La ciudad postal de Brasil fue escenario a fines de octubre de la llamada Operación Contención, la más letal en la historia del país con 121 muertos, entre ellos cuatro policías.

Según las autoridades, el operativo de este miércoles es una nueva etapa de esa acción dirigida contra el Comando Vermelho, una organización criminal que controla varios barrios populares conocidos como favelas.

La operación “muestra el combate al Comando Vermelho” que “se aprovecha de la expansión territorial para realizar toda una gama de crímenes”, afirmó en una nota el secretario de Policía Civil, Felipe Curi.

La policía ingresó en la madrugada a Vila Kennedy, un barrio del oeste de Rio, para “desarticular” un grupo dedicado al robo de autos, detalló la policía militar del estado de Rio en una nota enviada a la AFP.

“Hasta el momento, ocho criminales han sido capturados en la acción y otros dos han sido neutralizados”, indicó de su lado la policía civil.

Más temprano, la policía militar había informado sobre “cuatro criminales heridos de bala durante enfrentamientos con los policías”, sin precisar su estado de salud.

Los uniformados decomisaron dos fusiles, dos granadas y una pistola. También “una gran cantidad de drogas escondidas por los criminales en una unidad educativa”.

Fuente: AFP.

Según las primeras investigaciones, un cilindro de gas explotó mientras cocinaban la droga en el territorio indígena awá, a unos 60 km del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), zona de producción de cocaína y con fuerte presencia de grupos armados ilegales.

El hecho se registró “en la madrugada del 23 de enero”, dijo sin dar más detalles el coronel de la policía John Jairo Urrea, en un video compartido con medios locales.

Las víctimas trabajaban para una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016 y que dialoga con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

“Por fallas humanas y al manipular unos cilindros de gas (...) el lugar se incendió en cuestión de segundos”, reivindicó el grupo ilegal en un comunicado.

El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, ha sido por décadas crucial en la producción de coca y en el tráfico de la droga hacia Estados Unidos.

Allí los grupos dedicados al narcotráfico ejercen un fuerte control con el apoyo de los carteles mexicanos.

“¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?”, reclamó este viernes el presidente Petro desde Tumaco, en un discurso contra los cultivos ilícitos.

El presidente de Ecuador, el conservador Daniel Noboa, inició el miércoles una guerra comercial con Colombia con un arancel del 30% tras acusar al gobierno de Petro de no hacer suficiente contra el narcotráfico en la frontera común.

Petro aplicó la misma tarifa al país vecino y defendió su lucha contra los grupos ilegales.

Tras un año de acusaciones similares por parte de Estados Unidos, el presidente colombiano viajará a Washington y se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero para hablar sobre cómo combatir al narcotráfico conjuntamente.

La primera mujer en gobernar el archipiélago asiático había anunciado sus intenciones el lunes, en busca del respaldo público a sus medidas destinadas a proteger a los hogares del aumento del costo de la vida e incrementar el gasto en defensa.

El presidente de la Cámara Baja leyó una carta el viernes en la que se anunciaba oficialmente su disolución, mientras los legisladores coreaban el tradicional grito de guerra “banzai”.

Takaichi espera resultados favorables en los comicios para reforzar su mayoría parlamentaria.

La coalición gobernante del Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra y el Partido de la Innovación de Japón (JIP) cuenta con una escasa mayoría en la poderosa Cámara Baja.

Takaichi espera que el amplio apoyo al conjunto de su gabinete le ayude a obtener un mandato más fuerte, a pesar de que el propio PLD está luchando contra los bajos índices de aprobación y una serie de escándalos.

“No está claro si el alto apoyo público al gabinete de Takaichi se traducirá realmente en apoyo al PLD”, dijo a la AFP Hidehiro Yamamoto, profesor de política de la Universidad de Tsukuba.

“Lo que preocupa a la población son las medidas para hacer frente a la inflación”, afirmó.

- Descontento por los precios -

Este viernes, unos esperados datos oficiales mostraron que la inflación del país se ralentizó en diciembre, en gran parte gracias a los subsidios gubernamentales para la electricidad y el gas.

El aumento interanual del 2,4% en los precios al consumidor, que excluye los volátiles alimentos frescos, supone una notable desaceleración en comparación con el 3% de noviembre.

Sin embargo, sigue siendo superior al objetivo del 2% del banco central.

El descontento público por el aumento de los precios contribuyó en gran medida a la caída del ex primer ministro Shigeru Ishiba, a quien Takaichi sucedió en octubre.

Aunque Japón se ha visto afectado durante mucho tiempo por la deflación, recientemente se ha enfrentado a un aumento del costo de la vida y a una debilidad crónica del yen, lo que ha encarecido las importaciones.

El arroz, producto indispensable en los hogares nipones, se transformó en un símbolo: su precio se duplicó con creces a mediados de 2025 en comparación con el año anterior, antes de moderarse en los últimos meses.

El cereal subió más del 34% en diciembre en comparación con el año pasado, según las cifras oficiales publicadas el viernes.

Con el compromiso de abordar el problema y reforzar la cuarta economía más grande del mundo, el gabinete de Takaichi aprobó un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes (unos 770.000 millones de dólares) para el año fiscal que comienza en abril de 2026.

Sin embargo, sus rivales afirman que la disolución de la Cámara Baja puede retrasar su aprobación en el Parlamento.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

La medida sería una ampliación de la llamada “política de Ciudad de México” del Departamento de Estado. Mediante esta política, desde el expresidente Ronald Reagan los gobiernos del Partido Republicano han prohibido el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que practican o promueven el aborto.

El Departamento de Estado hará pública el viernes la expansión de la norma, que evitará que la asistencia financie “no sólo al aborto como método de planificación familiar, sino también (a) la ideología de género y la ideología de equidad discriminatoria”, señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

La política debe abarcar los 8.000 millones de dólares que destina Estados Unidos a salud mundial, además del conjunto de la ayuda exterior del país que sobrepasa los 30.000 millones de dólares.

Según el funcionario, la norma afectará a oenegés internacionales y estadounidenses.

El impacto exacto está por verse, ya que la administración Trump ya ha recortado drásticamente la asistencia exterior, incluido el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), que era el mayor proveedor gubernamental de ayuda del mundo.

Desde la campaña electoral que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca a inicios del año pasado, Trump ha arremetido contra las políticas de apoyo a los derechos de las personas transgénero y las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Su gobierno ha buscado impedir que las atletas transgénero participen en deportes femeninos y revirtió la decisión de su antecesor, Joe Biden, de permitir un marcador “X” para indicar el género en los pasaportes.

Trump sostiene que la educación y las políticas de empleo destinadas a reparar el racismo histórico constituyen en realidad una forma de discriminación contra la población blanca, mayoritaria en Estados Unidos.