Revelan mecanismo de la coima: esquema delictivo del Indert goza de buena salud

Raúl Peralta Vega, abogado del ganadero Rolando Fernández, el mismo que se había negado a pagar una coima de US$ 460 mil y por ello le despojaron de sus tierras, aseguró que el Indert es un órgano de recaudación de los muchachos.

  • POR JORGE TORRES ROMERO

El denunciante sostiene que el esquema que había sido descubierto en la era Horacio Torres sigue intacto y que el actual presidente del ente, Mario Vega, no realizó cambios profundos en la institución al punto de avalar lo actuado por el ex director del ente para el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, quien está procesado por cohecho pasivo, es decir coima.

Peralta Vega explica que el despojo es un esquema que se ins­taló en el Indert desde hace 2 períodos, ya en los gobier­nos anteriores. El modus ope­randi funciona cuando hay un interés sobre un determinado lote fiscal, entonces, se arma un expediente paralelo que se tramita totalmente a escon­didas y el interesado en ese lote aparece como supuesto ocupante poseedor y dueño de las mejoras.

Entonces, ¿qué hacen los fun­cionarios del Indert? Fal­sean un acta de verificación. A partir de ese documento comienza la maquinaria, tanto policial como judi­cial y del Indert para el des­pojo a los verdaderos posee­dores de esos lotes fiscales. Una vez que se hace la veri­ficación, sale la adjudicación y se inician demandas judi­ciales fraudulentas para des­pojar a los poseedores o, en caso de que no se puedan lle­var adelante demandas frau­dulentas, contratan sicarios o mercenarios para echar a las personas que se encuen­tran en los lotes fiscales. “En el caso nuestro contrataron a un mercenario que se llama Alfredo Fischer, una per­sona que participó y cola­boró según los investigadores en el rescate y liberación del narcotraficante Jorge Teó­filo González, alias Samura, y la muerte del comisario Ferrari”, señaló el abogado Peralta Vega.

Aníbal Ortiz Granada, juez.

Explicó que Fischer se pre­sentó ante el Indert y dijo ser el administrador de una propie­dad que se ocupó de manera ilegal. “Se presenta como supuesto administrador de la propiedad. Este señor fue detenido por supuesto apoyo a los criminales, lo que nos da la pauta de qué tipo de perso­nas están detrás de todo esto. Este esquema es el que se está usando para despojar a los verdaderos poseedores de los lotes fiscales. Lo que a noso­tros nos pasó es que nos des­pojaron y cuando volvimos a nuestro establecimiento, nos encontramos con que fue saqueado”, lamentó.

En otro momento, señaló que la coima solicitada por los funcionarios comanda­dos por el abogado Enrique Gómez de la Fuente –ex direc­tor del área Chaco del Indert, actualmente procesado por coima– para evitar el despojo ronda los 30 dólares por hec­tárea. En este caso se habla de una propiedad de 16.000 hectáreas por 4 lotes de 4.000 hectáreas cada uno para el cambio de propietario.

En este caso, el solicitante había realizado incluso todos los trámites legales y las mejo­ras que exigen la ley y el esta­tuto agrario. “Cuando no se ponen de acuerdo con mi cliente y no acepta pagar la coima, ellos (los funciona­rios) venden a 4 personas que aparecen como nuevos solici­tantes que son los adjudicados con nuestros lotes. Eso hizo Gómez de la Fuente con nues­tros lotes, específicamente María Alejandra González es la persona que supuestamente se adjudicó los lotes. Ella hace la solicitud de verificación y la supuesta ocupación. Ahí Gómez de la Fuente se autode­signa verificador. Esta señorita tiene 27 años y es de profesión estudiante. Tuvo que haber pagado unos 400 millones de guaraníes por cada lote para adjudicarse supuestamente. Lo más probable es que sean prestanombres de los que realmente están detrás de estos lotes fiscales”, aseguró el abogado.

ES UNA VERDADERA MAFIA

Según relató el abogado Peralta Vega en el programa La Caja Negra, es una ver­dadera mafia la que opera y recordó que un grupo armado comandado por Alfredo Fis­cher se presentó en nombre de Tania González, beneficiaria supuestamente de una de las propietarias, hermana menor de María Alejandra González. “Ahí empieza nuestro calvario, hasta hoy día no hay ningún solo imputado ni procesado al respecto. Hay 2 denuncias en la Fiscalía que no han tenido ningún avance. El fiscal Héc­tor Velázquez tiene una denun­cia y el otro caso sobre el hurto en la estancia está a cargo del fiscal Andrés Arriola, que tiene un hijo que trabaja en el Indert. Robaron tractores, generadores y se llevaron todo lo que había y la mitad de los anima­les. Hace 4 meses que esta­mos detrás de las denuncias y no hay ni un solo imputado”, destacó.

