Atentado en Sri Lanka sería venganza por matanza en Christchurch

El Gobierno de Sri Lanka baraja que los atentados del Domingo de Resurrección en iglesias y hoteles del país, en los que murieron 321 personas y 375 resultaran heridas, y que fueron reivindicados hoy por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), pudieron ser una reacción a la matanza de Christchurch, en Nueva Zelanda, donde un supremacista blanco mató a 50 personas en dos mezquitas.


Fuente: EFE

"Hemos recibido información de que este ataque fue en represalia a Christchurch en Nueva Zelanda. Lo estamos investigando", reveló en una intervención en el Parlamento isleño el viceministro de Defensa, Ruwan Wijewardene.

Los ataques en Christchurch ocurrieron el pasado 15 de marzo, cuando el supremacista blanco Brenton Tarrant, un australiano de 28 años, irrumpió con un arma semiautomática en dos mezquitas de la localidad y causó 50 muertos y otros tantos heridos.

En la serie de atentados del Domingo de Resurrección en Sri Lanka, la cifra de muertos asciende ya a 321, mientras que el número de heridos se sitúa en 521, de los cuales 375 continúan ingresados, precisó Wijewardene durante la sesión de emergencia del Parlamento.

"Hubo fallos de seguridad y habrá investigaciones", manifestó el viceministro, un reconocimiento que se ha repetido entre los miembros del Gobierno isleño, sobre todo desde que se conoció que las fuerzas de seguridad habían recibido información a principios de mes de posibles ataques a iglesias y destinos turísticos.

La cadena de ataques ocurridos el domingo 21 de abril en Sri Lanka comenzó con seis explosiones casi simultáneas en tres hoteles de lujo en Colombo y también en una iglesia de la capital, otra en Katana, en el oeste del país, y la tercera en la oriental ciudad de Batticaloa.

Horas después, una séptima detonación tuvo lugar en un pequeño hotel situado a una decena de kilómetros al sur de la capital, y la última en un complejo residencial en Dematagoda, también en Colombo.

Las autoridades locales vincularon las dos últimas explosiones, en las que murieron cinco personas, entre ellas tres policías, con el intento de huida de varios terroristas.

La mayoría de los ataques los perpetraron atacantes suicidas, que el Gobierno de Sri Lanka relacionó con el poco conocido grupo terrorista local de tintes islamistas National Thowheeth Jamath (NTJ).

El viceministro de Defensa confirmó hoy oficialmente en el Parlamento que el NTJ está detrás del atentado y reveló que la organización islamista "tiene vínculos cercanos con JMI", Jammiyathul Millathu Ibrahim, otro grupo local.

"Tenemos que tomar medidas para prohibir grupos extremistas como este. Además, tenemos que llevar a los miembros de esta organización ante la justicia", sentenció Wijewardene.

Poco después de las declaraciones del viceministro, el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó la autoría de los atentados, lo que podría fortalecer la teoría gubernamental que sostenía que los terroristas locales recibieron apoyo del exterior.

"Los ejecutores del ataque que tuvo como objetivo los ciudadanos de los países de la coalición y cristianos antes de ayer son combatientes del Estado Islámico", expresó en un comunicado una fuente de seguridad a la agencia Amaq, afín al EI.

Hasta el momento, según los últimos datos facilitados a Efe este martes por el portavoz de la Policía de Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, hay 40 arrestados por su supuesta conexión con los atentados.

Además el portavoz policial ha solicitado a la población, en un comunicado, "mantenerse en alerta máxima", ya que sospechan que podría haber "un camión y una furgoneta cargados de explosivos".

Gunasekara no aportó más detalles.

 

Estado Islámico asume la autoría de los atentados en Sri Lanka

El Cairo, 23 abr (EFE).- El grupo yihadista Estado Islámico (EI) asumió hoy la autoría de la serie de atentados suicidas perpetrados en Sri Lanka contra iglesias y hoteles de lujo que causaron la muerte de más de 300 personas el domingo.


