El primer gran paso nacional que dio Australia fue crear en 2012 una comisión real para investigar la respuesta de las instituciones públicas, religiosas, sociales, comunitarias y deportivas desde la década de 1950 a las denuncias de pederastia contra decenas de miles de menores.

Cinco años después, esta comisión especial determinó que estos abusos constituyeron una “tragedia nacional”, por lo que el Gobierno australiano pidió una disculpa pública y creó un plan de indemnizaciones de un máximo de 150.000 dólares australianos (106.965 dólares o 93.465 euros) por víctima.

En el ojo del huracán está la Iglesia católica australiana, donde unos 1.900 sacerdotes, hermanos religiosos y otros de sus miembros, entre ellos 93 altos cargos, fueron vinculados a unas 4.500 denuncias de abusos sexuales a menores entre 1980 y 2015, que incluyeron violaciones por una red de curas pederastas que se intercambiaban víctimas en la localidad sureña de Ballarat.

JUICIO A LA FIGURA CATÓLICA DE MAYOR RANGO

El cardenal australiano Pell llegó a comparecer en 2016 como testigo por videoconferencia en la comisión especial, ante la que dijo desconocer los casos de pederastia cuando él era sacerdote y arzobispo en Australia.

Sin embargo, al año siguiente, antes de que la comisión entregara su informe, la Policía del estado de Victoria acusó de pederastia a Pell, entonces prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, considerado el tercer cargo en la jerarquía de la Santa Sede.

Con el enjuiciamiento a Pell, acusado de haber abusado sexualmente de menores cuando era sacerdote de Ballarat (1976-80) y cuando fue arzobispo de Melbourne (1996-2001), Australia se convirtió en el país en juzgar a la figura de mayor rango en la jerarquía de la Iglesia católica por pederastia.

En esta complicada batalla, el cardenal septuagenario llegó a ser sentenciado a seis años de prisión por los abusos contra dos niños del coro en Melbourne en la década de 1990, unos meses después de que un jurado popular lo hallara culpable en diciembre de 2018.

Un tribunal de mayor rango ratificó la condena, pero finalmente en abril de 2020 el cardenal fue absuelto en su recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país.

Su puesta en libertad tras pasar más de un año en prisión se produjo después de que el pleno de los magistrados del tribunal considerara que las pruebas condenatorias presentadas durante el juicio “establecieron la culpabilidad sin el nivel de prueba requerido”.

Pero no era la primera vez que el cardenal era acusado de este tipo de delitos ya que en 2002, cuando era arzobispo de Sídney, un hombre aseguró haber sufrido abusos sexuales en 1961, cuando tenía 12 años y Pell estaba formándose para ser sacerdote.

Por entonces, las investigaciones exoneraron a Pell, quien fue el primer dirigente católico en abordar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia australiana, con la puesta en marcha en 1996 de un programa de compensaciones económicas, aunque recibió críticas por no dar suficiente apoyo a las víctimas.

Según la comisión especial, la Iglesia católica recibió en Australia quejas de 4.500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de esta institución, sobre todo por parte de sacerdotes entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontan a la década de 1920.

En su informe final presentado en 2017, la comisión pidió al Vaticano que enmiende la ley canónica para que el celibato no sea obligatorio, que trate el abuso sexual contra menores como un delito y que el secreto de confesión no se aplique a los casos de pederastia, entre otras recomendaciones.

AUSTRALIA SIENTA PRECEDENTE

La lucha contra la pederastia en Australia inspiró a la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, en la creación en 2018 de una comisión para investigar los abusos contra los menores de su país.

Como parte de esas pesquisas, este mes la Iglesia católica neozelandesa reveló públicamente por primera vez la escala de los “horrorosos” abusos, incluyendo los sexuales, perpetrados desde la década de 1950 en su seno contra medio millar de menores.

Las denuncias, desde los años 1950, afectan a un 14 % de los 1.274 clérigos diocesanos, es decir, aquellos que trabajaron para un obispo, así como a un 8 % de los 2.286 hermanos o sacerdotes de diversas congregaciones.

