Fueron semanas de seguimiento. El equipo del medio mencionado se instaló en el Departamento de Guairá siguiendo una pista que terminó por confirmarse. Por un lado, policías figurando en nómi­nas de las comisarías locales pero en realidad atendiendo sus negocios y por el otro, agentes policiales haciendo de guardia de seguridad en comercios.

El suboficial Juan Carlos Godoy figura como desta­cado en la Comisaría 9ª de Mbocayaty. Su prima es Norma Godoy, actual inten­denta de la ciudad. Durante los días que el equipo perio­dístico estuvo en Mboca­yaty, Juan Carlos Godoy estaba atendiendo con mucha dedicación su ferre­tería ubicada a metros de la comisaría local.

Suboficial Luis Pereira (recostado, con cartera al frente), de guardia frente a una cabina.

El pasado 8 de noviembre, Tierra de Nadie llamó –justo en el momento en que el agente policial estaba atendiendo su negocio– a la Comisaría 9ª. Atendió el teléfono el subcomisa­rio Osmar Fleitas, quien dijo que Godoy estaba tra­bajando y que de tarde se le podía ubicar. “Él está desti­nado a una cobertura fija en la cancha”, explicó Fleitas.

Al día siguiente, fecha 9 de noviembre, el equipo perio­dístico encaró al subofi­cial Godoy, quien se limitó a decir que estaba traba­jando y prácticamente huyó. No quiso responder cuando se le consultó qué hacía el día anterior en su ferrete­ría. El subcomisario Fleitas trató por todos los medios de cubrir a su subordinado. Dijo que tuvo que decir por teléfono que Godoy estaba patrullando porque no sabía el origen de la llamada que consultó por él.

UNA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA

El comisario Alfredo Ama­rilla es el director depar­tamental de la Policía en Guairá. Amarilla dice que él creó una nueva división dentro de la estructura poli­cial en su departamento, que es la de inteligencia. Este departamento, según los datos oficiales, está inte­grado por el suboficial Arís­tides Garcete.

Pero la historia de Garcete es peculiar. El equipo de Tie­rra de Nadie lo ubicó la pri­mera semana de este mes en su casa, ubicada en la zona urbana de Villarrica. Vestía short, una remera casual y un kepis. Sus manos esta­ban con restos de aserrín y su ropa tenía mucho polvo, algo muy natural para quien trabaja como carpintero. En efecto, Garcete es carpin­tero que trabaja de forma regular y en el barrio todos lo conocen como tal.

Garcete se encarga de hacer el mantenimiento de mue­bles de la comisaría departamental de Guairá y trabaja todos los días en su casa. A pesar de que todos estos elementos fueron expues­tos ante el comisario Ama­rilla, él siguió insistiendo en que Garcete es agente encubierto del departa­mento de inteligencia que él mismo creó, por lo que siguió defendiendo al car­pintero. Sin embargo, luego de varios minutos, recono­ció que había problemas en su unidad pero que se encargaría de resolverlos.

Para el Departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional, Garcete figura como personal de la comisaría departamental de Guairá, siempre según los documentos que se envían desde la comisaría. Eso sí, no existe ninguna división de inteligencia en dicha unidad policial. Además, el comi­sario Amarilla no tiene la capacidad legal para habili­tar dicha división, confirma­ron desde la propia Comandancia.

GUARDIAS PRIVADOS

La situación del oficial Julio Fariña de la Comisaría 3ª de Villarrica es el típico caso de “guardias priva­dos” que hacen efectivos policiales. Según datos ofi­ciales de la Comandancia, todo el departamento de Guairá tiene unos 440 ofi­ciales activos para atender la seguridad de los guaire­ños, algo que ante las evi­dencias, Fariña no cumple.

Lo que sí cumple Fariña es su rutina diaria de esta­cionar una camioneta sin chapa en una estación de servicio ubicada en el cen­tro mismo de Villarrica. El equipo de Tierra de Nadie lo filmó durante días cum­pliendo la misma labor; estacionarse en dicho local de venta de combustible y pasarse las horas tomando tereré, cuidando del local comercial.

Por lo que se pudo ver, Fariña se hizo conocido de los trabajadores de la esta­ción de servicio, ya que en los días en que el equipo periodístico estuvo por la zona, el agente policial mantuvo efusivas conversaciones con los trabajadores del lugar o con los clientes que llegaban hasta allí.

Otro agente es el suboficial Luis Pereira, que pertenece al Departamento de Investi­gación de Delitos de la Poli­cía de Guairá pero que se pasa prácticamente el día frente a una agencia telefó­nica de la capital guaireña. Allí, hablando con otros guardias de la zona o viendo su teléfono celular, Pereira se pasa como un guardia de seguridad más del local comercial.

El suboficial Antonio Vera es otro agente policial que está todo el día frente a un supermercado de Villarrica.

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LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES

La comisaria Elena Andrada, vocera de la Policía Nacional, dijo que requirió sobre estos cuestionamientos al comi­sario Amarilla de Guairá, quien le informó que desde que asumió el cargo encon­tró cosas “que no estaban bien” y que se comprometía a corregirlas.

El equipo periodístico contactó con el propio ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien aseguró que ningún policía puede hacer guardia de forma privada. Solamente los ban­cos pueden recibir cierta ayuda de seguridad, pero con un protocolo previo a ser cumplido, ya que por las características se considera a los bancos como lugares de posibles inten­tos de asalto.

Sobre el caso de los policías “planilleros”, Villamayor dijo que si corresponde, el ministerio realizará de ofi­cio una investigación sobre el tema.

Según la fuente de este equipo periodístico, existen cerca de 40 policías “planilleros” en Guairá y cerca de 120 trabajan como guardias privados. Queda en manos de Villamayor y el ministe­rio investigarlos.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).

De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.

Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.

En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.

Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.

🧐 La clásica estrategia de "apriete" del Grupo Zuccolillo al MEC.

📺 Vía "Arriba Hoy" | @SomosGEN pic.twitter.com/J1h40LIiRN

— Diario HOY Paraguay (@hoypy) January 9, 2024

La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.

Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.

Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.

Leé más: Calé acusa al Grupo Zuccolillo: “Su especialidad es falsificar cajetillas de cigarrillos”