Tufo a operación política: BCP ratifica sanción contra BNF y abre puertas a pleito judicial antes de Gafilat

El Banco Central del Paraguay se ratificó en la sanción y aplicación de multa contra el Banco Nacional de Fomento por supuestas faltas administrativas en el mecanismo antilavado. El caso involucra a las cuentas del empresario Dario Messer.


Fuente: La Caja Negra - Unicanal

El 27 de julio pasado, a través de la resolución 16 el directorio del Banco Central del Paraguay se ratificó en la sanción contra el Banco Nacional de Fomento por supuestas fallas antilavado, motivo por el cual el BNF promoverá una demanda ante el trinbunal contensioso administrativa. De esta manera, se abre una batalla legal antre ambos bancos dias antes de empezar la inspeccion de Gafilat.

El caso está vinculado a diferentes operaciones realizadas entre los años 2011 y 2018, periodo en que el empresario Darío Messer era uno de los clientes del Banco de Fomento. El sumario correspondiente se dio a conocer en febrero pasado y se abrió luego de que la Superintendencia de Bancos (SIB) del BCP reportara supuestas inconsistencias que guardan relación con las cuentas vinculadas a Messer y otros.

Llamativamente, la resolución del BCP que aplicó la sanción y la multa omitió información relevante sobre el movimiento de remesas en las cuentas de Messer. El BCP ignoró ingresos extraordinarios registrados en las cuentas para el cálculo del límite operativo autorizado (LOA).

Otro aspecto ignorado por el BCP tiene que ver con el origen y la trazabilidad de fondos remitidos desde bancos extranjeros a las cuentas de Messer en el BNF. Además, en la misma resolución del BCP consta que no se encontraron conductas irregulares en la gestión de alertas por parte del BNF.

El equipo de La Caja Negra tuvo acceso al detalle de acreditaciones de dinero recibidas en las cuentas del empresario Dario Messer y su empresa CHAI S.A. El detalle corresponde a cuentas corrientes en guaraníes y en dólares en el BNF desde el 2013 al 2017.

Uno de los argumentos esgrimidos por el Banco Central para sustentar la multa por “faltas administrativas” es la supuesta no realización de la debida diligencia en la verificación del origen de los fondos operados por Messer y la empresa CHAI S.A.

Según el BCP, aparece como “exceso en las operaciones” de Messer unos G 106.658.775.080. Sin embargo al observar el detalle de acreditaciones que aparecen en las cuentas de Messer y CHAI S.A. constan montos transferidos que debieron ser considerados de forma adicional al limite operativo autorizado al cliente como ingresos genuinos.

En el detalle aparece que en el año 2013 la cuenta corriente en dólares 61082/2 a nombre de la empresa CHAI S.A. US$ recibió en total la suma de US$ 6.699.809, el dinero provino de una cuenta bancaria en Luxemburgo, miembro de GAFI y la Union Europea, a través del corresponsal CITIBANK de Nueva York, banco corresponsal externo del BNF.

Cabe mencionar que la resolución 349/2013 de la Seprelad en su articulo 21 establece: “Cuando los fondos provienen de entidades financieras internacionales, se entenderá que la mismas aplicaron el principio de “conozca a su cliente”.

El detalle del dinero transferido desde bancos del extranjero a las cuentas de Dario Messer entre los años 2015 al 2017 constan ingresos extraordinarios por valor de Gs 55.327.419.261. Las transferencias de dinero a las cuentas de Messer en el Banco de Fomento fueron realizadas también desde Luxemburgo a través del banco corresponsal Citibank de Nueva York.

De acuerdo a estas constancias, se tratan de ingresos originados con recursos extraordinarios que poseía Messer en el extranjero, y que fueron acreditados a sus cuentas en el BNF a través de transferencias internacionales viabilizadas por medio del CITIBANK Nueva York (Banco corresponsal externo del BNF) para capitalizar las inversiones que venia realizando en Paraguay.

El dinero transferido desde el exterior posee trazabilidad ya que tuvo origen en bancos ubicados en países y zonas geográficas que tienen ajustadas sus políticas a las buenas prácticas internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y además son considerados países cooperantes por los organismos internacionales de control como GAFI, Naciones Unidas, Unión Europea y otros.

