Salud agoniza: ambulancias se caen a pedazos y habría desvío de fondos del SEME

Los funcionarios sindicalizados del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) denunciaron que las ambulancias están en pésimo estado ante la falta de mantenimiento. Sospechan que se estarían desviando los fondos. Mientras tanto, en muchas ocasiones los pacientes quedan varados en las rutas durante los traslados.

Días atrás, desde la ciudad de Quiindy un paciente fue trasladado hasta la capital a bordo de una ambulancia del SEME. En el trayecto el móvil perdió la dirección y quedó varado al borde de la ruta. Por un milagro el accidente no fue grave y el paciente pudo llegar vivo a Asunción. Este episodio es una muestra de cómo operan las ambulancias del Ministerio de Salud. Ningún vehículo está en optimas condiciones para operar y el servicio se cae a pedazos.

El Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), dependiente del Ministerio de Salud Publica, cuenta actualmente con apenas ocho ambulancias operativas según los registros de guardia del fin de semana a los que accedió el programa La Caja Negra.

La mayor parte de las unidades sufre de desperfectos mecánicos o fallas que imposibilitan su uso. Fotografías y videos demuestran que durante el fin de semana solamente 8 ambulancias del SEME estuvieron al servicio de la ciudadanía.

Sin embargo, desde Salud Pública se insiste con negar la situación, asegurando que de los 25 móviles, 23 están en servicio y que constantemente se realizan arreglos momentáneos, al usar como repuestos los móviles que presentan problemas. “Este es un servicio que funciona las 24 horas, y lógicamente tendrá problemas. Hay personal que hace mal uso y estropea antes de tiempo el vehículo”, justificó Pablo Zapatini, director del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias.

Durante los años 2015 y 2016 se fortaleció el servicio con la compra de 200 ambulancias con soporte básico. Las unidades tuvieron un costo de USD 48.000 cada una, a diferencia de los USD 80.000 invertidos en gestiones anteriores, lo que generó un ahorro de 4 millones de dólares para el Ministerio.

En teoría, con la adquisición de esas nuevas unidades la calidad de atención debió haber mejorado. Sin embargo, varias de esas nuevas unidades no están operativas por retrasos burocráticos y las que están carecen de manteniendo técnico adecuado.

El servicio que presta el Ministerio de Salud a través del SEME ingresó al estándar de cobertura internacional requerido por la OPS/OMS, cuya relación es de una ambulancia por cada 25.000 habitantes, sin embargo en la realidad el servicio se cae a pedazos.

DESVÍO DE FONDOS

Alma Amarilla, secretaria general del Sindicato de Funcionarios del SEME, mencionó que el inconveniente se registra hace tres años y que ningún director se encargó de dar una solución definitiva. “Hay un problema de fondo y de forma, cada director que cae solo deja fluir el servicio y hace un parche, porque envían solo al taller”, dijo.

La funcionaria sostuvo que el presupuesto del SEME en realidad no se utiliza para dicho servicio muy importante para la población. “El presupuesto del SEME es de casi G. 60 mil millones pero hace tres años que no vemos ese presupuesto”, indicó.

Amarilla denunció que los rodados no cuentan con mantenimiento al día. En ese sentido citó que los frenos no son ajustados, las correas están flojas y no funciona el aire acondicionado. Esto último también ocasiona que los pacientes se descompensen durante el trayecto.

Por su parte, Francisco Benítez, secretario de Organización del Sindicato de Funcionarios de SEME, recordó que tuvo que hacer seis días de huelga de hambre para exponer las graves irregularidades que se registran en el servicio de Salud Pública.

Cuestionó que el director general de Servicios de Salud, Juan Carlos Portillo, fue el encargado en su momento para desmembrar el servicio y ahora está utilizando el presupuesto del mismo para otras actividades.

Alma Amarilla coincide en sospechar que habría un desvío del presupuesto. “No quiero hacer juicios de valor, pero quiero creer de que hay desvío de fondos. No podemos estar en estas condiciones, somos la cara del Ministerio de Salud”, lanzó.

 

Sacerdote detiene a ciudadanos y allana casas sin orden judicial, denuncian

Un sacerdote identificado como Milciades Velázquez fue denunciado por realizar detenciones y allanamientos irregulares en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, según una investigación realizada por el canal GEN. El religioso, además de realizar misas los domingos, sale a aprehender a los ciudadanos.


Fuente: La Nación

Milciades Velázquez es oficial inspector y capellán de la Policía Nacional en la zona de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Tiene un sueldo de G. 5.000.000 por ser capellán, a parte posee tres salones comerciales, más su vivienda y una lujosa camioneta modelo 2019 que tiene un costo de 44 mil dólares, según datos recabados por GEN.

