Mimada de Bacigalupo apenas fue ubicada, ya viajó al Caribe
La semana pasada se publicaba que la encargada de la Dirección de Formación y Capacitación del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Ana Mabel Houdin, al mismo tiempo que se desempeñaba en esta institución, figuraba con rubro docente en el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), específicamente en el Colegio República de Colombia.
Además de figurar en dos funciones al mismo tiempo, la directora VIP del SNPP recorría el mundo. En octubre pasado, en plena etapa de repaso de lecciones y exámenes finales, visitó la paradisíaca República Dominicana.
De acuerdo con la planilla de rendición de Viáticos del SNPP, la mimada de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, emprendió su viaje entre el 21 al 26 de octubre pasado para participar en la capacitación de la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y Organizaciones Sostenibles. Para dicho evento, la entidad estatal destinó unos G. 10.763.789 en concepto de viáticos.
Todo apunta a que Houdin sigue con el hábito del planillerismo, tal como se la habría sindicado en el 2016, cuando el intendente Mario Ferreiro publicó una lista de funcionarios “raboneros”.
Además de figurar como docente en el Colegio República de Colombia, en el tercer año de la media, los días miércoles de 11:30 a 14:30 figura también como profesora en el Colegio República de Hungría donde sus clases arrancan a las 15:30. Este colegio está ubicado entre Asunción y Lambaré. Es decir, que desde el SNPP, ubicado en Villa Victoria (Dr. Molas López y Aviadores del Chaco), hasta el límite entre Asunción y Lambaré, se traslada en 30 minutos.
La funcionaria, que es comisionada de la Junta Municipal de Asunción, cobra por horas extraordinarias de trabajo, lo que la convierte en una incansable trabajadora capaz de estar en varios lugares al mismo tiempo y hasta con horarios prolongados.
Exintendente que busca rekutu salpicado por obras fantasma y uso de bienes públicos
Las denuncias salpican de forma directa al exintendente Antonio Gómez, quien renunció al cargo para buscar su reelección (rekutu), dejando al frente de la comuna a su propio padre y titular de la Junta Municipal, Constancio Gómez.
Una investigación encabezada por el periodista Joel Corvalán y transmitida por el canal GEN dejó al descubierto supuestas irregularidades administrativas, sobrefacturaciones y uso indebido de recursos públicos en la Municipalidad de Paso de Patria (departamento de Ñeembucú).
El trabajo de campo reveló la existencia de presuntos proyectos viales con costos exorbitantes que no fueron ejecutados, así como obras supuestamente inauguradas meses antes de que se realizara el llamado formal a licitación.
Adoquinado “fantasma” y sobreprecio seis veces superior al promedio
Uno de los hallazgos se sitúa sobre la avenida Igualdad. Siempre conforme al trabajo emitido por el canal GEN, los documentos remitidos al Ministerio de Economía dan cuenta del pago de casi G. 500 millones por la construcción de un adoquinado que, según se constató en el lugar, no existe. El tramo se encuentra en estado de tierra.
La obra fue presupuestada en aproximadamente G. 1.053.000 por metro cuadrado. A modo de comparación, los llamados ejecutados por la Gobernación de Ñeembucú abonan un promedio de G. 180.000 por metro cuadrado, lo que representa un sobreprecio de seis veces más, según informó Corvalán.
Reportó además que un tramo de adoquinado de dos cuadras (frente al hospital local) fue inaugurado y publicado en las redes oficiales del municipio en el año 2024. Sin embargo, la licitación y la firma del contrato por G. 270 millones recién se oficializaron en 2025.
La obra figuraba adjudicada a Ojeda Construcciones —perteneciente a un candidato a concejal de Pilar— y a SAP Constructora, de la esposa del citado contratista.
Facturaciones millonarias en caminos rurales e instituciones en desuso
La investigación expuso además el presunto desvío de recursos destinados al mantenimiento de caminos. Un monto de G. 276 millones fue rendido bajo el concepto de “levantamiento y mejoramiento” de accesos a cuatro escuelas. Entre ellas figura la Escuela Costa Paraná, situada sobre la ruta PY04 (tramo bajo jurisdicción exclusiva del MOPC), así como una institución educativa que actualmente se encuentra en desuso.
Paralelamente, la comuna destinó G. 410 millones para el arreglo de caminos en compañías rurales como Sauce Oquerón. Pobladores de la zona, como Cirilo Amarilla y Nicolasa Alarcón, denunciaron que en los últimos cinco años las maquinarias municipales ingresaron una sola vez y que los propios vecinos deben costear los arreglos.