Todos estos montos se encuentran registrados en la base de datos del BNF pero fueron omitidos como valores a ser integrados en el limite operativo del cliente.

Batalla legal

El BNF, a través de un comunicado, señaló que posee “plena convicción” de que los mecanismos de prevención de lavado de dinero que aplica se ajustan a los estándares establecidos en las recomendaciones internacionales y a las disposiciones legales y reglamentarias.

El 28 de junio del 2021 los representantes del BNF interpusieron un recurso de reconsideración contra la resolución 34 del BCP pidiendo que sea revocada por arbitraria y contradictoria. Aseguran que el BCP transgrede el artículo 14 de la Constitución Nacional sobre la irretroactividad de la ley y también el principio de legalidad al decidir aplicar la ley 6497/19 en vez de aplicar la Ley 489 (orgánica del BCP) para calificar las supuestas faltas como graves y hacer el análisis de la prescripción de la acción.

Si estos argumentos, además de la información verificable en la base de datos del BNF sobre las remeras del exterior validadas y trazadas desde su origen, no fueron considerados en el sumario ejecutado por la Superintendencia de Bancos y si en la propia resolución del BCP se deja constancia de que no se encontraron conductas irregulares en la gestión del BNF, entonces…

¿En qué se sustenta la decisión de aplicar una multa al Banco Nacional de Fomento? Hay tufo a operación política.

 

La billetera de Wiens en pandemia: cómo gastar US$ 10 millones en asesores

Ingeniosas “variantes” de asistentes fueron agregadas en la administración de Arnoldo Wiens, que superan los cargos más ridículos que se conocieron al entrar en vigencia la Ley de Transparencia. Casos parecidos al jefe de ascensoristas o director de fotocopias del Congreso, en el MOPC existen asistentes de mesa de entrada, administrativo y de apoyo administrativo, etc., gracias a un proyecto de “Desarrollo de capacidades de gestión”, manejado por su jefa de Gabinete, Josefina Romero.


Fuente: La Nación

Por Rossana Escobar M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

Nadia Denis

nadia.denis@gruponacion.com.py

El proyecto denomi­nado “Desarrollo de capacidades de ges­tión” del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC), que está lide­rado por Josefina Romero, jefa de Gabinete del minis­tro Arnoldo Wiens, supues­tamente tenía la finalidad de contratar a especialistas de modo de “revolucionar” la ins­titución, según lo expresado por la misma responsable.

Pero la realidad es muy diferente a la que pinta­ron cuando establecieron el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del cual se contrataron a 244 personas y para el cuál se gas­taron US$ 10,5 millones, dado que en la lista de incorpora­ciones se distingue un sinfín de asistentes, y muchos de ellos ni siquiera cuentan con título universitario.

Un total de 68 asistentes, dis­tribuidos en 23 categorías, que en algunos casos sue­nan hasta redundantes, fue­ron los incorporados en la era Wiens. Por citar un ejemplo, existen asistentes administrativos, asistentes técnicos administrativos y asistentes técnicos de apoyo adminis­trativo. Los salarios de estos van desde G. 3.150.000 y lle­gan hasta los G. 7.500.000.



La particularidad de quie­nes ocupan estos cargos es que, como se mencionó ante­riormente, no cuentan con título universitario, pero lo más resaltante es que algu­nos de ellos, a pesar de estar cursando una carrera, no tie­nen nada que ver con las cons­trucciones u obras públicas o afines. Por ejemplo, en la lista proveída por el mismo MOPC, se encuentran aboga­dos, escribanos, licenciados en mercadotecnia o en aná­lisis de sistema ocupando puestos de asistentes admi­nistrativos.

En el programa “Tierra de nadie”, el ingeniero Amílcar Troche, presidente del Cen­tro Paraguayo de Ingenieros (CPI), indicó que estos US$ 10,5 millones pudieron ser utilizados para la formación de ingenieros y profesionales que podrán liderar proyectos en el MOPC en las próximas generaciones. En la ocasión, el ingeniero también señaló que hasta en los llamados a licitación se nota la falta de personal calificado en el MOPC, y esto a pesar de este costoso proyecto de gestión de Wiens y Romero.