Investigando sobre el caso, se descubrió que existe todo un historial de graves excesos de parte de este policía y sacerdote que utiliza el poder y la influencia de ambas instituciones violando las normas institucionales de la Policía.

Uno de los casos denunciados es la de una humilde recolectora de latitas, Etelvina Garcete, y su pareja que viven en una zona considerada tierra de nadie, y que se animaron a presentar la denuncia por abuso físico sufrido por parte del sacerdote-policía. “Una vez estábamos juntando latitas en la calle y se acercó a nosotros con mucha violencia. Dijo que éramos ladrones. A mi pareja le golpeó todo mal, le rompió la camisa. Le llevó a la comisaría y le mandó limpiar todo. Luego le largó, pero con la amenaza de volver a apresarle si andaba por la calle; vivimos con temor”, contó en guaraní Etelvina.

Por su parte, Nincy Gayoso contó que el capellán ingresó a su propiedad privada para secuestrar una camioneta sin orden judicial, de forma completamente irregular. “Nos pidió que nos fuéramos de Santa Rosa, realmente no se comporta como un sacerdote, persigue a las personas humildes”, dijo.

EXCESOS

Los propios agentes policiales de la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray cuentan cómo el capellán se excedió en sus atribuciones utilizando la infraestructura y los recursos de la institución policial para realizar operativos completamente irregulares, según denunció el propio jefe de la citada repartición, el comisario Rodolfo Ramírez. “Sin corroborar bien los datos, el sacerdote allana casas y ni siquiera nos avisa”, señaló.

Contó que el sacerdote es oficial general, pero que actúa solo. De hecho que un sacerdote puede ser oficial mediante la promulgación en Paraguay de un convenio entre la Santa Sede y el Estado paraguayo en el 2003, que establece el relacionamiento de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y a la Policía, cuyos gastos son solventados por los contribuyentes. “Como jefe espiritual de la Fuerza Armada de la Nación y de la Policía Nacional, tendrá la jerarquía de oficial general o almirante y gozará de los honores, derechos, prerrogativas y el salario correspondiente a su grado”, señala el documento.

La Junta Municipal local solicitó en el 2017, nota mediante, una explicación a la Conferencia Episcopal Paraguaya sobre las funciones específicas del sacerdote-policía y hasta ahora aún no han respondido. Desde la redacción de La Nación consultamos ayer sobre el tema a la CEP y la respuesta fue “no conocemos el caso, vamos a averiguar si existe tal nota emitida por los pobladores de Santa Rosa”.

 

Revelan mecanismo de la coima: esquema delictivo del Indert goza de buena salud

Raúl Peralta Vega, abogado del ganadero Rolando Fernández, el mismo que se había negado a pagar una coima de US$ 460 mil y por ello le despojaron de sus tierras, aseguró que el Indert es un órgano de recaudación de los muchachos.

  • POR JORGE TORRES ROMERO

El denunciante sostiene que el esquema que había sido descubierto en la era Horacio Torres sigue intacto y que el actual presidente del ente, Mario Vega, no realizó cambios profundos en la institución al punto de avalar lo actuado por el ex director del ente para el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, quien está procesado por cohecho pasivo, es decir coima.

Peralta Vega explica que el despojo es un esquema que se ins­taló en el Indert desde hace 2 períodos, ya en los gobier­nos anteriores. El modus ope­randi funciona cuando hay un interés sobre un determinado lote fiscal, entonces, se arma un expediente paralelo que se tramita totalmente a escon­didas y el interesado en ese lote aparece como supuesto ocupante poseedor y dueño de las mejoras.

Entonces, ¿qué hacen los fun­cionarios del Indert? Fal­sean un acta de verificación. A partir de ese documento comienza la maquinaria, tanto policial como judi­cial y del Indert para el des­pojo a los verdaderos posee­dores de esos lotes fiscales. Una vez que se hace la veri­ficación, sale la adjudicación y se inician demandas judi­ciales fraudulentas para des­pojar a los poseedores o, en caso de que no se puedan lle­var adelante demandas frau­dulentas, contratan sicarios o mercenarios para echar a las personas que se encuen­tran en los lotes fiscales. “En el caso nuestro contrataron a un mercenario que se llama Alfredo Fischer, una per­sona que participó y cola­boró según los investigadores en el rescate y liberación del narcotraficante Jorge Teó­filo González, alias Samura, y la muerte del comisario Ferrari”, señaló el abogado Peralta Vega.