Fuente: EFE

"Los ejecutores del ataque que tuvo como objetivo los ciudadanos de los países de la coalición y cristianos antes de ayer son combatientes del Estado Islámico", dijo en un escueto comunicado una fuente de seguridad a la agencia Amaq, afín a los yihadistas.

La autenticidad de esta información difundida a través de la red de mensajería Telegram no pudo ser verificada.

La agencia de propaganda del grupo extremista hace alusión en su comunicado a la coalición internacional, que está encabezada por Estados Unidos y formada por 75 países.

El portavoz de la Policía de Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, indicó hoy a Efe que el número de muertos en los atentados aumentó a 310 y más de 500 heridos.

Entre los fallecidos hay al menos 31 extranjeros, entre ellos dos españoles, un bangladesí, dos chinos, ocho indios, un francés, un japonés, un holandés, un portugués, dos saudíes, dos turcos, seis británicos, dos angloestadounidenses y dos australianos.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó hoy de que 45 niños figuran en la lista de aquellos que perdieron la vida.

El Gobierno de Sri Lanka vinculó los ataques con el poco conocido grupo terrorista local de tintes islamistas National Thowheeth Jamath (NTJ), aunque advirtió sobre posibles vínculos extranjeros.

En Sri Lanka la población cristiana representa el 7,4 %, mientras que los budistas son el 70,2%, los hinduistas el 12,6 % y los musulmanes el 9,7 %, según datos del censo de 2011.

Los países árabes y la institución de referencia del islam suní, Al Azhar, condenaron los "despreciables y brutales actos" que tuvieron como objetivo a las personas que asistían a misas en distintas iglesias y se encontraban en hoteles.

Atentados de esta magnitud no habían tenido lugar en Sri Lanka desde la guerra civil entre la guerrilla tamil y el Gobierno, un conflicto que duró 26 años y finalizó en 2009, y que causó, según datos de la ONU, más de 40.000 civiles muertos. EFE

 

Presidente de Perú cuestiona el uso extendido de la prisión preventiva

Martín Vizcarra pide a la justicia una reflexión sobre estas medidas tras el suicidio de Alan García y la orden de arresto a Pedro Pablo Kuczynski.


Fuente: El País

El terremoto político provocado en Perú por las investigaciones del caso Odebrecht, con sospechas de corrupción que alcanzan a Gobiernos de las tres últimas décadas, enfrenta el país sudamericano ante la necesidad de una regeneración urgente. Pero también ha alentado un debate sobre la aplicación de la justicia a la que se acaba de sumar el presidente, Martín Vizcarra, que había mantenido hasta ahora un perfil bajo. Todo detonó el pasado el pasado miércoles, con el suicidio del exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011) cuando iba a ser detenido. Dos días después, el juez impuso tres años de prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentra ingresado en una clínica por una afección cardiaca y que está acusado de lavado de dinero.

El grupo de fiscales encargado de esclarecer el escándalo, coordinado por Rafael Vela, defiende la adopción de este tipo de medidas durante la fase de instrucción de un caso. Sin embargo, Vizcarra se dirigió al Ministerio Público y al poder judicial para pedir una reflexión en torno a la detención antes de un juicio. "Siendo consciente de que la prisión preventiva está contemplada en el código procesal penal, está contemplada como una medida extraordinaria cuando existe peligro inminente de fuga de la persona que está siendo investigada o se crea que su intervención va a entorpecer el proceso de investigación que está siendo llevado a cabo", afirmó el domingo por la noche en una entrevista en TV Perú.

"Yo, en mi condición de presidente de la República, no puedo evaluar individualmente el trabajo de un fiscal o un juez", continuó. "Pero yo tengo también derecho de opinión como ciudadano. Y como ciudadano les digo, ¿las medidas de carácter excepcional se están considerando exclusivamente como carácter excepcional? Es la reflexión que hago para fiscales y jueces. Y ese es el equilibrio que tienen que buscar. Una autoridad que tiene la responsabilidad de encontrar y aplicar la justicia tiene que hacerlo respetando también los derechos de los ciudadanos, la aplicación del código que rige su comportamiento, pero con el fin máximo de encontrar la verdad".