Recordó que cuando estalló el escándalo del Indert hace unos meses, las carpetas de su cliente formaron parte de la auditoría que se practicó en la institución, ordenada por el presidente del ente, Mario Vega, ante las graves denun­cias. “En ese momento, ellos debían cancelar los pedidos. Sin embargo, se otorgaron 3 de los 4 títulos en discusión. Es un negocio que mueve mucho dinero y no va a termi­nar. Y para colmo, los cuatro expedientes están desapa­recidos en el Indert actual­mente”, afirmó el abogado.

JUEZ PREVARICÓ

El juez de Mariscal Estiga­rribia, Chaco, Aníbal Ortiz Granada, tiene una “forma particular” de tramitar los expedientes cuando hay un caso que le interesa. El magis­trado no registró las cuatro demandas para restituir y entregar los inmuebles a estas 4 personas. “Nosotros nos apersonamos el vier­nes pasado y presentamos la demanda de nulidad, revi­samos el libro y no apare­cían las demandas. Estaban otras relacionadas con este caso, pero no estaban. Hoy (por ayer) recurrimos a la Comandancia de la Policía y encontramos que existen los 4 mandamientos de restitu­ción de los inmuebles contra cualquier ocupante precario”, relató el abogado.

Añadió que el juez Ortiz Gra­nada le califica a su cliente ganadero de ocupante preca­rio cuando que tienen reso­luciones judiciales que con­firman la restitución de los inmuebles. “El comandante, si ordena el desalojo, estará incurriendo en desacato por­que hay 3 mandatos judiciales anteriores con prohibición de innovar. Si ocurre esto, hay connivencia de la Policía”, insistió Peralta Vega.

Finalmente, el abogado dijo que no existe seguridad jurí­dica y lamentó que haya jue­ces venales como el caso de Ortiz Granada que se presta a este tipo de fraudes.

 

Intendente de Villa Hayes repartió sueldos a operadores políticos

El intendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, quien copó con sus familiares y parientes el municipio, también benefi­ció con sueldos a sus amigos y operadores políticos.


Fuente: La Nación

investigacion@gruponacion.com.py

Además del escandaloso nepotismo que apadrina en la comuna chaqueña, Ríos Ayala también efectuó pagos en concepto de honorarios profesionales y por servi­cios, y los beneficiados fue­ron nada más y nada menos que sus amigos y operadores políticos.

La Contraloría General de la República (CGR) comunicó a la Intendencia una serie de observaciones y entre ellas menciona pagos de más de G. 500 millones en concepto de honorarios profesionales a 23 beneficiarios, financiados con fondos genuinos y juegos de azar, sin informes de los trabajos realizados.

Se registraron pagos de G. 247 millones en el segundo semestre del ejercicio fis­cal 2018 y la suma de G. 261 millones del 1 de enero al 31 de julio del 2019.

La auditoría señala que en los legajos de rendición de cuen­tas no se observaron infor­mes de los trabajos realizados que justifiquen la erogación efectuada.

En la lista de beneficiarios saltan radialistas conocidos en la zona como hurreros de Ríos Ayala, educadores, etc.

AMIGOS DE LA COMISIÓN

Otra observación de la Con­traloría menciona pagos en concepto de servicios de aseo, mantenimiento y reparacio­nes por G. 165 millones en el segundo semestre del 2018 y la suma de G. 342 millones del 1 de enero al 31 de julio del 2019, sin notas de recepción e informe técnico del trabajo realizado.

Juan Krauper Jiménez es amigo del intendente, tam­bién vinculado a una “comi­sión de ayuda social” de nom­bre Oñondivepa, quien junto con la familia del jefe comu­nal también tuvo su recom­pensa. Cobró buenas sumas de dinero y el concepto era por limpieza de cuadras y veredas.

En agosto del 2018 percibió G. 5.400.000 por limpieza de 54 cuadras y otros G. 2.500.000 por una baranda para puente. En noviembre del 2018 reci­bió un pago de G. 4.200.000 por limpieza de 42 cuadras y en marzo del 2019 igual monto, mientras que en abril cobró G. 2.100.000.

