Salud beneficia con millonarios contratos a empresas ligadas a esquemas de fraude
El Ministerio de Salud adjudicó los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del Covid-19 en nuestro país. Se gastaron cerca de 14 millones de dólares y se benefició a empresas de dudosos antecedentes.
El Ministerio de Salud adjudicó los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del Covid-19 en nuestro país. Se gastaron cerca de 14 millones de dólares y se benefició a empresas de dudosos antecedentes.
En un mismo día, el pasado 6 de abril, utilizando el mecanismo del contratación vía excepción las autoridades de Salud Pública adjudicaron a dos empresas pertenecientes al mismo grupo de accionistas, contratos por un valor total de Gs 85.220.500.000 equivalente a unos US$ 13.590.000 dólares americanos.
Las empresas beneficiadas son Eurotec S.A. cuyo representante legal según los datos de del portal de Contrataciones Públicas es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini.
Esta empresa logró cerrar un contrato por un monto total de Gs 37.268.000.000 para la provisión de insumos médicos como 40 mil protectores faciales, 30 mil protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas y 80 mil trajes de protección para riesgos biológicos.
Otra de las empresas beneficiadas en la compra de insumos es “Insumos Médicos S.A.” cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, hermana de Marcelo Ferreira Pascottini. Esta empresa es la acreedora más importante del Ministerio de Salud, su representante Patricia Ferreira es hija del empresario Justo Ferreira, este último conocido por sus vínculos con el negocio de los laboratorios médicos.
El contrato para esta empresa es de Gs 47.952.500.000 equivalente a unos US$ 7.377.000 dólares.
Esta deberá proveer de 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con Covid-19.
El empresario Justo Ferreira es también padre de Marcelo Rubén Ferreira representante de Eurotec SA.
Ambas empresas que figuran a nombre de los hijos, pertenecen a Ferreira, y durante varios años, ha logrado que las dos firmas y una tercera donde él si aparece como representante, consiguieran centenares de adjudicaciones con el Estado.
¿Cómo operan estas empresas?
Ambas empresas, Eurotec S.A. e Insumos Médicos S.A. aparecen salpicadas en el esquema de estafa y lesión de confianza que involucró a altos gerentes de laboratorios privados acusados por la fiscalía de haber causado millonarios perjuicios a las empresas para las que trabajaban.
El nombre de Justo Ferreira se vincula al de Roque Dagogliano y Carlos Borrell en el 2019, luego de que ambos fueran denunciados por las empresas que las que trabajaban, Scavone Hnos y Éticos, respectivamente.
El modus operandi que la Fiscalía detectó era que ambas personas vendían medicamentos costosos a precios muy inferiores a varias firmas ligadas a ellos, para que las mismas se presenten a licitaciones públicas y sean adjudicadas por ofertar un precio inferior en comparación al ofrecido por el fabricante del medicamento.
Roque Dagogliano fue imputado por el fiscal Yoan Paul López por el hecho punible de Lesión de Confianza.
Según la imputación, el exgerente recibió mandatos específicos para que se presente a toda licitación o llamado relacionados a productos elaborados por la firma.
Sin embargo, durante varios años, Dagogliano formó parte activa y principal de un grupo de personas que estructuró y dirigió empresas del mismo rubro que la farmacéutica, a quienes favoreció en perjuicio de su propia mandante. Se trata de BILAC S.A. EUROTEC S.A. e INSUMOS MÉDICOS S.A.
Por su parte el exgerente comercial de Laboratorios Éticos, Carlos Alberto Borrell Maneglia, también fue imputado por el hecho punible de lesión de confianza y estafa, por un supuesto perjuicio de G. 3.505 millones a dicha firma.
Según los datos de la investigación fiscal las mismas empresas que ahora son beneficiadas por el Ministerio de Salud con contratos que rondan los US$ 14 millones están vinculadas a un esquema de asociación criminal y ligadas a un mismo empresario, Justo Ferreira.
Éstas empresas, a través de sus directivos y accionistas, habrían obtenido beneficios patrimoniales exhorbitantes e indebidos en perjuicio de otras y están siendo investigadas por el Ministerio Público.
