Por Nicolás Almada, nicolas.almada@gruponacion.com.py

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) cerró el último mes del primer semestre del año con disminuciones en la recaudación, que rondan el 14% en comparación con las cifras del 2018. Esta situación de descenso en los ingresos aduaneros ya se registra desde enero de este período.

Muy a pesar de este escenario y de la actual crisis económica que golpea el bolsillo de la ciudadanía, Aduanas se da el lujo de destinar dinero de los contribuyentes en fiestas, banquetes, música y costosos obsequios para sus invitados internacionales. Sostienen desde la entidad que los beneficios del gasto del congreso aduanero son mayores. Aún así, se registrarán recién a largo plazo.

En enero se recaudaron G. 838.941 millones, un 7% menos que en la misma época del 2018. El efecto se reproduce también en febrero cuando se recaudaron G. 830.395 millones y en marzo, unos G. 814.044 millones, registrando un descenso del 8%.

En abril y mayo se pudo tener un repunte, cerrando el quinto mes del año con G. 892.858 millones. No obstante, en junio se tuvo la mayor caída en lo que va del 2019: se recaudaron G. 742.891 millones, registrando una baja del 14,9%.

Según explicó días atrás a la 970 AM Roberto Quiñónez, director adjunto de Aduanas, esto se debe al menor volumen de mercaderías que ingresa al país y a la delicada situación económica.

Costosas veladas para pares aduaneros

Paraguay fue sede este año de la Conferencia de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina y el Caribe, evento que se realizó en conjunto con otras actividades del sector, del 29 de abril al 3 de mayo.

La Dirección Nacional de Aduanas, como anfitriona, adjudicó vía licitación G. 1.000 millones para sostener todos los gastos que implica un evento de tal envergadura. Sin embargo, esta cantidad de dinero no solo se destinó a cubrir los costos de las reuniones y congresos, sino también para espacios culturales, musicales, fiestas con shows artísticos, paseos y variados menús gastronómicos.

Mientras que el congreso fue planeado para debatir sobre reformas que se deben hacer en el ámbito, como la lucha contra el flagelo de la corrupción, además del mejoramiento del sistema tecnológico y de la gestión en sí, Aduanas se lució con gastos que fácilmente podrían haber sido escatimados, cuidando los bienes públicos y no derrochando en fines que pueden ser considerados como innecesarios.

Julio Fernández, el director de Aduanas, aseguró que el evento tenía que funcionar como una vidriera para el país, motivo por el cual destinaron dinero a “atractivos” culturales, gastronómicos, musicales y demás, para enseñar la “imagen país”.

Previeron hasta paseo para cónyuges de aduaneros con guía turístico incluido.

Cenas de lujo con precios que iban desde G. 550 mil hasta G.700 mil, grupo de bailarinas de un costo de G. 5.000.000, equipamiento de luces y músicas por G. 7 millones, son algunos de los ítems que incluía el contrato firmado por Aduanas.

Además, para amenizar aún más la presencia de los extranjeros en el país, Aduanas destinó un dineral a obsequios, identificados en carpeta como “obsequios protocolares”, que demuestran el derroche del patrimonio público.

Se regalaron en total 27 manteles hechos de ñandutí a G. 2.300.000 cada uno, 15 hamacas paraguayas a G. 400.000, 10 recuerdos fabricados en filigrana a G. 500.000 y 100 recuerdos en madera a G. 150.000 por unidad. La lista no termina y sigue porque también se obsequiaron a los presentes 75 maletines de G. 600.000 cada uno, 200 unidades de bolígrafos a G. 50.000 cada uno y 150 blocs de notas a G. 40.000 la unidad.

El jefe alegó donaciones

Julio Fernández, responsable de Aduanas, fustigó duramente a la prensa en general y aseguró que varios medios de comunicación descomponen la imagen del Paraguay publicando solo lo negativo y no lo “positivo” que se viene haciendo en su gestión.

En contacto con la 780 AM, el alto funcionario argumentó que el beneficio que registraron tras el evento es mucho mayor a lo que costó al Estado, y a todos los paraguayos, los festines, bailes y demás atracciones.

Mencionó que varios países acordaron con Paraguay la provisión de sistemas informáticos que están valuados en millones de dólares en calidad de donación. Según Fernández, Uruguay entregó un software que cuesta US$ 2 millones y habló sobre otros US$ 12 millones que dentro de unos años la Fundación Koica va a dotar a Paraguay en concepto de equipamientos y también soportes informáticos. Es decir, defendió el derroche haciendo futurología.

