“Estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile: trabajadores y trabajadoras, y sus familias”, afirmó Boric antes de poner su firma en el texto aprobado por amplia mayoría en el Congreso.

La ceremonia en la que se promulgó la ley se realizó en el Parque de la Familia, un espacio verde y abierto, una señal de que la medida podría favorecer el desarrollo de las familias.

“Este es un proyecto pro-familia. Me preguntaba, ¿cuántos cuentos más se van a contar en las noches en Chile a los niños y las niñas (…) porque los padres, la madres, los cuidadores o las cuidadores van a poder estar junto a sus hijos en esos momentos clave?”, dijo el gobernante.

La promulgación de la ley de las 40 horas, que estuvo seis años en trámite en el Congreso, constituye un respiro político para el gobierno izquierdista de Boric, golpeado por la crisis de seguridad que vive el país que lo llevó a impulsar una legislación que refuerza y endurece la acción policial.

La autoría del proyecto de ley de las 40 horas era de diputadas del Partido Comunista, entre ellos Camila Vallejo, actual ministra vocera de gobierno, aunque salió adelante gracias a un acuerdo entre oficialismo y oposición.

La nueva ley se implementará de forma gradual. En el plazo de un año la jornada será de 44 horas, disminuirá a 42 en el tercer año de aplicación y a 40 horas luego de cinco años.

Según la normativa, los empleadores no podrán recortar las remuneraciones de los trabajadores y ambas partes podrán negociar una semana de cuatro días de trabajo y tres de descanso.

Además, establece que habrá jornadas laborales especiales para trabajadoras y trabajadores de casa particular, de transporte terrestre, agrícolas permanentes, de plataformas independientes, gente de mar y tripulantes de vuelo y cabina.

Sin embargo, estos beneficios podrían no llegar a los trabajadores del sector informal, que en Chile representa el 27,3%.

Cuando se completen los cinco años de aplicación de la ley, Chile será junto a Ecuador y Venezuela el tercer país de América Latina con una carga laboral de 40 horas semanales.

Brasil, El Salvador y Guatemala tienen una semana laboral de entre 42 y 45 horas semanales. En cambio, en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay se trabaja 48 horas por semana, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e información de las oficinas de AFP.

“Deben ser socorridas las personas que, al ser abandonadas sobre las olas, corren el riesgo de ahogarse. Es un deber de humanidad, es un deber de civilización”, clamó el pontífice argentino, con el azul mar Mediterráneo y el atardecer de fondo.

A los pies de la basílica neobizantina de Nuestra Señora de la Guardia, coronada por una imponente estatua de la Virgen con el niño Jesús en brazos, depositó flores blancas y amarillas en homenaje a los desaparecidos en el mar.

“Son nombres y apellidos, son rostros e historias, son vidas rotas y sueños destrozados (…) Frente a semejante drama no sirven las palabras, sino los hechos”, subrayó poco antes ante líderes religiosos y miembros de asociaciones de ayudas a migrantes.

A estas últimas les dio las gracias por su trabajo, máxime cuando en ocasiones gobiernos en Europa les impiden zarpar para realizar los rescates, algo que calificó de “gestos de odio”.

“Es muy fuerte el reconocimiento a nuestro trabajo y esperemos que [sus palabras] tengan un impacto y cese al fin la criminalización de nuestra acción”, dijo a AFP Fabienne Lassalle, responsable de la oenegé SOS Méditerrannée.

“Son ocho cuerpos que se han bajado del cerro” del Parque Nacional El Veladero entre el lunes y el jueves pasados, dijo Socorro Gil, presidenta de la agrupación, en conferencia de prensa ofrecida en el Muro de la Memoria de Acapulco.

El hallazgo ocurre tres semanas después de la desaparición, en esa misma ciudad costera, de siete personas que fueron raptadas el 1 de septiembre de un centro de rehabilitación, aunque ni la organización ni autoridades locales vincularon ambos eventos.

El colectivo informó que peritos de la fiscalía del estado de Guerrero, donde se ubica Acapulco, y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) participaron de las pesquisas hasta el jueves, pero no se presentaron este viernes para continuar los trabajos, generando preocupación entre las activistas.

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Gil, madre de Jhonatan Guadalupe Romero, detenido y desaparecido presuntamente por policías municipales el 5 de diciembre de 2018, exigió a las autoridades no detener las búsquedas y excavaciones en esa área.

“Voy a seguir buscando, no me voy a mover de ese lugar, hasta que no lleguen las autoridades correspondientes (…) hasta que estemos seguras de que no hay más víctimas allí”, denunció la activista, acompañada de otros familiares de desaparecidos.

En Guerrero, un estado convulsionado por la presencia de violentos grupos del crimen organizado en constante pugna por control de territorios, existen 4.171 casos de personas desaparecidas, según datos de la CNB.

