El exmandatario ultraderechista (2019-2022), de 68 años, negó los señalamientos y acusó a las autoridades de intentar “fabricar un caso” en su contra. 

“No hay adulteración de mi parte. No me vacuné, punto, eso nunca lo negué”, dijo a periodistas frente a su vivienda. “Estoy realmente sorprendido por el allanamiento y las incautaciones”, agregó.

Bolsonaro, muy cuestionado por el manejo de la pandemia, que dejó más de 700.000 muertos en Brasil, aseguró que la policía también incautó su teléfono celular e inspeccionó los registros de vacunación de su familia.

La redada fue ordenada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que considera que hay una línea de investigación “plausible, lógica y sólida” que sugiere que el expresidente puede estar implicado personalmente en las supuestas irregularidades.

– “Eludir” restricciones sanitarias –

El caso versa sobre una presunta “asociación criminal” sospechosa de insertar “datos falsos de vacunación contra el covid-19 en los sistemas” públicos de salud, informó la Policía Federal (PF) en un comunicado.

De esa forma buscaban “eludir” las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades brasileñas y estadounidenses para prevenir la propagación del virus.

Aunque en la nota no se menciona a Bolsonaro, en el reporte al magistrado, la PF señala que el expresidente fue ingresado en los registros como si hubiera tomado dos dosis del inmunizante, en agosto y octubre pasados.

Su esposa e hija de 12 años, asesores y un diputado federal también habrían sido beneficiados de esas presuntas inscripciones fraudulentas, según la PF.

Durante su gobierno, Bolsonaro llegó a bromear con que quienes se inmunizaran podían convertirse en “cocodrilo”. 

Derrotado en las elecciones presidenciales de octubre, el expresidente viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre, dos días antes de la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Estados Unidos exige a los viajeros aéreos internacionales que presenten prueba de vacunación contra el coronavirus, un requisito que dejará de regir el 11 de mayo y que no se aplica a funcionarios de gobiernos extranjeros.

“En mis idas a Estados Unidos, nunca me fue exigido el certificado de vacunación”, explicó Bolsonaro este miércoles a la red Jovem Pan.

Aliado cercano del expresidente estadounidense Donald Trump, Bolsonaro permaneció en Orlando, Florida, hasta el 30 de marzo.

Se desconoce cómo las autoridades estadounidenses manejaron la estancia del líder brasileño, después de finalizar su mandato el 1 de enero.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo este miércoles a reporteros que los registros individuales de visa son confidenciales.

Los supuestos datos falsos de vacunación de Bolsonaro habrían sido cargados en el sistema de salud pública antes de su viaje, y luego eliminados, según un informe de la Policía que consta en la investigación y al que tuvo acceso la AFP.

– “Corrupción gravísima” –

La policía informó además que la operación de este miércoles incluyó 16 órdenes de allanamiento, en Brasilia y Rio de Janeiro, y seis órdenes de arresto.

Según medios, la PF detuvo, entre otros, al teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro y considerado su mano derecha durante la presidencia.

“Conspirar contra la salud pública es una corrupción gravísima”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino.

Bolsonaro fue citado a declarar en la sede de la PF, pero sus abogados le recomendaron mantenerse en silencio. 

“Irá cuanto antes (…) pero necesitamos acceder a la causa”, dijo Paulo Cunha Bueno, defensor del exmandatario, al diario Folha de Sao Paulo.

Desde su regreso a Brasil, Bolsonaro ha sido interrogado dos veces por la PF.

El 5 de abril tuvo que prestar declaración por la investigación abierta por el ingreso irregular a Brasil de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudita en 2021.

Y la semana pasada, debió comparecer como parte de otra investigación sobre su presunto papel en los disturbios del 8 de enero, cuando miles de sus seguidores invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia en un intento de tumbar a Lula, quien había asumido siete días antes.

En total, Bolsonaro enfrenta cuatro investigaciones de la Corte Suprema que podrían enviarlo a prisión, y 16 casos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). 

