ONG llevó bajo engaños a nativos para invadir una estancia en el Chaco

En el 2008, el ganadero Miguel Ángel Muñoz llegó hasta unas tierras ubicadas en la localidad de Infante Rivarola Chaco, a unos 800 kilómetros de Asunción, donde montó la estancia “San Miguel” con un acuerdo de desarrollar esas tierras y así lo hizo con una millonaria inversión que supera el millón de dólares.


Fuente: La Caja Negra

En el 2011 la ONG RPI llevó a un grupo de nativos de la Comunidad Loma, parcialidad Guaraní Ñandeva, para invadir el establecimiento y reclamar las tierras como “ancestrales” a pesar de que la etnia ya se encontraba asentada en otro lugar denominado Laguna Negra. Los mismos indígenas al poco tiempo fueron hasta el INDERT y pidieron el desistimiento de su intención posesoria, señalando que fueron obligados por la ONG a instalarse en el sitio.

La inversión en la estancia siguió creciendo y en noviembre de 2018 nuevamente un grupo de nativos ingresó a la estancia en un número no mayor a 30 personas reclamando las tierras con el apoyo e instigación de la ONG Alter Vida.

Fue entonces que se inició una batalla legal donde el ganadero Muñoz demostró que tenía todos los documentos en regla para explotar esas tierras y que la única condición que se le había puesto era la de desarrollar el sitio, cuestión que con la inversión que realizó quedó demostrada. Pasaron los meses y el grupo de personas que estaba en la estancia comenzó a pasar hambre. Muchos de ellos enfermaron y algunos hasta fallecieron debido a que la ONG Alter Vida los abandonó en el sitio.

Varios de los nativos incluso denunciaron que en un principio eran asistidos por Víctor Pereira (hermano del senador Sixto Pereira) y la abogada Emília Cano, ambos miembros de Alter Vida, quienes les prometieron que iban a tener una mejor calidad de vida en ese sitio, donde no les iba a faltar comida y asistencia constante, ya que “se iban a quedar con el ganado y todo lo que tenía la estancia”. Pero la realidad les golpeó duramente cuando fueron abandonados a su suerte y decidieron volver a sus tierras en la zona de Bahía Blanca, de donde fueron sacados con falsas promesas.

Fue entonces cuando, para no perder la ocupación, el ex - líder de la tribu Miño Ordonez comenzó a hostigar a los invasores de la estancia “San Miguel” amenazando de muerte a todas las personas que querían salir del sitio invadido. Todo esto quedó corroborado con las denuncias que varios integrantes del Pueblo Guaraní Ñandeva presentaron en agosto pasado ante el juez de Paz de Mariscal Estigarribia, Ignacio León, donde relataban que estaban siendo amenazados por Ordoñez y también contaron que fueron llevados engañados a las tierras de Miguel Ángel Muñoz por la organización Alter Vida, que finalmente los abandonó. Además apuntaron que hacían responsables a estas personas si les pasaba algo a ellos o a sus familiares.

Ante la salida masiva de los nativos engañados, Ordonez trajo a otros 20 jóvenes indígenas reclutados de varias tribus de la región para que prosigan con la invasión; pero esta vez redoblando la apuesta y apelando a la violencia. Estos muchachos entraron a las tierras de la estancia “San Miguel” armados y comenzaron a disparar a los empleados del establecimiento, robando tractores y otras cosas del lugar.

Todas estas denuncias fueron presentadas ante la fiscalía y el juzgado de la zona, pero la abogada Emilia Cano y Víctor Pereira, con prepotencia e invocando al senador del Frente Guasu Sixto Pereira como supuesto padrino, prosiguen con el hostigamiento y las presiones a nivel judicial para evitar que los invasores sean sacados de la estancia invadida. Para empeorar las cosas y a pesar de que los nativos de la Comunidad Loma desistieron formalmente del pedido de titulación sobre las tierras que abandonaron hace más de 40 años por falta de recursos naturales y donde actualmente se asienta la estancia “San Miguel”, el INDERT intimó al ganadero Miguel Ángel Muñoz a que renuncie a sus inversiones y abandone la parcela que viene explotando racionalmente, lo que le obligó a promover una demanda contencioso -administrativa tramitada ante el Tribunal de Cuentas- Segunda Sala.

También aquí procura intervenir la abogada Emilia Cano presentándose como “tercera interesada” e invocando la representación de la Comunidad Indígena Loma con un poder otorgado por una organización indigenista totalmente diferente, demostrando el avieso propósito de confundir a los miembros del Tribunal.

