Los recursos, disponibles para los 26 países miembros del BID, se asignarán a iniciativas contempladas en la Alianza que busquen “acelerar el progreso de la lucha contra la pobreza y el hambre entre 2025 y 2030″, indicó la entidad en un comunicado.

“Como parte del compromiso, el BID se asegurará de que el 50% de los nuevos proyectos aprobados beneficien directamente a los pobres, especialmente a mujeres, afrodescendientes y poblaciones indígenas, que son los más afectados por la pobreza”, agregó.

Ideada por el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva durante la presidencia de Brasil del G20, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza reunirá a países de todo el mundo y a instituciones internacionales.

Su objetivo es liberar recursos financieros para luchar contra estas problemáticas o reproducir iniciativas que funcionan a nivel local.

El BID se unió oficialmente a la Alianza este viernes, durante el G20 Social, una iniciativa de participación ciudadana que se realiza en Rio de Janeiro, tres días antes de que inicie la cumbre de los líderes de las veinte economías más poderosas del mundo.

El banco multilateral dispuso además de hasta 200 millones de dólares “no reembolsables” en asistencia técnica para el diseño, implementación, evaluación, mejoramiento y ampliación de políticas y programas prioritarios “en el marco de la Alianza”.

“Esto incluye, entre otras intervenciones, programas de protección social para beneficiar a niños y familias, acceso al agua y otras infraestructuras básicas”, según el comunicado.

También “inversiones en el desarrollo de la primera infancia y en educación de calidad, servicios de salud y nutrición, ampliación de los programas de comidas escolares, y apoyo a los pequeños agricultores”, añadió.

Fuente: AFP

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, cayó un 2,15%, hasta los 87,07 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, descendió un 2,43%, hasta los 81,25 dólares por barril.

Los analistas siguen divididos sobre la cantidad de petróleo que logra atravesar el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos e Irán multiplican sus declaraciones, afirmando cada uno controlar este paso estratégico.

“Actualmente, desconocemos con exactitud la cantidad de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz”, señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Sin embargo, para los expertos de Eurasia Group, lo que sí es seguro es que “los flujos clandestinos que transitan por Ormuz están aliviando la presión” sobre el mercado.

Un número creciente de buques cisterna opta por cruzar este paso con sus transpondedores AIS apagados, unos dispositivos que permiten la localización de los buques.

Bjarne Schieldrop, analista de SEB, cree que “diariamente transita mucho más petróleo de lo que se pensaba”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el martes que “casi 9 millones de barriles diarios” salen actualmente del Golfo a través del estrecho de Ormuz, una estimación que supera con creces la de muchos analistas.

La perspectiva de flujos de petróleo significativos se ve agravada por la expectativa de una demanda menor que la prevista.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó el miércoles que prevé para 2026 una caída del consumo mundial de petróleo de 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) en un año.

Su estimación anterior proyectaba una disminución menor, de 1 mb/d.

La mayoría de las proyecciones prevén que este año el evento, que eleva las temperaturas y aumenta las lluvias, tenga una magnitud excepcional.

Los estados de emergencia regirán en 607 de unos 1.800 municipios peruanos con el fin de “proteger la seguridad alimentaria”, según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La mayoría de municipios se encuentra en zonas andinas y amazónicas del país.

La norma obliga a las autoridades locales a coordinar con el gobierno para desplegar acciones que reduzcan el “muy alto riesgo existente sobre la población, la agricultura y la ganadería”, así como acciones de respuesta y rehabilitación.

Perú ya había declarado a inicios de julio en estado de emergencia a unos 800 municipios, principalmente costeros, ante el “peligro inminente” de intensas lluvias por El Niño.

La presidenta derechista Keiko Fujimori, que lleva 15 días en el poder, anunció el lunes la conformación de una comisión de ministros y altas autoridades para agilizar obras y acciones de prevención frente a la emergencia climática.

Fujimori recorre esta semana regiones costeras donde el gobierno emprendió trabajos para limpiar cauces de ríos y evitar desbordes.

La última vez que El Niño golpeó Perú fue en 2023, con inundaciones y deslizamientos que causaron 99 muertos.

Más de 9,3 millones de peruanos se encuentran expuestos a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos asociados a El Niño, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Fuente: AFP.

El gobierno determinó “hacer uso uso de la emergencia económica”, señaló el mandatario, quien asumió el 7 de agosto con la consigna de no crear más tributos pese a haber encontrado, según él, un Estado desfinanciado.

De la Espriella también anunció ante la prensa la creación de un fondo para atender a las víctimas del sismo, con “aportes nacionales e internacionales” para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles y vías, así como los cinco aeropuertos que se vieron afectados por el terremoto.

Reiteró que habrá subsidios de arrendamiento y para el pago de servicios públicos de los afectados.

El balance hasta ahora es de 265 fallecidos, 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas. Las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud de 7,4 son Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

“Esta crisis nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total en recursos de tesorería y un presupuesto público desfinanciado”, dijo el mandatario.

El grueso de las medidas de la emergencia solo se conocerán cuando el gobierno publique el decreto.

Sin embargo, su finalidad práctica, de acuerdo con la Constitución, es crear nuevos impuestos sin que deban ser aprobados por el Congreso. La medida podrá estar vigente por un periodo máximo de 90 días.

Fuente: AFP.