Fuente: AFP

Según los términos de este acuerdo de culpabilidad, cuyo texto fue consultado por AFP, Guzmán López, de 39 años, enfrenta al menos diez años de prisión por el cargo relacionado con su participación en una organización criminal.

En cuanto al cargo de tráfico de drogas, por el cual podría ser condenado cadena perpetua, el juez podría dictar una sentencia reducida dependiendo de su nivel de cooperación con la justicia.

A cambio, el hijo de “El Chapo” se comprometió a “cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto que le sea requerido” por la justicia estadounidense, proporcionando información y testimonios “completos y veraces”.

Uno de sus hermanos, Ovidio Guzmán López, detenido sin derecho a fianza tras su extradición de México a Estados Unidos en 2023, ya se había declarado culpable en julio pasado en Nueva York de cargos similares.

Ambos están acusados, junto con otros dos hermanos actualmente prófugos, Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Guzmán Salazar, de haber asumido las actividades de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder el cartel de Sinaloa.

“El Chapo”, de 68 años, cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, tras ser condenado en 2019.

Al frente de una facción conocida como “Los Chapitos”, los hijos de “El Chapo” introdujeron desde México grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, marihuana y otras drogas a territorio estadounidense, según el acta de acusación.

Este lunes, cuando la jueza Sharon Johnson Coleman le preguntó a Joaquín Guzmán López cómo se ganaba la vida, éste contestó: “Tráfico de drogas”, lo que provocó risas en la sala, según informó el diario Chicago Tribune.

Tras su detención en Texas en julio de 2024, Guzmán López había negado ser culpable de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego.

- Colaboración -

Joaquín Guzmán López copó las portadas de numerosos medios el año pasado cuando fue arrestado a su llegada a Texas en una avioneta privada. Iba acompañado por el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, entonces uno de los hombres más buscados del mundo.

Un año y cuatro meses después, Guzmán López reconoció por primera vez que había secuestrado a Zambada después de fingir que necesitaba su ayuda para resolver una disputa, según el acuerdo de culpabilidad consultado por la AFP.

Durante su encuentro, varios cómplices de Guzmán López esposaron a Zambada, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo condujeron al aeródromo desde donde despegó la avioneta rumbo a Estados Unidos.

Lo hizo, según admitió, “con la esperanza” de obtener cierta indulgencia por parte del gobierno estadounidense.

Estados Unidos negó haber participado en el plan para llevar a Zambada a su territorio.

Pero el fiscal federal adjunto Andrew Erskine señaló que, a cambio de la cooperación continua de Guzmán López, la fiscalía pedirá una pena inferior a la cadena perpetua, según el Chicago Tribune.

En agosto, Zambada, que dijo tener 75 años, también se declaró culpable de narcotráfico. Esto no impedirá sin embargo que termine sus días en una cárcel de Estados Unidos, como su exsocio “El Chapo”.

Tras los arrestos de Joaquín Guzmán López y de Zambada se intensificaron los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y la facción del veterano capo por el control del cartel de Sinaloa.

Las luchas internas han dejado unos 1.200 muertos en México y cerca de 1.400 desaparecidos, según datos oficiales.

Washington acusa al cartel de Sinaloa de traficar fentanilo a Estados Unidos, donde esta droga sintética ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años, lo que ha tensado las relaciones con México.

Además del fentanilo, los cuatro hermanos están acusados de transportar varias toneladas de cocaína a través de Centroamérica y Sudamérica hasta Estados Unidos, según la acusación formal hecha pública en abril de 2024.

El documento especifica que también “sobornaron a funcionarios públicos corruptos”, “provocaron, amenazaron y cometieron asesinatos, secuestros, agresiones y golpizas contra las fuerzas del orden, narcotraficantes rivales y miembros de su propia organización”.

Bai Tianhui, exgerente general de China Huarong International Holdings (CHIH), fue declarado culpable de haber aceptado más de 156 millones de dólares a cambio de un trato favorable en la adquisición y financiamiento de proyectos entre 2014 y 2018, según la televisión estatal CCTV.

CHIH es subsidiaria de China Huarong Asset Management, una firma de manejo de deudas incobrables.

Huarong ha sido blanco de la cruzada anticorrupción del presidente chino Xi Jinping, y su ex jefe Lai Xiaomin fue ejecutado en 2021 por recibir 253 millones de dólares en sobornos.

