Los tres pecados de Patricia Samudio que son irrefutables al frente de Petropar

Ante el intento de voceros del Gobierno de confundir y minimizar las denuncias contundentes y documentadas que pesan sobre la gestión de Patricia Samudio al frente de Petropar, vale hacer un recuento y puntualizaciones sobre los hechos que deben ser investigados y aclarados.

POR JORGE TORRES ROMERO

01- Conrado Hoeckle, dueño de Monte Alegre SA, actual asesor estratégico “ad honorem” de Abdo

Privilegió a la empresa del asesor “ad honorem” de Marito, en perjuicio de la ciudadanía.

LA EXCUSA: El argumento de Patricia Samudio y los voceros del oficialismo es que los emblemas privados, entre ellos Monte Alegre S.A. propiedad de la familia de Conrado Hoeckle, asesor estratégico “ad honorem” del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, siempre han comprado combustible de Petropar en los últimos años y que las ventas realizadas a los privados eran normales.

LA REALIDAD: Lo que omite el gobierno es que hasta el 3 de junio de este año había una obligatoriedad, vía decreto del Ejecutivo, que los privados debían comprar gasoil de Petropar. A partir, del 4 de junio ese decreto quedó sin efecto, y los emblemas privados ya no tenían ninguna obligación en comprar única y exclusivamente de Petropar.

Sin embargo, al observar los registros de la petrolera estatal, coincidentemente, la empresa Monte Alegre S.A. realiza la mayor cantidad de compra en el mes de setiembre, cuando ya estaba Samudio como presidenta, y con el valor agregado de que ya tenía la información de que el combustible subiría en octubre. Es decir, tenían la información de la suba y dos días antes de concretar el incremento, compraron 7,5millones de litros de gasoil. Solo por la operación, en la variación de precio, sin contar sus ganancias por la venta, la familia Hoeckle ganó US$ 1 millón.

Este es el contrato, por 30 días, solo por setiembre, que firmó Samudio con la empresa Monte Alegre SA para beneficiarle con la venta de gasoil días antes de la
suba.


EL HECHO: Los emblemas con sello Petropar son considerados aliados estratégicos de la petrolera estatal, ya que los privados invirtieron unos US$ 100 millones para instalar las 150 estaciones de servicio que al ente no le costó un solo guaraní. El atractivo de estos inversores para instalar una estación de Petropar fue la calidad del combustible y obviamente el precio, esto les permitía entrar a competir en el mercado. Con esta competencia, los demás emblemas privados se vieron obligados a bajar sus precios, y Petropar intervino de manera real en el mercado en beneficio del bolsillo de la gente. Si Samudio no se desprendía tan rápidamente de su stock de combustible, la suba se pudo haber demorado unas semanas más.

02- Patricia Samudio, presidenta de Petropar

Compró demás gas licuado de un competidor local, vía excepción, y disparó el precio del producto

LA EXCUSA: Samudio y sus voceros repiten que la compra a Copesa S.A. se realizó vía licitación, y que toda la información del proceso está disponible en la página de Contrataciones Públicas y que del proceso participaron otras empresas (locales) y ganó la mejor oferta. Compraron, vía excepción, porque se estaban quedando sin stock y Contrataciones canceló el contrato con un proveedor argentino.

LA REALIDAD: Según un registro interno de fecha 31 de agosto de este año (Samudio asumió el 27 de agosto), indica que Petropar tenía en stock 950 toneladas de gas licuado de Petróleo (GLP). El consumo mensual de los clientes de Petropar, las 150estaciones de servicios, es de 1.000 toneladas. Es decir, es falso que se estaba quedando sin stock, además tenía un contrato vigente con un vendedor/productor de la Argentina.

Si bien Contrataciones Públicas canceló dicho contrato, por una cuestión burocrática de la institución, Samudio tuvo tiempo suficiente para realizar una compra de otro productor de GLP (Bolivia) y de esa manera lograr la diferencia en el precio para evitar la suba y que los operadores de estaciones sigan teniendo competitividad. Con el mismo argumento de la compra de urgencia vía excepción también pudo haber comprado de Bolivia, a mejor precio, ya que máximo la demora en llegar el producto es de una semana.

