Ni su casa justifica Cuevas con 5 años de sueldo como gobernador

Los números no cierran para que el presidente de Diputados Miguel Cuevas justifique la fortuna que amasó estando en la fun­ción pública. Los G. 1.250 millones que percibió en con­cepto de salarios durante sus cinco años como gobernador de Paraguarí no rinden ni para cubrir las millonarias inver­siones que realizó en su fas­tuosa residencia inaugurada en el 2014, primer período de su jefatura departamen­tal. Entendidos dicen que la casa del parlamentario está valuada entre G. 1.000 millo­nes a G. 1.200 millones.

Para más, al momento de asu­mir como gobernador, Cuevas estaba acogotado con deudas, era un moroso, tenía cuenta corriente cancelada y hasta fue inhabilitado para firmar cheques por tres años junto a su esposa Nancy Florentín en enero del 2013, según media­tizó una entidad bancaria.

Según la publicación realizada por el Banco Familiar, la inha­bilitación corresponde a la causal del artículo 13 de la Ley de Cheques: “la persona que libre un cheque bancario, propio o en representación de una per­sona física o jurídica, contra una cuenta corriente cance­lada o en talonario de cheque bancario ajeno o adulterado, será inhabilitada por tres años para operar en cuentas corrientes bancarias”. La san­ción se extendía hasta el 2016.

Registros comerciales y publicaciones periodísticas del 2014, primer año de man­dato de Cuevas como gober­nador de Paraguarí, dejaban al descubierto demandas por mora en su contra, dos de ellas ascendía a G. 658 millo­nes, según trascendió. Sin embargo, su deuda más cono­cida es la contraída con Juan Domingo Delgado, quien com­pró 26 pagarés de G. 25 millo­nes cada uno, firmados por el político y que totalizan G. 625 millones.

Delgado le entabló una demanda a Cuevas, luego de que este último se desenten­diera de pagar su deuda, según nos confirmó el demandante. Cinco años después, la denun­cia sigue cajoneada en los escri­torios de los jueces de Paraguarí, sostuvo Delgado.

Otros dos nombres de deman­dantes contra Cuevas por mora que saltaron en el 2014 son Fran­cisco Brítez Giménez y Blanca Sosa de Rolón, esta última en ese momento era directora de una escuela de Yaguarón.

TRANSFERENCIA

Sus deudas y las primeras sospechas sobre el origen de su prosperidad en su ciudad Sapucai, lo llevaron en el 2014 a realizar la jugada de trans­ferir parte de sus bienes a nombre de sus hijos. Enzo Cuevas Florentín se volvió heredero de las tierras que el papá declaró como compra­das durante sus años de fun­cionario portuario. Mientras que Raúl Adilson Cuevas Flo­rentín surgió como próspero ganadero con lote de 200 cabezas de vacuno.

Hasta la majestuosa residencia familiar, inaugurada después de ser gobernador, transfirió a nombre de su hijo Enzo. Seis propiedades traspasó Cuevas a nombre de su retoño para blindar sus bienes ante la ola de demandas por mora.

Cabe remarcar que ninguna de estas deudas consignó Cue­vas en su Declaración Jurada de Bienes presentada ante la Contraloría de la República. Al contrario, el ex gobernador de Paraguarí declaró una cuenta a cobrar por G. 4.460 millones al ex gremialista de la produc­ción, Silvio Riveros.

Riveros ya declaró ante la Fis­calía que nunca prestó un solo guaraní de Cuevas y que no le debe absolutamente nada. El testimonio del ex gremialista evidencia una declaración jurada falsa por parte del par­lamentario.

En el 2016 Cuevas comenzó de vuelta a registrar propie­dades a su nombre. En ese año declaró compra de granjas por G. 954 millones, suscribió G. 1.920 millones como actividad agropecuaria.

Considerando solo el valor de la casa que inauguró, las estancias que registró en el 2016 y la cotización de vehícu­los, las inversiones de Cuevas fueron el doble de todo lo que percibió como gobernador. Esto sin contar los gastos en el alto nivel de vida que lleva la familia, el costo de man­tener al menos 8 peones que cuidan los establecimientos, empleadas domésticas, hijos sin trabajar y una esposa con modesto salario que actual­mente es de G. 2,5 millones en el MEC, etc.