Las condenas a la pena capital por corrupción en China suelen emitirse con un aplazamiento de dos años y luego son conmutadas a prisión perpetua.

Bai apeló la condena, dictada en mayo de 2024 en la ciudad norteña de Tianjin, pero el máximo tribunal del país la ratificó en febrero pasado.

Bai “aceptó sobornos por un monto excepcionalmente alto, la circunstancias de sus crímenes fueron excepcionalmente graves, el impacto social fue especialmente atroz y los intereses del Estado y el pueblo sufrieron pérdidas excepcionalmente significativas”, informó CCTV citando al máximo tribunal.

El ex banquero fue ejecutado el martes en Tianjin tras encontrarse con sus familiares, agregó la televisión, sin precisar cómo fue ejecutado.

China mantiene en secreto las cifras de pena de muerte, aunque Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos afirman que miles de personas son ejecutadas cada año en el país.

Fuente: AFP

Alfredo Díaz fue arrestado en un contexto de crisis poselectoral desatada tras las controvertidas elecciones de julio de 2024 en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato. La oposición denuncia fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.

El ministerio para el Servicio Penitenciario informó el domingo el fallecimiento del opositor de 56 años, señalado por “terrorismo” e “instigación al odio”.

“Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica”, indicó el ministerio en un comunicado.

“El día sábado 06 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después”, agregó el texto.

Su hija, Daliannys Díaz, dijo que su padre tenía problemas de salud al momento de su arresto, el 24 de noviembre de 2024.

“Cuando lo detienen, se les (dijo) que debía tener tratamiento y le hicieron caso omiso, en un año y días lo mataron, mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho, incluso convulsionaba”, dijo en un video publicado en TikTok.

Díaz, quien fue gobernador del estado Nueva Esparta entre 2017 y 2021, es el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024.

“La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro”, indicó el Departamento de Estado estadounidense en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

La reacción de Washington ocurre cuando una flotilla estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, ejecuta operaciones antinarcóticos en el Caribe.

Caracas afirma que las maniobras emprendidas por la administración de Trump buscan derrocar a Maduro.

- “Patrón de represión”-

La dirigente opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde hace más de un año y recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz “se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio”.

“Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal”, indicó Machado, en una declaración conjunta con González Urrutia.

Díaz se encontraba detenido en la sede del servicio de inteligencia nacional (Sebin), un lugar descrito como un “centro de tortura” por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.

El abogado Gonzalo Himiob de la ONG Foro Penal, declaró a la AFP que Díaz “había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado”. “Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público”.

Díaz “llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija”, indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas.

Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, dijo Romero a la AFP. “La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar”, agregó.

Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.

Fuente: AFP

“Hemos encargado” una “auditoría de todas las instalaciones, de todos aquellos centros, que en la zona de riesgo de 20 kilómetros, están trabajando con el virus de la peste porcina africana”, dijo Salvador Illa, presidente regional de Cataluña, la única región española afectada, en una conferencia de prensa.

“Son pocos centros, no son más de cinco”, añadió Illa, al día siguiente de que se anunciase la primera investigación a un laboratorio como posible origen del foco.

Además, Illa anunció que los 80.000 cerdos de las 55 granjas que están en la zona de riesgo están sanos y “pueden ponerse a disposición del consumo humano siguiendo los protocolos”, por lo que “podrán comercializarse en el mercado español con total seguridad”.

Eso se hará “de forma progresiva”, avanzó el dirigente catalán.

Hasta ahora, el virus sólo se ha detectado en 13 jabalíes muertos en las proximidades de Barcelona, y se trata del primer foco de la enfermedad identificado en España desde 1994.

Inofensiva para los humanos, la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad hemorrágica viral con una tasa de mortalidad cercana al 100% para cerdos y jabalíes.

El Ministerio español de Agricultura anunció el viernes que se estudiaría la hipótesis de una fuga de un centro de investigación tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la UE con la secuenciación del genoma del virus del foco actual.

El grupo genético identificado en el foco no correspondía, según el ministerio, al que circula actualmente en la decena de países europeos afectados por la peste porcina africana, sino a la cepa “Georgia 2007”, que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en laboratorios.

Fuente: AFP