Actualmente solo unos pocos violentos jóvenes son los que continúan con la ilegal ocupación en la estancia, pero con una carga extrema de violencia y sin que las autoridades puedan hacer nada ya que los miembros de la ONG amedrentan a los fiscales y jueces e invocan a políticos como sus padrinos.

 

Con Friedmann en el Senado, ESSA ganó 12 contratos por valor de US$ 8,6 millones

La empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), de la cual Rodolfo Friedmann es el principal capitalista, arrancó como proveedora de Guairá con un contrato de G. 16 mil millones cuando se desempeñaba como gobernador. Con su llegada al Senado, se dio un despegue de la empresa y ganó nada menos que 12 contratos por un monto total de G. 59.617.843.227, equivalente a unos USD 8.640.300 al cambio actual, en diferentes municipios, gobernaciones y en la empresa estatal Petróleos Paraguayos.

Por Jorge Torres Romero

El 23 de abril de 2018 se llevaron a cabo las elecciones generales en las que Rodolfo Max Friedmann Alfaro participó como candidato a senador por la Lista 1, Partido Colorado, y si bien no fue proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), asumió posteriormente el 30 de junio en la Cámara Alta cuando fue convocado por el entonces presidente del Congreso, Fernando Lugo para jurar como legislador.

En ese entonces, la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), de la cual Friedmann era el principal capitalista, ya era proveedora de la Gobernación del Guairá; sin embargo, su llegada al Congreso también coincidió con un despegue de la empresa que ganó nada menos que 12 contratos por un monto total de G. 59.617.843.227, equivalente a unos USD 8.640.300 al cambio actual, en diferentes municipios, gobernaciones y en la empresa estatal Petróleos Paraguayos.

Según se observa en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, entre mayo de 2018 y julio de 2020, la firma ESSA fue adjudicada con jugosos contratos (ver infografía) principalmente para la provisión del almuerzo escolar en diferentes instituciones del Departamento del Guairá, así como en las gobernaciones de Caazapá y Caaguazú, donde expandieron sus vínculos con la llegada de Friedmann al Congreso Nacional.

Entre los contratos más importantes que aparecen en este periodo, se encuentran el de la Gobernación de Guairá por un monto de ₲ 10.999.992.800, cuya adjudicación se concretó en los primeros días de julio de 2018, casi al mismo tiempo que Friedmann asumía su banca.

Negocio en plena pandemia

Este año, ya en plena pandemia, el 20 de abril, cuando el senador estaba aún de permiso ocupando la cartera de Agricultura y Ganadería, la empresa ESSA fue adjudicada nuevamente por la Gobernación de Guairá para la Provisión de almuerzo escolar a las escuelas del departamento por un monto de ₲ 16.041.200.000. A diferencia de los anteriores contratos, en esta ocasión, tal vez para guardar las apariencias teniendo en cuenta que ya estaban en la mira, crearon el consorcio Tembi’u Porã que surge de la fusión de la empresa ESSA vinculada a Friedmann y el político ovetense Néstor Francisco López Paniagua, quien posee varias licitaciones ganadas en el mismo rubro en el Departamento de Caaguazú, a través de su empresa La Parrilla de Charlot. La dirección del consorcio es la misma dirección comercial de ESSA: Fuerte Olimpo e/ Ruiz Díaz de Melgarejo de Villarrica y está representada por la señora Lourdes González, la “contadora” de Friedmann, actualmente procesada por la fiscalía.

Millonarios contratos

En la página de la DNCP, también aparece el contrato firmado el 1 de noviembre de 2019 con la Gobernación de Caazapá para la Provisión de almuerzo escolar plurianual 2019-2020 por un monto de ₲ 10.590.510.000. Asimismo, el 24 de junio de este año en la Gobernación de Caaguazú la firma fue adjudicada para la Provisión de almuerzo escolar, bajo la modalidad de alimentos preparados en las escuelas (cocinando) por un monto total de ₲ 5.404.533.750.

Asimismo, figura el contrato con la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), donde bajo la administración de Patricia Samudio –también procesada por la Fiscalía- la empresa Eventos y Servicios SA fue adjudicada en una millonaria licitación para la provisión de almuerzo y cena para funcionarios de la planta de Mauricio José Troche, por un monto total de ₲ 1.758 millones.

