Bolsonaro, de 70 años, enfrenta un juicio ante la corte acusado de haber liderado una “organización criminal” para desconocer los resultados de los comicios de octubre de 2022 e impedir la asunción del ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Cuatro meses después del inicio del proceso, la fiscalía reafirmó su tesis de que Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, y siete de sus exsubordinados más cercanos intentaron “garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático”, según un documento oficial divulgado en la madrugada.

El juicio a Bolsonaro movilizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 9 de julio anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 1 agosto y citó entre las razones lo que calificó como “una caza de brujas” contra el exmandatario brasileño.

Para la fiscalía, Bolsonaro actuó “de forma sistemática” durante su mandato (2019-2022) y tras su derrota frente a Lula en 2022 “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.

“Comprobada” la participación de Bolsonaro en los hechos, el ente público pidió que sea condenado por “organización criminal armada”, “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos, que en suma podrían configurar una pena de más de 40 años de prisión.

El exmandatario, que dice ser un perseguido político, arremetió iracundo contra la fiscalía, negó los cargos y denunció fallas en el proceso: “Una condena sería una violación”.

“No hay interés en apresarme, ellos me quieren eliminar”, dijo este martes al sitio Poder 360.

- Conflicto con Trump -

“La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump la semana pasada en una carta destinada a Lula.

El presidente brasileño dijo que buscará negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero condenó la “injerencia” del republicano en la justicia de su país y anunció una posible “reciprocidad” en el trato comercial con Estados Unidos.

De su lado, el presidente de la corte suprema, Luis Roberto Barroso, defendió el “estado democrático de derecho” en Brasil y afirmó que el tribunal juzgará a Bolsonaro con “independencia” y “base en las pruebas”.

Luego de un plazo para los alegatos finales de las defensas, cinco jueces de la corte deben decidir la suerte del exmandatario de extrema derecha, algo que se espera para las próximas semanas.

El magistrado a cargo del juicio, Alexandre de Moraes, se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington, luego de que la derecha brasileña lo acusara de “perseguir” al exmandatario y criticara sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.

- “Nunca existió intento de golpe” -

Aunque insistió este martes en que “nunca existió intento de golpe en Brasil”, Bolsonaro había reconocido en su interrogatorio ante la corte haber considerado “un dispositivo constitucional” para impedir la asunción de Lula.

Pero la fiscalía sostuvo que el expresidente “instrumentalizó el aparato estatal y operó deliberadamente un plan persistente para atacar las instituciones públicas y el proceso de sucesión”.

El plan fracasó por falta de apoyo de los comandantes de las fuerzas armadas, según la acusación. El general Marco Antonio Freire Gomes, excomandante del ejército, afirmó durante el juicio que Bolsonaro propuso declarar un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y llamar a nuevos comicios.

El presidente Lula afirma que las amenazas de Trump responden a una campaña adelantada por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, radicado desde hace meses en Estados Unidos para conseguir apoyo de la Casa Blanca a su padre.

Bolsonaro se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, pese a estar inhabilitado por la justicia electoral por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación.

Lula, de 79 años, afirma que también quiere disputar los comicios del año próximo.

Fuente: AFP

“50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” el documental en Netflix, repasa los detalles del crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La miniserie generó una fuerte reacción de la mamá de la víctima.

A través de una publicación en sus redes sociales, la paraguaya Graciela Sosa apuntó duramente contra los rugbiers condenados por el asesinato de su hijo, detallando con angustia y rabia la secuencia criminal.

“Lo golpearon dentro del boliche, esperaron a que se vaya la Policía, lo emboscaron por tres ángulos, no dejaron que los amigos lo defiendan”, recordó la mamá de Fernando en la publicación que compartió en Facebook.

“No le dieron la oportunidad de defenderse. Lo discriminaron por su color de piel y por no levantarse. Lo escupieron en la cara. Se fueron caminando”, siguió.

Por último, Graciela resaltó que los rugbiers continuaron con su vida con total indiferencia, incluso después de saber que Fernando había muerto. “Comieron hamburguesas, planeaban las juntadas del día siguiente, querían drogas y alcohol, querían seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado”, cuestionó.

“Nunca pidieron perdón, se hacen las víctimas”, subrayó.

Un 61% de los electores se opuso a la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional y un 62% a que una Constituyente redacte la nueva Carta Magna, según el escrutinio parcial que ya evidencia una “tendencia marcada” de acuerdo con la autoridad electoral.

“Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, dijo el gobernante por la red social X.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Con casi el 53% de los votos escrutados, Jara, una comunista que representa una amplia coalición de centro-izquierda, adelanta por menos del 3% de los apoyos a su rival del Partido Republicano.

Con esos resultados, Chile irá a una segunda vuelta el 14 de diciembre, como anticipaban las encuestas.

“Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta”, declaró poco después el presidente izquierdista Gabriel Boric.

Detrás de ellos se ubica sorpresivamente Franco Parisi, un economista del Partido de la Gente, tildado de populista que supera al ultraliberal Johannes Kaiser, al que las encuestan habían ubicado en tercer lugar.

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, la campaña electoral estuvo dominada por el miedo ante el aumento del crimen, lo que propulsó a la extrema derecha y su plan de deportaciones masivas y combate frontal a la delincuencia.

Parisi se inscribe igualmente en esa línea.

Por primera vez podría haber en Chile un gobierno de extrema derecha después del fin de la dictadura de Pinochet hace 35 años.

Una violencia desconocida en Chile desplazó el anhelo de cambio que hace cuatro años catapultó al poder a Boric y su promesa fallida de cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), tras el estallido social de 2019.

Los homicidios aumentaron un 140% en la última década, para pasar de una tasa de 2,5 a 6 por cada 100.000 habitantes en 2024, según el gobierno.

En tanto, el año pasado la fiscalía reportó 868 secuestros, un 76% más con respecto a 2021.

Si bien son estándares bajos incluso a nivel mundial, el problema es “la llegada del crimen organizado y delitos desconocidos hasta ahora en nuestro país, como el sicariato”, sostiene Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas.

Los chilenos renovaron igualmente la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

La seguridad al tope de la agenda

La campaña estuvo dominada de principio a fin por las propuestas de seguridad, lo que incluso obligó a Jara a relegar sus ideas sobre planes sociales para hablar sobre sus estrategias contra el crimen.

Este domingo criticó a sus rivales por “exacerbar el temor”. Eso no “da para gobernar un país (...) se requiere tener capacidad de acuerdo, tener capacidad de diálogo”, afirmó.

La exministra de Trabajo de Boric, de 51 años, anticipó en campaña que no tendrá “ningún complejo en materia de seguridad”, pero que también garantizará que los chilenos tengan “la seguridad de llegar a fin de mes”.

Uno de sus planes contra el crimen organizado es el levantamiento del secreto bancario para atacar sus finanzas.

Camino allanado

Su principal rival compite por tercera vez a la presidencia.

Kast, de 59 años, dirigió su campaña contra los 337.000 migrantes en condición irregular, en su mayoría venezolanos.

Su mensaje caló en medio de la conmoción causada por el Tren de Aragua, la temible banda de origen venezolano implicada en secuestros, extorsiones y otros delitos que ha extendido sus operaciones por Sudamérica.

Kast promete deportaciones masivas y un “escudo fronterizo” para frenar el ingreso de extranjeros sin papeles, que incluye cercas metálicas y zanjas.