Bautizado por la prensa española como el “cisma de Burgos”, el conflicto enfrenta desde hace un mes al arzobispo de esa localidad de Castilla y León con las monjas del convento de Santa Clara de Belorado, un pueblo de 1.800 habitantes situado a 50 km de Burgos.

El 13 de mayo, la comunidad de dieciséis hermanas que reside en el convento de ladrillo del siglo XV causó estupefacción al anunciar que rompía con la Iglesia católica, en un “manifiesto” de 70 páginas acompañado de una carta publicada en redes sociales.

La misiva, firmada por sor Isabel de la Trinidad, madre superiora de la pequeña congregación, denunciaba la “persecución” de la que sería víctima la comunidad, enfrascada desde hace varios años en un enfrentamiento inmobiliario con su jerarquía.

En 2020, las monjas llegaron a un acuerdo con el vecino obispado de Vitoria para comprar el convento de Orduña, en el País Vasco, pero la venta finalmente fracasó.

La transacción fue “bloqueada desde Roma”, que “ha puesto palos en la rueda a nuestra comunidad”, afirmó en su carta sor Isabel, quien denunció que la Iglesia les impidió vender un monasterio, lo que les habría permitido financiar la otra operación.

- Sacerdote excomulgado -

Pero el choque va más allá de lo inmobiliario. En su carta, las monjas de Belorado cargan contra un supuesto “caos doctrinal” del Vaticano, al que acusan de incurrir en “contradicciones” con sus “lenguajes dobles y confusos”.

“No reconocemos al papa” y “el Vaticano es una farsa”, reiteraron en la cadena Telecinco varias de las monjas de esta comunidad, que afirma estar ahora bajo la autoridad de un sacerdote excomulgado, Pablo de Rojas Sánchez.

El religioso, fundador de “La Pía Unión de San Pablo Apóstol”, se presenta como obispo ordenado por la iglesia disidente del Palmar de Troya en 2005. Fue excomulgado de la Iglesia católica en 2019 por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

Conocido por sus posturas ultraconservadoras, De Rojas afirma ser miembro del “sedevacantismo”, una corriente que considera herejes a todos los papas que sucedieron a Pío XII (1939-1958), por lo que estima que actualmente no hay un sumo pontífice válido.

La Iglesia no tardó en mostrar su “absoluto estupor y perplejidad” por el anunció de las clarisas.

“Fue muy doloroso escuchar de labios de la abadesa decir que el papa es un usurpador”, dijo Iceta.

- Ultimátum -

Encargado por el Vaticano para resolver el asunto, el arzobispo de Burgos hizo llamamientos al diálogo, antes de enviar, a principios de junio, a una delegación junto a un notario para exigir a las monjas, sin éxito, que entregaran la llave de su convento, que la Iglesia reclama como suyo.

Las hermanas, de su lado, presentaron una denuncia por “abuso de poder”, mientras que en su recién creada cuenta de Instagram acusaron al arzobispado de aplicarles una estrategia de “asfixia”, al bloquear sus cuentas bancarias para impedirles adquirir “productos básicos”.

Inicialmente, la Iglesia había dado a las monjas hasta el domingo pasado para comparecer ante un tribunal eclesiástico y confirmar su decisión, castigada con la excomunión.

Pero el ultimátum fue aplazado hasta este viernes, según la Iglesia, que ofreció no excomulgar a las hermanas mayores -consideradas vulnerables- y busca hablar con cada monja para evaluar cada caso.

Las monjas han mantenido estos últimos días su beligerancia en redes sociales, lo que hace improbable un acuerdo con el arzobispado.

La Iglesia “ha intentado agotar todas las vías posibles antes de proceder a la excomunión”, pero “el diálogo está roto”, señaló a la AFP Luis Santamaría, fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), que ve detrás de la rebelión la mano de La Pía Unión de San Pablo Apóstol.

“Tenemos razones fundadas para pensar” que las monjas no han tomado su decisión “con libertad”, sino que han sido “manipuladas”, señaló el teólogo, quien ve en todo esto una “triste situación”.

Fuente: AFP

El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, golpeó especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.

