“A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni demoras, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones duras y crecientes”, adelantó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en la red social X.

“Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna”, insistió.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una operación con el propósito de expulsar del país a los migrantes en situación irregular, a quienes acusa de ser delincuentes por haber entrado sin visa, y exige que los países colaboren.

Dice que su prioridad son los miembros de los cárteles de la droga mexicanos, la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla M-13 y los declaró organizaciones “terroristas” globales.

Tras regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, el republicano mandó a su enviado especial Richard Grenell a Caracas y a Rubio a varios países latinoamericanos para incitarlos a aceptar la repatriación de sus nacionales.

Algunos como El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas, se prestaron de buena gana. El salvadoreño incluso propuso detener a migrantes expulsados en una megacárcel en su país.

Otros, como Guatemala, aceptaron un aumento del número de vuelos de repatriación, pero Washington está descontento con el venezolano Maduro, a quien no reconoce como presidente legítimo del país caribeño.

Estados Unidos lo acusa de haber incumplido el ritmo de vuelos “acordado” y en represalia revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela.

El 13 de marzo, Estados Unidos anunció que Venezuela aceptó reanudar los vuelos de repatriación, pero al día siguiente el gobierno venezolano dijo que no se concretó por problemas meteorológicos.

- Tensa relación -

Ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump en 2019, cuando impuso una batería de sanciones al país caribeño.

Trump, al igual que su predecesor demócrata Joe Biden, apoya al opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo en los comicios de julio y asistió a su investidura el 20 de enero.

La relación se tensó aún más este fin de semana después de que el mandatario republicano invocara una ley de guerra de 1798 contra el Tren de Aragua y enviara en aviones a 238 venezolanos a El Salvador para ser encarcelados en una megacárcel.

El lunes Maduro tildó la decisión de “anacrónica”.

“Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (...), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos”, dijo el gobernante izquierdista.

“No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien”, manifestó.

Los venezolanos sufrieron de lleno la embestida antimigratoria de Trump, cuyo gobierno revocó la extensión de un amparo migratorio conocido como TPS, que cobijaba a más de 600.000 venezolanos.

El TPS es un programa establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país.

En 2023, aproximadamente 770.000 migrantes venezolanos vivían en Estados Unidos, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.

Fuente: AFP

Ambos hermanos buscan una revisión de su pena, que les permita salir en libertad luego de permanecer más de tres décadas encarcelados por el asesinato de José y Kitty Menéndez en su mansión de Beverly Hills.

El caso estremeció a Estados Unidos en los años 1990.

Inicialmente, los hermanos dijeron que sospechaban que la mafia estaría detrás del sangriento crimen, dado que su padre era un poderoso ejecutivo de la música.

Pero durante un extremadamente mediático juicio, su defensa los caracterizó como víctimas de un padre violento y una madre negligente y admitió que habían cometido el crimen en defensa propia, tras años de abuso psicológico y sexual.

La Fiscalía los había acusado de planear el parricidio para hacerse con una herencia valorada en 14 millones de dólares.

Un primer jurado no consiguió alcanzar un veredicto unánime, pero en un segundo juicio fueron sentenciados a cadena perpetua.

A medida que el caso ganó un segundo aire el año pasado, de la mano de una miniserie y un documental lanzados por Netflix, los hermanos Menéndez iniciaron una nueva cruzada legal para salir en libertad con el apoyo de la opinión pública y de varios de sus familiares.

Quienes los respaldan sostienen que Lyle, de 57 años, y Erik, de 54, tienen un expediente ejemplar en la prisión y están listos para reinsertarse en la sociedad.

La campaña cobró más fuerza gracias a que el entonces fiscal de Los Ángeles abogó el año pasado ante la justicia por una nueva sentencia.

Pero el nuevo titular del despacho, Nathan Hochman, cambió la posición de la Fiscalía.

Fuente: AFP

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda que es endémica en partes tropicales de América Central y del Sur, incluido en Colombia.

Transmitida por mosquitos, puede provocar fiebre, dolor muscular y de cabeza o náuseas y, en los casos más graves, problemas renales, sangrado y la muerte.

El ministro de Salud colombiano, Guillermo Alfonso, indicó en el comunicado que han detectado 74 casos de esta enfermedad, de los cuales 34 terminaron en deceso.

Además, el virus se ha extendido más allá de las zonas habitualmente consideradas de riesgo como la amazónica, el Catatumbo y el Chocó, “lo que lo convierte en una amenaza para más comunidades”.

“La situación más crítica se presenta en el departamento del Tolima donde, desde septiembre de 2024, se pasó de cuatro a 22 puntos detectados”, afirmó el comunicado.

El gobierno señaló que habían movilizado más de 80.000 personas entre médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios para hacer frente a la emergencia.

“La estrategia está centrada en la vacunación masiva, desde los 9 meses de edad. Hasta la fecha se han vacunado casi 8.000 personas mayores de 70 años”, dijo Alfonso Jaramillo en el comunicado.

El ministro aseguró que el país cuenta con provisión suficiente de vacunas para enfrentar la emergencia y anunció que todos los viajeros que entren o salgan del país deberán presentar el carné de inmunización.

Desde Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades elevó a nivel 2 la alerta por fiebre amarilla para Sudamérica y recomendó vacunarse a quienes viajen a ciertas partes de Bolivia, Colombia y Perú.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura del fallo, que puso fin a un juicio de más de tres años contra el exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016.

En horas de la noche, Humala fue recluido en una pequeña prisión dentro de una base de la policía al este de Lima donde se encuentran encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

Con Humala suman dos los exgobernantes condenados, de un total de cuatro salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.

“Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva”, dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.

El fiscal del caso, Germán Juárez, manifestó a la prensa su satisfacción con la decisión judicial “que ha sido desde el punto de vista del debido proceso, con objetividad y con imparcialidad”.

Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.

Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).

Toledo fue condenado en octubre de 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.

- Esposa de Humala pide asilo a Brasil -

La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura ya que no asistió a la lectura de la sentencia.

Horas después, la cancillería peruana informó que había ingresado a la embajada de Brasil para pedir asilo y que tras gestiones con el gobierno de Lula se le otorgó el salvoconducto a Heredia y a su hijo menor para que viajen a Brasilia.

“El Gobierno peruano ha brindado dichas garantías para el traslado de ambas personas y ha otorgado los correspondientes salvoconductos”, indicó la Cancillería la noche del martes.

La fiscalía acusó a Humala y su esposa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.

Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.

La fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”.

La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.

El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil “era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala”.

En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”.