. El atractivo de estos inversores para instalar una estación de Petropar fue la calidad del combustible y obviamente el precio, esto les permitía entrar a competir en el mercado. Con esta competencia, los demás emblemas privados se vieron obligados a bajar sus precios, y Petropar intervino de manera real en el mercado en beneficio del bolsillo de la gente. Si Samudio no se desprendía tan rápidamente de su stock de combustible, la suba se pudo haber demorado unas semanas más.

02- Patricia Samudio, presidenta de Petropar

Compró demás gas licuado de un competidor local, vía excepción, y disparó el precio del producto

LA EXCUSA: Samudio y sus voceros repiten que la compra a Copesa S.A. se realizó vía licitación, y que toda la información del proceso está disponible en la página de Contrataciones Públicas y que del proceso participaron otras empresas (locales) y ganó la mejor oferta. Compraron, vía excepción, porque se estaban quedando sin stock y Contrataciones canceló el contrato con un proveedor argentino.

LA REALIDAD: Según un registro interno de fecha 31 de agosto de este año (Samudio asumió el 27 de agosto), indica que Petropar tenía en stock 950 toneladas de gas licuado de Petróleo (GLP). El consumo mensual de los clientes de Petropar, las 150estaciones de servicios, es de 1.000 toneladas. Es decir, es falso que se estaba quedando sin stock, además tenía un contrato vigente con un vendedor/productor de la Argentina.

Si bien Contrataciones Públicas canceló dicho contrato, por una cuestión burocrática de la institución, Samudio tuvo tiempo suficiente para realizar una compra de otro productor de GLP (Bolivia) y de esa manera lograr la diferencia en el precio para evitar la suba y que los operadores de estaciones sigan teniendo competitividad. Con el mismo argumento de la compra de urgencia vía excepción también pudo haber comprado de Bolivia, a mejor precio, ya que máximo la demora en llegar el producto es de una semana.

EL HECHO: Al comprar 4.000 toneladas de Copesa S.A. cuyo presidente es Pedro Ballota por valor de US$ 3,5 millones benefició a la competencia, y Petropar pagó US$ 100 más caro por tonelada, que es precio que facturó la empresa en su condición de intermediaria, ya que no es productor de GLP.

Es lógico, y no es un problema de Copesa, pero es imposible que venda más barato que un productor o al mismo precio. Esta compra hizo que hoy el precio del gas se dispare en perjuicio del bolsillo de la gente. ¿Por qué compró 4.000 toneladas si el consumo mensual de sus operadores es 1.000 toneladas mes? Hubiera, en todo caso, comprado menos, y luego hacer la compra de un productor para mantener la competitividad.

03- Violó la ley de presupuesto al realizar depósitos en bancos privados que no fueron para el pago a proveedores del exterior.

LA EXCUSA: Samudio y sus voceros afirman que los depósitos a bancos privados eran un práctica habitual. Además, que la transferencia de los US$ 20 millones, a un banco privado, fue por decisión de sus gerentes financieros y no de ella.

LA REALIDAD: Un documento interno de Petropar de fecha 4 de setiembre pasado lleva la firma de Patricia Samudio, en el que ella misma autoriza la transferencia de los US$ 20 millones a un banco privado. El banco beneficiado (GNB) nunca fue utilizado por Petropar para el pago a proveedores del exterior, siempre se usó otros bancos (Itaú, BBVA y Citibank) por el alto sistema electrónico que tienen. Registros del banco (GNB) muestran que los US$ 20 millones estuvieron depositados más de 30 días, con lo que echa por tierra la versión de que fue para el pago a proveedores.

Los depósitos en bancos privados que tiene Petropar, desde años anteriores, no son depósitos realizados por el ente, sino fueron pagos que hacen los clientes en forma constante y que Petropar luego los debe recoger y depositarlos en el BNF. Con algunos bancos (Citibank) todavía hay un contrato de permanencia de dinero a plazo fijo que se depositó antes que salga la ley que obliga a depositar en el BNF.

EL HECHO: Samudio debió disponer la transferencia de todos los depósitos en bancos privados al BNF como lo establece la ley. Sin embargo, ella transfirió a bancos privados, sin ninguna explicación ni razón.

El proyecto contempla una presa de 160 metros de altura en la garganta del río Pilaya, un afluente clave de la cuenca del Pilcomayo. “El Carrizal” busca generar energía eléctrica y habilitar sistemas de riego, pero veinte científicos internacionales de seis países rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Los expertos señalan la sedimentación extrema como el mayor peligro técnico de la obra. El río Pilcomayo arrastra 200 millones de toneladas de materiales al año, una cifra récord a nivel mundial. Esta carga llena el embalse rápidamente y reduce la vida útil de la estructura de forma drástica.

