El variopinto grupo de convocantes incluyó organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro, y algunos antiguos aliados de izquierda con diversos clamores: rechazan sus proyectos para estatizar el servicio de salud, su iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia.

“Yo voté por el cambio, por Petro, pero seguimos con lo mismo. Marcho porque sigo pensando que Colombia tiene alguna esperanza”, dijo a la AFP Martha Estrada, pensionada de 64 años con un sombrero tricolor en Bogotá.

En la capital la lluvia no detuvo a los manifestantes y decenas de miles se congregan en la central Plaza de Bolívar, vecina de la sede presidencial, constató la AFP.

Petro llegó al poder hace casi dos años como el primer izquierdista en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras.

Con 60% de desaprobación, según la encuestadora Invamer, el mandatario ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la plaza pública donde suele ser muy activo.

En Cali (suroeste), Medellín (noroeste) y Barranquilla (norte) los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia, camisetas blancas y un grito al unísono: “¡Fuera Petro!”.

En las principales capitales hubo en total cerca de medio millón de manifestantes, según cifras oficiales. Solo en Medellín salieron a protestar unas 350.000 personas, de acuerdo con la Personería.

Petro sin embargo calculó la cifra de manifestantes en 250.000, y aseguró en X que varias concentraciones fueron “débiles” y que su “principal objetivo” fue “derrocar el gobierno del cambio” con un “un golpe blando”.

“MARCHA DE LAS BATAS BLANDAS”

No es la primera manifestación contra el gobierno pero sí la más multitudinaria.

Uno de sus proyectos de reformas, el de la salud, dividió al país cuando el mandatario empezó a implementar por vía administrativa varios de sus ejes centrales ante las dificultades de lograr apoyos en el Congreso.

El presidente aspira a reducir la participación de privados en la prestación de servicios sanitarios, y en los últimos días intervino varias de las entidades que sirven de intermediarias de los recursos entre el Estado y los hospitales, para controlar su presupuesto.

Expertos coinciden en que el sistema está en bancarrota y debe reformarse, pero algunos cuestionan la manera en que el gobierno pretende hacerlo.

Con el nombre de “marcha de las batas blancas”, los médicos manifestaron su “desacuerdo con el actual manejo del sistema de salud por parte del gobierno”.

Según Invamer, el 56% de los encuestados en abril rechazaron que el gobierno “esté interviniendo algunas de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en Colombia para administrar directamente el sistema”.

“Estoy aquí como ciudadano, médico y colombiano. (…) Como médico se ve el deterioro porque no hay medicamentos para dar a los pacientes, porque los pacientes demoran en la atención”, relató el doctor Julio Rivero, de 35 años, en Bogotá.

PAZ MALTRECHA

Manifestantes en distintas ciudades llevaban pancartas alusivas a la inseguridad, y a la violencia de rebeldes y narcos en el campo.

“Este señor protege más a los malandros (criminales) de la guerrilla que a la gente buena de este país. (...) Es el momento de unirnos para que sienta que no somos los ricos, somos todos, la clase media trabajadora, que necesitamos un cambio”, dijo Betty Ospina, manifestante de 67 años.

La ambiciosa política de “Paz Total” con la que el gobierno aspira desactivar seis décadas de conflicto armado sufre reveses.

Sus detractores rechazan las concesiones que reciben los grupos armados en medio de las negociaciones de paz, pese a las frecuentes violaciones a lo pactado y las pocas muestras de voluntad de deponer las armas.

Las negociaciones con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sufrido varias crisis por asesinatos, secuestros y ataques a la fuerza pública.

Un 70% de los colombianos cree que el país está “empeorando”, según Invamer.

Las protestas llegan además en medio de una crisis hídrica debido a una grave sequía que tiene a más de 10 millones de personas en racionamiento de agua en Bogotá. El fin de semana volvieron las lluvias, pero no han sido suficientes, según autoridades.

El presidente ordenó suspender la exportación de energía a Ecuador y el viernes decretó un “día cívico” con la solicitud de ahorrar agua y energía y “salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo” en Bogotá.

La medida fue vista por algunos críticos de Petro como un golpe a la convocatoria de protestas de este domingo.

Trump es conocido por solidarizarse con sus aliados, como el ultraderechista Bolsonaro, con quien mantuvo una relación estrecha durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021), y arremeter contra quienes considera sus rivales.

La relación con Lula, un izquierdista, es tirante.

El gobierno brasileño convocó a Gabriel Escobar, actual número uno de la embajada estadounidense en Brasil, para pedirle explicaciones sobre una nota de la legación que describe a Bolsonaro, juzgado por intento de golpe de Estado, como víctima de “persecución política”.

A miles de kilómetros de Brasilia, Trump contraatacó con aranceles, una de sus armas predilectas que usa a discreción, incluso con aliados. Tanto es así que en 2019, cuando gobernaba Bolsonaro, ya amenazó a Brasil con aranceles al acero.

Esta vez amenaza al Brasil de Lula.

“La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump en una carta destinada a Lula.

- “Caza de brujas” -

“Es una caza de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE”, añadió en su plataforma Truth Social.

Desde el lunes, una veintena de países han recibido una carta que les anuncia el recargo que Estados Unidos aplicará a partir del 1 de agosto a sus productos, pero la misiva de Brasil tiene una fuerte carga política.

“Debido en parte a los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses (...) cobraremos a Brasil un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los productos brasileños”, afirmó Trump.

