• POR JORGE TORRES ROMERO

El denunciante sostiene que el esquema que había sido descubierto en la era Horacio Torres sigue intacto y que el actual presidente del ente, Mario Vega, no realizó cambios profundos en la institución al punto de avalar lo actuado por el ex director del ente para el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, quien está procesado por cohecho pasivo, es decir coima.

Peralta Vega explica que el despojo es un esquema que se ins­taló en el Indert desde hace 2 períodos, ya en los gobier­nos anteriores. El modus ope­randi funciona cuando hay un interés sobre un determinado lote fiscal, entonces, se arma un expediente paralelo que se tramita totalmente a escon­didas y el interesado en ese lote aparece como supuesto ocupante poseedor y dueño de las mejoras.

Entonces, ¿qué hacen los fun­cionarios del Indert? Fal­sean un acta de verificación. A partir de ese documento comienza la maquinaria, tanto policial como judi­cial y del Indert para el des­pojo a los verdaderos posee­dores de esos lotes fiscales. Una vez que se hace la veri­ficación, sale la adjudicación y se inician demandas judi­ciales fraudulentas para des­pojar a los poseedores o, en caso de que no se puedan lle­var adelante demandas frau­dulentas, contratan sicarios o mercenarios para echar a las personas que se encuen­tran en los lotes fiscales. “En el caso nuestro contrataron a un mercenario que se llama Alfredo Fischer, una per­sona que participó y cola­boró según los investigadores en el rescate y liberación del narcotraficante Jorge Teó­filo González, alias Samura, y la muerte del comisario Ferrari”, señaló el abogado Peralta Vega.

Explicó que Fischer se pre­sentó ante el Indert y dijo ser el administrador de una propie­dad que se ocupó de manera ilegal. “Se presenta como supuesto administrador de la propiedad. Este señor fue detenido por supuesto apoyo a los criminales, lo que nos da la pauta de qué tipo de perso­nas están detrás de todo esto. Este esquema es el que se está usando para despojar a los verdaderos poseedores de los lotes fiscales. Lo que a noso­tros nos pasó es que nos des­pojaron y cuando volvimos a nuestro establecimiento, nos encontramos con que fue saqueado”, lamentó.

En otro momento, señaló que la coima solicitada por los funcionarios comanda­dos por el abogado Enrique Gómez de la Fuente –ex direc­tor del área Chaco del Indert, actualmente procesado por coima– para evitar el despojo ronda los 30 dólares por hec­tárea. En este caso se habla de una propiedad de 16.000 hectáreas por 4 lotes de 4.000 hectáreas cada uno para el cambio de propietario.

En este caso, el solicitante había realizado incluso todos los trámites legales y las mejo­ras que exigen la ley y el esta­tuto agrario. “Cuando no se ponen de acuerdo con mi cliente y no acepta pagar la coima, ellos (los funciona­rios) venden a 4 personas que aparecen como nuevos solici­tantes que son los adjudicados con nuestros lotes. Eso hizo Gómez de la Fuente con nues­tros lotes, específicamente María Alejandra González es la persona que supuestamente se adjudicó los lotes. Ella hace la solicitud de verificación y la supuesta ocupación. Ahí Gómez de la Fuente se autode­signa verificador. Esta señorita tiene 27 años y es de profesión estudiante. Tuvo que haber pagado unos 400 millones de guaraníes por cada lote para adjudicarse supuestamente. Lo más probable es que sean prestanombres de los que realmente están detrás de estos lotes fiscales”, aseguró el abogado.

ES UNA VERDADERA MAFIA

Según relató el abogado Peralta Vega en el programa La Caja Negra, es una ver­dadera mafia la que opera y recordó que un grupo armado comandado por Alfredo Fis­cher se presentó en nombre de Tania González, beneficiaria supuestamente de una de las propietarias, hermana menor de María Alejandra González. “Ahí empieza nuestro calvario, hasta hoy día no hay ningún solo imputado ni procesado al respecto. Hay 2 denuncias en la Fiscalía que no han tenido ningún avance. El fiscal Héc­tor Velázquez tiene una denun­cia y el otro caso sobre el hurto en la estancia está a cargo del fiscal Andrés Arriola, que tiene un hijo que trabaja en el Indert. Robaron tractores, generadores y se llevaron todo lo que había y la mitad de los anima­les. Hace 4 meses que esta­mos detrás de las denuncias y no hay ni un solo imputado”, destacó.

Recordó que cuando estalló el escándalo del Indert hace unos meses, las carpetas de su cliente formaron parte de la auditoría que se practicó en la institución, ordenada por el presidente del ente, Mario Vega, ante las graves denun­cias. “En ese momento, ellos debían cancelar los pedidos. Sin embargo, se otorgaron 3 de los 4 títulos en discusión. Es un negocio que mueve mucho dinero y no va a termi­nar. Y para colmo, los cuatro expedientes están desapa­recidos en el Indert actual­mente”, afirmó el abogado.

La mafia del INDERT.
Esquema de aprietes. La rosca sigue intacta.
Ganadero extorsionado urge que juez destrabe caso.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/GD2l8Tgneq

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) February 19, 2020

JUEZ PREVARICÓ

El juez de Mariscal Estiga­rribia, Chaco, Aníbal Ortiz Granada, tiene una “forma particular” de tramitar los expedientes cuando hay un caso que le interesa. El magis­trado no registró las cuatro demandas para restituir y entregar los inmuebles a estas 4 personas. “Nosotros nos apersonamos el vier­nes pasado y presentamos la demanda de nulidad, revi­samos el libro y no apare­cían las demandas. Estaban otras relacionadas con este caso, pero no estaban. Hoy (por ayer) recurrimos a la Comandancia de la Policía y encontramos que existen los 4 mandamientos de restitu­ción de los inmuebles contra cualquier ocupante precario”, relató el abogado.

Añadió que el juez Ortiz Gra­nada le califica a su cliente ganadero de ocupante preca­rio cuando que tienen reso­luciones judiciales que con­firman la restitución de los inmuebles. “El comandante, si ordena el desalojo, estará incurriendo en desacato por­que hay 3 mandatos judiciales anteriores con prohibición de innovar. Si ocurre esto, hay connivencia de la Policía”, insistió Peralta Vega.

Finalmente, el abogado dijo que no existe seguridad jurí­dica y lamentó que haya jue­ces venales como el caso de Ortiz Granada que se presta a este tipo de fraudes.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).

De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.

Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.

En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.

Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.

🧐 La clásica estrategia de "apriete" del Grupo Zuccolillo al MEC.

📺 Vía "Arriba Hoy" | @SomosGEN pic.twitter.com/J1h40LIiRN

— Diario HOY Paraguay (@hoypy) January 9, 2024

La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.

Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.

Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.

Leé más: Calé acusa al Grupo Zuccolillo: “Su especialidad es falsificar cajetillas de cigarrillos”