La propuesta legislativa, que causó rechazo entre las ONG, fue aprobada el miércoles y enviada este jueves al Ejecutivo, que dispone de hasta 15 días para pronunciarse a favor y promulgarla o devolverla al parlamento para sugerir cambios.

La norma impulsada por las bancadas derechistas que controlan el Congreso busca “reforzar la fiscalización” de los fondos que las ONG reciben de fundaciones privadas extranjeras.

Perú ya cuenta desde hace años con una agencia estatal encargada de supervisar la actuación de las ONG y la transparencia con la que administran sus recursos.

“Es importante que los recursos económicos que llegan al país desde la cooperación internacional sean destinados a los beneficiarios”, destacó el jueves a periodistas el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, al justificar la norma.

La propuesta fue calificada como “una ley anti ONG” e inconstitucional por diversos grupos de la sociedad civil.

Según la propuesta de ley, las ONG incurren en “falta grave” si buscan “asesorar, asistir o financiar” acciones judiciales contra el Estado Peruano.

“La Ley Anti-ONG es un golpe más a la democracia y los derechos humanos en el Perú (...) rechazamos esta norma que obstaculiza el acceso a la justicia y perpetúa la impunidad”, señaló Promsex una ONG que defiende derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

El Instituto Prensa y Sociedad, una ONG de periodistas, advirtió que “el intrusismo que la norma plantea se emparenta con legislaciones aprobadas por regímenes autoritarios de América Latina que combaten la libertad de asociación para mantener su control sobre la sociedad”.

Señalaron que es inconstitucional porque exige pedir autorización al gobierno para sus actividades, lo que de facto otorga un poder de veto al funcionamiento de una asociación civil.

La propuesta del Congreso sintoniza con el discurso del gobierno conservador de la presidenta Dina Boluarte, quien carece de bancada y partido político.

Las autoridades peruanas culpan a las ONG de ser responsables de las denuncias que existen ante tribunales supranacionales de casos de abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del Estado.

Fuente: AFP

Aislados del mundo en una mansión con piscina, ciudadanos comunes compiten en desafíos bajo el escrutinio de cámaras y micrófonos que los vigilan 24 horas al día.

La investigación del Ministerio Público Federal (MPF) nace de “relatos de episodios convulsivos” vividos por un participante “durante una prueba de resistencia” de la temporada actual del programa, detalló el organismo en un comunicado.

Se investigan “posibles prácticas de tortura y tratos inhumanos o degradantes”.

El MPF también llamó la atención sobre un castigo denominado “cuarto blanco”, un espacio con un “pedestal de diámetro ínfimo” en el que los participantes permanecen confinados durante largos períodos de tiempo.

Esta práctica “guarda semejanza” con torturas usadas durante la dictadura militar (1964-1985), afirmó la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos en una carta dirigida al MPF.

En enero, una participante se desmayó luego de pasar más de 100 horas recluida, denunció esta comisión estatal que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura.

Para el procurador a cargo del caso, Julio Araujo, “las condiciones impuestas por la producción exponen la salud de los involucrados a riesgos innecesarios”.

Creado en Holanda en 1999 y al aire en Brasil desde 2008, Gran Hermano ocupa una franja en el horario de máxima audiencia de TV Globo, la mayor cadena del país.

En la temporada actual, los participantes compiten por un premio equivalente a más de un millón de dólares.

El voto popular define al ganador. Esta temporada, el programa llegó a registrar tres millones de votos en una sola ronda eliminatoria, según TV Globo.

En un documento enviado al MPF, la emisora afirmó que las grabaciones cuentan con “acompañamiento médico permanente” y que el participante que sufrió episodios convulsivos fue llevado a un centro médico en dos ocasiones.

Pero el MPF considera que “la normalización del sufrimiento ajeno como forma de espectáculo es incompatible con los objetivos fundamentales de la República”.

Fuente: AFP

En el momento del colapso, ocurrido en la madrugada, 29 personas se encontraban en el edificio de cuatro pisos, que también alojaba algunas viviendas y una clínica estética, según el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, cuya capital es Belo Horizonte.

Se desconoce el estado de las seis víctimas que estarían sepultadas entre los restos de la estructura, una montaña de trozos de paredes, vigas de hierro y tierra.

Imágenes divulgadas por el organismo muestran una edificación completamente derrumbada y decenas de efectivos sacando a una persona con vida en una camilla, mientras vecinos aplauden.

Hasta el momento, los bomberos lograron rescatar con vida a ocho personas, que fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Nueve personas lograron salir más temprano tras el derrumbe con ayuda de vecinos, entre ellas dos cuidadores y siete ancianos que estaban en una zona no afectada directamente.

Las causas del colapso están siendo investigadas. El portavoz de los bomberos, Henrique Barcellos, señaló a periodistas en el lugar que el edificio tenía todos los permisos en regla.

Más de 40 bomberos, con apoyo de perros, trabajaban en las labores de rescate, entre ellos equipos que venían del operativo en Juiz de Fora, en el mismo estado, y donde deslizamientos por lluvias torrenciales dejaron la semana pasada 65 muertos en la ciudad.

Entre los rescatados con vida figura un niño de dos años, sacado consciente y con signos vitales estables, informaron los bomberos.

Fuente: AFP.

Con esto, solo resta la aprobación del parlamento paraguayo para que sea ratificado por todos los países fundadores del bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay).

La Unión Europea anunció el pasado viernes que aplicará provisionalmente el tratado, a la espera de un fallo del máximo tribunal europeo sobre su legalidad.

Negociado durante 25 años y firmado en enero, el acuerdo está a punto de crear un mercado común de unos 700 millones de habitantes.

Sin embargo, genera resistencia entre agricultores y ganaderos europeos, en especial en Francia.

Brasil, el mayor productor mundial de café, carne y soja, entre otros alimentos, fue uno de los mayores promotores del acuerdo.

El Senado lo ratificó este miércoles por “unanimidad”, anunció su presidente Davi Alcolumbre. La Cámara Baja ya había dado su visto bueno la semana pasada.

Los congresos de Argentina y Uruguay ya ratificaron con amplias mayorías el acuerdo. Y en el legislativo paraguayo su aprobación es inminente.

El tratado entrará en vigor dos meses después de que la Unión Europea notifique formalmente a los países del Mercosur su decisión de aplicar el tratado provisionalmente.

El pacto eliminará gradualmente aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la UE y los fundadores del Mercosur.

Los dos bloques reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial.

El pacto es defendido en Sudamérica y Europa como una herramienta para contrarrestar la agresiva política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.

“El mundo actual es más fragmentado, más escéptico y más proteccionista. Eso hace que el acuerdo con nuestros socios europeos sea aún más vigente y aún más necesario”, afirmó durante el debate en el parlamento brasileño la senadora Tereza Cristina.

Del lado europeo España y Alemania son favorables al pacto, que beneficiará las exportaciones de maquinaria y licores hacia el bloque Mercosur.

Pero los agricultores afirman verse amenazados por la llegada de productos más baratos debido a las regulaciones más laxas para la producción en los países del Mercosur.

Fuente: AFP

NOTA DE LA REDACCIÓN

Según la Real Aademia Española, es obligatorio escribir sin tilde el adverbio solo en contextos donde su empleo no entrañe riesgo de ambigüedad