Lla llegada de Friedmann a los círculos de poder, llámese Gobernación, Ministerio de Agricultura y Ganadería o Congreso Nacional, significó el despegue y posicionamiento de la empresa en la cual aportó inicialmente 1.700 millones de guaraníes de capital y que luego, le redituaba millonarios ingresos con los cuales el actual senador y su familia disfrutaban de un buen pasar, en medio de lujos.

 

Parientes de Friedmann intentaron sacar G. 2.000 millones de ESSA

Tras la imputación del ex ministro del MAG Rodolfo Friedmann, su esposa y otras cuatro personas relacionadas a la empresa y el bloqueo de sus bienes, desesperadamente intentaron vaciar todo lo que se podía de los bancos, por lo que el juez ordenó la detención de dos de los imputados que realizaron las transacciones.

POR LA NACIÓN

El juez penal de Garan­tías José Agustín Del­más ordenó ayer la captura y posterior prisión preventiva del primo del senador Rodolfo Friedmann, de nombre Silvio Álvaro Alfaro y de la contadora Lour­des Auxiliadora González de Melgarejo, quienes intenta­ron vaciar las cuentas ban­carias de la empresa Even­tos y Servicios SA, manejada por el legislador y que había dado la orden, pese a que un día antes fueron imputados y enajenado sus bienes.

Según la explicación dada desde el Ministerio Público, en la mañana del martes pasado, Elizabeth Leiva Álvarez, esposa de Silvio Álvaro Alfaro, llega hasta la sucursal del Banco Nacio­nal de Fomento en San Juan Nepomuceno y efectiviza un cheque de 500.000.000 de guaraníes a nombre de la empresa ESSA.

Simultáneamente, el her­mano de este, César Rodrigo Leiva Álvarez, llega hasta la ventanilla del BNF, en Villa­rrica, para efectivizar otro cheque por 500.000.000 de guaraníes y otro retiro de 1.441.822.667 guara­níes de la misma cuenta de ESSA, para lo cual pre­senta dos cheques endosa­dos por Lourdes Auxilia­dora González, contadora de Friedmann, quien es sabido recibe orden de su patrón el parlamentario.

Pero vaya sorpresa llevó el enviado, ya que la transac­ción no puedo ser efectivi­zada, porque que el banco ya tenía la resolución del juez José Agustín Delmás y los cheques tenían la firma de la contadora Lourdes Gonzá­lez, sobre quien ya pesaba la enajenación de bienes.

Ante esta situación, los fisca­les de la causa, Osmar Legal y Luis Said pidieron al juzgado la captura y la prisión pre­ventiva para Silvio Álvaro Alfaro, primo de Friedmann y de su contadora Lourdes González de Melgarejo, ya que entienden que pueden obstruir la investigación y no someterse a la Justicia.

Silvio Álvaro Alfaro fue imputado por administra­ción en provecho propio y lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación cri­minal en autoría.

Mientras que Lourdes Auxi­liadora González de Mel­garejo fue procesada por administración en provecho propio y lavado de dinero en calidad de cómplice y aso­ciación criminal en autoría.

Otros de los imputados son Marly Figueredo, esposa de Friedmann, el diputado Éver Noguera y Eduardo Domín­guez, ex secretario de la Gobernación del Guairá.

El caso deriva de cuando Friedmann era goberna­dor del Guairá (2013-2018) y que paralelamente tam­bién tenía el control de la empresa ESSA, que proveía el almuerzo escolar y con cheques de la mencionada firma realizó varias com­pras, sirviéndose de lujos y placeres, como un regalo a su esposa de una camio­neta Mercedes-Benz, de 109 mil dólares, que ahora fue secuestrada.

Además también se había comprado una obra de arte por 35 mil dólares, un cuadro de un pintor estadounidense y también un viaje a Río de Janeiro, que costó más de 5 mil dólares.

El caso también fue con­firmado por el ex socio de Friedmann, Hugo Alexander Torales, quien aseguró que el actual senador se quedaba con el 80 por ciento de las regalías de la empresa ESSA.

Torales primeramente era socio del diputado Éver Noguera y para inyectar capital a la empresa, este último sugirió a Torales incluir a Friedmann como socio y de esa manera ganar la licitación en la Goberna­ción del Guairá. Fue así que Friedmann ingresó como socio mayoritario en ESSA, donde metió a su gente de confianza para no aparecer directamente él.

OTRO DE LOS IMPUTADOS RECUSA A LOS FISCALES

Eduardo Domínguez, quien fuera secretario de Rodolfo Friedmann, en la Goberna­ción del Guairá, recusó al fis­cal Osmar Legal, recusación presentada en la mañana de ayer ante la mesa de entrada.