Uso del parque automotor para la campaña
El equipo periodístico registró el momento en que un camión tumba de la Municipalidad de Paso de Patria retiraba bolsas de cemento desde el parque automotor comunal para depositarlas en la vivienda particular del actual intendente, Constancio Gómez, en horario nocturno. Asimismo, se constataron traslados de insumos municipales hacia una fábrica de cerámicas de carácter privado.
Según contó el periodista, durante el recorrido por el predio industrial, el equipo fue amedrentado por una turba de aproximadamente 30 operarios que atacaron el dron del canal con honditas.
Inclusive la Policía llegó al lugar para verificar quiénes eran los integrantes del equipo de prensa.
“A mí me llamó el exintendente Antonio Gómez para pedirme que identifique el vehículo e informe quiénes estaban haciendo volar drones sobre la zona”, admitió ante las cámaras el subjefe de la Comisaría de Paso de Patria, suboficial mayor Roberto Negrete, confirmando que la fábrica privada pertenecía al exjefe comunal.
El proyecto boliviano que amenaza uno de los ríos más importantes para el Chaco paraguayo
La propuesta hidroeléctrica “El Carrizal” en el sur de Bolivia divide a la sociedad civil. Expertos ambientales y pueblos originarios advierten un riesgo ecológico inminente para el río Pilcomayo y el sustento de miles de familias locales.
El proyecto contempla una presa de 160 metros de altura en la garganta del río Pilaya, un afluente clave de la cuenca del Pilcomayo. “El Carrizal” busca generar energía eléctrica y habilitar sistemas de riego, pero veinte científicos internacionales de seis países rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Los expertos señalan la sedimentación extrema como el mayor peligro técnico de la obra. El río Pilcomayo arrastra 200 millones de toneladas de materiales al año, una cifra récord a nivel mundial. Esta carga llena el embalse rápidamente y reduce la vida útil de la estructura de forma drástica.
Rio Pilaya, Bolivia
Las naciones indígenas Weenhayek, Tapiete y Guaraní dependen del sábalo para su alimentación y economía. Uno de los puntos que se critica del proyecto, es que la represa actuaría como una barrera física que bloquea la ruta migratoria de los peces hacia sus zonas de reproducción.
Los líderes indígenas denuncian la falta de una consulta previa y obligatoria según las leyes locales. Francisco Nazario, capitán de la organización weenhayek, califica la obra como una sentencia de muerte para su cultura.
La construcción inunda también tierras agrícolas de comunidades como Camblaya y Los Sotos. Expertos ambientales descartan el éxito del sistema de riego prometido por las autoridades, argumentan que los canales sufren colmatación inmediata por la arena y el barro del río. El cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, corre riesgo de una alteración visual y biológica irreversible por la intervención.
Si bien los promotores defienden la obra como una respuesta a la crisis del gas, los científicos reiteran que el costo ambiental supera los beneficios energéticos. El destino del Pilcomayo y la biodiversidad de la zona permanecen hoy bajo una gran incertidumbre.
Informe del Proyecto Hidroelectrico Carrizal
Basado en el reportaje original de Iván Paredes Tamayo (Mongabay Latam)
Tacumbú cambia de nombre y será cárcel exclusiva para procesados
Tacumbú dejará de albergar condenados y funcionará solo para personas sin sentencia firme, dentro del plan de reforma penitenciaria impulsado por el Gobierno.
Desde hoy, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú pasa a llamarse Centro Nacional de Prevenidos y será exclusivamente para personas procesadas. Este cambio se da bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria.
Asimismo, a partir de la vigencia, se dispone no recibir a nuevos ingresos ni hacer traslados de personas con condena firme. Bajo el operativo “Umbral 3.0″ las personas privadas de libertad en carácter de condenados se trasladarán gradual y planificadamente hasta la total desocupación de condenados a establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas conforme a criterios de calificación y seguridad.
Según el artículo 5, las medidas adoptadas tienen por objeto cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, el Código de Ejecución Penal del Paraguaya y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
La redistribución y el traslado estará bajo la organización del Viceministerio de Justicia.
“Paraguay está viviendo un nuevo amanecer”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Con ello, resaltó, se da un paso sin precedentes en la reforma del sistema penitenciario nacional.