A consideración del titular aduanero, todos estos “logros” benefician mucho al país y que justifican sobradamente los G. 1.000 millones que se destinó al congreso aduanero. Sin embargo, la donación mencionada más favorece al Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay (CDAP), órgano privado que administra el sistema informático de recaudación.

El Centro de Despachantes se encarga de administrar el sistema Sofía, que es un soporte informático de propiedad pública pero de manejo privado y que funciona como un despacho aduanero que interactúa de forma directa con sus usuarios: despachantes de aduanas, empresas de transporte, depositarios, funcionarios de aduana y con los organismos vinculados al comercio exterior.

Por la utilización del mencionado sistema, el Centro de Despachantes de Aduanas cobra un canon a cada despachante, destinando un 90% al mantenimiento y mejoramiento del Sistema Sofía. Según publicaciones periodísticas, se factura anualmente unos US$ 5 millones por el cobro del canon informático, dinero cuyo destino se desconoce históricamente.

LA CAJA NEGRA

El Directorio de la CONACOM resolvió instruir un sumario de investigación por posible infracción a los artículos 13 y 14 de la Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia y al artículo 34 del Decreto Reglamentario N° 1490/2014.

La investigación surge a raíz del incumplimiento de las cláusulas que habían sido impuestas a la empresa Retail S.A. durante la autorización de una operación de concentración del Grupo Vierci y el supermercado Nuevo Super, ubicado en la ciudad de Caacupé y cuya adquisición había sido aprobada en el año 2022 pero con condicionamientos específicos para evitar una posición dominante en el mercado minorista.

Fue en ese marco que, según los documentos oficiales, la Dirección de Investigación detectó varios indicios de prácticas anticompetitivas del conglomerado de supermercados que vulnerarían los compromisos asumidos ante la CONACOM.

Modificación unilateral y presión a proveedores

Uno de los puntos más graves identificados es la modificación unilateral de las condiciones comerciales con proveedores, realizada sin consentimiento ni nuevos contratos formales. El informe de la Conacom refiere que Retail impuso nuevas reglas de negocio, alterando precios, márgenes y descuentos, pese a que los contratos originales seguían vigentes. Uno de los proveedores reveló lo siguiente: “Ellos (refiriéndose al grupo Vierci) empezaron a incumplir con el contrato, que por más de que esté vencido como que continúa vigente ¿verdad?, porque nos empezaron a sacar ya los espacios, así como un método de presión y empezaron a suspender sus compras, o sea, empezaron a hacer compras muy chicas”.

Solicitud de facturas de competidores

La investigación también detalla que la firma habría exigido a proveedores entregar facturas o tickets de competidores para corroborar precios, una práctica expresamente prohibida. Este mecanismo permitiría al Grupo Vierci obtener información sensible del mercado y ajustar precios a conveniencia, limitando la libre competencia entre supermercados y afectando directamente al consumidor.

“Nos pidieron básicamente: así como conversamos en (...) tenemos cambios en el proceso de suba de precios, solicitamos tickets de compra de Biggie, Real y Fortis de uno o dos productos más referenciales que formen parte del listado de cambios de precios”, dijo uno de los proveedores. Otro reveló en una audiencia con la CONACOM: “Ante la suba de precios que se dieron en los últimos dieciocho meses, antes de una suba te obligaban, y te lo pedían por mail, el relevamiento de las otras cadenas: ‘si tal cadena no tiene tal precio, yo no te voy a subir el precio’”. Estas declaraciones exponen el modus operandi del Grupo Vierci para apretar a quienes le proveen los productos y a la vez afectar a las demás cadenas de la competencia. 

Calificaciones opacas y descuentos arbitrarios

Otro punto bajo análisis es el sistema de calificación no transparente de los proveedores. Según el expediente, Retail habría aplicado descuentos sin criterios claros, lo que afectaba la asignación de espacios de exhibición en góndolas. La normativa exige que estas prácticas sean claras, equitativas y no discriminatorias, condiciones que no se habrían cumplido.

Uno de los proveedores calificados a la conveniencia de Retail contó lo siguiente: “En conclusión, lo que a nosotros nos pasaron después para saber nuestra categoría en realidad fue el resultado de su fórmula, ¿entendés?, nosotros no sabemos en qué parte ahí nos perjudica o no del descuento porque ahora tipo estamos bien, mal, ya te dicen nomas ‘ahora vos me tenes que dar tanto más para subir de C a B”.

