Saxofonista, hurreros, psicóloga, contratados como expertos en MOPC

Gremio de ingenieros y empresarios se mostraron sorprendidos con masiva contratación de expertos por la administración de Arnoldo Wiens, difundida anoche en “Tierra de nadie”, y critican inoperancia.


Fuente: La Nación

Por Rossana Escobar M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

Nadia Denis

nadia.denis@gruponacion.com.py

Por la demora del Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) en la pro­visión de la información sobre los US$ 10,5 millones en contratación de expertos solicitada por nuestra sec­ción de investigación, era de esperarse que dentro de la masiva incorporación estén infiltrados recomendados, amigos, seguidores de las autoridades de turno.

Los resultados del MOPC, criti­cados rutinariamente en la rea­lidad, hacen un fuerte contraste al proyecto de “Desarrollo de capacidades de gestión” que nos cuesta un ojo de la cara como país ya que estamos hablando de un presupuesto de US$ 10,5 millones, orientados exclusiva­mente a contratación de “espe­cialistas”. La administración del ministro Arnoldo Wiens no escatimó recursos ni en pande­mia ya que en plena crisis sani­taria fue aumentando costos hasta llegar a la cifra señalada.

Contrataron 244 personas a las que bautizaron como “exper­tos y especialistas” a través del Programa de las Naciones Uni­das para el Desarrollo (PNUD). La responsable del proyecto es la arquitecta Josefina Romero Serrati, jefa de Gabinete del MOPC. (Ver infografía).

Anoche, en el programa “Tie­rra de nadie”, del canal GEN, se revelaron casos alevosos de recomendados que se infil­traron como expertos para “aumentar las capacidades de distintas dependencias del MOPC, a través de la asisten­cia técnica especializada en áreas claves”, según el obje­tivo del proyecto, que había señalado Romero. Aprove­charon el convenio para con­tratar infinidad de asistentes de todo tipo con actividades que rayan lo absurdo.

Por citar la diversidad de asistentes y consultores, por ejemplo, encontramos asis­tente técnico, administra­tivo, apoyo administrativo, asistente de apoyo, de produc­ción y comunicación, de servi­cios generales, de gabinete, de mesa de entrada, etc.

En la larga lista también se pue­den leer asistente administra­tivo a la coordinación del Vice­ministerio de Minas y Energías, especialista sectorial de comu­nicación, asistente técnico de Relaciones Públicas, especia­lista sectorial jurídico, asis­tente jurídico y asistente jurí­dico junior; es decir, carátulas inentendibles en la repartija de cargos. Un denominador común entre varios contratados se pudo constatar mediante un recorrido por sus redes socia­les. En su mayoría, profesan el evangelio y se los ve en reunio­nes de oración.

Un joven clarinetista, saxofo­nista, director de orquestas, como la de Loma Plata (Chaco), Mburukuja, por ejemplo, está en la lista de expertos. Sin título universitario, figura como “diseñador gráfico”, pero se lo ve deambular por todo el país, detrás del ministro Wiens. Per­cibe G. 6 millones al mes.

Una rápida revisión de la extensa planilla deja en evi­dencia el amiguismo. Hurre­ros, hijo de funcionario, aco­modados de rubros que nada tienen que ver con obras están en la planilla proveída por el MOPC. Contrataciones cal­cadas a la de la radióloga Sole­dad Melgarejo que ubicó Wiens en su institución al asumir el cargo. (Ver infografía).

Adjunto a este artículo se encuentran las 244 contrata­ciones, divididas por los compo­nentes del proyecto. La ciudada­nía puede chequear y colaborar con datos concernientes a los privilegiados a los correos que figuran más arriba.

Los responsables de este fes­tín huyeron de la invitación para brindar explicaciones a la ciudadanía. La producción de “Tierra de nadie”, como nuestra redacción, insistieron varias veces obtener alguna versión por parte del ministro o su jefa de Gabinete Josefina Romero, pero sus responsa­bles de comunicación no die­ron retorno a nuestro pedido.