Aníbal Ortiz Granada, juez.

Explicó que Fischer se pre­sentó ante el Indert y dijo ser el administrador de una propie­dad que se ocupó de manera ilegal. “Se presenta como supuesto administrador de la propiedad. Este señor fue detenido por supuesto apoyo a los criminales, lo que nos da la pauta de qué tipo de perso­nas están detrás de todo esto. Este esquema es el que se está usando para despojar a los verdaderos poseedores de los lotes fiscales. Lo que a noso­tros nos pasó es que nos des­pojaron y cuando volvimos a nuestro establecimiento, nos encontramos con que fue saqueado”, lamentó.

En otro momento, señaló que la coima solicitada por los funcionarios comanda­dos por el abogado Enrique Gómez de la Fuente –ex direc­tor del área Chaco del Indert, actualmente procesado por coima– para evitar el despojo ronda los 30 dólares por hec­tárea. En este caso se habla de una propiedad de 16.000 hectáreas por 4 lotes de 4.000 hectáreas cada uno para el cambio de propietario.

En este caso, el solicitante había realizado incluso todos los trámites legales y las mejo­ras que exigen la ley y el esta­tuto agrario. “Cuando no se ponen de acuerdo con mi cliente y no acepta pagar la coima, ellos (los funciona­rios) venden a 4 personas que aparecen como nuevos solici­tantes que son los adjudicados con nuestros lotes. Eso hizo Gómez de la Fuente con nues­tros lotes, específicamente María Alejandra González es la persona que supuestamente se adjudicó los lotes. Ella hace la solicitud de verificación y la supuesta ocupación. Ahí Gómez de la Fuente se autode­signa verificador. Esta señorita tiene 27 años y es de profesión estudiante. Tuvo que haber pagado unos 400 millones de guaraníes por cada lote para adjudicarse supuestamente. Lo más probable es que sean prestanombres de los que realmente están detrás de estos lotes fiscales”, aseguró el abogado.

ES UNA VERDADERA MAFIA

Según relató el abogado Peralta Vega en el programa La Caja Negra, es una ver­dadera mafia la que opera y recordó que un grupo armado comandado por Alfredo Fis­cher se presentó en nombre de Tania González, beneficiaria supuestamente de una de las propietarias, hermana menor de María Alejandra González. “Ahí empieza nuestro calvario, hasta hoy día no hay ningún solo imputado ni procesado al respecto. Hay 2 denuncias en la Fiscalía que no han tenido ningún avance. El fiscal Héc­tor Velázquez tiene una denun­cia y el otro caso sobre el hurto en la estancia está a cargo del fiscal Andrés Arriola, que tiene un hijo que trabaja en el Indert. Robaron tractores, generadores y se llevaron todo lo que había y la mitad de los anima­les. Hace 4 meses que esta­mos detrás de las denuncias y no hay ni un solo imputado”, destacó.

Recordó que cuando estalló el escándalo del Indert hace unos meses, las carpetas de su cliente formaron parte de la auditoría que se practicó en la institución, ordenada por el presidente del ente, Mario Vega, ante las graves denun­cias. “En ese momento, ellos debían cancelar los pedidos. Sin embargo, se otorgaron 3 de los 4 títulos en discusión. Es un negocio que mueve mucho dinero y no va a termi­nar. Y para colmo, los cuatro expedientes están desapa­recidos en el Indert actual­mente”, afirmó el abogado.

JUEZ PREVARICÓ

El juez de Mariscal Estiga­rribia, Chaco, Aníbal Ortiz Granada, tiene una “forma particular” de tramitar los expedientes cuando hay un caso que le interesa. El magis­trado no registró las cuatro demandas para restituir y entregar los inmuebles a estas 4 personas. “Nosotros nos apersonamos el vier­nes pasado y presentamos la demanda de nulidad, revi­samos el libro y no apare­cían las demandas. Estaban otras relacionadas con este caso, pero no estaban. Hoy (por ayer) recurrimos a la Comandancia de la Policía y encontramos que existen los 4 mandamientos de restitu­ción de los inmuebles contra cualquier ocupante precario”, relató el abogado.

Añadió que el juez Ortiz Gra­nada le califica a su cliente ganadero de ocupante preca­rio cuando que tienen reso­luciones judiciales que con­firman la restitución de los inmuebles. “El comandante, si ordena el desalojo, estará incurriendo en desacato por­que hay 3 mandatos judiciales anteriores con prohibición de innovar. Si ocurre esto, hay connivencia de la Policía”, insistió Peralta Vega.