Como fiscal interino queda Luis Said quien era el coayu­dante de Legal para este caso que involucra al sena­dor Rodolfo Friedmann.

Según la imputación, durante la administración de Friedmann en la Gober­nación del Guairá, 2013 – 2018, Domínguez fungía de secretario, era el encargado de la secretaría privada. En ese sentido era una persona de absoluta confianza del gobernador y había estado en total conocimiento de los movimientos financie­ros que realizaba su jefe, y, tanta era la confianza, que el secretario efectuaba gestio­nes financieras con las cuen­tas personales del actual senador.

El mismo Domínguez era quien hizo los pagos a la empesa Cencar SA y Censu SA, como así también pro­movió pagos a una agencia de viajes para las vaca­ciones de su jefe a Río de Janeiro, con fondos prove­nientes de ESSA.

 

El negocio de la pandemia: sin licitar, Salud compra 50 respiradores con sobrecosto

El Ministerio de Salud operó a través de la oficina de las Naciones Unidas de servicios para proyectos (UNOPS) la compra de 50 respiradores de alta gama a un precio total de US 1.800.000 dólares americanos. Cada respirador costó Gs 96.000.000 pero el Ministerio de Salud pagó un precio final de Gs 244.000.000 por cada uno.


Fuente: La Caja Negra

Esta millonaria compra con dinero público se realizó al margen de la ley 2051 de Contrataciones Públicas sin licitación ni mecanismos de control. La UNOPS cobra además una comisión de oscila entre el 4% y el 8% sobre el valor del contrato por las “gestiones” realizadas lo que equivaldría a pagar un comisión de hasta US$ 144 mil dólares por la intermediación.

La empresa beneficiada con la compra gestionada por la UNOPS es Dysa Healthcare la misma que, según un informe de la Contraloría, vendió al Ministerio de Salud en abril pasado respiradores con 243% de sobrecosto tras un cuestionado proceso de adjudicación de tan solo 15 horas amparado en la “urgencia” impostergable.

La firma registra entre sus principales representantes a Ricardo Hellmers Fonseca, Florencia Llano de Hellmers y Ricard Arturo Hellmers Llano.

El equipo de La Caja Negra tuvo acceso a los registros de importación de los últimos 7 meses de la empresa Dysa Healthcare, en los mismos se puede observar el costo de los respiradores incluyendo flete y seguro.

Durante los meses de Marzo y Abril la empresa registra tres operaciones de importación. En marzo un respirador de origen Suiza–Singapur costaba US$ 11.540 dólares incluyendo flete y seguro.

En el mes de abril, en otro registro de importación, aparece una carga de 31 respiradores de procedencia americana a un costo unitario de US$ 10.611 dólares. Es decir, la empresa Dysa Healthcare compraba cada respirador por Gs 72 millones cada uno.

En abril esta misma empresa ofertó al Ministerio de Salud cada respirador a un precio de Gs 261.800.000. El sobrecosto fue estimado por la Contraloría en un 243% y la operación fue denunciada por un grupo de Diputados ante la fiscalía.

En las siguientes compras que aparecen en los registros de importación se puede observar que el costo CIF unitario (costo del producto, más seguro y flete) no varía de forma sustancial. El 30 de abril la empresa paga por otro cargamento de respiradores también de origen americano la suma de US$ 9.812 por cada uno.

La siguiente compra aparece registrada el 25 de junio con un cargamento de 39 respiradores de la marca “Bellavista” cada respirador costó US% 7.922 dólares.

Los últimos dos registros de importación aparecen en fecha 20 y 21 de julio. En ambas operaciones la empresa importó 30 respiradores en total a un costo máximo de US$ 14.098 dólares, al cambio actual equivale a Gs 96 millones pagados por cada respirador.

El contrato de adjudicación por US$ 1.800.000 a través de la UNOPS aparece registrado en fecha 16 de julio y considerando los registros de importación el precio máximo por unidad pagado por la empresa es de US$ 14.098 (Gs 96 millones al cambio); el sobrecosto en esta operación es del 154%. Cada respirador terminó costadole al Ministerio de Salud la suma Gs 244.000.0000 millones.

En total la firma perteneciente al clan Hellmers ya fue beneficiada con 3 millones de dólares por la compra de respiradores.

¿Por qué el Ministerio de Salud recurre a vías paralelas que no permiten la transparencia ni el control de las compras públicas que se hacen por la crisis sanitaria?

¿Por qué se benefició con otro contrato a la misma empresa denunciada por sobrefacturar respiradores?