“Tenemos 13 personas fallecidas y siete personas desaparecidas”, informó a la prensa Alicia Cebrián, directora del Servicio de Emergencias Estatal (Senapred).

La emergencia también dejó unas 2.800 viviendas destruidas o con daños estructurales, unos 2.200 damnificados y mantiene a más de 60.000 personas aisladas, según el gobierno.

Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el fango, y algunos pueblos resultaron aislados.

“Tengo 57 años y nunca había visto una emergencia como esta. Lo más impactante fue ver cómo los ríos y las quebradas se desbordaron”, dijo en una llamada a la AFP Patricia Albornoz, una dirigente vecinal de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que las lluvias “van a comenzar a disminuir” en las próximas horas, pero que todavía persisten riesgos por “crecidas de cauces y quebradas”.

Tras el fin del fenómeno climático, el gobierno se centrará en enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas, restablecer las rutas y los servicios básicos.

El presidente chileno, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y movilizar recursos de ayuda más rápidamente.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Tras el visto bueno del Senado, los diputados de la Asamblea Nacional también aprobaron la ley, por 279 votos a favor y 81 en contra.

Esto allana el camino para que Francia se sume al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales ante las crecientes advertencias sobre sus efectos nocivos para los menores.

“Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en un video difundido en redes sociales en el que repasa su lucha por esta medida.

El mandatario quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027.

La prohibición se implementaría en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos regreses a las aulas tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas. Según el texto, la prohibición se aplicaría a partir de enero de 2027 a las cuentas ya existentes.

“Todos en Francia tendremos que probar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta”, explicó a los periodistas la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.

El texto también incluye prohibir los celulares en los liceos, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

- Verificación de edad -

La ley no prevé ninguna sanción para los niños ni para los padres. Corresponderá a las plataformas implementar un sistema de verificación de edad, o incluso varios simultáneamente, para que los usuarios puedan elegir.

“¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?”, preguntó la senadora ecologista Mathilde Ollivier, que denunció un texto “para aparentar”.

Le Hénanff afirmó antes de la votación que el plazo de implementación es realista, “porque ya existen herramientas de verificación de edad” y otras están en desarrollo.

Por otra parte, el texto prevé algunas excepciones a la prohibición, como las “enciclopedias en línea” o los “proyectos digitales con fines educativos”.

En cuanto a YouTube y WhatsApp, la ponente del texto en la Asamblea Laure Miller aclaró que estas plataformas deberán implementar una verificación de edad para la parte equiparable a una red social (canales para compartir contenido, comentarios...).

Según ella, la simple visualización de videos o la mensajería interpersonal no se verían afectadas por la prohibición.

La presión sobre los políticos europeos para que actúen aumentó desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Reino Unido también aprobó una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027.

La semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso “progresivo y gradual” de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

Se trata de un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico. Se transmite por contacto con la orina, excrementos o saliva de roedores infectados y es poco común la infección entre seres humanos.

El ministerio de Salud reportó en un comunicado el fallecimiento de “tres pacientes” con “diagnóstico confirmado de Hantavirus” en el estado Anzoátegui (este), sin ofrecer más detalles.

“No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”, apunta el texto.

La cartera reportó otras dos muertes de personal médico en el estado Barinas (oeste) por causas aún “por confirmarse”.

El colegio de médicos de Barinas exigió la semana pasada una “investigación epidemiológica exhaustiva” para identificar la causa de muerte de los médicos. Además, en un comunicado, pidió “que se garantice el suministro y dotación constante de insumos de bioseguridad” en los centros del salud del estado.

El ministerio de Salud desestimó que las tres muertes en Anzoátegui y las dos bajo investigación en Barinas estén relacionadas entre sí. “Queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas”, apuntó el ente en su comunicado.

Un mortal brote de hantavirus en un crucero desató alarma internacional este año. Se registraron 13 casos relacionados con el crucero MV Hondius que zarpó el 1 de abril del extremo sur de Argentina, incluidos tres fallecidos.

Estudios posteriores indicaron que los contagios corresponden a la cepa Andes, la única conocida que puede transmitirse entre humanos.

La Organización Mundial de la Salud señaló en julio que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius terminó, después de que la última persona saliera de la cuarentena.

Fuente: AFP.