El informe también subraya que se realizaron pagos en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2018 en con­cepto de servicios técnicos y profesionales por G. 226 millones y del 1 de enero del 2019 al 31 de julio por G. 277 millones, y que la rendición de cuentas carece de docu­mentos de carácter obliga­torio.

Añade que no se observa­ron documentos como la resolución de adjudicación y autorización de contrato; en algunos casos ni siquiera se adjunta el contrato, la orden de compra y/o servicio ni el informe mensual de activi­dades realizadas por el con­tratado.

ADMINISTRACIÓN DESPROLIJA

Otra observación de la Con­traloría se refiere a deficien­cias en los documentos de respaldo para pagos en concepto de jornales.

Menciona el informe que no se adjuntan a los legajos la planilla de asistencia y la resolución que autoriza el contrato y el pago, la cons­tancia de la Secretaría de la Función Pública de no ser funcionarios públicos, fotocopia del RUC o decla­ración de no ser contribu­yente ni fotocopia de cédula de identidad.

NEPOTISMO

La CGR también menciona nombramientos y contratos de familiares y parientes del intendente, en contravención a lo establecido en la Ley Nº 5.295 “Que prohíbe el nepo­tismo en la función pública”.

En el informe aparecen las hermanas del jefe comunal, Graciela y Beatriz Ríos Ayala; su hijo, David Ríos Isasi, su sobrina Mónica Cabrera Aquino y su yerno Luis Mar­celo de los Ríos Ayala.

Este diario había publicado en julio del 2019 la nómina de parientes del intendente en el municipio y eran enton­ces una decena.

No está demás recordar que Esteban Ríos Ayala tiene encima una denuncia penal por este y otros hechos.

EMITIÓ SU DESCARGO

La Contraloría debe expe­dir un informe final una vez concluido el análisis del des­cargo que presentó semanas atrás el intendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, ante la serie de observacio­nes a su administración tras una auditoría.

El pasado 8 de enero se dio entrada en el municipio al escrito de la CGR que detalla las faltas de la administración de Ríos Ayala.

Desde el municipio cha­queño se filtró el documento y algunas de las situaciones detectadas podrían consti­tuir hechos punibles.

 

Contrataciones anula adjudicación de MOPC tras protesta de firma local

El Ministerio de Arnoldo Wiens no pudo explicar por qué rechazó la oferta.


Fuente: La Nación

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hizo lugar a la protesta del Grupo Reimpex contra la adjudicación del Ministerio de Obras para la adquisición de 13 camionetas tipo pickup y ordenó retrotraer el proceso licitatorio a la etapa de evaluación de ofertas.

La empresa local participó de la licitación, pero fue descalificada por el MOPC que intentó justificar su decisión con explicaciones confusas. Alegó que Reimpex no pudo aclarar por qué el vehículo que ofrecía era tan barato.

El Grupo Reimpex presentó la mejor oferta en la licitación ofreciendo sus camionetas de la marca JAC, que son ensambladas en nuestro país. Fijó el precio de G. 174.915.000 por cada unidad, que en total suman G. 2.273 millones.

Por el otro lado, la firma adjudicada, Tape Ruvicha, presentó la segunda mejor oferta de G. 195 millones por cada camioneta, totalizando G. 2.535 millones. Es decir, el MOPC optó por comprar camionetas que están G. 20 millones más caras que las ofrecidas por Reimpex.

Cabe recordar que, en principio, el llamado estaba dirigido a vehículos de una marca específica comercializada en el mercado. Pero, tras protestas de oferentes, las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones se redujeron, no así el precio referencial.

El Ministerio de Obras fijó su precio de referencia en G. 310 millones por cada camioneta y todos los oferentes estuvieron con sus ofertas muy por debajo de ese estimativo. Cuando el precio ofertado es 30% más bajo que el referencial, se debe pedir al oferente la composición de su precio, según establece la DNCP.

De acuerdo con la cartera de Obras, Reimpex presentó un precio irrisorio y “no demostró la solvencia que se pretende en la adquisición de camionetas 4x4 doble cabina, diésel, intercooler rail (…)”.

La resolución 5.349 de Contrataciones Públicas, que hace lugar a la protesta de Reimpex, menciona que el fundamento del MOPC por el cual rechazó el desglose de precios presentado por la firma local no resulta suficiente.