Motivados por la desesperación y la falta de resultados en las investigaciones, los familiares buscan de propia cuenta a sus seres queridos, usualmente en lugares inhóspitos adonde acuden con picos y palas, a veces acompañados por autoridades.

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Son estas organizaciones las que suelen indicar a las autoridades la ubicación de las fosas clandestinas, donde los narcotraficantes suelen enterrar a sus víctimas, a raíz de pistas que reciben de manera anónima.

En México más de 420.000 personas han sido asesinadas y 111.500 desaparecidas, la mayoría desde 2006 cuando se militarizó la lucha antidrogas.

El gobierno mexicano contabilizó, entre diciembre de 2018 y junio de 2021, la existencia de 1.749 fosas clandestinas con restos humanos en el país, pero reportes de medios locales indican que la cifra ya supera las 2.700.

Temperaturas muy altas marcaron el invierno austral de este año en el Cono Sur americano, donde además del cambio climático, el fenómeno de El Niño hizo que los termómetros rozaran los 30ºC en Buenos Aires y provocó intensas lluvias en Chile o ciclones en el sur de Brasil.

En pleno agosto, se vivieron olas de calor en Argentina, Uruguay y Chile. En localidades como Tartagal, en el noroeste de Argentina, la temperatura alcanzó los 40,2ºC, mientras en Vicuña, al pie de la cordillera andina a unos 450 km al norte de Santiago, se elevó a 37ºC, la más alta en 70 años.

Pero también hubo lluvias torrenciales en Chile, las mayores en 30 años, que dejaron inundaciones, seis muertos y un superávit en zonas afectadas por una sequía de 13 años, como el centro del país, rico en producción agrícola.

En Muçum y otras ciudades del estado Rio Grande do Sul, en Brasil, un ciclón provocó grandes inundaciones y deslaves que dejaron 46 muertos a inicios de septiembre. El río Taquari se desbordó, lo que golpeó zonas elevadas y apartadas de su cauce.

En esta región de Brasil fronteriza con Uruguay, este invierno hubo granizos, vientos fuertes y tempestades. Más de 147.000 personas fueron afectadas en todo el estado brasileño.

Expertos prevén que estos eventos extremos comiencen a ser habituales, producto del cambio climático que agrava los efectos de fenómenos meteorológicos como El Niño y La Niña.

“Lo más probable es que ya no tengamos más escenarios con lluvias bien distribuidas y temperaturas amenas en los próximos años”, dijo a la AFP Pedro Côrtes, profesor del instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de Sao Paulo.

– Olas de calor y baja humedad –

Brasil vivió el mes de julio más caluroso desde 1961. La temperatura promedio fue un grado más alta respecto del período 1991-2020, de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet).

Las regiones que más experimentaron el aumento de temperatura fueron el sur de la Amazonía, el centro-oeste del país -corazón del agronegocio-, y la región sur.

En julio, los termómetros en el centro y norte de Argentina se elevaron con valores de hasta 6ºC y 7°C por encima del promedio, mientras en Santiago de Chile el promedio de temperaturas máximas para el trimestre junio-agosto fue de 17,3ºC, el cuarto más alto desde 1960.

“Este incremento de las temperaturas podría deberse a una sequedad de la atmósfera. No es el cambio climático el único responsable”, explica a la AFP Matías Pino, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile.

En Uruguay el invierno “se caracterizó por un déficit en las precipitaciones muy marcado (…) y por temperaturas elevadas” en comparación con los últimos 30 años, dijo la meteoróloga Madeleine Renom, profesora de la Universidad de La República.

– Efectos en la agricultura –

“La cantidad de agua que cae anualmente es parecida pero ahora son lluvias muy fuertes en poco tiempo, causando destrucciones en áreas agrícolas y de infraestructura urbana”, explica Adolfo Pria, profesor de la Universidad Nacional de Brasilia en el área de agricultura y medio ambiente.

Pria destaca que la concentración de lluvias con vientos fuertes presenta un riesgo para plantaciones expuestas a una erosión agresiva del suelo, como la soja y el maíz, de las que Brasil es el primer y segundo productor mundial, respectivamente.

La sequía venía golpeando las economías de varios países de la región, como Argentina, donde el gobierno estimó las pérdidas para este año a causa de la falta de agua en 20.000 millones de dólares, casi el 3% del PIB.

“Todos los productores se han jugado en sus siembras a las precipitaciones que traiga consigo El Niño desde septiembre y consideran que existe un gran potencial para una excelente cosecha ‘gruesa’ (soja, maíz, girasol) para 2024”, dijo el meteorólogo Mauricio Saldivar, de la organización Meteored.

La sequía, que desde hace tres años afecta a la cuenca del Río de la Plata, impactó en el suministro de agua potable en el suroeste de Uruguay y en el agro.

En el segundo trimestre del año el PIB uruguayo cayó 2,5% interanual, arrastrado por el impacto de las menores lluvias en la actividad agropecuaria y en el sector de la energía eléctrica, gas y agua.