Becciu, de 76 años, fue condenado en diciembre de 2023 a 5 años y 6 meses de prisión por un tribunal penal del Vaticano por delitos vinculados a irregularidades financieras, entre ellos abuso de poder y malversación de fondos. Además, la sentencia incluyó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dentro de la Santa Sede. Esta decisión marcó un hito, ya que fue el primer cardenal juzgado penalmente en el Vaticano.

Según informó Infobae, el caso más notorio que derivó en el proceso fue la compra de un edificio de lujo en Sloane Avenue, Londres, que implicó una pérdida millonaria para la Secretaría de Estado vaticana. Además, durante la investigación salieron a la luz otras transferencias irregulares, como una donación de 125.000 euros a una asociación vinculada a Cáritas en Ozieri, Cerdeña, cuyo presidente era uno de los hermanos del cardenal.

En 2020, el papa Francisco retiró a Becciu sus derechos asociados al cardenalato, pero sin formalizar una expulsión del Colegio Cardenalicio ni exigirle su renuncia por escrito. En consecuencia, su situación legal y eclesiástica ha generado interpretaciones dispares entre expertos canónicos y observadores vaticanos. La Oficina de Prensa del Vaticano ha confirmado que todos los cardenales pueden asistir a las congregaciones generales, que son las reuniones preparatorias al cónclave, aunque la entrada al cónclave en sí es “otra cuestión”.

La posibilidad de que Becciu participe en la elección del próximo pontífice ha vuelto al centro del debate tras sus declaraciones recientes al diario Unione Sarda, donde aseguró que el papa no le ha retirado formalmente sus prerrogativas: “El papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas, ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia explícita por escrito”.

Pese a esto, las estadísticas oficiales del Vaticano lo consideran actualmente un cardenal no elector, lo que implica que, al superar la edad canónica o por alguna otra razón formal, no puede entrar en la Capilla Sixtina durante la elección papal. Su estatus será, con toda probabilidad, uno de los temas clave que debatirán los cardenales en las congregaciones previas al cónclave.

El Colegio Cardenalicio se encuentra conformado por 136 cardenales electores, de los cuales 135 podrían tener acceso efectivo al cónclave si se mantiene la exclusión de Becciu.

En este marco, también han surgido otras situaciones particulares que podrían alterar el recuento final. Por ejemplo, el caso del cardenal Philippe Ouédraogo, de Burkina Faso, cuya fecha de nacimiento fue corregida en el Anuario Pontificio de 2024 para permitir su participación. Según reveló el periodista Hendro Munsterman del medio neerlandés Nederlands Dagblad, aunque su fecha oficial de nacimiento era el 25 de enero de 1945, su cumpleaños número 80 se considerará el 31 de diciembre, manteniéndolo así dentro del límite de edad.

Casos similares ya han tenido antecedentes. El diario Avvenire, órgano de la Conferencia Episcopal Italiana, mencionó que el cardenal John Njue, de Kenia, vio corregido su año de nacimiento de 1944 a 1946, lo que le permitió conservar su derecho a voto en un eventual cónclave anterior. Estas modificaciones en las fechas de nacimiento obedecen, según fuentes vaticanas, a la falta de registros civiles precisos en algunos países durante el siglo pasado. “En mi pueblo no había hospitales ni escuelas. Nací en casa y no me dieron fecha de nacimiento”, explicó Ouédraogo al ser consultado por la prensa.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó la paralización temporal del juicio, que se celebra desde principios de marzo en San Isidro (al norte de la capital, provincia de Buenos Aires), “para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”.

La suspensión, que en su consecuencia más extrema podría derivar en la anulación del juicio actual, tiene que ver con el presunto ingreso de cámaras a las audiencias.

Desde la segunda audiencia está prohibido filmar las instancias judiciales, por lo que la Fiscalía deberá investigar ahora si se violó esta norma y si la magistrada Julieta Makintach tiene algún tipo de relación con el supuesto incumplimiento.

Además, en la audiencia del martes, se presentaron dos pedidos de recusación contra Makintach: uno por la presunta connivencia con los documentalistas y otro por parcialidad. Ambos serán resueltos por el tribunal de tres jueces dentro de una semana.

“Estoy convencida de mi imparcialidad, voy a dar las explicaciones del caso”, aseguró Makintach al finalizar la audiencia.

