Cabe recordar que a duras penas la Fiscalía abrió una investigación al ex jefe depar­tamental luego de que pobla­dores de la zona lo hayan denunciado por “lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, apropiación”.

Hasta ahora nada trascendió de la pesquisa que en teoría lleva el Ministerio Público, que en algunos casos realiza veloces investigaciones y en otros, no.

La perforación de pozos arte­sianos a precios muchos más caros con relación a los paga­dos por otras instituciones salta como nuevo indicio de despilfarro de la administra­ción Friedmann. Compara­tivos de precios en el portal de la Dirección de Contrata­ciones Públicas (DNCP) evi­dencian groseras sobrefactu­raciones en su época de jefe departamental.

Adjudicaciones de pozos artesianos el mismo año en varias instituciones del Estado muestran que nor­malmente el trabajo cuesta entre G. 84 millones y G. 132 millones, en algunos casos se disparan a G. 200 millo­nes pero incluyendo provi­sión de transformadores. Sin embargo, Friedmann pagó G. 300 millones por el ser­vicio de perforación de cada pozo mediante una licitación denunciada como amañada desde sus inicios por conce­jales departamentales de su época.

La compra corresponde al 2016. La Junta Departa­mental había cuestionado ya duramente el contrato pero todo quedó en la nada.

SOBREPRECIOS

En la web de la DNCP figura que Friedmann optó por el servicio de perforación más costoso. Teniendo una oferta de G. 589 millones adjudicó por G. 1.498 millones, sin embargo, ambos proveedo­res cotizaron propuestas idénticas.

La Gobernación de Itapúa construyó pozo artesiano por G. 132 millones, menos de la mitad de los G. 300 millones que pagó Rodolfo Friedmann en el 2016. Los ítems son igua­les, pero en Guairá se inflaron los costos de algunos de ellos y así se duplicó el valor unita­rio final.

Por ejemplo, en el traslado de las maquinarias. Lo que a la empresa Formighieri SA, que construyó el pozo en Itapúa, costó G. 1.500.000, a Fried­mann con la empresa adju­dicada Engineering SA salió G. 13.000.000. Comparamos también con la construcción del pozo en la localidad de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, donde la empresa La Fortaleza presupuestó G. 2.500.000, para el traslado de las maquinarias, monto mucho menor a lo que pagó el ex gobernador con la plata del Estado.

En la planilla de cómputos aparece también “Perfora­ción del Hoyo” cerca del 40% más caro con relación al valor cotizado en construcción de pozo en Itapúa.

Otro punto por ejemplo es la “Ejecución de Prueba de Bombeo”, en la construcción de pozos a la Gobernación de Itapúa costó G. 4.500.000, mientras que en Guairá, G. 13.500.000. Así también entubado, engravado, desa­rrollo y limpieza del pozo que le presupuestaron a G. 20 mil el metro a la Gobernación de Itapúa, a Friedmann le cobraron G. 43 mil el metro, es decir, el doble de precio.

También se destinó cerca de G. 20 millones supuesta­mente para la conexión del pozo a la red de agua de la Essap, pero tal cosa no ocu­rrió, de acuerdo con denun­cias de concejales depar­tamentales en el 2017 y a publicaciones periodísticas de aquel entonces. Es decir, incluyó este ítem en la estruc­tura de costo, pero no se rea­lizó la conexión a la red, según los denunciantes.

Armaron una estructura de costos con algunos ítems sobrefacturados y ni siquiera realizaron las conexiones para el funcionamiento per­tinente en ese momento.

HIZO PASAR POR MILLONARIA A SU HUMILDE MAMÁ

Rodolfo Friedmann Alfaro declaró a Contraloría que conformó una SA de G. 5.000 millones, gracias a una “herencia materna”. Sin embargo, su madre de nombre Gudalupe Alfaro se dedicaba a la venta de minutas un una pequeña cantina que le cedieron en la Azu­carera Friedmann.

Ex obreros de la fábrica como vecinos la recuerdan como una sacrifi­cada mujer. De hecho la señora fija dirección en una pequeña casita en la ciudad de Villarrica, condición contraria al estatus de millonaria que su hijo Rodolfo hizo figurar en su Declaración Jurada de Bienes.

Nápoles SA se llama la SA que Rodolfo y su madre Guadalupe Alfaro constituyeron mediante escritura Nº 105 de fecha 27/09/2013, un mes después de que él asumiera como jefe departamental del Guairá.

Posteriormente, por escritura Nº 60 del 17/06/2014, Rodolfo y su mamá cambiaron la denominación de la sociedad Nápoles SA por Estonia SA, porque existe otra firma con denominación similar, según dejaron asentado en los Registros Públicos.

Friedmann declaró el 23/09/2014 a Contraloría acciones por valor de G. 2.500 millones en Nápoles SA. Sin embargo, en la escritura de la sociedad del 27/09/2013 figura que puso en efectivo y de una sola vez, G. 3.000 millones.

Además, en el 2014, Friedmann declaró ingreso mensual de G. 18.000.000 de la “Azucarera Friedmann”. Su padre, Rodolfo Fried­mann Cresta, nos confirmó varias veces que su hijo fue desvinculado de la fábrica en junio del 2012 y que lo máximo que sacó de ahí fue una indemnización de G. 90 millones “que cobró en dos cuotas”.

SU TÍO CARGÓ 23.820 LITROS DE COMBUSTIBLE DE UNA VEZ

En el informe de auditoría que realizó la Contraloría General de la República (CGR) a la administración Friedmann en la Gobernación de Guairá correspondiente a los ejercicios fiscales 2015/2016 saltó un verdadero festín con el rubro de combustibles.

El hermano de su mamá, su tío Rolando Alfaro, a quien Friedmann ubicó como secre­tario de Obras Públicas, cargó de una sola vez, 23.820 litros de gasoil, según planilla del 3/9/2015, a las 9:17. De acuerdo con especialistas, la cantidad suministrada equivale al tanque lleno de 30 camiones de 12 metros que realizan viajes internacionales y que cuentan con tanques con capacidad de 700 litros de combustible.

Eran frecuentes los extraordinarios suministros que consignó el tío de Friedmann. Otro caso, por ejemplo, es que en el tiempo récord de 7 minutos se proveyó de 11.530 litros de gasoil. El esquema consiste en retirar efectivo en vez de combustible, pero se olvidaron de la lógica y registraron cargas imposibles de justificar.

En el informe aparecen también que maquinarias sin orden de servicios, en teoría hacían trabajos en distintos lugares de Guairá. El modus ope­randi de la administración Friedmann es muy parecido al del ex gober­nador Cuevas, quien también tenía maquinarias descompuestas reali­zando “arduos trabajos” en el departamento de Paraguarí.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).

De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.

Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.

En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.

Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.

🧐 La clásica estrategia de "apriete" del Grupo Zuccolillo al MEC.

📺 Vía "Arriba Hoy" | @SomosGEN pic.twitter.com/J1h40LIiRN

— Diario HOY Paraguay (@hoypy) January 9, 2024

La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.

Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.

Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.

Leé más: Calé acusa al Grupo Zuccolillo: “Su especialidad es falsificar cajetillas de cigarrillos”