Brasil busca debilitar al PCC, el grupo criminal más poderoso del país

Sao Paulo. Brasil ha apretado el cerco del Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo criminal más poderoso de Brasil, cuyo máximo líder fue "aislado" esta semana en una prisión federal en un intento de las autoridades por "debilitar" su estructura, según dijo a Efe el fiscal Lincoln Gakiya.

Un total de 22 líderes de primer y segundo escalón del PCC presos en Sao Paulo fueron trasladadas por las autoridades de regionales a tres prisiones federales del Brasil, una medida que “desestructura” al menos de forma momentánea la influyente organización.

En la lista de transferidos figura Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como “Marcola”, condenado a más de 200 años de cárcel y quien comanda el crimen organizado desde el interior de su celda gracias a la rígida y jerárquica estructura de la organización.

“La transferencia provoca una desorientación, una falta de coordinación. Es como si quitas al consejo director de una empresa y dejas a los funcionarios, que saben lo que es el día a día, pero no saben tomar medidas drásticas”, explicó Gakiya, fiscal de Sao Paulo y quien solicitó la transferencia de los 22 miembros del PCC.

La decisión de la justicia, ejecutada este miércoles, supone un duro golpe para la mayor facción criminal del país, que ha extendido sus tentáculos por todo Brasil y una parte de Sudamérica, especialmente Paraguay y Bolivia.

De acuerdo con el fiscal, el Primer Comando de la Capital se encuentra hoy en un estado “premafioso”, ya que reúne todos los componentes de los grupos mafiosos, excepto uno de ellos: la sofisticación en el lavado de dinero.

Fundado en 1993 durante una rebelión en Sao Paulo, el grupo, que inspiró su nombre en el equipo de fútbol de la cárcel, ha extendido en los últimos años su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas, y también al rentable robo de cargas y contrabando de combustible.

A pesar de su robusta estructura, Gakiya considera que la transferencia de Marcola y sus secuaces va a “debilitar” temporalmente al PCC, que podría iniciar una disputa interna por el poder ante el aislamiento de sus líderes.

“Cuando hay disputa interna por el poder, hay debilidad, eso es natural. Dejan de expandirse para cuidar de la propia dirección”, cuenta.

El capo de la facción fue transferido de una cárcel de Sao Paulo, bastión de la organización, a un presidio federal de Porto Velho capital del estado de Rondonia (norte), donde las reglas para las visitas y contacto con otros presos son mucho más rígidas.

El alejamiento de Marcola de su “zona de confort” va a “dificultar la transmisión de órdenes” a las bases del PCC, grupo que cuenta con alrededor de 30.000 miembros esparcidos por todo Brasil y con ramificaciones en algunos países de Sudamérica y Europa, entre ellos España, según el fiscal.

“Es como un boxeador que recibe un golpe fuerte. Se marea, pero va a continuar la lucha. El Estado tiene que aprovecharse de ese momento de aturdimiento”, señaló Gakiya, quien investiga la actuación del PCC desde hace más de una década y ha recibido amenazas de muerte por parte de la facción.

El fiscal considera improbable que la transferencia de los presos provoque represalias como las ocurridas en 2006, cundo el grupo criminal comandó una ola de ataques contra comisarías y centros de detención en el estado de Sao Paulo en los que mataron a decenas de policías y guardias de prisiones tras la decisión del Gobierno regional de aislar a los líderes de la facción.

“El riesgo siempre existe, pero no por ese riesgo el Estado va a dejar de trabajar”, precisó.

La decisión de transferir a los líderes del PCC se produjo después de que las autoridades frustraran un cinematográfico plan de fuga para liberar a Marcola de la cárcel Presidente Vencesalu, a 600 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, y la operación realizada este miércoles contó con el apoyo del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

El ultraderechista ha prometido mano dura contra el crimen organizado y su ministro de Justicia, Sergio Moro, ha presentado un paquete de medidas, pendientes de aprobación, que endurecen las leyes con el fin de acorralar la delincuencia, al que se le atribuye una violencia que anualmente deja unos 60.000 muertos en el país.

México: una multitud mató a golpes a mujer sospechosa de secuestrar y asesinar a una niña

Ana Rosa Aguilar murió luego de ser linchada por una grupo de manifestantes en Taxco, México. La mujer era investigada por el secuestro y posterior asesinato de la pequeña Camila de 8 años.