Rio Pilaya, Bolivia

Las naciones indígenas Weenhayek, Tapiete y Guaraní dependen del sábalo para su alimentación y economía. Uno de los puntos que se critica del proyecto, es que la represa actuaría como una barrera física que bloquea la ruta migratoria de los peces hacia sus zonas de reproducción.

Los líderes indígenas denuncian la falta de una consulta previa y obligatoria según las leyes locales. Francisco Nazario, capitán de la organización weenhayek, califica la obra como una sentencia de muerte para su cultura.

La construcción inunda también tierras agrícolas de comunidades como Camblaya y Los Sotos. Expertos ambientales descartan el éxito del sistema de riego prometido por las autoridades, argumentan que los canales sufren colmatación inmediata por la arena y el barro del río. El cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, corre riesgo de una alteración visual y biológica irreversible por la intervención.

Si bien los promotores defienden la obra como una respuesta a la crisis del gas, los científicos reiteran que el costo ambiental supera los beneficios energéticos. El destino del Pilcomayo y la biodiversidad de la zona permanecen hoy bajo una gran incertidumbre.

Informe del Proyecto Hidroelectrico Carrizal

Basado en el reportaje original de Iván Paredes Tamayo (Mongabay Latam)

Desde hoy, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú pasa a llamarse Centro Nacional de Prevenidos y será exclusivamente para personas procesadas. Este cambio se da bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Asimismo, a partir de la vigencia, se dispone no recibir a nuevos ingresos ni hacer traslados de personas con condena firme. Bajo el operativo “Umbral 3.0″ las personas privadas de libertad en carácter de condenados se trasladarán gradual y planificadamente hasta la total desocupación de condenados a establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas conforme a criterios de calificación y seguridad.

Según el artículo 5, las medidas adoptadas tienen por objeto cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, el Código de Ejecución Penal del Paraguaya y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

La redistribución y el traslado estará bajo la organización del Viceministerio de Justicia.

“Paraguay está viviendo un nuevo amanecer”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Con ello, resaltó, se da un paso sin precedentes en la reforma del sistema penitenciario nacional.

LA CAJA NEGRA

Este acuerdo se firmó en el año 2017 mediante la figura del fideicomiso, que en términos más sencillos consiste en una caja de seguridad o contrato de confianza donde uno entrega bienes, dinero o propiedades a un banco para que los cuide, gestione y use específicamente para un fin definido en el contrato.

En este caso, el IPS y Atlas acordaron que debía servir para financiar la construcción de cuatro hospitales: el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Y para ese objetivo se fijó la suma de 828.000 millones de guaraníes.

A simple vista todo parecería conveniente para el IPS, sin embargo, en la práctica es otra la situación, ya que todo el dinero que la previsional recauda para salud pasa primero por el banco.

¿Cómo funciona el mecanismo? Cada mes, el IPS recibe aportes de trabajadores y empleadores para el fondo de salud. Según el contrato, el 100% de ese dinero se deposita primero en las cuentas administradas por el banco durante 30 días. Durante ese tiempo, el banco debe separar una reserva mínima de hasta 160.000 millones de guaraníes. Recién después de ese proceso, el resto del dinero vuelve al IPS para ser utilizado.

En pocas palabras, el banco actúa como una especie de aduana financiera. El dinero entra primero allí, se retiene una parte y luego se libera lo restante.

El contrato del IPS otorga grandes ventajas al banco Atlas porque el plazo de este acuerdo es de nada más y nada menos que de 30 años, es decir, durante ese periodo cada mes el banco tiene en sus cuentas sumas muy grandes de dinero provenientes de los aportes de los asegurados. Eso significa que la entidad financiera dispone de una enorme liquidez, y que puede utilizar dentro de sus operaciones habituales, sin asumir riesgos con su propio capital.

En el acuerdo firmado en el año 2017 y que sigue vigente, se fijó que los gastos de administración del contrato no los paga el banco Atlas. Es así que los honorarios profesionales, auditorías, impuestos o gastos legales se cubren con el propio dinero del IPS o con los fondos administrados en esa cuenta especial. Con esto el banco de los Zuccolillo no gasta ni arriesga su capital.

El principal problema de este contrato leonino es que los aportes de los trabajadores quedan retenidos cada mes en el banco, mientras los hospitales y servicios que debían construirse con ese dinero todavía siguen inconclusos o demorados.

Hay que recordar que los actuales administradores del IPS realizaron auditorías internas y externas por este contrato con Atlas, que derivaron en cuatro denuncias penales por las irregularidades detectadas en su manejo.

Uno de los informes reveló que solo el 26% del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los proyectos originales, que eran los cuatro hospitales, mientras que el 74% restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta jugarreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supuestos trabajos para obras no previstas inicialmente no se ejecutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hospitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos propios para continuar las obras, que se esperan que terminen recién este año.