• POR JORGE TORRES ROMERO

El denunciante sostiene que el esquema que había sido descubierto en la era Horacio Torres sigue intacto y que el actual presidente del ente, Mario Vega, no realizó cambios profundos en la institución al punto de avalar lo actuado por el ex director del ente para el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, quien está procesado por cohecho pasivo, es decir coima.

Peralta Vega explica que el despojo es un esquema que se ins­taló en el Indert desde hace 2 períodos, ya en los gobier­nos anteriores. El modus ope­randi funciona cuando hay un interés sobre un determinado lote fiscal, entonces, se arma un expediente paralelo que se tramita totalmente a escon­didas y el interesado en ese lote aparece como supuesto ocupante poseedor y dueño de las mejoras.

Entonces, ¿qué hacen los fun­cionarios del Indert? Fal­sean un acta de verificación. A partir de ese documento comienza la maquinaria, tanto policial como judi­cial y del Indert para el des­pojo a los verdaderos posee­dores de esos lotes fiscales. Una vez que se hace la veri­ficación, sale la adjudicación y se inician demandas judi­ciales fraudulentas para des­pojar a los poseedores o, en caso de que no se puedan lle­var adelante demandas frau­dulentas, contratan sicarios o mercenarios para echar a las personas que se encuen­tran en los lotes fiscales. “En el caso nuestro contrataron a un mercenario que se llama Alfredo Fischer, una per­sona que participó y cola­boró según los investigadores en el rescate y liberación del narcotraficante Jorge Teó­filo González, alias Samura, y la muerte del comisario Ferrari”, señaló el abogado Peralta Vega.

Explicó que Fischer se pre­sentó ante el Indert y dijo ser el administrador de una propie­dad que se ocupó de manera ilegal. “Se presenta como supuesto administrador de la propiedad. Este señor fue detenido por supuesto apoyo a los criminales, lo que nos da la pauta de qué tipo de perso­nas están detrás de todo esto. Este esquema es el que se está usando para despojar a los verdaderos poseedores de los lotes fiscales. Lo que a noso­tros nos pasó es que nos des­pojaron y cuando volvimos a nuestro establecimiento, nos encontramos con que fue saqueado”, lamentó.

En otro momento, señaló que la coima solicitada por los funcionarios comanda­dos por el abogado Enrique Gómez de la Fuente –ex direc­tor del área Chaco del Indert, actualmente procesado por coima– para evitar el despojo ronda los 30 dólares por hec­tárea. En este caso se habla de una propiedad de 16.000 hectáreas por 4 lotes de 4.000 hectáreas cada uno para el cambio de propietario.

En este caso, el solicitante había realizado incluso todos los trámites legales y las mejo­ras que exigen la ley y el esta­tuto agrario. “Cuando no se ponen de acuerdo con mi cliente y no acepta pagar la coima, ellos (los funciona­rios) venden a 4 personas que aparecen como nuevos solici­tantes que son los adjudicados con nuestros lotes. Eso hizo Gómez de la Fuente con nues­tros lotes, específicamente María Alejandra González es la persona que supuestamente se adjudicó los lotes. Ella hace la solicitud de verificación y la supuesta ocupación. Ahí Gómez de la Fuente se autode­signa verificador. Esta señorita tiene 27 años y es de profesión estudiante. Tuvo que haber pagado unos 400 millones de guaraníes por cada lote para adjudicarse supuestamente. Lo más probable es que sean prestanombres de los que realmente están detrás de estos lotes fiscales”, aseguró el abogado.

ES UNA VERDADERA MAFIA

Según relató el abogado Peralta Vega en el programa La Caja Negra, es una ver­dadera mafia la que opera y recordó que un grupo armado comandado por Alfredo Fis­cher se presentó en nombre de Tania González, beneficiaria supuestamente de una de las propietarias, hermana menor de María Alejandra González. “Ahí empieza nuestro calvario, hasta hoy día no hay ningún solo imputado ni procesado al respecto. Hay 2 denuncias en la Fiscalía que no han tenido ningún avance. El fiscal Héc­tor Velázquez tiene una denun­cia y el otro caso sobre el hurto en la estancia está a cargo del fiscal Andrés Arriola, que tiene un hijo que trabaja en el Indert. Robaron tractores, generadores y se llevaron todo lo que había y la mitad de los anima­les. Hace 4 meses que esta­mos detrás de las denuncias y no hay ni un solo imputado”, destacó.

Recordó que cuando estalló el escándalo del Indert hace unos meses, las carpetas de su cliente formaron parte de la auditoría que se practicó en la institución, ordenada por el presidente del ente, Mario Vega, ante las graves denun­cias. “En ese momento, ellos debían cancelar los pedidos. Sin embargo, se otorgaron 3 de los 4 títulos en discusión. Es un negocio que mueve mucho dinero y no va a termi­nar. Y para colmo, los cuatro expedientes están desapa­recidos en el Indert actual­mente”, afirmó el abogado.

