La muerte del liberal Kubitschek, considerado uno de los mandatarios brasileños más populares, se ha discutido durante décadas como uno de los episodios más intrigantes de la historia del país.

La Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, órgano público a cargo de reconocer a víctimas de la dictadura (1964-1985), sostuvo en un informe de casi 1300 páginas que el supuesto accidente en que murió el expresidente, según la versión oficial de la época, fue un montaje.

“La muerte de Kubitschek fue causada por la persecución política perpetrada por el Estado brasileño en el período de la dictadura”, concluyó la Comisión, que en noviembre de 2024 aceptó el caso para analizarlo.

Referente de la lucha antidictatorial por la redemocratización, el exmandatario será incluido en la lista de muertos y desaparecidos por el régimen militar, que hoy incluye a 434 personas.

Su familia también podrá corregir el certificado de defunción e incluir la muerte por causa violenta.

“Para muchas familias de víctimas de la dictadura, esa corrección ha funcionado como una cura”, dijo a la AFP la fiscal Eugenia Gonzaga, presidenta de la Comisión, tras la presentación del informe en un acto en Sao Paulo.

El 22 de agosto de 1976, Kubitschek viajaba de Sao Paulo a Rio de Janeiro cuando su chofer perdió el control del vehículo, pasó al carril opuesto y chocó de frente contra un camión.

La pericia de la época afirmó que un ómnibus tocó de atrás al auto de Kubitschek y eso desencadenó el supuesto accidente.

Pero el informe de la Comisión, basado en casi 700 elementos de prueba, sostiene que eso “jamás ocurrió”.

La investigación también muestra que el expresidente estaba amenazado de muerte y que hubo una “destrucción deliberada, intencional y continua de pruebas durante años” sobre las circunstancias de su fallecimiento.

El informe plantea como hipótesis que el chofer de Kubitschek pudo haber sido sedado en una parada intermedia que hicieron durante el viaje, en un hotel propiedad de un empresario cercano a la dictadura.

“Aunque no podamos probar lo que ocurrió específicamente con el auto, (...) el contexto previo de persecución y el ocultamiento de las pruebas señalizan la responsabilidad del Estado brasileño”, dijo a la AFP la historiadora Maria Cecília Adao, relatora del caso.

Brasil nunca juzgó penalmente los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Fuente: AFP

En medio de gritos de “Keiko presidenta”, Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), pidió el voto a los peruanos para “evitar el caos y el retroceso”.

“¡Queremos un gobierno que nos traiga paz, que recupere el orden! Queremos un gobierno confiable (...) No los voy a defraudar”, dijo Fujimori, administradora de empresas de 51 años que busca por cuarta vez consecutiva la presidencia de Perú.

Mérida Delgado, de 65 años, expresó a la AFP en el mitin su temor por una victoria de la izquierda que, según ella, pueda llevar a Perú por el camino que siguieron Venezuela o Cuba: “No podemos dejarlos ganar con el comunismo y el terrorismo”.

Entre fuegos artificiales y música andina, Sánchez, congresista y exministro de 57 años, prometió “democracia”. “Será el fin del caos, el fin de la señora K, el fin de los asesinatos, la corrupción, la impunidad”, afirmó.

“¡Abajo la señora mafiosa, Abajo el fujimorismo!”, gritó Sánchez, quien, como hizo en toda la campaña, llevaba el sombrero campesino que le regaló el expresidente Pedro Castillo, preso por un fallido autogolpe de Estado.

“Todos estos años han sido caóticos. Esta será la cuarta derrota de Keiko. Yo he vivido la época de su padre que fue de corrupción total”, dijo a la AFP una de sus seguidoras en el mitin, Cristina Sotomayor, administradora de 63 años.

A pocos días de la votación, el último sondeo de hace cinco días sitúa a ambos candidatos cabeza a cabeza, con una quinta parte del electorado indeciso, cansado de la turbulencia política vivida con ocho presidentes en una década.

Una primera vuelta, plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude, con una treintena de candidatos reflejó la frustración generalizada con la clase política peruana. Fujimori y Sánchez, juntos, no llegaron ni al 30% de votos.