De G. 9.727 millones de patri­monio que declaró Cuevas en el 2014, hizo desaparecer la deuda de los G. 4.460 millones con Riveros y redujo el valor de sus bienes en el 2018 a G. 3.509 millones.

Alistan movilización para pedir celeridad en investigación fiscal

Escrachadores, comisiones vecinales perjudicadas durante su mandato como gobernador y pobladores del departamento de Paraguarí estarán presentes.

Ciudadanos autoconvocados de Asunción y del departa­mento de Paraguarí se movi­lizarán hoy al medio día en el microcentro capitalino hasta inmediaciones de la sede de la unidad especializada de Delitos Informáticos, ubi­cada sobre la calle Humaitá, para pedir celeridad a la fis­cala Irma Llano, en la inves­tigación que pesa sobre el pre­sidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas.

De acuerdo con el denun­ciante y uno de los impulsores de la movilización, el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáce­res existen todas las pruebas concretas para que Cuevas sea imputado, sin embargo, afirma que la fiscala de la causa está perdiendo credi­bilidad y su trabajo apunta al blanqueo.

“Ya presentamos todas las pruebas, las fiscala ya tiene en su poder todo para que le pueda imputar, no es fácil movilizar a las personas que fueron estafadas para que puedan declarar y los documentos pertinentes, sin embargo, la fiscala no le imputa y ya va perdiendo credibilidad”, manifestó el concejal, quien denunció a Cuevas, por supuesto enri­quecimiento ilícito y decla­ración jurada falsa.

Sostuvo también que repre­sentantes de las comisiones vecinales que fueron perju­rados durante la administra­ción de Cuevas en la gober­nación participarán de la marcha.

Por su parte, María Esther Roa, de la comisión escrache, dijo que “la prueba de fuego está en las manos de la Fis­calía y de concretarse el con­tubernio político-fiscal que tanto detestamos, la sociedad civil sabrá qué hacer para fre­nar este despropósito que nos condena a la miseria”, indicó.­

Senadora Amarilla tiene otra empresa con proveedor de la merienda escolar

Los ataques a proveedores de alimento escolar por parte de la parlamentaria liberal Celeste Amarilla para desacreditar el proyecto que busca centralizar de alguna manera los fondos para este rubro reflotaron sus vínculos con el negocio al punto de salpicarla en un esquema con prestanombres, acusaciones hasta de tráfico de influencias. De hecho, la senadora no puede desmarcarse mucho ya que tiene otra empresa con representante legal de una de las contratistas más grandes de la merienda escolar del Estado.

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa,
representantes de proveedora de alimento escolarMaría Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la ContraloríaAccionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar


Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

Zuccolillo, las ‘ubres’ del Estado y apriete: con 60 contratos y US$ 20 millones, mimó a Abdo

Colgado del Estado paraguayo, el Grupo Zuccolillo logró facturar más de 20 millones de dólares al ligar jugosos contratos durante la administración de Mario Abdo Benítez. El monto duplica la cantidad que consiguió el clan empresarial en un lapso de siete años antes de la gestión abdista.

A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).

De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.

Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.

En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.

Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.

La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.

Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.

Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.

Leé más: Calé acusa al Grupo Zuccolillo: “Su especialidad es falsificar cajetillas de cigarrillos”

Pettengill ya cobró fortuna por defectuosa obra de la Transchaco

Baches, fisuras y otros defectos encontrados en la nueva ruta todavía sin entrega definitiva, mientras consorcio contratista aguarda completar multimillonaria facturación. Desde el MOPC continúan fiscalizaciones, los usuarios lamentan la mala calidad del asfalto y el Estado susceptible de quedarse con otro clavo.


Unidad de Investigación, Nación Media

Pese a las denuncias por los desperfectos hallados en la obra de habilitación y mantenimiento de la ruta PY09, el consorcio Avanza Chaco, del que forma parte Ocho A SA, constructora del clan del senador Luis Pettengill Vacca, ya cobró G. 508.798 millones por el lote 3 que está a su cargo.