“(…) Al habérsele solicitado a la firma el desglose de composición del precio ofertado, y habiendo esta remitido un desglose, su descalificación no se podría limitar en sustentar en que el precio ofertado se encontraba por debajo del precio referencial establecido en las bases del llamado”, expresa parte de la resolución de fecha 13 de diciembre.

DESPRECIO

En el MOPC subestimaron la calidad de los vehículos que son ensamblados en nuestro país. Desde la Dirección de Comunicación habían afirmado que “se optó por un bien que tiene mayor solvencia y durabilidad en el tiempo”, por eso dejaron fuera de competencia a la industria nacional.

Estas expresiones no cayeron bien en la empresa porque representan a una prestigiosa firma internacional en el país y deben cuidar la marca.

Jorge Samaniego, presidente del Grupo Reimpex, instó a que el Estado priorice la compra de vehículos ensamblados en el país. “Nosotros somos industria nacional, por ley tenemos una preferencia, eso quiere decir que nosotros podemos vender más caro; hasta 20% más que la mejor oferta yo sigo teniendo preferencia, nosotros no hemos abusado de dicha preferencia”, expresó.

El Ministerio de Obras todavía no comunicó a la Dirección de Contrataciones el resultado de la nueva evaluación de ofertas, pero aún tiene plazo para hacerlo.

 

Millonaria red de fibra óptica: cinco meses de retraso por desidia del Mitic

Alegando la necesi­dad de contar “en la brevedad posible” con la provisión de los equi­pamientos para la instalación y amplia­ción de la red nacional de fibra óptica, el Ministerio a cargo de Alejan­dro Peralta Vierci, aceleró el trámite para concretar la licitación para la red nacional de fibra óptica. A la fecha, las obras registran más de 5 meses de retrasos por desidia de las autoridades del Mitic.


Fuente: La Caja Negra

Pese a la premura inicial para adjudicar y otorgar los primeros desembolsos, a la fecha el proyecto cuenta con importante atraso en su ejecución por responsabilidad del Ministerio a cargo de Peralta Vierci. La inversión es de 12 millones de dólares y el proyecto busca lograr la conectividad a nivel nacional.

El equipo de la Caja Negra accedió a documentos en los que la empresa que ganó la licitación deja constancia del atraso en la ejecución y puesta en marcha del proceso. Responsabilizan de dicho a atraso a las autoridades del Mitic.

La empresa Celexx S.A. fue la adjudicada el pasado 18 de diciembre de 2018, según Resolución Mitic N° 069 por un monto total de G. 71.820 millo­nes unos US$ 12 millones.

La empresa responsable de la ejecución del proyecto envió dos notas dirigidas al ministro Alejandro Peralta Vierci y a Hugo Tarabini, director de Infraestructura, en las que denuncia el atraso en la ejecución de los trabajos debido a que el Mitic no ha garantizado las condiciones técnicas y administrativas necesarias.


Citan en la nota que “las adecuaciones civiles y técnicas previas necesarias para las instalaciones de los equipos no fueron ejecutadas”. La empresa deslinda responsabilidad y asegura que hasta agosto el cronograma registra 5 meses de atraso.

En otra parte de la nota la empresa menciona que estos atrasos generan sobre costos al proyecto que, por el momento, están siendo absorbidos por ellos. No descartan que eventualmente estos gastos extra pasen a cargo del Estado.



En el pliego de bases y condiciones de esta licitación se exigía la provisión de bie­nes específicamente de la marca Huawei, con lo cual se atentaba contra la libre competencia y, en definitiva, en violación a la Ley 2051 de Contrata­ciones Públicas.

El propio Peralta Vierci admitió que el proceso se orientó para que la marca Huawei se quede con la licitación de 12 millones de dólares. El ministro se excusó alegando una supuesta dependencia tecnológica y la supuesta necesidad de garantizar la compatibilidad de los equipos.

No existen argumentos suficientes que justifiquen la adquisición de equipos única y exclusivamente de la marca Huawei. Las redes nuevas podían ser desplegadas de manera independiente a las redes existentes sin necesidad de obligar al Estado paraguayo a adquirir la marca Huawei.


En la página de la DNCP, se observa que luego de comunicada la adjudica­ción a los demás oferentes, el 18 de diciembre, había una premura para efectuar el primer desembolso de G. 14.400 millones, de los G. 71.820 millones adjudica­dos. Este desembolso se concretó el pasado 22 de diciembre.

¿Cómo se explica el apuro inicial para concretar el jugoso contrato y que ahora estén acusados de generar retrasos por más 5 meses en la ejecución del proyecto?