Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, calificó la denuncia como “otra mentira más” y agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos y que “se ha demostrado que no hubo nada”.

Sin embargo, la fiscalía del departamento de Tarija volvió sobre el caso para investigar a Morales, esta vez por trata y tráfico de personas.

Estas son las claves del escándalo que envuelve a Morales, en momentos en que le disputa a su exministro y actual mandatario Luis Arce el liderazgo de la izquierda oficialista de cara a las presidenciales de 2025.

- El caso -

El nuevo expediente fue abierto por la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez. La funcionaria ordenó la aprehensión de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada el miércoles por una jueza que acogió un recurso judicial a favor del exjefe de Estado.

El escándalo se remonta a hechos ocurridos cuando el líder cocalero era presidente en 2015. La orden de aprehensión detalla que Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.

Según la orden, los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor”, lo que configuraría el delito de trata de personas.

La fiscal Gutiérrez fue destituida el miércoles por haber incurrido en una supuesta “conducta negligente”.

Aunque Evo Morales ha desestimado la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de “estupro” -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años- la fiscalía se concentra ahora en su actuación y la de los padres de la víctima.

- La disputa -

El caso penal resurge en medio del enfrentamiento entre los dos líderes.

“El escándalo (...) tiene ribetes de pugnas internas, porque si no estuvieran peleados evistas y arcistas nunca se habría sabido”, anota el abogado y analista boliviano Williams Bascopé, aludiendo a la lucha Morales-Arce.

Esta denuncia entra “en el juego de la disputa política y puede que también genere una indignación generalizada en la gente (...) ante la posibilidad” de que Morales sea culpable, advierte María Teresa Zegada, socióloga de la universidad estatal San Simón.

En los últimos meses la política boliviana ha gravitado en torno a la intención de Morales de postular a la presidencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta a una tercera reelección.

Desde entonces, ha liderado protestas que han puesto contra las cuerdas al gobierno de Arce, a quien acusa de haber manipulado a los jueces para impedir su candidatura.

La última de ellas fue la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, a finales de septiembre, una extensa caminata de 190 kilómetros hacia La Paz que generó enfrentamientos violentos entre partidarios de ambos dirigentes. Arce lo acusó de tramar un plan para dar un “golpe de Estado”

El viernes, Morales afirmó que el gobierno de Arce busca “proscribirlo”. “Por este motivo, luego de la Marcha para salvar Bolivia, activaron de forma simultánea cuatro procesos penales para buscar mi aprehensión”, escribió en X.

- El costo -

Si bien la popularidad de Arce está golpeada por la crisis económica, derivada de la escasez de combustibles y dólares, el escándalo podría sacar a su rival de la competencia por la nominación presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS).

De prosperar la denuncia penal, “se afectaría muchísimo su imagen y además sus posibilidades de volver a ser un actor político” cuando se mostraba muy dispuesto a no renunciar a su candidatura a ningún costo, advierte Zegada.

La denuncia “verdaderamente desequilibra el escenario político contra la posibilidad de que Morales sea candidato, no solamente por la posible veracidad de los hechos, sino porque también ya se ha instalado en términos sociales una sanción respecto” al exmandatario, comenta la analista.

Arce todavía no ha dicho si buscará la reelección, pero un ala del MAS apoya su continuidad, mientras Morales ejerce presión en las calles a la espera de que una nuevo tribunal constitucional - que será elegido en diciembre por voto popular - revierta el fallo que lo inhabilita como candidato.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Los fiscales de la causa por la que fue condenada la expresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción solicitaron al tribunal que rechace otorgarle prisión domiciliaria para purgar una pena de seis años, señalaron fuentes judiciales este martes.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al juez el rechazo de la prisión domiciliaria porque consideraron que “no se advierten las razones humanitarias que la justifican”, según el dictamen divulgado por el Ministerio Público Fiscal.

La líder de centroizquierda, de 72 años, puede solicitar la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, pero el beneficio es a discreción de los jueces.

Su defensa había esgrimido además razones de seguridad al citar el intento de asesinato que sufrió la expresidenta en 2022, cuando un sujeto intentó dispararle a corta distancia a la cabeza sin que las balas salieran.

De prosperar la postura de la fiscalía, Kirchner sería alojada en una cárcel común.

Presidenta del Partido Justicialista y principal líder de la oposición, Cristina Kirchner anunció que se presentará el miércoles ante los tribunales para iniciar el cumplimiento de su pena.

