El texto, a cargo de la Cámara de Casación Penal Federal II, también señaló al movimiento chiita Hezbollá como el perpetrador, declaró a Irán como un “Estado terrorista” y calificó el atentado a la AMIA como un “crimen de lesa humanidad”, según el documento citado por la prensa.

“Hezbolá ejecutó una operación que respondía a un designio político, ideológico, revolucionario y bajo el mandato de un gobierno, de un Estado”, señaló a Radio Con Vos, refiriéndose a Irán, el juez Carlos Mahiques, uno de los tres magistrados firmantes.

El fallo “es histórico, único en Argentina, no solamente se lo debían a la Argentina: se lo debían a las víctimas”, dijo Jorge Knoblovitz, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, al canal LN+.

Además, “abre la posibilidad de una demanda a la Corte Penal Internacional porque se estableció claramente que el Estado de Irán es un estado terrorista”, agregó.

- Fallo paralelo -

La decisión de los jueces Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña se produjo en el marco de un fallo paralelo, también este jueves, que revisa el caso de las irregularidades cometidas durante la investigación.

En él se ratifica la absolución de Carlos Telleldín, el primer detenido por el atentado a la AMIA, así como las condenas por las irregularidades en la investigación y se reducen algunas penas, entre ellas la del exjuez Juan José Galeano, el primero que manejó la causa, que bajó de seis a cuatro años.

Este fallo paralelo, de 711 páginas, examina el contexto geopolítico de ambos atentados y determina que su motivación, aunque no la única, respondió a la política exterior del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).

“Se originó principalmente a la decisión unilateral del gobierno, motivado en un cambio de la política exterior de nuestro país operado entre fines de 1991 y mediados de 1992, de cancelar tres contratos de provisión de material y de tecnología nuclear acordados con Irán”, indica el texto consultado por AFP.

El país sufrió dos graves atentados, ambos en Buenos Aires. El primero, en 1992 contra la sede de la embajada de Israel, causó 29 muertos, y el segundo, en 1994 contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el peor de la historia de este país, dejó otros 85 muertos.

En 2006, fiscales argentinos acusaron al grupo proiraní Hezbolá de llevar a cabo el atentado contra la AMIA y a funcionarios iraníes de ordenarlo, lo que Teherán niega. No hay detenidos por este caso, que sigue sin resolverse, y hasta ahora no se habían esclarecido los motivos del atentado. Irán niega toda implicación.

La investigación judicial sostiene que los principales sospechosos del ataque integraban el gobierno iraní de aquel momento, entre ellos el expresidente iraní Ali Rafsanjani. Pero el caso quedó envuelto en denuncias por desvío de pistas, condenas por encubrimiento y procesos anulados.

Un juicio sobre el atentado a la AMIA finalizó en 2019 con penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-99), declarados culpables de “encubrimiento” del ataque, pero sin determinar la razón del ocultamiento de pruebas ni la desviación de las investigaciones cometidas por los encubridores.

Con unas 300.000 personas, la comunidad judía de Argentina es la más numerosa de América Latina.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

El juicio por la muerte del “Diez” fue suspendido este martes por una semana para investigar si una de los tres jueces del caso, Julieta Makintach, colaboró en el ingreso de cámaras a las audiencias para la producción de un documental sin aprobación de las partes.

“Sí, hubo”, dijo una fuente vinculada a la investigación que pidió anonimato al ser consultada por los allanamientos informados por la prensa local.

El viernes Fernando Burlando, abogado querellante, dijo que el juicio debe reiniciarse porque “nada de lo que se hizo sirve”, tras conocer detalles de los allanamientos que, presuntamente, demuestran la culpabilidad de Makintach, en una entrevista con la emisora local Radio Con Vos.

Sostuvo que pedirá recusar y someter a juicio político a Makintach, y evalúa hacerlo con los otros dos jueces. “¿Me vas a decir que en este tribunal no sabían qué estaba pasando?”, gritó en la entrevista.

“No ofició de jueza, ofició de actriz”, afirmó, tras conocerse videos en medios nacionales -presuntamente del allanamiento- que muestran a Makintach frente a una cámara de filmación en tribunales.

- Juicio mediático -

El juicio, iniciado el 11 de marzo, busca determinar la responsabilidad del equipo médico de Maradona en su muerte.

Se lleva a cabo en un tribunal en San Isidro, al norte de la ciudad de Buenos Aires, cerca de donde residía el astro del fútbol cuando falleció el 25 de noviembre de 2020.

La policía allanó la noche del jueves dos productoras audiovisuales y cuatro domicilios particulares, detalló la fuente.

Uno de los domicilios está vinculado a una mujer señalada por una de las defensas como realizadora del documental y que asiste al juicio cotidianamente, según el diario La Nación.

Makintach la identificó como “amiga de la infancia”, y negó el vínculo de ella misma o su amiga con un documental, en declaraciones a diferentes medios nacionales.

La jueza enfrenta tres recusaciones de dos defensas: una rechazada y apelada y las otras dos por resolverse el próximo martes cuando se reanude el juicio, en riesgo por este escándalo.

Maradona falleció por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica semanas atrás.

Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente y por la que pueden pasar entre 8 y 25 años en prisión. Una octava acusada será juzgada en otro proceso.

Durante el juicio la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.

El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó la potestad de la Universidad de Harvard para matricular a extranjeros, amenazando el futuro de miles de estudiantes y los valiosos recursos que inyectan a la institución.