Sobre este punto, cabe des­tacar que una semana atrás el MOPC convocó a una audiencia pública en la que participaron técnicos de la cartera de Obras Públicas y del Ministerio de Salud, así como también representan­tes de los potenciales oferen­tes del Gran Hospital del Sur. Los ocho técnicos que asistie­ron no pudieron responder ni una sola pregunta o pedido de aclaración respecto al con­fuso pliego de bases y condi­ciones, y desde el MOPC solo hicieron la promesa de deri­var las preguntas y respon­derlas por escrito.

Esto deja al descubierto que con esta contratación de expertos se gastaron millones de dólares, los que, a la hora de la verdad, no arrojan resultados.

Resultado de “expertos” no está a la vista

“Resulta que el MOPC pasó, en los últimos 8 años, de invertir US$ 200 millones a US$ 1.000 millones; por supuesto, de 80 contratos pasamos a 500 y hay que estructurarse para geren­ciar esa cantidad de contratos”, señaló Troche, respecto a la inca­pacidad de la cartera para administrar mayores recursos.

“Se deben tener especialistas en licitaciones, en la recepción y eva­luación de ofertas y proyectos, en fiscalizaciones, supervisiones, en el área económico-financiera. El MOPC no se reestructuró para admi­nistrar este incremento, y con casi la misma estructura intenta resol­ver una inversión cinco veces mayor. Estimo que por estos motivos recurre a estos mecanismos que le permiten contratar especialistas, pero no se ve el resultado en la cancha”, explicó Troche.

Pablo Vourliotis, el clarinetista y saxofonista, sin título, que contrató Arnaldo Wiens como parte de su programa de incorporación de “expertos”, percibe un salario de G. 6.000.000. Se lo ve rutinariamente, a través de las redes sociales, recorriendo el país.

Aracely Arce Núñez es abogada y escribana; sin embargo, se desenvuelve como “asistente administrativa” en el MOPC y su sueldo asciende a G. 7.000.000. Núñez estuvo como candidata por el movimiento de Julio Ullón en la Seccional 356/3.

Evelin Escobar Bogarín es estudiante de psicología, según sus redes sociales; no obstante, fue premiada con el cargo de “profesional administrativo” en el MOPC con un salario de G. 5.800.000.

SILENCIO EN MOPC

De modo de tener explicaciones sobre qué función realizan estos supuestos expertos, el equipo de investigación del Grupo Nación trató de obtener la versión del ministro Arnoldo Wiens y de la arquitecta Josefina Romero, pero estos prefirieron llamarse a silen­cio, dejando al aire una inmensa cantidad de dudas respecto a la utilidad de este proyecto y, sobre todo, sobre la transparencia.­

 

Saxofonista, hurreros, psicóloga, contratados como expertos en MOPC

Gremio de ingenieros y empresarios se mostraron sorprendidos con masiva contratación de expertos por la administración de Arnoldo Wiens, difundida anoche en “Tierra de nadie”, y critican inoperancia.


Fuente: La Nación

Por Rossana Escobar M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

Nadia Denis

nadia.denis@gruponacion.com.py

Por la demora del Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) en la pro­visión de la información sobre los US$ 10,5 millones en contratación de expertos solicitada por nuestra sec­ción de investigación, era de esperarse que dentro de la masiva incorporación estén infiltrados recomendados, amigos, seguidores de las autoridades de turno.

Los resultados del MOPC, criti­cados rutinariamente en la rea­lidad, hacen un fuerte contraste al proyecto de “Desarrollo de capacidades de gestión” que nos cuesta un ojo de la cara como país ya que estamos hablando de un presupuesto de US$ 10,5 millones, orientados exclusiva­mente a contratación de “espe­cialistas”. La administración del ministro Arnoldo Wiens no escatimó recursos ni en pande­mia ya que en plena crisis sani­taria fue aumentando costos hasta llegar a la cifra señalada.

Contrataron 244 personas a las que bautizaron como “exper­tos y especialistas” a través del Programa de las Naciones Uni­das para el Desarrollo (PNUD). La responsable del proyecto es la arquitecta Josefina Romero Serrati, jefa de Gabinete del MOPC. (Ver infografía).