Seguidores y partidarios de la dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta (2019-2023) convocaron a una movilización para el miércoles, para la que llegarán delegaciones desde varios puntos del país, en lo que se prevé será una marcha multitudinaria hacia los tribunales.

El tribunal puede notificar a Kirchner en forma remota para evitar que acuda a la sede judicial acompañada de una gran movilización popular.

- “No está sola” -

En las puertas de la casa de Kirchner la presencia de seguidores es permanente pese a las bajas temperaturas del invierno austral.

“Vengo de Rosario -340 km al norte de Buenos Aires-, vine en tren con la bicicleta y traje la bolsa de dormir para quedarme esta noche acá y mañana acompañar en la marcha”, dijo a la AFP Huara Gatti, de 33 años y empleada en el área de Cultura de la alcaldía rosarina.

Entre los manifestantes se comparte mate, una infusión criolla, y otras bebidas calientes para paliar el frío. “Hay que estar porque es un momento muy importante, muy triste, doloroso. Es una forma de darle un abrazo a la distancia y que sepa que no está sola”, dijo Gatti.

Algunos deciden permanecer, otros pasan a expresar apoyo y siguen con sus actividades. Automovilistas hacen sonar sus bocinas en señal de solidaridad, pero también hay quien les grita a los manifestantes “¡Van a ir todos presos!”.

“Le tienen tanto odio, quieren la foto, están haciendo todo para verla con pulsera electrónica, con el cartel de presa, quieren morbo”, reflexiona Gisela Cava, una vendedora de 45 años que lleva una camiseta con la frase de Kirchner “La patria es el otro”.

- Administración fraudulenta -

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, evaluó este martes que “la reacción inicial (de la militancia peronista) no va a ser la misma a lo largo del tiempo”.

“Habrá que ver si se convierte en un show permanente. Ese no es el sentido de una condena judicial”, agregó en declaraciones al canal A24.

La Corte Suprema confirmó el martes pasado una condena a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua contra Kirchner por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

La decisión se conoció días después de que la exmandataria anunciara su candidatura a diputada en las legislativas de la provincia de Buenos Aires de septiembre próximo. De haber resultado electa, habría obtenido fueros como legisladora por cuatro años.

La Corte Suprema, integrada por tres miembros y con dos cargos vacantes, rechazó revisar la causa como lo había pedido Kirchner, quien argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas.

El presidente ultraliberal Javier Milei había intentado llenar las vacantes de la Corte al nombrar dos jueces por decreto, pero la decisión fue rechazada por el Congreso.

Kirchner pidió cumplir su condena en un departamento en el barrio de Constitución, en la capital argentina, a minutos del Congreso Nacional.

La clínica que atiende al presidenciable y actual senador colombiano informó que Uribe debió pasar de nuevo por el quirófano este lunes ante un sangrado agudo en el cerebro.

Afirmaron que luego de la intervención su situación es “extremadamente crítica”, “caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control.

Se trata de un deterioro drástico en la salud de Uribe luego de días de estabilidad. El miércoles pasado dio signos de mejoría.

El senador opositor de 39 años fue ingresado en un centro médico el 7 de junio con tres heridas de bala, dos en la cabeza y una en la pierna. Los médicos lo operaron ese mismo día y el pasado domingo.

Un adolescente de 15 años está detenido y es acusado de ser el autor material del atentado, así como otros dos sospechosos de ser sus cómplices. Todos fueron imputados por la fiscalía por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. Ninguno aceptó los cargos.

De momento siguen si conocerse los autores intelectuales del ataque.

Fuente: AFP

“Tres empleados de la televisión murieron y otros (resultaron) heridos en el ataque israelí”, anunció la televisión pública sin precisar el número de personas hospitalizadas.

Fuente: AFP

Un video muestra el momento en que la televisión israelí estaba transmitiendo en vivo, cuando de pronto se observa un ataque que alcanza al estudio, momento en que la presentadora se ve obligada a interrumpir la transmisión, pero posteriormente decide regresar.

No obstante, Irán destruyó “objetivos estratégicos” en Israel con ayuda de drones, en el quinto día de enfrentamiento militar entre los dos países, afirmó un alto cargo militar iraní.

“Diversos tipos de drones destructores, dotados de capacidad de destrucción y precisión en el objetivo, destruyeron posiciones estratégicas del régimen sionista en Tel Aviv y Haifa”, en el norte de Israel, declaró el general Kiyumars Heidari, comandante de las fuerzas terrestres del ejército iraní, citado por la televisión estatal.