Pero Harvard presentó una demanda y la jueza Allison Burroughs, del tribunal federal de Massachusetts, prohibió este viernes “a la administración Trump implementar la revocación de la certificación SEVIS (Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio)”.

La medida del gobierno queda suspendida hasta una audiencia judicial preliminar el 29 de mayo.

Más de un cuarto de los alumnos de Harvard son extranjeros.

El presidente Trump está furioso con Harvard, de donde han salido 162 premios Nobel, por rechazar su exigencia de que se someta a supervisión en materia de admisiones y contrataciones.

Para el mandatario, la universidad es un foco de antisemitismo e ideología liberal progresista.

Su administración ya amenazó con revisar 9.000 millones de dólares de financiación gubernamental a Harvard, congeló una primera partida de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales, y deportó a un investigador de la Facultad de Medicina de esa universidad.

Harvard pedía a la justicia “detener la acción arbitraria, caprichosa, ilegal e inconstitucional del gobierno”.

La pérdida de estudiantes extranjeros podría resultar costosa para Harvard, que cobra decenas de miles de dólares anuales en matrícula.

Fuente: AFP

Elias Rodriguez, de 31 años, lanzó esa consigna cuando la policía se lo llevaba después del ataque el miércoles por la noche en el exterior del Museo Judío de la Capital, afirmó la fiscalía en un documento judicial.

“Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza”, dijo a los agentes.

El hombre de Chicago hizo una comparecencia inicial en la corte el jueves después de ser acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y asesinato de funcionarios extranjeros.

Si se le declara culpable, podría recibir la pena de muerte.

Las autoridades investigan el tiroteo “como un acto de terrorismo y como un crimen de odio”, afirmó a los periodistas Jeanine Pirro, fiscal federal interina para el Distrito de Columbia.

“Sospecho que a medida que avancemos (...) se agregarán más cargos”, añadió. Se fijó una audiencia preliminar para el 18 de junio.

Los crímenes ocurrieron frente al museo judío, a 1,6 kilómetros de la Casa Blanca, cuando se celebraba un acto para jóvenes profesionales y personal diplomático.

Israel identificó a las víctimas como Yaron Lischinsky, un ciudadano israelí, y Sarah Lynn Milgrim, una empleada estadounidense de la embajada. Dijo que eran una pareja que planeaba casarse.

El tiroteo provocó indignación internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, culpó por el hecho a las críticas europeas hacia su país por la intensificación de su ofensiva en Gaza.

Existe, según él, “una línea directa que conecta la incitación antisemita y antisraelí con este asesinato”.

“Esta incitación también es realizada por líderes y funcionarios de muchos países y organizaciones internacionales, especialmente de Europa”, acusó.

El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores francés, Christophe Lemoine, calificó estas palabras de “escandalosas” e “injustificadas”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, citó “el terrible precio del antisemitismo” y condenó la “incitación salvaje contra el Estado de Israel”.

Poco después del tiroteo, el presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en las redes sociales que este fue claramente un ataque antisemita.

- “Asesinos en masa” -

El ataque se produjo días después de que el museo recibiera una subvención para reforzar la seguridad.

Todo ello en un contexto de creciente antisemitismo tras la devastadora campaña militar israelí en Gaza a raíz de un ataque del grupo islamista Hamás en octubre de 2023 en Israel, donde mataron a 1.218 personas y secuestraron a otras 251, según datos del Estado hebreo.

Las tensiones han aumentado en Estados Unidos y muchos otros países por la represalia israelí contra Hamás que causó al menos 53.762 muertos en Gaza, según los datos del Ministerio de Salud del gobierno del movimiento palestino que la ONU considera fiables.

Reino Unido y Francia, que han intensificado sus críticas a las operaciones de Israel, condenaron el asesinato, así como Alemania y Emiratos Árabes.

Pero Netanyahu acusó el jueves a Francia, Reino Unido y Canadá de envalentonar a los milicianos, al decir que “quieren que Israel se retire y acepte que el ejército de asesinos en masa de Hamás sobreviva, se reconstruya y repita la masacre del 7 de octubre”.

- “El antisemitismo” -

Rodriguez fue visto caminando fuera del museo. Se acercó a sus víctimas, que estaban de espaldas a él, y disparó 21 veces, según se lee en documentos judiciales.

Tiroteó varias veces a la pareja cuando ya estaban en el suelo y abrió fuego contra Milgrim mientras ella intentaba alejarse.

Testigos contaron que el personal de seguridad al principio confundió al hombre con una víctima y le permitió entrar al museo, donde fue consolado por los transeúntes.

“Lo hicieron sentar. ‘¿Estás bien? ¿Te dispararon? ¿Qué pasó?’ Y él respondió: ‘¡Que alguien llame a la policía!’”, declaró a la prensa Yoni Kalin, quien se encontraba en el sitio.

Lischinsky era investigador en la embajada israelí, mientras que Milgrim trabajaba para el departamento de diplomacia pública, según sus perfiles de LinkedIn.

El jueves un grupo de personas se congregó en el museo para cantar y rezar.

“Obviamente la guerra es horrible”, declaró a la AFP Gil Livni. “(Pero) el antisemitismo, lo siento todos los días (...). Personas que pensé que eran mis amigas demuestran que son antisemitas. Se ha convertido en la norma”.

Hadar Susskind, presidente y director ejecutivo del grupo New Jewish Narrative, describió el momento como “increíblemente doloroso... esta no puede ser la respuesta”.

Fuente: AFP