La gestión más mediocre del MOPC en 30 años

AMÍLCAR TROCHE - Presidente del gremio de ingenieros.

Desde el Centro Paraguayo de Inge­nieros (CPI) lamentaron la gestión en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y afirmaron que la contratación de los 244 supuestos expertos, a través del PNUD, no se ve reflejada en lo absoluto en las obras ni en los llamados a licitación. “Hace 30 años, aproximadamente, vengo trabajando principalmente con el MOPC por mi especialidad vial, muy pocas veces el MOPC tuvo un cam­bio de liderazgo técnico tan pobre y mediocre, lo digo con profunda pena. El resultado de eso es esto que tenemos, proyectos malos, obras que necesitan en su totalidad un reajuste del 20% y muchas veces eso no alcanza porque se licitan obras sin proyectos, no sé si hace de profeso, pero si repetimos, nunca vamos a conseguir cam­biar los resultados”, expresó con preocupación el ingeniero Amílcar Troche, presidente del CPI. Señaló que en el país existe capacidad para llevar adelante proyectos de alta complejidad, pero que las empresas y profesionales que no están vinculados al poder de turno, práctica­mente no tienen participación en los planes y licitaciones del MOPC.

Licitaciones, viciadas de irregularidades

GUSTAVO MASI - Empresario.

El arquitecto y empresario Gustavo Masi indicó estar sorprendido por la contratación de expertos en licitaciones en la cartera que lidera Arnoldo Wiens, dado que, según su perspectiva, los llamados cuentan con grandes irregularidades. “Me gustaría saber si los asesores que contrataron para los llamados a licitación hacen lo que ellos tienen la capacidad de hacer o lo que le ordenan, porque todos los llamados a licitación, y sobre todo los llama­dos internacionales están viciados, todos”, afirmó Masi. Así también señaló que no sabe si los ingenieros contratados por Wiens hacen presencia en las obras, puesto que, si lo hicieran, no habría puentes caídos, cosa que lamentablemente ha ocu­rrido y que incluso han ocasionado la pérdida de vidas huma­nas. Igualmente, expresó que Arnoldo Wiens no es el indicado para ocupar el ministerio ya que no cuenta con formación en dicha área. “Por qué Arnoldo Wiens, teólogo, es ministro de Obras Públicas, él es teólogo con un enfoque en obras públicas e ingeniería, yo nunca vi, sinceramente”, aseveró.


 

Negocio de US$ 1 millón: ¿Quiénes están detrás de empresa beneficiada por Conajzar?

La empresa Icrop S.A. encargada del cobro del canon por la explotación ilegal de las máquinas tragamonedas, que operan en la vía pública, cobra entre G. 300 a G. 400 mil al mes por cada tragamonedas, de los cuales G. 80 mil transfiere a la Conajzar. Estiman que existen 25 mil máquinas operando en forma ilegal ante el beneplácito del ente regular. Políticos influyentes habrían operado para que la empresa privada logre un contrato directo otorgado por Conajzar que les genera mensualmente cerca de US$ 1 millón. Presumen esquema de lavado de dinero.

Fuente: La Caja Negra

La empresa ICROP S.A. beneficiada vía resolución por la Conajzar para censar, catastrar y explotar los juegos de azar con máquinas callejeras es apuntada como una empresa de maletín. En la comisión de Hacienda del Senado advirtieron que la firma podría servir como fachada para lavar dinero. La problemática detrás del negocio de los tragamonedas callejeros fue expuesto por el área de Investigación del Grupo Nación.

¿Quiénes están detrás de la empresa?. De acuerdo a los datos recogidos por el equipo de La Caja Negra la empresa ICROP S.A. nace en el 2018. Entre sus directivos aparece Anderson Luis Lamb Vosh, un joven de 30 años, oriundo de Alto Paraná. También figura otro identificado como Pedro Paulo da Silva Pedroso, supuesto aportante de la campaña presidencial de Colorado Añetete.

