“Se está solicitando la medida excepcional de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública”, aseguró la noche del lunes Róger Mariaca, fiscal general del país.

Horas antes, la fiscal del caso Sandra Gutiérrez afirmó que ya había ordenado la aprehensión del exjefe de Estado (2006-2019) por negarse a acudir a una citación para responder por la denuncia existente.

La hipótesis de la Fiscalía es que Morales habría cometido el delito de “trata” de una menor, a raíz del presunto arreglo con los padres de una adolescente de 15 años.

Corresponde “emitir un mandamiento de aprehensión, situación que mi autoridad lo hizo”, sostuvo Gutiérrez.

La autoridad informó que la orden de aprehensión fue emitida el pasado 16 de octubre, pero que recién la reveló este lunes.

Gutiérrez explicó que no hizo mención antes porque “el caso es muy complejo”, debido a que se trata de un exmandatario, quien negó varias veces las acusaciones.

Además, dos días antes de emitir esa orden habían arrancado unos bloqueos de carreteras de seguidores de Morales, en contra de lo que llamaron persecución política al exmandatario y de la crisis económica, que se prolongaron por 23 días.

Pese al convulso escenario político, relató que se realizaron operativos policiales para detener a Morales de 65 años, quien desde entonces se refugia en su bastión político del Chapare cocalero, centro del país.

“Fue imposible proceder con la ejecución de la orden de aprehensión contra este ciudadano, toda vez que desde el momento de los conflictos sociales producidos por el bloqueo nacional de caminos realizados por grupos afines al señor Juan Evo Morales Ayma, muchos funcionarios policiales fueron víctimas de agresiones e intento de homicidio por parte de bloqueadores”.

- “Imputación formal” -

Gutiérrez afirmó que la policía remitió un “sinnúmero” de informes que justificaban por qué no podía ejecutarse el mandato de captura y que incluso señalaban que “estaba de por medio la vida no solo de funcionarios policiales, (sino) también de personas particulares”.

Según la fiscal, también presentó “la imputación formal” contra el ex jefe de Estado por el delito de trata y precisó que Morales enfrenta una pena de “10 a 15 años”.

Dijo además que solicitó una “alerta migratoria”, una medida para evitar que Morales y la madre de la presunta víctima salgan del país.

El escándalo se remonta al 2015, cuando el líder cocalero gobernaba Bolivia. Según el expediente, Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.

La tesis fiscal apunta a que los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor”.

Por estos hechos, la Fiscalía presentó hoy una imputación contra Morales y la madre de la supuesta víctima por el delito de “trata de personas agravado”.

Aunque Morales ha desestimado antes la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de “estupro” -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años- la fiscalía se concentra ahora en la presunta trata.

Esta es el segundo mandato de aprehensión que se emite contra Morales por el mismo caso.

La fiscal Gutiérrez ya había ordenado su captura en septiembre, pero un recurso judicial interpuesto por la defensa del líder aymara consiguió revocarla.

En medio de la lucha por la candidatura de la izquierda para las elecciones de 2025, Morales ha argumentado que esta investigación es una “lawfare” (persecución judicial) dirigida por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado, para “proscribirlo” de la carrera electoral.

Fuente: AFP

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, cayó un 2,15%, hasta los 87,07 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, descendió un 2,43%, hasta los 81,25 dólares por barril.

Los analistas siguen divididos sobre la cantidad de petróleo que logra atravesar el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos e Irán multiplican sus declaraciones, afirmando cada uno controlar este paso estratégico.

“Actualmente, desconocemos con exactitud la cantidad de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz”, señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Sin embargo, para los expertos de Eurasia Group, lo que sí es seguro es que “los flujos clandestinos que transitan por Ormuz están aliviando la presión” sobre el mercado.

Un número creciente de buques cisterna opta por cruzar este paso con sus transpondedores AIS apagados, unos dispositivos que permiten la localización de los buques.

Bjarne Schieldrop, analista de SEB, cree que “diariamente transita mucho más petróleo de lo que se pensaba”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el martes que “casi 9 millones de barriles diarios” salen actualmente del Golfo a través del estrecho de Ormuz, una estimación que supera con creces la de muchos analistas.

La perspectiva de flujos de petróleo significativos se ve agravada por la expectativa de una demanda menor que la prevista.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó el miércoles que prevé para 2026 una caída del consumo mundial de petróleo de 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) en un año.

Su estimación anterior proyectaba una disminución menor, de 1 mb/d.

La mayoría de las proyecciones prevén que este año el evento, que eleva las temperaturas y aumenta las lluvias, tenga una magnitud excepcional.

Los estados de emergencia regirán en 607 de unos 1.800 municipios peruanos con el fin de “proteger la seguridad alimentaria”, según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La mayoría de municipios se encuentra en zonas andinas y amazónicas del país.

La norma obliga a las autoridades locales a coordinar con el gobierno para desplegar acciones que reduzcan el “muy alto riesgo existente sobre la población, la agricultura y la ganadería”, así como acciones de respuesta y rehabilitación.

Perú ya había declarado a inicios de julio en estado de emergencia a unos 800 municipios, principalmente costeros, ante el “peligro inminente” de intensas lluvias por El Niño.

La presidenta derechista Keiko Fujimori, que lleva 15 días en el poder, anunció el lunes la conformación de una comisión de ministros y altas autoridades para agilizar obras y acciones de prevención frente a la emergencia climática.

Fujimori recorre esta semana regiones costeras donde el gobierno emprendió trabajos para limpiar cauces de ríos y evitar desbordes.

La última vez que El Niño golpeó Perú fue en 2023, con inundaciones y deslizamientos que causaron 99 muertos.

Más de 9,3 millones de peruanos se encuentran expuestos a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos asociados a El Niño, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Fuente: AFP.

El gobierno determinó “hacer uso uso de la emergencia económica”, señaló el mandatario, quien asumió el 7 de agosto con la consigna de no crear más tributos pese a haber encontrado, según él, un Estado desfinanciado.

De la Espriella también anunció ante la prensa la creación de un fondo para atender a las víctimas del sismo, con “aportes nacionales e internacionales” para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles y vías, así como los cinco aeropuertos que se vieron afectados por el terremoto.

Reiteró que habrá subsidios de arrendamiento y para el pago de servicios públicos de los afectados.

El balance hasta ahora es de 265 fallecidos, 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas. Las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud de 7,4 son Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

“Esta crisis nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total en recursos de tesorería y un presupuesto público desfinanciado”, dijo el mandatario.

El grueso de las medidas de la emergencia solo se conocerán cuando el gobierno publique el decreto.

Sin embargo, su finalidad práctica, de acuerdo con la Constitución, es crear nuevos impuestos sin que deban ser aprobados por el Congreso. La medida podrá estar vigente por un periodo máximo de 90 días.

Fuente: AFP.