Las recusaciones fueron presentadas por las defensas de dos de los siete profesionales de la salud que enfrentan este juicio por eventual homicidio con dolo, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, “El Diez” falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, municipio en la provincia de Buenos Aires.

Maradona, ganador del Mundial de México-86 con la selección argentina e ídolo en clubes como el Boca Juniors local, el Nápoles italiano y el FC Barcelona entre otros, murió por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica a la que había sido sometido dos semanas antes.

De ser hallados culpables, los imputados arriesgan entre 8 y 25 años en prisión. Una octava enfermera será procesada en un juicio aparte. Todos defienden su inocencia.

- “Empezar todo de cero” -

Los abogados querellantes, Diego Baudry y Fernando Burlando, presentaron la denuncia pidiendo que se investigue la situación en torno al presunto documental, acusando la posible comisión de varios delitos penales.

Estos serían “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, revelación de secretos o información privilegiada, prevaricato en caso de haberse afectado el deber de imparcialidad, tráfico de influencias y, eventualmente, cohecho”, sostiene la denuncia a la que accedió la AFP.

Al final de la audiencia de este martes, Makintach expresó su deseo que todas las partes sean informadas de la investigación resultante. “Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo.

Y no descartó dejar el tribunal por su propia cuenta. “En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte”, advirtió la jueza.

Las opiniones fueron diversas sobre el futuro del juicio en caso de que Makintach deje su lugar. Entre las opciones se baraja agregar un nuevo juez y continuar como hasta ahora, proseguir con un solo magistrado o retirar a los tres jueces, según comentaron a la AFP varios abogados defensores y querellantes.

Todas las partes compartieron la preocupación de tener que reiniciar el proceso. Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora médica de la internación domiciliaria de Maradona, Nancy Forlini, dijo durante la audiencia que “si se aparta a la doctora Makintach, hay que empezar de cero”.

A lo largo del proceso, en cual hasta ahora declararon más de 40 testigos y una de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.

Varios testigos lo describieron como escenario lúgubre para una internación domiciliaria y afirmaron que Maradona era atendido en un cuarto sucio, desordenado y sin equipos médicos adecuados.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

La declaración se produjo después de que el actual presidente Donald Trump se dijera sorprendido el lunes de que el cáncer de su predecesor y adversario político no hubiera sido informada desde “hace tiempo”, lo que avivó las teorías de un encubrimiento.

La oficina de Biden anunció el domingo que el exmandatario de 82 años había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata, que se había extendido a los huesos, poco después de que se le hubiera encontrado un nódulo en la glándula prostática.

“La última prueba PSA (de antígeno prostático específico) conocida del presidente Biden fue en 2014”, dijo un vocero de Biden en un comunicado a enviado a la AFP.

“Antes del viernes, el presidente Biden nunca había sido diagnosticado con cáncer de próstata”, aseguró.

El cáncer de próstata, el más común entre los hombres, puede detectarse en sus primeras etapas mediante análisis de sangre que miden una proteína llamada antígeno prostático específico, o PSA.

Sin embargo, los tests anuales de PSA a partir de los 70 años no se recomiendan para todos los casos. La enfermedad a veces pasa inadvertida o bien se desarrolla rápidamente, según especialistas consultados por la AFP.

Las dudas sobre la salud de Biden lo persiguieron durante su campaña de reelección el año pasado, que terminó abandonando, y se han reavivado en las últimas semanas, antes de la publicación de un libro que detalla lo que se describe como su deterioro físico.

Biden expresó el lunes su gratitud por las muestras de “amor y apoyo” recibidas tras el diagnóstico.

Fuente: AFP

El felino, que llevaba pequeños paquetes con 235 gramos de marihuana y 67 gramos de crack (piedra de cocaína) fijados con tela adhesiva, fue atrapado en el muro perimetral de la prisión del cantón caribeño de Pococí, según el Ministerio de Justicia.

Los “agentes de la Policía Penitenciaria de la cárcel de Pococí lograron rescatar a un gatito que traía pegado en su cuerpo dos paquetes con droga”, indicó esa cartera en un comunicado.

Un video compartido por el ministerio muestra a un guardia encaramado en la reja para atrapar al gato de color blanco con manchas negras.

Luego se ve al pequeño animal sobre una mesa de la prisión, donde los vigilantes le retiran los paquetes con la droga.

“Gracias a las rápidas acciones” de los guardias “se logró atrapar al felino y quitarle los paquetes, evitando así que estos llegaran” a los presos, dijo el ministerio.