Fuente: AFP

Estados Unidos considera fraudulentas las reelecciones de Maduro desde 2018.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.

La administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a 25 millones de dólares la cantidad ofrecida por el líder chavista, acusado de “narcotráfico” y “corrupción”.

Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como “presidente legítimo” de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.

La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización “terrorista” global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

En julio el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, muy crítico con Maduro, anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador.

Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

En 2019 Trump reconoció al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, “presidente interino” de Venezuela e impuso una batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, en una fallida estrategia de presión para intentar provocar la caída de Maduro.

La propia oposición venezolana puso fin al simbólico gobierno interino de Guaidó en enero de 2023.

El mandatario izquierdista sostenía diálogos desde 2023 con Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques, una de las mayores disidencias de la extinta guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.

Este mismo martes, la mayor organización armada del narcotráfico descartó un acuerdo de paz con Petro, quien culminará su mandato de cuatro años el 7 de agosto.

Ambas negociaciones eran las principales banderas de la Paz Total, un plan diseñado por el primer presidente de izquierda del mayor productor mundial de cocaína para lograr el desarme de todos los grupos armados.

Calarcá, por su lado, continuó atentando contra la fuerza pública y civiles en las zonas en las que opera su guerrilla, principalmente en la frontera con Venezuela y en la Amazonía.

Una de sus principales fuentes de financiación es la deforestación para dar paso a la ganadería, así como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Petro aseguró en una reunión con sus ministros transmitida en redes sociales que pidió al consejero presidencial de paz, Otty Patiño, frenar esas negociaciones.

“Si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados, pues no hay paz. ¿Qué más vamos a hacer?”, dijo.

“A mí me gustaría la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”, agregó.

- Sin opciones -

Más temprano el abogado del Clan del Golfo, el principal cártel narcotraficante del país, descartó que los diálogos con el gobierno vayan a terminar en la firma de un acuerdo de paz.

A menos de cuatro meses de que termine su mandato, casi todos los procesos han enfrentado rupturas, suspensiones o escasos avances.

Petro también intentó pactar el fin del conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la más longeva del continente, pero esas negociaciones de rompieron luego de un ataque de los rebeldes en la frontera que dejó más de 100 muertos a inicios del año pasado.

De igual manera con otra disidencia de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. El guerrillero más buscado del país deidió levantarse de la mesa y aumentó sus atentados con coches bomba y drones.

Analistas estiman que los grupos armados se fortalecieron durante la Paz Total, muy criticada por la oposición, expresidentes y miliares en retiro en un país con más de seis décadas de conflicto armado.

Petro enfrentó presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien le impuso sanciones por supuestamente hacer pocos esfuerzos por frenar al narcoráfico.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Chadwick Willacy, de 58 años, fue declarado muerto a las 18H15 hora local (22H15 GMT) en la prisión estatal de Raiford, informó el Departamento de Correccional de Florida en un comunicado.

Willacy fue sentenciado a pena de muerte en 1991 por el asesinato el año anterior de su vecina, Marlys Satger, de 56 años, quien lo había sorprendido en su casa mientras robaba.

En lo que va de 2026 se han llevado a cabo ocho ejecuciones en Estados Unidos, cinco de ellas en Florida.

En total, 47 condenados a muerte fueron ejecutados en Estados Unidos el año pasado, el mayor número desde 2009, cuando hubo 52.

Florida fue el estado donde más se aplicó la pena capital el año pasado: 19 veces. Los estados de Alabama, Carolina del Sur y Texas llevaron a cabo cinco cada uno.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) mantienen moratorias sobre su aplicación.

El presidente Donald Trump defiende la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su alcance a “los delitos más viles”.

Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios y el control que ejercen grupos delictivos.

El lunes “se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín” en la cárcel Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, informó el ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado difundido en redes.

“Deja como resultado el fallecimiento de cinco personas privadas de libertad”, añade el escueto texto.

Las autoridades penitenciarias no detallaron las razones del conflicto, tampoco si hubo heridos.

La Fiscalía venezolana anunció la víspera una investigación sobre el incidente.

La cárcel consta de tres instalaciones: Yare I, II y III.

En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

Decenas de presos fueron trasladados a Yare III tras estas operaciones.

La instalación vecina, Yare II, sirve como prisión política.

La semana pasada al menos 46 presos políticos vinculados con la industria petrolera fueron excarcelados de ese centro de detención, constató un equipo de la AFP.

La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 105 muertes en cárceles venezolanas durante 2024 vinculadas con las precarias condiciones de reclusión.

Fuente: AFP.