Esta es la cuarta medida de fuerza que toman los sindicatos durante el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, quien asumió el poder en 2007 y finaliza su segundo mandato a fin de año.

Sólo automóviles circulan por Buenos Aires desde la medianoche, al comenzar la protesta que afecta a buses de pasajeros urbanos y de larga distancia, al metro capitalino y los ferrocarriles.

“Hubiera trabajado el 95% de la gente, pero no pueden porque no tienen con qué viajar”, declaró el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al llegar este martes a la Casa Rosada (Gobierno).

La estación terminal de trenes de Constitución, por donde llegan a diario centenares de miles de pasajeros provenientes de la poblada periferia sur, se encontraba la mañana del martes con las rejas cerradas y sin ningún movimiento, constató la AFP.

También se veían totalmente vacíos los andenes donde tienen paradas decenas de líneas de buses que pasan por esa estación central.

Partidos y agrupaciones de izquierda, que se sumaron a la huelga pero se diferencian de la convocatoria de los sindicatos que no realizan mitines ni marchas, cortan con piquetes los principales accesos desde la periferia a Buenos Aires.

Los sindicatos rechazan el impuesto a las ganancias que grava los salarios en escala progresiva, pero que alcanza a un universo cada vez mayor de trabajadores al permanecer invariables las escalas mínimas.

Según el ministro de Economía, Axel Kicillof, el gravamen no se modificará porque “afecta a la minoría que más gana”, unos 850.000 trabajadores sobre una fuerza laboral de 11 millones de asalariados, según estimaciones oficiales.

El impuesto se aplica sobre los salarios desde 15.000 pesos (unos 1.700 dólares) en escalas progresivas que llegan al 35%.

A finales de 2014 el gobierno había logrado que los sindicatos suspendieran una huelga similar, al anunciar que el medio aguinaldo de diciembre estaría exento del impuesto a las ganancias.

Los sindicatos anunciaron que de no obtener lo que buscan lanzarán una nueva huelga, esta vez por 36 horas.

CAMINATAS Y BICICLETAS

En la Capital, donde viven tres millones de personas, algunos taxis circulaban además de los autos particulares, pero muchos optaron por la bicicleta o directamente la caminata.

“Veo que hay taxis, prefiero ir ahora temprano y regresaré caminando. Son 50 cuadras (5 km), pero la salud no espera, los pacientes no pueden esperar. Paro o no paro, la gente va igual a la clínica”, dijo a la AFP Mariana Bassi, una auditora médica de 34 años mientras espera un auto de alquiler en el barrio capitalino de Palermo.

Un tendal de residuos en la ciudad deja en evidencia la falta de recolección de basura por el paro de camioneros, que también suspendió el expendio de combustibles y de mercancías en todo el país. Se plegaron además al paro sectores de médicos, bancarios y gastronómicos, entre otros.

En la jornada las pérdidas en ventas de comercios minoristas sumará unos 2.100 millones de pesos (235 millones de dólares), dado que “uno de cada dos comercios no va a abrir y los que abren venderán un 60% menos”, estimó la Confederación de la Mediana Empresa (CAME).

Mariano Ríos, empleado en una farmacia y padre de tres hijos, camina al lado de la bicicleta que empuja lentamente y donde lleva a su hijo a la escuela primaria que está cerca, antes de ir a su trabajo, cuenta.

“Tuve que salir a las cinco de la mañana. Vine caminando y hoy voy a todos lados caminando, sigo hasta la noche”, cuenta Elizabeth, de 40 años, dedicada a la limpieza de varias oficinas en el centro de Buenos Aires.

Fuente: AFP

Tremane Wood, de 46 años, debía recibir una inyección letal a las 10H00 locales(16H00 GMT) en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester, Estados Unidos, por el asesinato de Ronnie Wipf, de 19 años, durante un robo.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma recomendó el cambio de pena para Wood por una votación de 3-2 el 5 de noviembre, y el gobernador republicano Kevin Stitt la concedió minutos antes de la ejecución.

“Tras una revisión exhaustiva de los hechos y una profunda reflexión, he decidido aceptar la recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de conmutar la sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional”, declaró Stitt.

Jake Wood, hermano de Tremane, había recibido cadena perpetua por su participación en el asesinato de Wipf.

Jake, quien se suicidó en prisión en 2019, confesó que fue él quien apuñaló a Wipf hasta la muerte.

Otra ejecución por inyección letal está programada para este jueves en una prisión estatal de Florida.

Bryan Jennings, de 66 años, exmarine, debe ser ejecutado a las 18H00 locales (23H00 GMT) por la violación y el asesinato en 1979 de Rebecca Kunash, de seis años.

El viernes en Carolina del Sur, Stephen Bryant, de 44 años, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento.

Bryant se declaró culpable del asesinato de tres personas en 2004, escribiendo el mensaje “atrápame si puedes” con la sangre de una de sus víctimas.

En Estados Unidos se han llevado a cabo 41 ejecuciones este año. Treinta y cuatro se han realizado mediante inyección letal, dos por fusilamiento y cinco por hipoxia nitrogenada, que consiste en bombear gas nitrógeno a través de una máscara facial, provocando la asfixia del reo.