Anoche, en el programa “Tie­rra de nadie”, del canal GEN, se revelaron casos alevosos de recomendados que se infil­traron como expertos para “aumentar las capacidades de distintas dependencias del MOPC, a través de la asisten­cia técnica especializada en áreas claves”, según el obje­tivo del proyecto, que había señalado Romero. Aprove­charon el convenio para con­tratar infinidad de asistentes de todo tipo con actividades que rayan lo absurdo.

Por citar la diversidad de asistentes y consultores, por ejemplo, encontramos asis­tente técnico, administra­tivo, apoyo administrativo, asistente de apoyo, de produc­ción y comunicación, de servi­cios generales, de gabinete, de mesa de entrada, etc.

En la larga lista también se pue­den leer asistente administra­tivo a la coordinación del Vice­ministerio de Minas y Energías, especialista sectorial de comu­nicación, asistente técnico de Relaciones Públicas, especia­lista sectorial jurídico, asis­tente jurídico y asistente jurí­dico junior; es decir, carátulas inentendibles en la repartija de cargos. Un denominador común entre varios contratados se pudo constatar mediante un recorrido por sus redes socia­les. En su mayoría, profesan el evangelio y se los ve en reunio­nes de oración.

Un joven clarinetista, saxofo­nista, director de orquestas, como la de Loma Plata (Chaco), Mburukuja, por ejemplo, está en la lista de expertos. Sin título universitario, figura como “diseñador gráfico”, pero se lo ve deambular por todo el país, detrás del ministro Wiens. Per­cibe G. 6 millones al mes.

Una rápida revisión de la extensa planilla deja en evi­dencia el amiguismo. Hurre­ros, hijo de funcionario, aco­modados de rubros que nada tienen que ver con obras están en la planilla proveída por el MOPC. Contrataciones cal­cadas a la de la radióloga Sole­dad Melgarejo que ubicó Wiens en su institución al asumir el cargo. (Ver infografía).

Adjunto a este artículo se encuentran las 244 contrata­ciones, divididas por los compo­nentes del proyecto. La ciudada­nía puede chequear y colaborar con datos concernientes a los privilegiados a los correos que figuran más arriba.

Los responsables de este fes­tín huyeron de la invitación para brindar explicaciones a la ciudadanía. La producción de “Tierra de nadie”, como nuestra redacción, insistieron varias veces obtener alguna versión por parte del ministro o su jefa de Gabinete Josefina Romero, pero sus responsa­bles de comunicación no die­ron retorno a nuestro pedido.

La gestión más mediocre del MOPC en 30 años

AMÍLCAR TROCHE - Presidente del gremio de ingenieros.

Desde el Centro Paraguayo de Inge­nieros (CPI) lamentaron la gestión en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y afirmaron que la contratación de los 244 supuestos expertos, a través del PNUD, no se ve reflejada en lo absoluto en las obras ni en los llamados a licitación. “Hace 30 años, aproximadamente, vengo trabajando principalmente con el MOPC por mi especialidad vial, muy pocas veces el MOPC tuvo un cam­bio de liderazgo técnico tan pobre y mediocre, lo digo con profunda pena. El resultado de eso es esto que tenemos, proyectos malos, obras que necesitan en su totalidad un reajuste del 20% y muchas veces eso no alcanza porque se licitan obras sin proyectos, no sé si hace de profeso, pero si repetimos, nunca vamos a conseguir cam­biar los resultados”, expresó con preocupación el ingeniero Amílcar Troche, presidente del CPI. Señaló que en el país existe capacidad para llevar adelante proyectos de alta complejidad, pero que las empresas y profesionales que no están vinculados al poder de turno, práctica­mente no tienen participación en los planes y licitaciones del MOPC.

Licitaciones, viciadas de irregularidades

GUSTAVO MASI - Empresario.