Junto con la mujer, otros dos hombres también fueron linchados, uno de ellos, el hijo de Ana Rosa quien también falleció, según reportan medios de ese país.

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Díaz Aguilar fue sustraída por una turba de un domicilio donde se escondía junto con las otras dos personas. La Policía logró rescatar a los tres agredidos, quienes fueron trasladados a un hospital local, pero la mujer falleció al instante.

En redes sociales circulaban videos de las agresiones sufridas por Ana Rosa Díaz, las cuales demostraban el enojo colectivo de los pobladores que lloraron la muerte de la pequeña Camila de 8 años.

Según los medios mexicanos, el 27 de marzo, Ana Rosa llamó a la madre de Camila, ambas vecinas, para que la niña fuera a jugar a su domicilio. Cuando la mamá fue a buscarla, la mujer indicó que la menor nunca llegó hasta el lugar. La búsqueda inició.

La madre de la niña comenzó a recibir llamadas de extorsión exigiendo 250 mil pesos a cambio de la libertad de su hija.

Mediante circuito cerrado se pudo corroborar que Camila sí ingresó a la vivienda de Ana María. Además, se observa cuando la mujer y dos hombres aparecen manipulando una bolsa de color negro, la cual depositan en un vehículo y se cree que se trataba del cadáver de la menor.

Mujer deberá indemnizar a su exesposo con casi 13 millones de pesos tras escracharlo en redes

Según el fallo que trató las injurias, la denunciada contaba con diferentes perfiles falsos desde donde gestionaba los agravios. Su defensora brindó otra versión de los hechos

Una mujer deberá indemnizar a su ex marido con casi 13 millones de pesos por realizar escraches virtuales en su contra. Así resolvió la Justicia de Control y Garantías de La Banda, Santiago del Estero, en el marco de una audiencia para analizar el delito de injurias concretado a través de publicaciones en redes sociales.

El proceso judicial que culminó con una sentencia indemnizatoria del juez Pedro Carlos Juri por una suma de 12.800.000 de pesos duró tres años y dio cuenta de que la demandada hostigaba a su ex pareja por medio de distintos perfiles falsos que utilizaba para agraviarlo en las redes.

“Este es un fallo ejemplar, que sienta precedentes en la Justicia de Santiago del Estero”, declaró a Noticiero 7 el abogado querellante Rolando Gómez Vélez, quien agregó: “Esto ha sido una odisea judicial”.

Al respecto, el abogado que representó al particular damnificado comentó que el trámite en la Justicia tuvo su inicio antes de la pandemia en virtud de “una mujer” que, “no contenta con la separación de su pareja, comenzó a escracharlo mediante numerosas publicaciones en redes sociales”.

“Él -relato Gómez Vélez-, cansado de estos escraches, se contactó conmigo con el objetivo de frenar este tipo de publicaciones que lo injuriaban. Entonces le enviamos una carta documento para intimarla al cese de las publicaciones, bajo el apercibimiento de iniciar las acciones penales y civiles. Ella no contestó la carta documento y dio pie a realizar la denuncia por calumnias e injurias.

Las injurias se inscriben dentro de los delitos que protegen el honor y están previstas en el artículo 110 del Código Penal de la Nación. Esta cláusula, en rigor, sanciona con una multa al que “intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física”.

Tras la apertura del expediente, según detalló el abogado, el Ministerio Público Fiscal de La Banda dispuso el secuestro y requisa del celular de la mujer demandada. En esa diligencia se constató que ella, en efecto, era la titular de las cuentas desde donde se efectuaban los posteos. “Con eso, más las capturas de pantallas que tenía mi cliente de esas publicaciones, se pudo comprobar la culpabilidad”, explicó.

En ese contexto, el abogado querellante precisó que su cliente se dedicaba al comercio y que los comentarios en internet de su exesposa le habían generado una “notable disminución en su cartera de clientes”. Por esa razón, abundó, “pedimos ante el juez el resarcimiento por los daños y perjuicios y el cese de las publicaciones”.

Luego agregó: “El juez no puede obligar a alguien a no hacer esto si la persona no quiere. Pero sí puede obligarla a pagar la indemnización en concepto de daño moral causado al honor, el buen nombre y la dignidad de mi cliente, entendido esto como un derecho personalísimo de raíz constitucional, que debe tener efectivamente una tutela procesal efectiva”.