EL HECHO: Al comprar 4.000 toneladas de Copesa S.A. cuyo presidente es Pedro Ballota por valor de US$ 3,5 millones benefició a la competencia, y Petropar pagó US$ 100 más caro por tonelada, que es precio que facturó la empresa en su condición de intermediaria, ya que no es productor de GLP.

Es lógico, y no es un problema de Copesa, pero es imposible que venda más barato que un productor o al mismo precio. Esta compra hizo que hoy el precio del gas se dispare en perjuicio del bolsillo de la gente. ¿Por qué compró 4.000 toneladas si el consumo mensual de sus operadores es 1.000 toneladas mes? Hubiera, en todo caso, comprado menos, y luego hacer la compra de un productor para mantener la competitividad.

Esta es la resolución de la compra vía excepción de GLP de un competidor local de Petropar.


03- Violó la ley de presupuesto al realizar depósitos en bancos privados que no fueron para el pago a proveedores del exterior.

LA EXCUSA: Samudio y sus voceros afirman que los depósitos a bancos privados eran un práctica habitual. Además, que la transferencia de los US$ 20 millones, a un banco privado, fue por decisión de sus gerentes financieros y no de ella.

LA REALIDAD: Un documento interno de Petropar de fecha 4 de setiembre pasado lleva la firma de Patricia Samudio, en el que ella misma autoriza la transferencia de los US$ 20 millones a un banco privado. El banco beneficiado (GNB) nunca fue utilizado por Petropar para el pago a proveedores del exterior, siempre se usó otros bancos (Itaú, BBVA y Citibank) por el alto sistema electrónico que tienen. Registros del banco (GNB) muestran que los US$ 20 millones estuvieron depositados más de 30 días, con lo que echa por tierra la versión de que fue para el pago a proveedores.

Los depósitos en bancos privados que tiene Petropar, desde años anteriores, no son depósitos realizados por el ente, sino fueron pagos que hacen los clientes en forma constante y que Petropar luego los debe recoger y depositarlos en el BNF. Con algunos bancos (Citibank) todavía hay un contrato de permanencia de dinero a plazo fijo que se depositó antes que salga la ley que obliga a depositar en el BNF.

EL HECHO: Samudio debió disponer la transferencia de todos los depósitos en bancos privados al BNF como lo establece la ley. Sin embargo, ella transfirió a bancos privados, sin ninguna explicación ni razón.

La orden de Samudio de transferir recursos a bancos privados se realizó el 4 de setiembre pasado. Debió transferir al BNF.

Senadora Amarilla tiene otra empresa con proveedor de la merienda escolar

Los ataques a proveedores de alimento escolar por parte de la parlamentaria liberal Celeste Amarilla para desacreditar el proyecto que busca centralizar de alguna manera los fondos para este rubro reflotaron sus vínculos con el negocio al punto de salpicarla en un esquema con prestanombres, acusaciones hasta de tráfico de influencias. De hecho, la senadora no puede desmarcarse mucho ya que tiene otra empresa con representante legal de una de las contratistas más grandes de la merienda escolar del Estado.

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa,
representantes de proveedora de alimento escolarMaría Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la ContraloríaAccionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar


Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

Zuccolillo, las ‘ubres’ del Estado y apriete: con 60 contratos y US$ 20 millones, mimó a Abdo

Colgado del Estado paraguayo, el Grupo Zuccolillo logró facturar más de 20 millones de dólares al ligar jugosos contratos durante la administración de Mario Abdo Benítez. El monto duplica la cantidad que consiguió el clan empresarial en un lapso de siete años antes de la gestión abdista.

A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).

De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.

Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.

En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.

Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.

La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.

Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.

Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.

Leé más: Calé acusa al Grupo Zuccolillo: “Su especialidad es falsificar cajetillas de cigarrillos”

Pettengill ya cobró fortuna por defectuosa obra de la Transchaco

Baches, fisuras y otros defectos encontrados en la nueva ruta todavía sin entrega definitiva, mientras consorcio contratista aguarda completar multimillonaria facturación. Desde el MOPC continúan fiscalizaciones, los usuarios lamentan la mala calidad del asfalto y el Estado susceptible de quedarse con otro clavo.


Unidad de Investigación, Nación Media

Pese a las denuncias por los desperfectos hallados en la obra de habilitación y mantenimiento de la ruta PY09, el consorcio Avanza Chaco, del que forma parte Ocho A SA, constructora del clan del senador Luis Pettengill Vacca, ya cobró G. 508.798 millones por el lote 3 que está a su cargo.