- Matanza y extorsiones -

Sánchez se presenta como la voz de los electores pobres y de las áreas rurales, al prometer un “cambio radical” y acusar a las élites y al Parlamento de ser responsables de la inestabilidad.

Los seguidores de Keiko recuerdan que su padre derrotó a las guerrillas que desangraron al país en los años 1980 y 1990, y estabilizó la economía, mientras que sus detractores recuerdan su condena por corrupción y violaciones de los derechos humanos.

“Nosotros representamos progreso, ellos retroceso”, aseguró Fujimori, a quien los peruanos dicen “la china” por sus ojos rasgados.

Keiko promete una política de firmeza frente a la inseguridad en un país que registró un aumento del 20% en las denuncias de extorsiones en 2025 respecto del año anterior.

“La vida cotidiana en Perú puede resultar aterradora: hay mucha delincuencia y muchos asesinatos. Extorsiones, asesinatos, cobros por protección...”, dijo en el mitin Raúl Porras, un agricultor de 52 años.

Lima registró 23 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, tres veces más que cinco años antes, según datos oficiales.

En su cierre de campaña, Sánchez atribuyó a la corrupción la imparable criminalidad. “Por eso vamos a proponer muerte civil a los corruptos”, manifestó al referirse a que los vetará en cargos públicos.

Dagni Espinoza, una enfermera de 42 años, y quien llegó vestida con su traje andino tradicional, dijo esperar que Sánchez “detenga las matanzas y las extorsiones”. “Tenemos miedo a morir por una bala perdida”, agregó.

A pesar de la inestabilidad, la economía peruana es estable. El próximo presidente tendrá que lidiar con un Congreso dividido y una profunda desconfianza pública hacia el gobierno.

Alrededor de 27 millones de peruanos están llamados a sufragar en la segunda vuelta en un país donde el voto es obligatorio.

Fuente: AFP

“Todos los aficionados tendrán permitido ingresar con una botella de agua desechable, blanda, de plástico, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica, a cualquier partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos y Canadá”, dijo el director de operaciones del torneo, Heimo Schirgi, en un video publicado en la cuenta de X de la FIFA.

Este anuncio, que la FIFA calificó como una “aclaración” de su política sobre botellas de agua, llega dos días después de que el organismo indicara que no se permitirían las botellas rellenables.

La FIFA justificó esa medida “para prevenir riesgos y lesiones a los jugadores y asistentes”.

Este viernes, Schirgi confirmó que “no se permitirá a los aficionados ingresar con botellas de agua rígidas y reutilizables por razones de seguridad”.

De acuerdo con expertos, los aficionados pueden enfrentar riesgos para la salud debido al calor extremo en los estadios al aire libre durante el Mundial, que organizan conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México.

En el Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado en Estados Unidos, donde los aficionados se quejaron de temperaturas abrasadoras, se prohibió a los hinchas llevar botellas de agua a los estadios.

Fuente: AFP

El dictamen de preadjudicación abrió una instancia de siete días corridos para que cualquier interesado presente impugnaciones formales. Una vez vencido ese plazo, el gobierno procederá a la adjudicación definitiva.

“Como resultado de la evaluación final, se recomendó la adjudicación del contrato a la oferta de Jan de Nul – Servimagnus, y desestimar la oferta de (la también belga) DEME NV”, señaló el Ministerio.

En la instancia final, ambas compañías presentaron idéntica oferta económica, por lo que la diferencia quedó determinada por la evaluación técnica previa.

El Ministerio señaló que la concesión “traerá modernización y baja de costos logísticos”.

Jan De Nul operó la hidrovía entre 1995 y 2021 en un consorcio con la argentina Emepa bajo la razón social Hidrovía S.A.

Desde 2021, el dragado, balizamiento y señalización de la hidrovía, así como el cobro de peaje, estaban en manos del Estado a través de la Administración General de Puertos, luego de que el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández resolviera no renovar la concesión.

La Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, es una vía fluvial de más de 1.500 kilómetros de extensión, que desemboca en el océano Atlántico, por donde Argentina exporta cerca del 80% de su producción, principalmente agrícola.

También sirve de canal de exportación para productos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, por lo que constituye una vía estratégica para el comercio exterior de la región.

Fuente: AFP