El gravamen adicional es independiente de los aranceles sectoriales, como el 50% impuesto ya al acero y aluminio. Brasil es el segundo proveedor de acero a Estados Unidos.

Trump recalca que el “50% es mucho menos de lo necesario para lograr la igualdad de condiciones”. En realidad el comercio entre los dos países alcanzó los 41.700 millones de dólares entre enero y junio, con 20.021 millones para las exportaciones desde Brasil y 21.695 para los productos estadounidenses, según datos del gobierno brasileño.

Trump ordenará además a su representante comercial Jamieson Greer abrir “de inmediato una investigación” por “los continuos ataques de Brasil a las actividades de comercio digital de empresas estadounidenses, así como a otras prácticas comerciales desleales”.

Parece hacer alusión a un bloqueo por decisión de la justicia brasileña de Rumble, una plataforma para compartir videos popular entre grupos conservadores, por negarse a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos buscado por difundir desinformación.

- Posible “reciprocidad” -

Lula reaccionó en la red social X diciendo que Brasil puede actuar en “reciprocidad”, en un claro desafío a Trump, quien avisó que si lo hace el porcentaje subirá.

“La cantidad que elija se añadirá al 50% que cobramos”, escribió en Truth Social.

Lula, que derrotó con estrecho margen a Bolsonaro en las elecciones de 2022, respondió también a las otras críticas.

Recordó que el juicio a Bolsonaro “es solo competencia de la justicia brasileña y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de injerencia o amenaza” y que “la libertad de expresión no se confunde con agresión o prácticas violentas”.

“Para operar en nuestro país todas las empresas nacionales y extranjeras están sometidas a la legislación brasileña”, afirmó el presidente.

El lunes Trump ya había acudido a sus redes sociales para afirmar que Bolsonaro es objeto de “una caza de brujas” y pedir a las autoridades brasileñas que dejen al expresidente “en paz”.

El exmandatario brasileño de extrema derecha es acusado de liderar una “organización criminal” que planeó un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral. Él lo niega.

Uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña para conseguir apoyo del gobierno a su padre.

Trump tiene a Brasil en la diana por otros motivos.

El republicano acusa a los BRICS, un bloque formado por 11 economías emergentes, incluidas Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de tener “políticas antiestadounidenses” y amenaza con imponer aranceles adicionales del 10% a quienes se alineen a ellos.

Lula rechazó el lunes esas declaraciones durante una cumbre del bloque en Rio de Janeiro. “No queremos un emperador”, afirmó.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, anunció el cambio de las normativas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en una rueda de prensa en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

“En estos 20 años, nuestra tecnología de seguridad ha cambiado radicalmente. Ha evolucionado. La TSA ha cambiado. Ahora la seguridad se aborda desde una perspectiva gubernamental a varios niveles”, declaró Noem.

El 22 de diciembre de 2001 el británico Richard Reid fue controlado a bordo de un vuelo de American Airlines entre París y Miami cuando intentaba hacer estallar sus zapatillas deportivas que contenían un explosivo.

Las medidas de seguridad durante el embarque se hicieron más rigurosas a raíz del incidente y desde 2006 los pasajeros de los aeropuertos estadounidenses están obligados a descalzarse durante los controles y pasar sus zapatos por un escáner.

Reid se declaró culpable de terrorismo y otros cargos y cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Colorado.

Fuente: AFP

Hasta la mañana del martes, las autoridades del condado de Kerr, el más afectado, habían recuperado los cuerpos de 87 víctimas, informó el sheriff Larry Leitha a la prensa.

Entre los fallecidos se encuentran al menos 27 niñas y guías que se alojaban en un campamento juvenil de verano junto al río Guadalupe cuando se produjo la catástrofe, durante el fin de semana festivo del 4 de julio.

“Hasta el momento, cinco campistas de Camp Mystic y una guía siguen desaparecidos”, añadió Leitha.

Las autoridades locales reportaron al menos 108 muertes relacionadas con las inundaciones en el centro de Texas, en el sur de Estados Unidos.

Ben Baker, de los guardabosques de Texas, explicó que las tareas de búsqueda y rescate con helicópteros, drones y perros fueron extremadamente difíciles debido al agua y el lodo.

“Cuando intentamos realizar estos rescates, estos grandes pilas de escombros pueden ser muy obstructivas, y adentrarse en ellas es muy peligroso”, dijo Baker.

“Es extremadamente peligroso y lleva mucho tiempo. Es un trabajo sucio, el agua sigue ahí”, añadió. Y señaló que se presta especial atención al estado mental de los socorristas, sobre todo porque se estaban recuperando los cuerpos de los niños.

En la localidad de Hunt, epicentro del desastre, un equipo de la AFP vio a los rescatistas revisando montañas de escombros con helicópteros sobrevolando, mientras las esperanzas de encontrar supervivientes parecían cada vez más lejanas.

Javier Torres, de 24 años, excavaba en el lodo buscando el cuerpo de su abuela, luego de haber localizado los restos de su abuelo.

También descubrió los cuerpos de dos niños, aparentemente arrastrados por el río.

Las autoridades advirtieron que, con el pronóstico de lluvias más intensas, las tareas de recuperación se dificultarían aún más.

“Hemos recibido algunos informes de la posible llegada de más agua, lo que obviamente afectará las labores de búsqueda y recuperación”, dijo Baker.

El presidente Donald Trump planea visitar Texas el viernes, informó la Casa Blanca, al tiempo que criticó duramente a quienes afirman que sus recortes presupuestarios a las agencias meteorológicas debilitaron los sistemas de alerta.