La obra de habilitación y mantenimiento de la ruta PY09 abarca la construcción de 558 kilómetros desde el kilómetro 50 hasta el kilómetro 525 y fue adjudicada en 8 lotes durante la pandemia por G. 3,8 billones mediante financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), más contrapartida local.

El consorcio integrado por la constructora del clan Pettengill fue contratado para la ejecución del tramo que comprende entre el kilómetro 173 y el kilómetro 250 de la ruta por un total de G. 593.061 millones, incluyendo adendas de ampliación, y se espera que la obra sea entregada en marzo de este año. Sin embargo, a escasos meses de que se cumpla el plazo de entrega, la pista que debería estar en perfectas condiciones y ultimando detalles presenta zonas clausuradas, bacheados, recapados con desnivel, falta de pintura de señalizaciones, fisuras en el asfalto, entre otros desperfectos.

Que la nueva ruta Transchaco ya presente fallas en su construcción dos meses antes de la fecha prevista para su inauguración es una señal de alerta, ya que de concretarse los pagos faltantes podría convertirse en otro clavo para el Estado.

Desde Nación Media contactamos con el viceministro de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniero José Espinosa, para consultarle si corresponde que se siga pagando a las contratistas encargadas de la ruta a pesar de los remiendos, a lo que contestó que “no; obviamente, los pagos están suspendidos hasta que eso se repare (refiriéndose a los baches, fisuras, entre otros)”.

El viceministro de Administración y Finanzas de la misma cartera de Estado, Marco Elizeche, sostuvo que “en general, para todos los pagos en cualquier obra se hacen sobre certificados aprobados”, y agregó que si posteriormente la obra presenta daños, se deberán aplicar las penalidades correspondientes, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones como puede ser la fijación de una fecha límite para la reparación de los defectos, la subcontratación de otra firma para que realice las reparaciones necesarias a cuenta de la contratista o incluso la devolución del monto desembolsado en concepto de la sección dañada.

Por su parte, la ingeniera Adriana Noldin, directora de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC, señaló que si bien se vienen haciendo regularmente las verificaciones de la obra, aún no cuentan con un informe de las mismas y que recién se elaborará uno al culminarse los ensayos sobre la calidad de los materiales que están realizando en cada sección de la obra.

Quedan apenas dos meses para que se cumpla el plazo de entrega de la millonaria obra por la que aún falta desembolsar G. 484.397 millones a ser distribuidos entre las 8 contratistas: el consorcio Avanza Chaco (Lote 3), Heisecke SA (Lote 1), consorcio Ruta 9 Transchaco (Lote 2), TOCSA SA (Lote 4), Concret Mix SA (Lote 5), consorcio Boquerón (Lote 6), consorcio Constructora Asunción SA y Asociados (Lote 7), y Rovella Carranza SA (Lote 8).

VARIAS DENUNCIAS DE RUTAS DEFECTUOSAS HABILITADAS DURANTE LA ERA ABDO

Si bien la nueva ruta Transchaco presenta fallas desde antes de su inauguración, no es la única que presenta defectos de manera prematura, ya que según publicaciones periodísticas otras rutas del interior del país, habilitadas durante los últimos 5 años, también se encuentran en un estado lamentable.

Tal es el caso de la ruta departamental D087, del departamento de Canindeyú, que cuenta con 40 kilómetros de extensión, costó G. 67.368 millones y une las localidades de Ybyraribaná, Laurel y Nueva Esperanza; la ruta fue inaugurada en 2022. Según manifestaron los productores de la zona a medios de prensa, la ruta ya presentaba fallas desde el momento de su habilitación como son la capa asfáltica fina, falta de señalización en las curvas y falta de banquina.

Otro ejemplo es la ruta PY22, que cuenta con 160 kilómetros y une a Concepción con Vallemí. En junio del año pasado, los lugareños se unieron en una protesta en frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas exigiendo la reparación de la ruta. “La ruta se habilitó en el 2018, pero después tuvimos dos años de pandemia y no se usó la ruta. Este ministro es un irresponsable, la gente le está pidiendo hace un año una audiencia”, algunos comentarios en redes y medios.

Luis Pettengill Vacca, senador nacionalLuis Pettengill Vacca, senador nacional