La orden de detención fue emitida por el juez Daniel Rafecas a pedido del Superior Tribunal de Justicia de Brasil y afecta a 61 brasileños en Argentina sobre quienes pesan “condenas con sentencia firme a penas de prisión efectiva”, añadió la fuente.

Una semana después de la toma de posesión del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero de 2023, la policía de Brasil realizó cientos de detenciones de presuntos implicados en el asalto a las tres sedes de los poderes del Estado, en Brasilia, en apoyo al expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.

El 10 de junio de este año, Brasil informó que había pedido ayuda a Argentina para localizar de 140 prófugos condenados por la asonada.

“Ya hay dos personas detenidas”, dijo la fuente judicial este viernes. El resto, “en cualquier lugar de Argentina donde sean identificados o ubicados, serán detenidos y puestos a disposición del juzgado para comenzar el proceso de extradición”.

La sentencia de extradición es apelable ante la Corte Suprema y, una vez terminado el proceso judicial, “el procedimiento pasa a manos del Poder Ejecutivo, que tiene una instancia puramente política para aceptar la extradición o dar la condición de refugiado o algún otro recurso, y así eludir la extradición”, añadió.

El presidente argentino, Javier Milei, se ha desmarcado de Lula en favor de Bolsonaro.

En julio, Milei desairó la cumbre de Mercosur en Asunción, lo que fue muy criticado por sus pares de Paraguay, Uruguay y Brasil, principal socio comercial de Argentina en la región. Paralamente al encuentro de presidentes, Milei había viajado a Brasil para participar en un foro conservador con Bolsonaro.

El gobierno argentino modificó en octubre su ley sobre el estatus de refugiado, para dejar de conceder ese beneficio a los extranjeros que hayan sido imputados o condenados en sus países.

Milei viajará a la cumbre del G20 que se celebra el 18 y el 19 de noviembre en Rio de Janeiro.

Fuente: AFP

La restricción, de aprobarse, solo permitirá el acceso gratuito a la universidad hasta 12 años después de egresar de la educación secundaria.

Tuvieron que pasar 35 años e intensas jornadas de protestas sociales para que desde 2016 los estudiantes chilenos pudieran nuevamente estudiar gratis, una política que desmanteló la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La medida beneficia hoy a unos 615.000 estudiantes, casi la mitad de la matrícula de la educación superior, según el Ministerio de Educación.

“La restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una rueda de prensa en que entregó detalles de la megareforma legislativa anunciada la víspera por el presidente Kast.

De aprobarse en el Congreso, el cambio dejará fuera del beneficio a la mayoría de quienes superen los 30 años, al considerar que la educación secundaria concluye, por lo general, a los 18 años.

Según el ministro Quiroz, el objetivo del límite etario es reducir el gasto fiscal.

“El gasto en gratuidad escapó a toda proyección y ha sido el doble de lo contemplado inicialmente”, afirmó.

Kast asumió el 11 de marzo con la promesa de reducir con fuerza el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales que se han deteriorado en la última década, e impulsar la economía, que a su juicio está “estancada”.

Fuente: AFP.

Estas medidas apuntan a la infraestructura de transporte de petróleo, al imponer sanciones a más de 20 personas, empresas y buques que operan dentro de la red del magnate del transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, según informó el Departamento del Tesoro.

“El Departamento del Tesoro está actuando con firmeza mediante ‘Furia Económica’, al apuntar contra las élites del régimen, como la familia Shamkhani, que intenta lucrarse a costa del pueblo iraní”, declaró en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aludiendo a una campaña de presión financiera contra Irán que emula el nombre de la operación militar estadounidense que desató la guerra.

Shamkhani es hijo del funcionario de seguridad Ali Shamkhani, asesor del asesinado líder supremo iraní Ali Jamenei, también asesinado el 28 de febrero, el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra en Oriente Medio.

“Estados Unidos está actuando para limitar de forma decisiva la capacidad de Irán de generar ingresos mientras intenta mantener el estrecho de Ormuz como rehén”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado separado.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y gas, en represalia por la campaña bélica de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos está ahora llevando a cabo un bloqueo naval de los puertos iraníes.

Fuente: AFP

El gobierno envió la noche del martes al Congreso un proyecto de ley, “con carácter de urgencia”, que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.

“Y, algo importante, sin ninguna reducción salarial”, anunció Lula en su cuenta de X.

La propuesta recorta en cuatro horas la semana vigente para los trabajadores formales brasileños, que en su mayoría trabajan 44 horas repartidas en seis días. En la práctica daría un día más de descanso semanal a millones de asalariados, según el gobierno.

Convocados por sindicatos y organizaciones de izquierda, miles de manifestantes marcharon por la Explanada de los Ministerios en Brasilia para respaldar la reducción de la jornada laboral en la mayor economía de América Latina, constataron reporteros de la AFP.

La propuesta tendrá que abrirse paso en un congreso de mayoría conservadora.

Lula, de 80 años, enfrenta un creciente rechazo de su gestión, según encuestas. Su gobierno espera que el proyecto sea tramitado en los próximos 90 días.

“Estamos hablando de tres meses para que pueda aprobarse, convertirse en ley y ser sancionado por el presidente Lula para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras”, dijo a la prensa el secretario de la Presidencia, Guilherme Boulos.

De ser aprobado, el escenario político será “favorable” para Lula, dijo a la AFP Agatha Alana, una profesora de 29 años que salió a respaldar el proyecto de ley en Brasilia.

Fuente: AFP.