Lo llamativo es que ninguno registra actividades comerciales conocidas en el país ni referente al rubro de los juegos de azar. La empresa como tal nace recién en el año 2018 tras la modificación de estatutos, pasa a denominarse ICROP S.A. Según su página web y los registros de inscripción la sociedad se dedica a “servicios informativos, data center y telecomunicaciones”.

En el esquema operativo de la empresa aparece un exfuncionario estatal, Cristian Vera, expresidente de la Conajzar y su hermano Ariel Vera, apuntado como supuesto brazo operativo de la empresa.

La empresa presenta en octubre del 2019 una propuesta formal a la Conjazar, presidida por José Ortiz Baez, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes, de los cuales solo el 30% debe transferir al ente regulador. ICROP S.A. cobra entre G. 300 a G. 400 mil por mes, en concepto de canon a cada máquina que registran. Sobre la base de que existirían 25 mil máquinas a nivel país surge el millón de dólares como recaudación mensual.

La empresa no registra domicilio conocido, al menos la información declarada en su página web en la ciudad de Hernandarias no fue ubicada. También se menciona un local ubicado en el cuarto barrio de Luque, pero en el sitio se observa ningún cartel que indique que se trate del local de la empresa.

La misteriosa empresa tendría vínculos con políticos del sector de Colorado Añetete. Operadores legales e informales del negocio mencionan como padrinos políticos de la empresa a Óscar “Cachito” Salomón, actual presidente del Congreso y al senador Juan Afara, ex vicepresidente de la República.

La sospecha de que se trataría de una empresa de maletín fue expuesta durante una reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, lugar donde fue discutida la decisión de la Conajzar de delegar sus funciones y tercerizar a través de esta empresa el cobro de canon a estas máquinas ilegales.

En la reunión de la Comisión del Senado, presidencia por la senadora Esperanza Martinez, se alertó de la posibilidad de que se trataría de una empresa de maletín que apuntaría a registrar maquinas fantasma a fin de generar una fachada ideal para lavar dinero sucio.

 

MOPC apura licitación de puente con Brasil: fuerte tufo a maniobra para beneficiar a dos empresas

Con el aval del presidente Mario Abdo Benítez, el Ministerio de Obras Públicas pisó el acelerador para la licitación del futuro puente bioceánico que unirá Carmelo Peralta de Paraguay y Porto Murtinho del Brasil, pese a carecer de una fuente de financiamiento. El apuro en sí mismo ya resulta muy sospechoso y se agrava ante el posible direccionamiento que se estaría haciendo hacia ciertas empresas que actualmente se encargan de la ruta bioceánica. Así, Arnoldo Wiens está a punto de concretar nuevamente una megalicitación presuntamente direccionada.


Fuente: La Caja Negra - Unicanal

El 30 de junio pasado, el MOPC sorprendió al reactivar la convocatoria para el llamado N° 15/2021 correspondiente a la “Licitación Pública Binacional de firmas constructoras domiciliadas en la República del Paraguay y en la República Federativa del Brasil para la construcción de un puente carretero internacional sobre el río Paraguay entre las ciudades de Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Porto Murtinho (Matto Grosso Do Sul)”. Se trata de la tercera unión física con el Brasil, luego del Puente de la Amistad (Ciudad del Este – Foz de Yguazú) y el Puente de la Integración (Presidente Franco- Foz de Yguazú) que actualmente está en construcción.

Este anuncio se dio luego de que a inicios del año, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, postergara esta millonaria licitación hasta mitad del año, a raíz de las presiones al Gobierno para que redireccione sus recursos a la compra de insumos covid. En mayo pasado, cuando las aguas se calmaron un poco más, el mandatario informó que de vuelta se iba a avanzar en el proceso licitatorio y aclaró que recién superada la pandemia iba a trabajarse en la financiación de la obra que tiene un monto estimado de 534 mil millones de guaraníes.

