Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.

El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.

Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.

Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.

Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.

Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.

“La violencia política de género y raza que existe en este país debe detenerse”, dijo a periodistas a la salida del tribunal Anielle Franco, hermana de Marielle y ministra de Igualdad Racial del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Con 76 años de prisión cada uno, la pena es casi idéntica a la que fue condenado en 2024 Ronnie Lessa (78 años de cárcel), el expolicía que disparó con una ametralladora contra Franco.

Fuente: AFP

El mandatario izquierdista sostenía diálogos desde 2023 con Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques, una de las mayores disidencias de la extinta guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.

Este mismo martes, la mayor organización armada del narcotráfico descartó un acuerdo de paz con Petro, quien culminará su mandato de cuatro años el 7 de agosto.

Ambas negociaciones eran las principales banderas de la Paz Total, un plan diseñado por el primer presidente de izquierda del mayor productor mundial de cocaína para lograr el desarme de todos los grupos armados.

Calarcá, por su lado, continuó atentando contra la fuerza pública y civiles en las zonas en las que opera su guerrilla, principalmente en la frontera con Venezuela y en la Amazonía.

Una de sus principales fuentes de financiación es la deforestación para dar paso a la ganadería, así como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Petro aseguró en una reunión con sus ministros transmitida en redes sociales que pidió al consejero presidencial de paz, Otty Patiño, frenar esas negociaciones.

“Si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados, pues no hay paz. ¿Qué más vamos a hacer?”, dijo.

“A mí me gustaría la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”, agregó.

- Sin opciones -

Más temprano el abogado del Clan del Golfo, el principal cártel narcotraficante del país, descartó que los diálogos con el gobierno vayan a terminar en la firma de un acuerdo de paz.

A menos de cuatro meses de que termine su mandato, casi todos los procesos han enfrentado rupturas, suspensiones o escasos avances.

Petro también intentó pactar el fin del conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la más longeva del continente, pero esas negociaciones de rompieron luego de un ataque de los rebeldes en la frontera que dejó más de 100 muertos a inicios del año pasado.

De igual manera con otra disidencia de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. El guerrillero más buscado del país deidió levantarse de la mesa y aumentó sus atentados con coches bomba y drones.

Analistas estiman que los grupos armados se fortalecieron durante la Paz Total, muy criticada por la oposición, expresidentes y miliares en retiro en un país con más de seis décadas de conflicto armado.

Petro enfrentó presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien le impuso sanciones por supuestamente hacer pocos esfuerzos por frenar al narcoráfico.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Chadwick Willacy, de 58 años, fue declarado muerto a las 18H15 hora local (22H15 GMT) en la prisión estatal de Raiford, informó el Departamento de Correccional de Florida en un comunicado.

Willacy fue sentenciado a pena de muerte en 1991 por el asesinato el año anterior de su vecina, Marlys Satger, de 56 años, quien lo había sorprendido en su casa mientras robaba.

En lo que va de 2026 se han llevado a cabo ocho ejecuciones en Estados Unidos, cinco de ellas en Florida.

En total, 47 condenados a muerte fueron ejecutados en Estados Unidos el año pasado, el mayor número desde 2009, cuando hubo 52.

Florida fue el estado donde más se aplicó la pena capital el año pasado: 19 veces. Los estados de Alabama, Carolina del Sur y Texas llevaron a cabo cinco cada uno.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) mantienen moratorias sobre su aplicación.

El presidente Donald Trump defiende la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su alcance a “los delitos más viles”.

Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios y el control que ejercen grupos delictivos.

El lunes “se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín” en la cárcel Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, informó el ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado difundido en redes.

“Deja como resultado el fallecimiento de cinco personas privadas de libertad”, añade el escueto texto.

Las autoridades penitenciarias no detallaron las razones del conflicto, tampoco si hubo heridos.

La Fiscalía venezolana anunció la víspera una investigación sobre el incidente.

La cárcel consta de tres instalaciones: Yare I, II y III.

En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

Decenas de presos fueron trasladados a Yare III tras estas operaciones.

La instalación vecina, Yare II, sirve como prisión política.

La semana pasada al menos 46 presos políticos vinculados con la industria petrolera fueron excarcelados de ese centro de detención, constató un equipo de la AFP.

La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 105 muertes en cárceles venezolanas durante 2024 vinculadas con las precarias condiciones de reclusión.

Fuente: AFP.