Finalmente, el abogado dijo que no existe seguridad jurí­dica y lamentó que haya jue­ces venales como el caso de Ortiz Granada que se presta a este tipo de fraudes.

 

Intendente de Villa Hayes repartió sueldos a operadores políticos

El intendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, quien copó con sus familiares y parientes el municipio, también benefi­ció con sueldos a sus amigos y operadores políticos.


Fuente: La Nación

investigacion@gruponacion.com.py

Además del escandaloso nepotismo que apadrina en la comuna chaqueña, Ríos Ayala también efectuó pagos en concepto de honorarios profesionales y por servi­cios, y los beneficiados fue­ron nada más y nada menos que sus amigos y operadores políticos.

La Contraloría General de la República (CGR) comunicó a la Intendencia una serie de observaciones y entre ellas menciona pagos de más de G. 500 millones en concepto de honorarios profesionales a 23 beneficiarios, financiados con fondos genuinos y juegos de azar, sin informes de los trabajos realizados.

Se registraron pagos de G. 247 millones en el segundo semestre del ejercicio fis­cal 2018 y la suma de G. 261 millones del 1 de enero al 31 de julio del 2019.

La auditoría señala que en los legajos de rendición de cuen­tas no se observaron infor­mes de los trabajos realizados que justifiquen la erogación efectuada.

En la lista de beneficiarios saltan radialistas conocidos en la zona como hurreros de Ríos Ayala, educadores, etc.

AMIGOS DE LA COMISIÓN

Otra observación de la Con­traloría menciona pagos en concepto de servicios de aseo, mantenimiento y reparacio­nes por G. 165 millones en el segundo semestre del 2018 y la suma de G. 342 millones del 1 de enero al 31 de julio del 2019, sin notas de recepción e informe técnico del trabajo realizado.

Juan Krauper Jiménez es amigo del intendente, tam­bién vinculado a una “comi­sión de ayuda social” de nom­bre Oñondivepa, quien junto con la familia del jefe comu­nal también tuvo su recom­pensa. Cobró buenas sumas de dinero y el concepto era por limpieza de cuadras y veredas.

En agosto del 2018 percibió G. 5.400.000 por limpieza de 54 cuadras y otros G. 2.500.000 por una baranda para puente. En noviembre del 2018 reci­bió un pago de G. 4.200.000 por limpieza de 42 cuadras y en marzo del 2019 igual monto, mientras que en abril cobró G. 2.100.000.

El informe también subraya que se realizaron pagos en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2018 en con­cepto de servicios técnicos y profesionales por G. 226 millones y del 1 de enero del 2019 al 31 de julio por G. 277 millones, y que la rendición de cuentas carece de docu­mentos de carácter obliga­torio.

Añade que no se observa­ron documentos como la resolución de adjudicación y autorización de contrato; en algunos casos ni siquiera se adjunta el contrato, la orden de compra y/o servicio ni el informe mensual de activi­dades realizadas por el con­tratado.

ADMINISTRACIÓN DESPROLIJA

Otra observación de la Con­traloría se refiere a deficien­cias en los documentos de respaldo para pagos en concepto de jornales.

Menciona el informe que no se adjuntan a los legajos la planilla de asistencia y la resolución que autoriza el contrato y el pago, la cons­tancia de la Secretaría de la Función Pública de no ser funcionarios públicos, fotocopia del RUC o decla­ración de no ser contribu­yente ni fotocopia de cédula de identidad.

NEPOTISMO

La CGR también menciona nombramientos y contratos de familiares y parientes del intendente, en contravención a lo establecido en la Ley Nº 5.295 “Que prohíbe el nepo­tismo en la función pública”.

En el informe aparecen las hermanas del jefe comunal, Graciela y Beatriz Ríos Ayala; su hijo, David Ríos Isasi, su sobrina Mónica Cabrera Aquino y su yerno Luis Mar­celo de los Ríos Ayala.

Este diario había publicado en julio del 2019 la nómina de parientes del intendente en el municipio y eran enton­ces una decena.

No está demás recordar que Esteban Ríos Ayala tiene encima una denuncia penal por este y otros hechos.

EMITIÓ SU DESCARGO

La Contraloría debe expe­dir un informe final una vez concluido el análisis del des­cargo que presentó semanas atrás el intendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, ante la serie de observacio­nes a su administración tras una auditoría.

El pasado 8 de enero se dio entrada en el municipio al escrito de la CGR que detalla las faltas de la administración de Ríos Ayala.

Desde el municipio cha­queño se filtró el documento y algunas de las situaciones detectadas podrían consti­tuir hechos punibles.