Y concluyó: “Al juez no le ha quedado otra opción que fallar a favor de mi cliente. Más allá de que las injurias hayan sido verdaderas o falsas, lo que hacen es menoscabar el honor, independientemente de qué es a lo que se esté refiriendo”.

Por otro lado, en diálogo con El Liberal, la abogada defensora de la mujer demandada, Elizabeth Maldonado, contó su versión de los hechos, atravesados, según dijo, por una “violencia de género, tanto económica, física, y psicológica por años” de parte de su ex marido para con ella. Los ex esposos tienen tres hijos en común y el hombre cuenta con una medida de prohibición de acercamiento hacia su exesposa.

En la versión de la abogada, el conflicto judicial se originó a través de una demanda de alimentos en contra del hombre, que “siempre fue renuente a pagar y por ello se lo condenó a multas diarias, por burlarse con pagos irrisorios, a los fines de burlarse de mi clienta y de lo que ordenaba la jueza de familia”.

Bajo esos términos, para la letrada el padre de los tres chicos “nunca demostró hasta la fecha reales ingresos de su supuesta empresa, porque nunca mostró de qué trabaja o cuáles son sus ingresos reales”. A su vez, sobre las publicaciones en las redes sociales la defensora explicó que el hombre “denunció como injurias un reclamo por ser deudor, y la supuesta pérdida de clientes de una empresa que nunca se llegó a probar sus libros contables, y balances hasta el día de hoy, por el cual la jueza de Familia lo volvió a condenar a una multa diaria (...)”.

Además, entre otros asuntos, explicó al diario santiagueño que la indemnización “no está firme” debido al recurso de apelación que presentó ante la alzada. Consideró también que “esta sentencia además de ser un retroceso, viola los tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional, en especial con relación a la perspectiva de género la ley que ampara en la Argentina establece un principio en el Art. 7 inc. c, el principio de transversalidad que toda norma se debe aplicar teniendo en cuenta la perspectiva de género”.

La abogada intimó al letrado Gómez Vélez para que se retracte por “su violencia mediática en los medios de prensa”, ya que, según consignó, “es falso que se le secuestró el celular” en la causa. Luego concluyó: “El pedido del pago de la cuota alimentaria a un deudor moroso no debe ser respondido como una despechada, muy sexista y con un estereotipo machista que la ley de protección integral desea erradicar, como las políticas públicas del Estado”.


Denuncian el ‘robo’ de los genitales de 7 hombres con un acto de brujería

Un sospechoso confesó haber empleado poderes sobrenaturales conocidos como 'juju' en Ghana para robar su último 'trofeo' a un joven tras un contacto físico no especificado.

Siete residentes de la ciudad de Kasoa, en Ghana, perdieron sus miembros viriles en una sola semana en circunstancias inexplicables: todos denunciaron que sus genitales se desvanecieron tras un supuesto hechizo después de un contacto físico con desconocidos, sin ofrecer más detalles sobre el encuentro.

A juzgar por los relatos, las víctimas no fueron castradas a machetazos y tampoco parece que sufrieron agresiones físicas en el momento del ‘robo’ de sus penes. El último caso ocurrió este lunes, y el sospechoso confesó ante la Policía local haber empleado poderes sobrenaturales conocidos como ‘juju’ para obtener el ‘trofeo’.

La última víctima, un joven que vendía zapatos en la ciudad, se quedó sin pene durante el encuentro con dos desconocidos que afirmaron ser de Níger y expresaron interés por su mercancía, pidiendole asistencia ante aparentes problemas con el idioma local, recoge Pulse.

Según el reporte, en el proceso, uno de los desconocidos se acercó al vendedor y tras un contacto físico no especificado le provocó un ‘shock’ repentino que recorrió todo su cuerpo y la sensación de una extraña pesadez en la zona genital.

El joven ghanés se dio cuenta de que su miembro viril había desaparecido y entró en pánico en un frenesí de gritos y exigencias para que le devolvieran su pene. Los residentes locales acudieron en ayuda y capturaron al misterioso ‘cliente’, llevándolo a la comisaría. Durante el interrogatorio, el sospechoso afirmó haber empleado magia ‘juju’ para robar los genitales al vendedor.

Los intentos del ‘brujo’ de revertir su hechizo y devolver el órgano fueron infructíferos. El medio local asegura que víctimas anteriores de este tipo de brujería tuvieron más suerte. Sin embargo, aunque lograron recuperar sus genitales, no lograron tener erecciones.