La obra de habilitación y mantenimiento de la ruta PY09 abarca la construcción de 558 kilómetros desde el kilómetro 50 hasta el kilómetro 525 y fue adjudicada en 8 lotes durante la pandemia por G. 3,8 billones mediante financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), más contrapartida local.

El consorcio integrado por la constructora del clan Pettengill fue contratado para la ejecución del tramo que comprende entre el kilómetro 173 y el kilómetro 250 de la ruta por un total de G. 593.061 millones, incluyendo adendas de ampliación, y se espera que la obra sea entregada en marzo de este año. Sin embargo, a escasos meses de que se cumpla el plazo de entrega, la pista que debería estar en perfectas condiciones y ultimando detalles presenta zonas clausuradas, bacheados, recapados con desnivel, falta de pintura de señalizaciones, fisuras en el asfalto, entre otros desperfectos.

Que la nueva ruta Transchaco ya presente fallas en su construcción dos meses antes de la fecha prevista para su inauguración es una señal de alerta, ya que de concretarse los pagos faltantes podría convertirse en otro clavo para el Estado.

Desde Nación Media contactamos con el viceministro de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniero José Espinosa, para consultarle si corresponde que se siga pagando a las contratistas encargadas de la ruta a pesar de los remiendos, a lo que contestó que “no; obviamente, los pagos están suspendidos hasta que eso se repare (refiriéndose a los baches, fisuras, entre otros)”.

El viceministro de Administración y Finanzas de la misma cartera de Estado, Marco Elizeche, sostuvo que “en general, para todos los pagos en cualquier obra se hacen sobre certificados aprobados”, y agregó que si posteriormente la obra presenta daños, se deberán aplicar las penalidades correspondientes, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones como puede ser la fijación de una fecha límite para la reparación de los defectos, la subcontratación de otra firma para que realice las reparaciones necesarias a cuenta de la contratista o incluso la devolución del monto desembolsado en concepto de la sección dañada.

Por su parte, la ingeniera Adriana Noldin, directora de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC, señaló que si bien se vienen haciendo regularmente las verificaciones de la obra, aún no cuentan con un informe de las mismas y que recién se elaborará uno al culminarse los ensayos sobre la calidad de los materiales que están realizando en cada sección de la obra.

Quedan apenas dos meses para que se cumpla el plazo de entrega de la millonaria obra por la que aún falta desembolsar G. 484.397 millones a ser distribuidos entre las 8 contratistas: el consorcio Avanza Chaco (Lote 3), Heisecke SA (Lote 1), consorcio Ruta 9 Transchaco (Lote 2), TOCSA SA (Lote 4), Concret Mix SA (Lote 5), consorcio Boquerón (Lote 6), consorcio Constructora Asunción SA y Asociados (Lote 7), y Rovella Carranza SA (Lote 8).

VARIAS DENUNCIAS DE RUTAS DEFECTUOSAS HABILITADAS DURANTE LA ERA ABDO

Si bien la nueva ruta Transchaco presenta fallas desde antes de su inauguración, no es la única que presenta defectos de manera prematura, ya que según publicaciones periodísticas otras rutas del interior del país, habilitadas durante los últimos 5 años, también se encuentran en un estado lamentable.

Tal es el caso de la ruta departamental D087, del departamento de Canindeyú, que cuenta con 40 kilómetros de extensión, costó G. 67.368 millones y une las localidades de Ybyraribaná, Laurel y Nueva Esperanza; la ruta fue inaugurada en 2022. Según manifestaron los productores de la zona a medios de prensa, la ruta ya presentaba fallas desde el momento de su habilitación como son la capa asfáltica fina, falta de señalización en las curvas y falta de banquina.

Otro ejemplo es la ruta PY22, que cuenta con 160 kilómetros y une a Concepción con Vallemí. En junio del año pasado, los lugareños se unieron en una protesta en frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas exigiendo la reparación de la ruta. “La ruta se habilitó en el 2018, pero después tuvimos dos años de pandemia y no se usó la ruta. Este ministro es un irresponsable, la gente le está pidiendo hace un año una audiencia”, algunos comentarios en redes y medios.

Luis Pettengill Vacca, senador nacionalLuis Pettengill Vacca, senador nacional