El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.

El presidente Donald Trump es partidario de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso “para los crímenes más viles”.

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Trump firmó la normativa que poco antes había aprobado la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, por 222 votos a favor y 209 en contra.

“Hoy mandamos un mensaje claro de que nunca nos someteremos a una extorsión”, dijo el mandatario ante la prensa en la Casa Blanca.

La parálisis presupuestaria obligó a despedir temporalmente a cientos de miles de funcionarios, provocó la cancelación de miles de vuelos y la angustia entre familias que dependían de ayudas públicas para subsistir.

“Sabían que iban a causar daño, y lo hicieron de todas maneras”, acusó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en alusión a los demócratas.

“Seguiremos defendiendo los derechos de los estadounidenses”, había clamado poco antes, en el debate previo, el líder de la bancada opositora, Hakeem Jeffries.

La aritmética parlamentaria favoreció a los republicanos, que tienen una mayoría muy ajustada en el Congreso, pero que han mostrado mejor disciplina de voto en ambas cámaras.

Los demócratas en cambio aparecieron al final divididos entre un liderazgo que quería mantener el pulso con el gobierno, y ciertos legisladores moderados que optaron por romper filas.

Los servicios de investigación del Congreso calculan que el país perdió hasta 14.000 millones de dólares en esta parálisis presupuestaria.

Unos 670.000 funcionarios volverán al trabajo con derecho a sueldo a partir del jueves.

- El debate sanitario -

El Senado había votado el lunes favorablemente a la reapertura gracias a la participación de ocho demócratas y la oposición de un solo republicano.

Los esfuerzos titánicos de los demócratas para intentar reabrir toda la gran discusión sobre los subsidios para la cobertura sanitaria acabaron frustrados.

Los republicanos se limitaron a prometer un debate separado, a corto plazo, en el Congreso sobre las ayudas a millones de estadounidenses para pagar su cobertura sanitaria.

Johnson y el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, demostraron temple a lo largo de semanas de enorme presión, que incluyeron cancelaciones de vuelos en todo el país por la falta de controladores aéreos, que no cobraron sueldo durante casi dos meses.

- El nerviosismo de los demócratas -

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, votó en contra de la reapertura, y la misma actitud mantuvo Jeffries.

“La atención médica de la gente en este país está a punto de volverse impagable”, clamó Jeffries.

La polémica yace en el denominado Obamacare, la reforma sanitaria aprobada durante la presidencia del demócrata Barack Obama, que suponía un primer intento de introducir una cobertura sanitaria pública universal en todo el país.

Esa cobertura, que la Corte Suprema dictaminó que no podía ser obligatoria, ha subsistido gracias a los créditos fiscales aprobados por los demócratas.

Ante la crisis de la pandemia del coronavirus, el demócrata Joe Biden extendió y amplió en 2022 los subsidios para ayudar a millones de estadounidenses a pagar esa cobertura de salud.

Esas ayudas vencen a finales de año, con lo cual las pólizas pueden subir de forma considerable.

Los republicanos aducen que esos subsidios solo deberían ayudar a los sectores más desprotegidos, y no extenderse de forma indiscriminada.

Durante los agrios debates en torno al cierre gubernamental, los republicanos acusaron también a los demócratas de querer beneficiar a millones de inmigrantes indocumentados con esos subsidios.

Los sondeos demostraron que la mayoría de la población achacaba a Trump y a los republicanos la responsabilidad del cierre, puesto que dominan la Casa Blanca y el Congreso.

Pero su unidad se mantuvo casi sin fisuras, mientras que el enojo crecía en la opinión pública.

El nerviosismo acabó pesando más en las filas demócratas, que hace tan sólo una semana celebraban una serie de victorias en sus feudos electorales, incluida la elección de un alcalde que se declara socialista en Nueva York.

El relevo generacional se acelera en ese partido. La veterana líder en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció su retirada la semana pasada, y Schumer aparece cada vez más cuestionado en el Senado.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

La última moneda fue acuñada en Filadelfia por el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, lo que puso fin oficialmente a los 232 años de producción del centavo en circulación.

“Aunque la producción general concluye hoy, el legado del centavo perdura”, dijo en un comunicado Kristie McNally, directora interina de la Casa de la Moneda.

La moneda mantendrá su condición de curso legal. Actualmente, circulan alrededor de 300.000 millones de centavos en el país.

El fin de la producción ocurre después de que el presidente Donald Trump solicitó al Departamento del Tesoro en febrero que dejara de producir centavos para reducir el gasto gubernamental.

“Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de 2 centavos. ¡Es un desperdicio total!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social en ese momento.

La primera vez que se autorizó el centavo fue en 1792 mediante la Ley de Acuñación.

Al principio, los centavos estaban hechos de cobre puro, pero las monedas actuales son más pequeñas y están hechas de zinc recubierto de cobre, lo que confiere al llamado centavo rojo su tono rosado.

En la última década, el costo de fabricar cada moneda aumentó de 1,42 centavos a 3,69 centavos, según informó la Casa de la Moneda el miércoles.