Desde ese momento comenzaron las llamativas situaciones, como la exigencia a que la empresa brasileña que decidiera participar en consorcio con una firma paraguaya tenga entre sus trabajos previos la construcción de un puente de similares características en el territorio brasileño, siendo que existen alrededor de cinco puentes de esa magnitud en el vecino país y la mayoría han sido construidos por la Constructora Queiroz Galvao SA, la cual puja en esta licitación en consorcio con la firma paraguaya Ocho A SA. Ambas empresas ya se encargan de la construcción de la ruta Bioceánica en la ciudad de Carmelo Peralta, Alto Paraguay. También hay que recordar que a principios del año pasado, la Contraloría General de Brasil declaró al grupo Queiroz Galvao como «no idóneo» para suscribir contratos públicos con el Gobierno brasileño por su implicación en actos de corrupción.

Las grandes empresas brasileñas que construyeron en el mundo entero obras similares a la que se desea hacer en Carmelo Peralta cuestionaron que la medida impuesta inicialmente carecía de sentido técnico y tras muchas protestas e insistencia, a tan solo unos días de la presentación de la oferta, el MOPC decidió modificar y cambiar ese polémico punto. Este cambio a última hora dejó sin tiempo a las empresas a poder prever y planificar una oferta acorde a la magnitud del proyecto. Lo llamativo es que el ministerio recibió una gran cantidad de pedidos de prórroga pero no dio lugar, resulta hasta incomprensible que la adenda no incluya un tiempo considerable para que más empresas se presenten.

Las constructoras que desean licitar en igualdad de condiciones que las aparentemente elegidas a dedo por el MOPC reclamaron que no se haya ampliado el plazo de oferta, lo cual hace sospechar que pudo haber un aparente arreglo previo con ciertas empresas. De acuerdo a una nota a la cual accedió el equipo de La Caja Negra, una de estas firmas reclamó el llamativo el actuar de la cartera administrada por el teólogo, refiriéndose al ministro de Obras, Arnoldo Wiens.


Una de las empresas que hizo su correspondiente protesta fue Benito Roggio e Hijos SA, la cual también quiere participar de la licitación. Al respecto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hizo lugar a la impugnación, pero no así al pedido de prórroga. En su resolución solo recomendó al MOPC prorrogar el proceso licitatorio. De esta manera la institución se lavó las manos y tiró la pelota al ministerio a cargo de Wiens, donde justamente se habría gestado el aparente direccionamiento de esta megaobra.

Existe mucha molestia entre las empresas por la forma en que se estaría operando a puertas cerradas pero de manera muy alevosa, al primero implementar limitaciones y cambiarlas a días de la presentación de las ofertas, impidiendo a las firmas interesadas a preparar una oferta seria para un puente de tal magnitud.

A todo eso se suma que aún no se cuenta con el financiamiento y recién se prevé contarlo a finales de la pandemia. Por ello, ¿por qué la premura para hacer esta licitación? ¿La obra ya tiene un dueño elegido a dedo por el MOPC?

El Gobierno de Mario Abdo alega que su mayor legado será el fortalecimiento del sistema sanitario, pero siempre destaca sus kilómetros asfaltados, por lo que al parecer en vez de conmoverse por las muertes de los compatriotas a causa del Covid-19, lo que en realidad movería al mandatario es la búsqueda de placas de recordación de inauguraciones de obras de infraestructura.

Mientras Marito da vía libre a su ministro Arnoldo Wiens, al parecer los direccionamientos siguen a la orden del día en Obras Públicas.