El arquitecto y empresario Gustavo Masi indicó estar sorprendido por la contratación de expertos en licitaciones en la cartera que lidera Arnoldo Wiens, dado que, según su perspectiva, los llamados cuentan con grandes irregularidades. “Me gustaría saber si los asesores que contrataron para los llamados a licitación hacen lo que ellos tienen la capacidad de hacer o lo que le ordenan, porque todos los llamados a licitación, y sobre todo los llama­dos internacionales están viciados, todos”, afirmó Masi. Así también señaló que no sabe si los ingenieros contratados por Wiens hacen presencia en las obras, puesto que, si lo hicieran, no habría puentes caídos, cosa que lamentablemente ha ocu­rrido y que incluso han ocasionado la pérdida de vidas huma­nas. Igualmente, expresó que Arnoldo Wiens no es el indicado para ocupar el ministerio ya que no cuenta con formación en dicha área. “Por qué Arnoldo Wiens, teólogo, es ministro de Obras Públicas, él es teólogo con un enfoque en obras públicas e ingeniería, yo nunca vi, sinceramente”, aseveró.


 

Negocio de US$ 1 millón: ¿Quiénes están detrás de empresa beneficiada por Conajzar?

La empresa Icrop S.A. encargada del cobro del canon por la explotación ilegal de las máquinas tragamonedas, que operan en la vía pública, cobra entre G. 300 a G. 400 mil al mes por cada tragamonedas, de los cuales G. 80 mil transfiere a la Conajzar. Estiman que existen 25 mil máquinas operando en forma ilegal ante el beneplácito del ente regular. Políticos influyentes habrían operado para que la empresa privada logre un contrato directo otorgado por Conajzar que les genera mensualmente cerca de US$ 1 millón. Presumen esquema de lavado de dinero.

Fuente: La Caja Negra

La empresa ICROP S.A. beneficiada vía resolución por la Conajzar para censar, catastrar y explotar los juegos de azar con máquinas callejeras es apuntada como una empresa de maletín. En la comisión de Hacienda del Senado advirtieron que la firma podría servir como fachada para lavar dinero. La problemática detrás del negocio de los tragamonedas callejeros fue expuesto por el área de Investigación del Grupo Nación.

¿Quiénes están detrás de la empresa?. De acuerdo a los datos recogidos por el equipo de La Caja Negra la empresa ICROP S.A. nace en el 2018. Entre sus directivos aparece Anderson Luis Lamb Vosh, un joven de 30 años, oriundo de Alto Paraná. También figura otro identificado como Pedro Paulo da Silva Pedroso, supuesto aportante de la campaña presidencial de Colorado Añetete.

Lo llamativo es que ninguno registra actividades comerciales conocidas en el país ni referente al rubro de los juegos de azar. La empresa como tal nace recién en el año 2018 tras la modificación de estatutos, pasa a denominarse ICROP S.A. Según su página web y los registros de inscripción la sociedad se dedica a “servicios informativos, data center y telecomunicaciones”.

En el esquema operativo de la empresa aparece un exfuncionario estatal, Cristian Vera, expresidente de la Conajzar y su hermano Ariel Vera, apuntado como supuesto brazo operativo de la empresa.

La empresa presenta en octubre del 2019 una propuesta formal a la Conjazar, presidida por José Ortiz Baez, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes, de los cuales solo el 30% debe transferir al ente regulador. ICROP S.A. cobra entre G. 300 a G. 400 mil por mes, en concepto de canon a cada máquina que registran. Sobre la base de que existirían 25 mil máquinas a nivel país surge el millón de dólares como recaudación mensual.

La empresa no registra domicilio conocido, al menos la información declarada en su página web en la ciudad de Hernandarias no fue ubicada. También se menciona un local ubicado en el cuarto barrio de Luque, pero en el sitio se observa ningún cartel que indique que se trate del local de la empresa.

La misteriosa empresa tendría vínculos con políticos del sector de Colorado Añetete. Operadores legales e informales del negocio mencionan como padrinos políticos de la empresa a Óscar “Cachito” Salomón, actual presidente del Congreso y al senador Juan Afara, ex vicepresidente de la República.

La sospecha de que se trataría de una empresa de maletín fue expuesta durante una reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, lugar donde fue discutida la decisión de la Conajzar de delegar sus funciones y tercerizar a través de esta empresa el cobro de canon a estas máquinas ilegales.

En la reunión de la Comisión del Senado, presidencia por la senadora Esperanza Martinez, se alertó de la posibilidad de que se trataría de una empresa de maletín que apuntaría a registrar maquinas fantasma a fin de generar una fachada ideal para lavar dinero sucio.