Ministerio dilató adjudicación de alimentos para albergues
En marzo pasado el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia llamó a licitación para compra de alimentos para albergues por G. 15.300 millones.
En marzo pasado el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia llamó a licitación para compra de alimentos para albergues por G. 15.300 millones. El proceso fue cancelado en abril último y realizaron otro llamado a fines de mayo pasado, en el que llamativamente aparecieron un montón de cambios y exigencias que generan sospechas de direccionamiento de la adjudicación.
Además, en este segundo llamado aparecen oferentes sin experiencia en la entrega de varios de los alimentos que componen los 4 lotes de la licitación y que fueron admitidos por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del ministerio.
Una exigencia que innovaron en esta licitación es la certificación de calidad ISO 9001, documento con el que cuenta solo uno de los oferentes, ya que los demás tienen esta certificación en el rubro de catering.
Da la casualidad que la UOC del ministerio se aferra al requisito de exigir la certificación ISO 9001, pese a que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) planteó a esta institución “reformular el requerimiento”. A partir de este proceder de la unidad de compras de esta cartera surgen sospechas de un intento de direccionamiento de la millonaria adjudicación.
Nos comunicamos con la señora Cristina Ferraro, responsable de la UOC del Ministerio de la Niñez, para interiorizarnos del proceso, los cambios, las exigencias y la puja que generan sospecha sobre el proceso, pero la funcionaria se desentendió diciendo: “El llamado está en el portal, usted va a ver ahí las fechas que se llamaron. Se ha fundamentado y se ha avalado por la Dirección de Contrataciones Públicas”.
Al ser consultada sobre el estado en que se encuentra la evaluación de este segundo llamado, Ferraro se negó a brindar información: “No le puedo dar, son datos confidenciales hasta que salga la resolución”.
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Abc ataca a Fiscalía por casos de lavado, pero olvida a Cabeza Branca
Banco Atlas otorgó millonario préstamo con hipoteca de estancia que es propiedad de Cabeza Branca.FOTO: ARCHIVO
El Grupo Zuccolillo, a través de su multimedio Abc Color, se ha dedicado a atacar al Ministerio Público por la supuesta falta de acción en casos de lavado de dinero. Sin embargo, no hacen siquiera una mención al vínculo del banco Atlas, también de su propiedad, con el caso del narcotraficante brasileño Cabeza Branca. De acuerdo con una entrevista en la radio del propio grupo, el criminal es el mayor lavador de dinero en el país.
La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. El refrán surgido de un pasaje bíblico puede explicar tranquilamente el actuar del multimedio Abc Color cuando se trata de hablar de casos de lavado de dinero.
El diario emblema del Grupo Zuccolillo, además de sus radios y su canal de televisión, se ha dedicado durante años a criticar con fuerza la supuesta falta de acción por parte de las autoridades en el combate contra el lavado de dinero en Paraguay.
De hecho, como se puede observar en la gráfica más arriba, el grupo económico realizó varias editoriales expresando su opinión al respecto.
En su edición del 12 de enero de 2021, la empresa periodística criticaba a los organismos de investigación diciendo que “los peces gordos pueden nadar tranquilos”.
“Nuestro país ha aprobado varias leyes en la materia, pero los peces gordos de la delincuencia saben que no tendrán por qué preocuparse mientras los organismos estatales se limiten a actuar como engañabobos, controlando pequeñas operaciones en vez de perseguir el contrabando, el narcotráfico y la corrupción”, señalaba el editorial.
Hace apenas unos días, Abc publicó un extenso informe refritando la información de que se habría utilizado dinero proveniente del narcotráfico para comprar la casa de verano que el senador Erico Galeano poseía en un barrio cerrado en Altos.
Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, vinculado a operaciones con banco Atlas
SE OLVIDAN DE SU CLIENTE
Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, considerado como el mayor narcotraficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus operaciones aparece un millonario préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.
El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realizaría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.
En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a la firma Biocombustible Brasilero (Biobras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en realidad un modesto tractorista.
En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.
CASI CONSIGUIERON REMATE
En el contexto de las clásicas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado.
Este remate buscaba recuperar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del narcotraficante.
El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múltiples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, destacando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.
Con esta maniobra judicial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones reclamada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.
Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudicarse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recuperar activos del crimen organizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.
EL MAYOR LAVADOR
En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la entonces ministra de la Senabico Teresa Rojas había confirmado que Cabeza Branca superaba el nivel de inversión del también brasileño Darío Messer.
- Unidad de Investigación Nación Media
- investigacion@nacionmedia.com
Liliana Alcaraz, blanco de Abc por desenmascarar operativo “garrote”
Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad. FOTO: ARCHIVO
La actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, soporta constantes ataques de sectores enfocados en la defensa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del montaje y la filtración de informes.
Por Cinthia Mora, periodista.
La campaña de persecución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, con el objetivo de involucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se investiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.
En agosto de 2023, al asumir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los graves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la aplicación de protocolos para evitar tales situaciones y corregir los malos manejos.
Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funcionarios asignados a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la aplicación de los protocolos recomendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministerio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.
Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministerio Público aportaron información relevante que permitieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.
El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)
EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS
Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos informes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La respuesta de la Seprelad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brújula” de la investigación fiscal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este documento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.
El documento secreto fue utilizado como base para la elaboración del informe de inteligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministerio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “información espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institución. En el borrador se introdujo información falsa y tergiversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.
Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución política ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.
El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electrónicos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.
En estos correos se detalla la manera en que fue incorporado el documento secreto, redactado por Farías y Fernández, al circuito institucional de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos también se ordenaba incorporar al documento oficial información tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.
DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC
Publicaciones de tinte malicioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sistema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.
La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencionado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.
Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extranjero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercambiar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de contacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el ministro de Seprelad Carlos Arregui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.
Documento secreto: los “cerebros” y cómo la Fiscalía descubrió la trama
El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto.FOTO: GENTILEZA
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete revela cómo se fraguó, montó y filtró un informe de inteligencia utilizando de manera ilegal instituciones del Estado y a funcionarios no autorizados. El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto que fue detectado en los archivos de la propia Seprelad.
Por Cinthia Mora, periodista.
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
Para llevar adelante ese objetivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales) entre ellos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.
La estrategia incluso había sido revelada por un excolaborador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un programa de televisión que generar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los enemigos políticos de Abdo.
El acta de imputación de la Fiscalía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcionarios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.
EL ARCHIVO SECRETO
De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Seprelad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elaboración y en qué condiciones fue redactado.
En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Seprelad un documento en formato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.
En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino también quedaron registradas las “huellas” de quienes intervinieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fiscalía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceministra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligencia contra Horacio Cartes.
EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA
“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación montada por funcionarios de la institución e incluso por personas ajenas a la institución y sin potestad legal para acceder a informes de inteligencia.
En el acta de imputación se incluyen los metadatos (huellas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Francisco Pereira. Estos metadatos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.
En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa.
Tal es así que, Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.
Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.
En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia.