 

Abc Color no se toma por aludido en la “dura advertencia” de EEUU sobre casos de lavado

El diario Abc Color del grupo Zuccolillo, en su edición del martes 29, publicó como principal título de portada que la enviada de Joe Biden, la subsecretaría de Estado norteamericana Victoria Nuland, lanzó una “dura advertencia de EEUU, a los corruptos y lavadores” y avisó a Paraguay que su país posee “herramientas fuertes” y no tiene miedo para usarlas. El medio apunta a políticos “corruptos y lavadores”, sin tener en cuenta que uno de los casos que precisamente es considerado emblemático para la justicia del país del Norte tiene que ver el banco Atlas, entidad bancaria señalada porque habría integrado el esquema que uso el fallecido ex dirigente deportivo Nicolás Leoz (+) para lavar parte de los US$ 200 millones desviados de la Conmebol.


Fuente: Por Jorge Torres Romero

Lo hizo de nuevo. El diario Abc Color en su edición del martes 29, publicó como principal título de portada que la enviada de Joe Biden, la subsecretaría de Estado norteamericana Victoria Nuland, lanzó una “dura advertencia de EEUU, a los corruptos y lavadores” y avisó a Paraguay que su país posee “herramientas fuertes” y no tiene miedo para usarlas. Una vez más el diario apunta a los políticos “corruptos y lavadores”, sin tener en cuenta que uno de los casos que precisamente son considerados emblemáticos para la justicia del país del Norte, tiene a la entidad bancaria de su grupo empresarial en la mira.

Llama la atención la insistencia que realiza este medio de comunicación sobre el tema, sobre todo atendiendo que el banco Altas, se encuentra precisamente en la órbita de las investigaciones relacionadas al escándalo del FIFA Gate en la Corte de Brooklyn (NY).

En efecto, en el programa La Caja Negra habíamos revelado el resultado de una auditoría de carácter confidencial y documentos que demostraban el modus operandi del banco Atlas, perteneciente al Grupo empresarial de la familia Zuccolillo, para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Nicolas Leoz, expresidente de la Conmebol. De acuerdo con los informes, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra en la mencionada Corte de EEUU, el banco Atlas recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, más de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo. Asimismo, Atlas enfrenta una denuncia penal por presunto lavado de dinero y se expone además a una fuerte multa o suspensión temporal de hasta 180 días.

En el transcurso de las averiguaciones sobre el caso, fueron determinadas por lo menos 10 faltas por las cuales los directivos del banco Atlas debían ser investigados tanto por el BCP como por el Ministerio Público.

Entre estas se halló que el banco Atlas negoció dos contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz. Ambos fueron celebrados en febrero de 2016, apenas un mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

Hicieron caso omiso a las alertas

Asimismo, el banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales.

En otra parte se indica que el banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la Ley Nº 6.497 que previene el lavado de dinero y obliga a los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil de este que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones.

De igual manera, una auditoria privada ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre Atlas y Leoz reveló que no consta la emisión por parte del banco Atlas de un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre los fideicomisos.

Según este reporte, el banco Atlas autorizó las operaciones de fideicomiso con documentos y recibos fraguados y sin aval suficiente. Además, documentos expuestos por La Caja Negra demuestran que el banco Atlas autorizó las operaciones con documentos presuntamente apócrifos.

Familia Leoz dejó en evidencia irregularidad

Otro dato significativo en esta historia tiene que ver con la devolución del dinero por parte de la familia Leoz. En efecto, en noviembre de 2020, las hijas de Leoz pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millones. Con esto, la propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación con el Banco Atlas fue turbia.

Cabe recordar además que el banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”.

Asimismo, la investigación salpica a la Inmobiliaria del Este (IDESA), también perteneciente al Grupo AZ de los Zuccolillo y se la considera pieza clave en el esquema de lavado con dinero sucio de Leoz. IDESA administra varias propiedades de Leoz y deposita los rendimientos en el banco Atlas. La fiscalía de Nueva York no pudo acceder a información relevante sobre estas operaciones ya que la empresa de los Zuccolillo nunca respondió al requerimiento de la justicia.

Los directivos del banco Atlas enfrentan una denuncia penal por presunto lavado de dinero, por lo que el banco se expone a una fuerte multa o a una suspensión temporal de hasta 180 días.