La mafia del INDERT.
Esquema de aprietes. La rosca sigue intacta.
Ganadero extorsionado urge que juez destrabe caso.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/GD2l8Tgneq

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) February 19, 2020

JUEZ PREVARICÓ

El juez de Mariscal Estiga­rribia, Chaco, Aníbal Ortiz Granada, tiene una “forma particular” de tramitar los expedientes cuando hay un caso que le interesa. El magis­trado no registró las cuatro demandas para restituir y entregar los inmuebles a estas 4 personas. “Nosotros nos apersonamos el vier­nes pasado y presentamos la demanda de nulidad, revi­samos el libro y no apare­cían las demandas. Estaban otras relacionadas con este caso, pero no estaban. Hoy (por ayer) recurrimos a la Comandancia de la Policía y encontramos que existen los 4 mandamientos de restitu­ción de los inmuebles contra cualquier ocupante precario”, relató el abogado.

Añadió que el juez Ortiz Gra­nada le califica a su cliente ganadero de ocupante preca­rio cuando que tienen reso­luciones judiciales que con­firman la restitución de los inmuebles. “El comandante, si ordena el desalojo, estará incurriendo en desacato por­que hay 3 mandatos judiciales anteriores con prohibición de innovar. Si ocurre esto, hay connivencia de la Policía”, insistió Peralta Vega.

Finalmente, el abogado dijo que no existe seguridad jurí­dica y lamentó que haya jue­ces venales como el caso de Ortiz Granada que se presta a este tipo de fraudes.

La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. El refrán sur­gido de un pasaje bíblico puede explicar tranquila­mente el actuar del multime­dio Abc Color cuando se trata de hablar de casos de lavado de dinero.

El diario emblema del Grupo Zuccolillo, además de sus radios y su canal de televi­sión, se ha dedicado durante años a criticar con fuerza la supuesta falta de acción por parte de las autoridades en el combate contra el lavado de dinero en Paraguay.

De hecho, como se puede observar en la gráfica más arriba, el grupo económico realizó varias editoriales expresando su opinión al respecto.

En su edición del 12 de enero de 2021, la empresa periodística criticaba a los organismos de inves­tigación diciendo que “los peces gordos pueden nadar tranquilos”.

“Nuestro país ha aprobado varias leyes en la materia, pero los peces gordos de la delincuencia saben que no tendrán por qué preocu­parse mientras los organis­mos estatales se limiten a actuar como engañabobos, controlando pequeñas ope­raciones en vez de perseguir el contrabando, el narcotrá­fico y la corrupción”, señalaba el editorial.

Hace apenas unos días, Abc publicó un extenso informe refritando la información de que se habría utilizado dinero proveniente del narcotrá­fico para comprar la casa de verano que el senador Erico Galeano poseía en un barrio cerrado en Altos.

Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, vinculado a operaciones con banco Atlas

SE OLVIDAN DE SU CLIENTE

Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, consi­derado como el mayor narco­traficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus ope­raciones aparece un millona­rio préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.

El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realiza­ría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.

En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millo­nes a la firma Biocombustible Brasilero (Biobras), cuyo presi­dente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en rea­lidad un modesto tractorista.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipoteca­ria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estan­cia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cues­tión ya estaba a cargo de Sena­bico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de con­tratar sobre el mismo.

CASI CONSIGUIERON REMATE

En el contexto de las clási­cas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado.

Este remate buscaba recu­perar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testafe­rro del narcotraficante.

El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comer­cial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múlti­ples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, desta­cando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.

Con esta maniobra judi­cial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones recla­mada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.

Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudi­carse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recu­perar activos del crimen orga­nizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.

EL MAYOR LAVADOR

En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la enton­ces ministra de la Senabico Teresa Rojas había confir­mado que Cabeza Branca superaba el nivel de inver­sión del también brasileño Darío Messer.

• Unidad de Investigación Nación Media
• investigacion@nacionmedia.com

Por Cinthia Mora, periodista.

La campaña de perse­cución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alca­raz, con el objetivo de invo­lucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se inves­tiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.

En agosto de 2023, al asu­mir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los gra­ves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la apli­cación de protocolos para evi­tar tales situaciones y corre­gir los malos manejos.

Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funciona­rios asignados a la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico y la apli­cación de los protocolos reco­mendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministe­rio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Can­tero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.

Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministe­rio Público aportaron infor­mación relevante que permi­tieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.

El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)

EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS

Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos infor­mes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera.

La respuesta de la Sepre­lad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brú­jula” de la investigación fis­cal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este docu­mento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.

El documento secreto fue uti­lizado como base para la ela­boración del informe de inte­ligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministe­rio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “informa­ción espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institu­ción. En el borrador se intro­dujo información falsa y ter­giversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución polí­tica ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.

El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electróni­cos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcio­narios de la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Sepre­lad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.

En estos correos se detalla la manera en que fue incorpo­rado el documento secreto, redactado por Farías y Fer­nández, al circuito institucio­nal de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos tam­bién se ordenaba incorporar al documento oficial infor­mación tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.

DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC

Publicaciones de tinte mali­cioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sis­tema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.

La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencio­nado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extran­jero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercam­biar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el minis­tro de Seprelad Carlos Arre­gui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.