¿Quiénes operan para que estas empresas ganen las licitaciones? ¿Cómo se controlan las adjudicaciones directas del Ministerio de Salud?
LA VERSIÓN DEL VICEMINISTRO
Julio Rolón, viceministro de Salud Pública, explicó que más allá del procedimiento abreviado, el método utilizado es la vía de la excepción con difusión posterior (cuatro días para evaluar la oferta, otros 5 días para firmas la resolución y el contrato), están obligados a informar en un lapso de 10 días, según la ley.
“A partir de haber cumplido con esos trámites, revisamos los documentos que la ley nos obliga a solicitar, todas estas empresas reunieron los requisitos, por lo tanto terminamos el procedimiento adjudicándola, con las garantías de que íbamos a poder contar con estos insumos”, aclaró Rolón.
Señaló que su papel es garantizar que se cumplan los pasos que se debían cumplir y que todo está respaldado por documentos.
Documento secreto: los “cerebros” y cómo la Fiscalía descubrió la trama
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete revela cómo se fraguó, montó y filtró un informe de inteligencia utilizando de manera ilegal instituciones del Estado y a funcionarios no autorizados. El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto que fue detectado en los archivos de la propia Seprelad.
Por Cinthia Mora, periodista.
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
Para llevar adelante ese objetivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales) entre ellos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.
La estrategia incluso había sido revelada por un excolaborador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un programa de televisión que generar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los enemigos políticos de Abdo.
El acta de imputación de la Fiscalía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcionarios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.
EL ARCHIVO SECRETO
De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Seprelad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elaboración y en qué condiciones fue redactado.
En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Seprelad un documento en formato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.
En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino también quedaron registradas las “huellas” de quienes intervinieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fiscalía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceministra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligencia contra Horacio Cartes.
“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación montada por funcionarios de la institución e incluso por personas ajenas a la institución y sin potestad legal para acceder a informes de inteligencia.
En el acta de imputación se incluyen los metadatos (huellas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Francisco Pereira. Estos metadatos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.
En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa.
Tal es así que, Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.
Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia.
Senadora Amarilla tiene otra empresa con proveedor de la merienda escolar
Los ataques a proveedores de alimento escolar por parte de la parlamentaria liberal Celeste Amarilla para desacreditar el proyecto que busca centralizar de alguna manera los fondos para este rubro reflotaron sus vínculos con el negocio al punto de salpicarla en un esquema con prestanombres, acusaciones hasta de tráfico de influencias. De hecho, la senadora no puede desmarcarse mucho ya que tiene otra empresa con representante legal de una de las contratistas más grandes de la merienda escolar del Estado.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo escolar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efectivamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos proveedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.
Con los dardos que lanzó Amarilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitaciones de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blancos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búmeran de los intereses particulares que presuntamente hacen reaccionar a la parlamentaria.
En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras personas para pasar desapercibida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la senadora que proveen merienda y almuerzo escolares.
En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamentaria para incremento presupuestario a gobernación que arrastra deudas por provisión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Contraloría General de la República, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedoras de merienda escolar.
No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las proveedoras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.
En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifestación de bienes se redujeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la proveedora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centralización del uso de fondos de alimentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Estigarribia y restar poder económico al departamento Central, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, considerando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gobernación de Central.
María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar
Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría
Zuccolillo, las ‘ubres’ del Estado y apriete: con 60 contratos y US$ 20 millones, mimó a Abdo
Colgado del Estado paraguayo, el Grupo Zuccolillo logró facturar más de 20 millones de dólares al ligar jugosos contratos durante la administración de Mario Abdo Benítez. El monto duplica la cantidad que consiguió el clan empresarial en un lapso de siete años antes de la gestión abdista.
A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).
De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.
Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.
En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.
Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.
🧐 La clásica estrategia de "apriete" del Grupo Zuccolillo al MEC.
— Diario HOY Paraguay (@hoypy) January 9, 2024
📺 Vía "Arriba Hoy" | @SomosGEN pic.twitter.com/J1h40LIiRN
La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.
Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).
De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.
Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.
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