Con 129 votos a favor, 108 en contra y seis abstenciones en la cámara de diputados, el decreto emitido por el presidente ultraliberal el 11 de marzo queda firme, en momentos en que miles de manifestantes se congregan en torno al Congreso en protesta por el draconiano ajuste fiscal de Milei y en repudio del pacto con el organismo multilateral.

“¡Viva la libertad carajo!”, festejó Milei al compartir el resultado de la votación en la red X.

El texto aprobado prevé que el dinero fresco, cuyo monto no se especifica y que se enmarca en el Programa de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés) del FMI, sea reembolsado en diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses.

El monto se utilizará para cancelar Letras del Tesoro en poder del Banco Central (BCRA) y para pagar obligaciones del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 del propio FMI, indica el documento.

El país necesita fondos del organismo para fortalecer sus reservas, en un contexto de nerviosismo en los mercados y creciente intervención del Banco Central para sostener a la moneda local.

En los últimos cuatro días hábiles el Banco Central ha vendido 932 millones de dólares para sostener el peso. Se trata del 3,4% de las reservas del BCRA.

“El acuerdo es un instrumento que permitirá dar sostenibilidad al plan de estabilización, reducir las restricciones cambiarias, disminuir la inflación y reconducirnos por la senda del desarrollo”, había dicho durante el debate Mercedes Llano, diputada por la oficialista La Libertad Avanza.

Pero el diputado opositor Daniel Arroyo consideró que “hay que tener mucha fe, ser muy creyente para creer que (los dólares del FMI) no se vayan a fugar”.

Entretanto, miles de argentinos se congregaron en torno a un acordonado Congreso en una convocatoria de hinchas de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales en apoyo a los jubilados, que son el sector más desfavorecido por el ajuste de Milei.

Hace una semana, violentos incidentes en una protesta similar dejaron a un fotorreportero gravemente herido.

Fuente: AFP

Ambos hermanos buscan una revisión de su pena, que les permita salir en libertad luego de permanecer más de tres décadas encarcelados por el asesinato de José y Kitty Menéndez en su mansión de Beverly Hills.

El caso estremeció a Estados Unidos en los años 1990.

Inicialmente, los hermanos dijeron que sospechaban que la mafia estaría detrás del sangriento crimen, dado que su padre era un poderoso ejecutivo de la música.

Pero durante un extremadamente mediático juicio, su defensa los caracterizó como víctimas de un padre violento y una madre negligente y admitió que habían cometido el crimen en defensa propia, tras años de abuso psicológico y sexual.

La Fiscalía los había acusado de planear el parricidio para hacerse con una herencia valorada en 14 millones de dólares.

Un primer jurado no consiguió alcanzar un veredicto unánime, pero en un segundo juicio fueron sentenciados a cadena perpetua.

A medida que el caso ganó un segundo aire el año pasado, de la mano de una miniserie y un documental lanzados por Netflix, los hermanos Menéndez iniciaron una nueva cruzada legal para salir en libertad con el apoyo de la opinión pública y de varios de sus familiares.

Quienes los respaldan sostienen que Lyle, de 57 años, y Erik, de 54, tienen un expediente ejemplar en la prisión y están listos para reinsertarse en la sociedad.

La campaña cobró más fuerza gracias a que el entonces fiscal de Los Ángeles abogó el año pasado ante la justicia por una nueva sentencia.

Pero el nuevo titular del despacho, Nathan Hochman, cambió la posición de la Fiscalía.

Fuente: AFP

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda que es endémica en partes tropicales de América Central y del Sur, incluido en Colombia.

Transmitida por mosquitos, puede provocar fiebre, dolor muscular y de cabeza o náuseas y, en los casos más graves, problemas renales, sangrado y la muerte.

El ministro de Salud colombiano, Guillermo Alfonso, indicó en el comunicado que han detectado 74 casos de esta enfermedad, de los cuales 34 terminaron en deceso.

Además, el virus se ha extendido más allá de las zonas habitualmente consideradas de riesgo como la amazónica, el Catatumbo y el Chocó, “lo que lo convierte en una amenaza para más comunidades”.

“La situación más crítica se presenta en el departamento del Tolima donde, desde septiembre de 2024, se pasó de cuatro a 22 puntos detectados”, afirmó el comunicado.

El gobierno señaló que habían movilizado más de 80.000 personas entre médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios para hacer frente a la emergencia.

“La estrategia está centrada en la vacunación masiva, desde los 9 meses de edad. Hasta la fecha se han vacunado casi 8.000 personas mayores de 70 años”, dijo Alfonso Jaramillo en el comunicado.

El ministro aseguró que el país cuenta con provisión suficiente de vacunas para enfrentar la emergencia y anunció que todos los viajeros que entren o salgan del país deberán presentar el carné de inmunización.

Desde Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades elevó a nivel 2 la alerta por fiebre amarilla para Sudamérica y recomendó vacunarse a quienes viajen a ciertas partes de Bolivia, Colombia y Perú.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura del fallo, que puso fin a un juicio de más de tres años contra el exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016.

En horas de la noche, Humala fue recluido en una pequeña prisión dentro de una base de la policía al este de Lima donde se encuentran encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

Con Humala suman dos los exgobernantes condenados, de un total de cuatro salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.

“Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva”, dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.

El fiscal del caso, Germán Juárez, manifestó a la prensa su satisfacción con la decisión judicial “que ha sido desde el punto de vista del debido proceso, con objetividad y con imparcialidad”.

Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.

Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).

Toledo fue condenado en octubre de 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.

- Esposa de Humala pide asilo a Brasil -

La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura ya que no asistió a la lectura de la sentencia.

Horas después, la cancillería peruana informó que había ingresado a la embajada de Brasil para pedir asilo y que tras gestiones con el gobierno de Lula se le otorgó el salvoconducto a Heredia y a su hijo menor para que viajen a Brasilia.

“El Gobierno peruano ha brindado dichas garantías para el traslado de ambas personas y ha otorgado los correspondientes salvoconductos”, indicó la Cancillería la noche del martes.

La fiscalía acusó a Humala y su esposa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.

Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.

La fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”.

La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.

El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil “era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala”.

En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”.