Fujimori está solo tres puntos arriba con 82% de actas escrutadas por el órgano electoral, insuficiente para una tendencia irreversible; y uno abajo de Sánchez en una muestra de conteo rápido de dos encuestadoras.

Ondeando banderas de sus partidos, miles de seguidores se congregaron en dos sectores de la capital peruana para celebrar por adelantado a sus candidatos.

“Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador. Serán días largos”, afirmó Fujimori, ante sus seguidores a quienes pidió paciencia.

Entre cantos de “¡Sí se pudo!, Sánchez dijo reconocer que hay un “empate”. “Que prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente”, expresó en una plaza llena de seguidores.

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político de exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.

Muchos votantes dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó a Perú con ocho presidentes desde 2016.

- Festejos en los dos bandos -

Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

“Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre”, aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó este domingo en la cárcel.

“Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)”, dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.

La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.

- “Débil legitimidad” -

Bajo la palabra “orden”, Keiko, como la llaman, prometió “orden” y prosperidad, y advirtió del peligro del “comunismo”.

Sánchez moderó su discurso de “cambio radical”, se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a AFP que quiere una relación “respetuosa” con Washington.

El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la “dictadura” del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.

Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad pero queda vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.

“El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad” por lo que, sin mayoría legislativa, deberá “construir una coalición para gobernar”, dijo a AFP el politólogo Paulo Vilca.

El ganador sustituirá, a partir del 28 de julio, al mandatario interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

- Delincuencia imparable -

Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad pues proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.

Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminales con la “misma fuerza” con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.

Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.

Su base social está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que, de 2020 a 2025, triplicó la tasa de homicidios hasta llegar a 23 por cada 100.000 habitantes.

El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con crecimiento del PIB de 3,4%. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.

Fujimori aboga por el neoliberalismo, la propiedad privada y la atracción de inversiones, y Sánchez ofreció alzas salariales y una economía más estatal.

Fuente: AFP

Lima, Perú

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, quien repuntó en la última recta hasta llegar al empate en las encuestas.

Unos 27 millones de electores deben acudir a las urnas para un mandato de cinco años, tras una caída récord de presidentes desde 2016.

“Hay mucho desorden y corrupción y vamos a votar, como siempre, por el ‘mal menor’”, resume a AFP Hugo Vásquez, de 67 años, vendedor de artesanías en Lima.

Los dos candidatos, juntos, no superaron el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por fallos logísticos y denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.

“Aún hay un antifujimorismo fuerte, aunque menor; y Sánchez, poco conocido, es una incógnita. Quien gane deslegitimará el resultado si apretado. Eso trae más inestabilidad”, según el analista David Sulmont.

Fujimori, administradora de 51 años, apela al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindica la herencia campesina del exmandatario Pedro Castillo, un maestro rural preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.

- “Comunismo” o “dictadura” -

Fujimori promete prosperidad y advierte del peligro del “comunismo”. “Esta elección es entre orden o retroceso”, repite.

“Prefiero la derecha. Tengo miedo que Perú sea una Cuba o Venezuela”, expresó a la AFP Benilda Trujillo, comerciante de 64 años.

El izquierdista moderó su discurso de “cambio radical” de la primera ronda, se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a AFP que quiere una relación “respetuosa” con Washington.

“Si gana Keiko no dejará el poder. Soy de provincia y espero que Sánchez vea por el pueblo”, declaró Roxana Montes, vendedora ambulante de 28 años.

Sánchez, que porta siempre el sombrero que le regaló Castillo, a quien piensa indultar, acusa a su rival de ser parte de la “dictadura” del poderoso Congreso derriba presidentes, donde ella tiene influencia.

Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por un caso de antiguas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque vulnerable en un parlamento inclinado a la derecha.

Ni Sánchez ni Fujimori tienen mayoría legislativa. Quien gane debe tejer alianzas si quiere concluir su mandato, según el analista Jeffey Radzinsky.

El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.

- Matan y piden “cupo” -

Pese a la desilusión política, la mayor preocupación del peruano es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.

Ante eso, Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la “lacra social” con la “misma fuerza” -dice- con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.

“Matan, descuartizan, piden cupo (extorsión). ¡Ya basta!”, dijo exasperado Roberto Lovatón, taxista de 58 años.

Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.

Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que en 2025 triplicó la tasa de homicidios con 23 por cada 100.000 habitantes.

El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con crecimiento del PIB de 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.

Fujimori defiende propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones estadounidenses.

Sánchez prometió alzas salariales y trató de tranquilizar a los inversionistas al decir que mantendrá la apertura económica e independencia del estratégico banco central.

La votación abrirá a las 07H00 locales (12H00 GMT) y concluirá diez horas después.

AFP

En medio de gritos de “Keiko presidenta”, Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), pidió el voto a los peruanos para “evitar el caos y el retroceso”.

“¡Queremos un gobierno que nos traiga paz, que recupere el orden! Queremos un gobierno confiable (...) No los voy a defraudar”, dijo Fujimori, administradora de empresas de 51 años que busca por cuarta vez consecutiva la presidencia de Perú.

Mérida Delgado, de 65 años, expresó a la AFP en el mitin su temor por una victoria de la izquierda que, según ella, pueda llevar a Perú por el camino que siguieron Venezuela o Cuba: “No podemos dejarlos ganar con el comunismo y el terrorismo”.

Entre fuegos artificiales y música andina, Sánchez, congresista y exministro de 57 años, prometió “democracia”. “Será el fin del caos, el fin de la señora K, el fin de los asesinatos, la corrupción, la impunidad”, afirmó.

“¡Abajo la señora mafiosa, Abajo el fujimorismo!”, gritó Sánchez, quien, como hizo en toda la campaña, llevaba el sombrero campesino que le regaló el expresidente Pedro Castillo, preso por un fallido autogolpe de Estado.

“Todos estos años han sido caóticos. Esta será la cuarta derrota de Keiko. Yo he vivido la época de su padre que fue de corrupción total”, dijo a la AFP una de sus seguidoras en el mitin, Cristina Sotomayor, administradora de 63 años.

A pocos días de la votación, el último sondeo de hace cinco días sitúa a ambos candidatos cabeza a cabeza, con una quinta parte del electorado indeciso, cansado de la turbulencia política vivida con ocho presidentes en una década.

Una primera vuelta, plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude, con una treintena de candidatos reflejó la frustración generalizada con la clase política peruana. Fujimori y Sánchez, juntos, no llegaron ni al 30% de votos.

- Matanza y extorsiones -

Sánchez se presenta como la voz de los electores pobres y de las áreas rurales, al prometer un “cambio radical” y acusar a las élites y al Parlamento de ser responsables de la inestabilidad.

Los seguidores de Keiko recuerdan que su padre derrotó a las guerrillas que desangraron al país en los años 1980 y 1990, y estabilizó la economía, mientras que sus detractores recuerdan su condena por corrupción y violaciones de los derechos humanos.

“Nosotros representamos progreso, ellos retroceso”, aseguró Fujimori, a quien los peruanos dicen “la china” por sus ojos rasgados.

Keiko promete una política de firmeza frente a la inseguridad en un país que registró un aumento del 20% en las denuncias de extorsiones en 2025 respecto del año anterior.

“La vida cotidiana en Perú puede resultar aterradora: hay mucha delincuencia y muchos asesinatos. Extorsiones, asesinatos, cobros por protección...”, dijo en el mitin Raúl Porras, un agricultor de 52 años.

Lima registró 23 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, tres veces más que cinco años antes, según datos oficiales.

En su cierre de campaña, Sánchez atribuyó a la corrupción la imparable criminalidad. “Por eso vamos a proponer muerte civil a los corruptos”, manifestó al referirse a que los vetará en cargos públicos.

Dagni Espinoza, una enfermera de 42 años, y quien llegó vestida con su traje andino tradicional, dijo esperar que Sánchez “detenga las matanzas y las extorsiones”. “Tenemos miedo a morir por una bala perdida”, agregó.

A pesar de la inestabilidad, la economía peruana es estable. El próximo presidente tendrá que lidiar con un Congreso dividido y una profunda desconfianza pública hacia el gobierno.

Alrededor de 27 millones de peruanos están llamados a sufragar en la segunda vuelta en un país donde el voto es obligatorio.

Fuente: AFP