El expediente de la Conacom sigue en etapa de investigación y una vez finalizado determinará si el conglomerado, que controla parte importante del circuito de supermercados, medios de comunicación y distribución de productos, abusó de su poder económico para distorsionar la competencia y forzar alzas de precios, atendiendo al peso que tiene el Grupo Vierci en el mercado de consumo masivo, donde concentra parte de las principales marcas y canales de distribución del país.

La comitiva realizó la verificación e investigación, que requirió más de tres horas de desplazamiento por caminos de difícil acceso. Del levantamiemto del cuerpo del adolescente, participaron el fiscal Rodrigo J. Espínola, acompañado de personal de Criminalística, del médico forense y de la Policía Nacional.

La presencia institucional en el lugar tuvo como propósito garantizar una actuación inmediata, transparente y respetuosa de los derechos de la víctima y de su familia, así como documentar las circunstancias que rodearon el hecho, presuntamente suicidio. El representante del Ministerio Público destacó que estas diligencias forman parte de la política de la institución de no discriminar ni relegar la atención de los casos que afectan a comunidades indígenas, tradicionalmente relegadas y expuestas a diversas formas de vulnerabilidad social.

Puede interesar: Atienden a más de 100 personas durante la última semana en el albergue Jaho’i

“Es deber de la Fiscalía estar presente en todo el territorio nacional, sin distinción de procedencia, etnia o condición social de las víctimas. No podemos permitir que estas situaciones queden invisibilizadas”, manifestó el agente fiscal interviniente al concluir la diligencia.

La Fiscalía prosigue con la recopilación de informes y testimonios, en coordinación con los líderes comunitarios y otras instituciones competentes, a fin de esclarecer los hechos y brindar acompañamiento integral a los familiares del afectado.

La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. El refrán sur­gido de un pasaje bíblico puede explicar tranquila­mente el actuar del multime­dio Abc Color cuando se trata de hablar de casos de lavado de dinero.

El diario emblema del Grupo Zuccolillo, además de sus radios y su canal de televi­sión, se ha dedicado durante años a criticar con fuerza la supuesta falta de acción por parte de las autoridades en el combate contra el lavado de dinero en Paraguay.

De hecho, como se puede observar en la gráfica más arriba, el grupo económico realizó varias editoriales expresando su opinión al respecto.

En su edición del 12 de enero de 2021, la empresa periodística criticaba a los organismos de inves­tigación diciendo que “los peces gordos pueden nadar tranquilos”.

“Nuestro país ha aprobado varias leyes en la materia, pero los peces gordos de la delincuencia saben que no tendrán por qué preocu­parse mientras los organis­mos estatales se limiten a actuar como engañabobos, controlando pequeñas ope­raciones en vez de perseguir el contrabando, el narcotrá­fico y la corrupción”, señalaba el editorial.

Hace apenas unos días, Abc publicó un extenso informe refritando la información de que se habría utilizado dinero proveniente del narcotrá­fico para comprar la casa de verano que el senador Erico Galeano poseía en un barrio cerrado en Altos.

Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, vinculado a operaciones con banco Atlas

SE OLVIDAN DE SU CLIENTE

Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, consi­derado como el mayor narco­traficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus ope­raciones aparece un millona­rio préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.

El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realiza­ría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.

En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millo­nes a la firma Biocombustible Brasilero (Biobras), cuyo presi­dente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en rea­lidad un modesto tractorista.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipoteca­ria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estan­cia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cues­tión ya estaba a cargo de Sena­bico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de con­tratar sobre el mismo.

CASI CONSIGUIERON REMATE

En el contexto de las clási­cas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado.

Este remate buscaba recu­perar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testafe­rro del narcotraficante.

El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comer­cial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múlti­ples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, desta­cando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.

Con esta maniobra judi­cial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones recla­mada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.

Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudi­carse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recu­perar activos del crimen orga­nizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.

EL MAYOR LAVADOR

En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la enton­ces ministra de la Senabico Teresa Rojas había confir­mado que Cabeza Branca superaba el nivel de inver­sión del también brasileño Darío Messer.

• Unidad de Investigación Nación Media
• investigacion@nacionmedia.com