Estas valoraciones dieron pie a la reacción casi inmediata de uno de los fiscales del llamado Equipo Especial Lava Jato, que investiga los sobornos millonarios pagados por la constructora brasileña en el país andino. José Domingo Pérez aseguró que la Fiscalía "va a seguir realizando su labor como siempre, con independencia". Y solicitó "respeto a la independencia de la Administración de justicia".

Vizcarra asegura que su postura no ha cambiado desde que ingresara en prisión el también expresidente Ollanta Humala o la líder opositora Keiko Fujimori. "Se está aplicando una medida que es excepcional en casi la totalidad de los casos. Tiene ese carácter extraordinario, entonces que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente", dijo. A propósito de la denuncia de Rafael Vela, que en conversación con EL PAÍS describió el pasado viernes un pulso con la clase política peruana y presiones de varios sectores, el mandatario se limitó a resaltar que todos los ciudadanos quieren conocer la verdad. “Queremos que fiscales y jueces objetivos encuentren la verdad y que se castiguen ejemplarmente a los responsables de procesos de corrupción. Pero en el proceso de búsqueda de la verdad y castigo para los responsables de la corrupción, jueces y fiscales tienen que encontrar el equilibrio”, opinó.

Después del suicidio de García, que estaba siendo investigado por la concesión de la línea 1 del Metro de Lima, se intensificó el debate sobre la dureza de las medidas cautelares. En el caso de Kuczynski, de 80 años, la medida de prisión preventiva durante 36 meses ha recibido críticas por excesiva. Y el propio Vizcarra —su sucesor al frente del Gobierno peruano— instó al poder judicial a que haga el esfuerzo de que los procesos sean mucho más cortos. La orden de detención recoge, no obstante, algunos incumplimientos: el político no se presentó a algunas diligencias fiscales, se negó a entregar documentación que el Ministerio Público le ha requerido, intentó viajar a Estados Unidos pese a que por una resolución judicial de marzo de 2018 estaba impedido de salir de Perú, y dio información falsa sobre el paradero de una testigo que la Fiscalía aún no ha podido ubicar.

La hipótesis del Ministerio Público es que Kuczynski participó, durante el Gobierno de Alejandro Toledo —hoy prófugo—, en su condición de ministro de Economía y como presidente del Consejo de Ministros, de “acuerdos corruptos” y la aprobación de normas para que el gigante constructor Odebrecht obtuviera la licitación de la Carretera Interoceánica Sur y del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos.

“Existe alta posibilidad de fuga en caso permanezca en libertad”, señala la resolución, que también añade que “el peligro procesal no se ha desvanecido. La pluralidad de actos del procesado evidencia un alto estándar de peligrosismo”. El domingo a mediodía, las dos hijas mayores del expresidente, Alex y Carolina, y el hermano menor del político, Michael, declararon a la prensa que la prisión preventiva “es en la práctica una condena de muerte”, para alguien de la edad de Kuczynski y con importantes problemas de salud.

 

Un sismo de magnitud 5,7 sacude el sur de México y se percibe en la capital

Un sismo de magnitud preliminar 5,7 sacudió este lunes el sureño estado mexicano de Guerrero y se percibió en la capital del país, donde no sonaron las alarmas de la alerta sísmica, sin registrar daños hasta el momento.


Fuente: EFE

El Servicio Sismológico Nacional informó a través de redes sociales que el terremoto tuvo lugar a las 15.15 hora local (20.15 GMT) 65 kilómetros al suroeste del municipio de Ometepec, en Guerrero.

El temblor se sintió levemente en Ciudad de México, donde centenares de personas evacuaron oficinas de las avenidas principales, aunque el sistema de alerta sísmica no se activó.

Todavía sigue muy reciente entre los mexicanos el recuerdo de los dos terremotos que sacudieron el sur del país en septiembre de 2019 causando centenares de víctimas mortales.

Los sismos sucedieron el 7 y el 19 de septiembre de ese año, con magnitudes de 8,2 y 7,1, y dejaron un total de 471 muertos así como innumerables destrozos en los estados del sur de México y en la capital del país.

Protección Civil no ha informado hasta el momento de víctimas ni daños materiales.