Este último, que investiga afirmaciones no probadas de Bolsonaro de fraude en el sistema electoral, podría quitarle el derecho a postularse para la presidencia durante ocho años, marginándolo de la contienda de 2026.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, cayó un 2,15%, hasta los 87,07 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, descendió un 2,43%, hasta los 81,25 dólares por barril.

Los analistas siguen divididos sobre la cantidad de petróleo que logra atravesar el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos e Irán multiplican sus declaraciones, afirmando cada uno controlar este paso estratégico.

“Actualmente, desconocemos con exactitud la cantidad de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz”, señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Sin embargo, para los expertos de Eurasia Group, lo que sí es seguro es que “los flujos clandestinos que transitan por Ormuz están aliviando la presión” sobre el mercado.

Un número creciente de buques cisterna opta por cruzar este paso con sus transpondedores AIS apagados, unos dispositivos que permiten la localización de los buques.

Bjarne Schieldrop, analista de SEB, cree que “diariamente transita mucho más petróleo de lo que se pensaba”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el martes que “casi 9 millones de barriles diarios” salen actualmente del Golfo a través del estrecho de Ormuz, una estimación que supera con creces la de muchos analistas.

La perspectiva de flujos de petróleo significativos se ve agravada por la expectativa de una demanda menor que la prevista.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó el miércoles que prevé para 2026 una caída del consumo mundial de petróleo de 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) en un año.

Su estimación anterior proyectaba una disminución menor, de 1 mb/d.

La mayoría de las proyecciones prevén que este año el evento, que eleva las temperaturas y aumenta las lluvias, tenga una magnitud excepcional.

Los estados de emergencia regirán en 607 de unos 1.800 municipios peruanos con el fin de “proteger la seguridad alimentaria”, según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La mayoría de municipios se encuentra en zonas andinas y amazónicas del país.

La norma obliga a las autoridades locales a coordinar con el gobierno para desplegar acciones que reduzcan el “muy alto riesgo existente sobre la población, la agricultura y la ganadería”, así como acciones de respuesta y rehabilitación.

Perú ya había declarado a inicios de julio en estado de emergencia a unos 800 municipios, principalmente costeros, ante el “peligro inminente” de intensas lluvias por El Niño.

La presidenta derechista Keiko Fujimori, que lleva 15 días en el poder, anunció el lunes la conformación de una comisión de ministros y altas autoridades para agilizar obras y acciones de prevención frente a la emergencia climática.

Fujimori recorre esta semana regiones costeras donde el gobierno emprendió trabajos para limpiar cauces de ríos y evitar desbordes.

La última vez que El Niño golpeó Perú fue en 2023, con inundaciones y deslizamientos que causaron 99 muertos.

Más de 9,3 millones de peruanos se encuentran expuestos a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos asociados a El Niño, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Fuente: AFP.

El gobierno determinó “hacer uso uso de la emergencia económica”, señaló el mandatario, quien asumió el 7 de agosto con la consigna de no crear más tributos pese a haber encontrado, según él, un Estado desfinanciado.

De la Espriella también anunció ante la prensa la creación de un fondo para atender a las víctimas del sismo, con “aportes nacionales e internacionales” para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles y vías, así como los cinco aeropuertos que se vieron afectados por el terremoto.

Reiteró que habrá subsidios de arrendamiento y para el pago de servicios públicos de los afectados.

El balance hasta ahora es de 265 fallecidos, 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas. Las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud de 7,4 son Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

“Esta crisis nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total en recursos de tesorería y un presupuesto público desfinanciado”, dijo el mandatario.

El grueso de las medidas de la emergencia solo se conocerán cuando el gobierno publique el decreto.

Sin embargo, su finalidad práctica, de acuerdo con la Constitución, es crear nuevos impuestos sin que deban ser aprobados por el Congreso. La medida podrá estar vigente por un periodo máximo de 90 días.

Fuente: AFP.