“Hola, quisiera alquilar mi vientre, me pagan la mitad cuando la prueba [de embarazo] salga positiva (y) la otra mitad cuando nazca”, dicen ofertas en grupos de Facebook como la que publicó Zúñiga en 2019.

Un estadounidense soltero vio el anuncio, le pagó 15.000 dólares y nueve meses después se convirtió en padre gracias al denominado embarazo subrogado. En 2022, Zúñiga, de 40 años, repitió la experiencia para un cliente suizo y recibió el mismo monto, en un país donde el salario mínimo ronda los 250 dólares.

“Soy donante de órganos, de sangre. Y, pues, dije: ‘Yo no quiero tener más hijos para mí, pero sería bueno colaborar con alguien más para realizar el proceso’”, explicó esta auxiliar de enfermería a la AFP.

Lejos de las prohibiciones en Europa y de las altas tarifas en algunos estados de Estados Unidos donde el procedimiento es legal, Colombia es un paraíso para el embarazo subrogado por los bajos costos y el vacío en la legislación. En dos estados de México está regulado, igual que en Cuba, Uruguay y Brasil.

En cambio, ninguna ley regula el procedimiento en Colombia, lo que atrae a solteros, parejas con problemas de fertilidad, homosexuales y quienes por razones estéticas o laborales no quieren someterse a los rigores de un embarazo. 

En el Congreso, parlamentarios de la bancada oficialista ven con malos ojos la llegada de extranjeros para luego llevarse a los bebés.

“A muchas personas les genera temor que Colombia se pueda convertir en una fábrica de niños”, explicó el congresista de izquierda Alejandro Ocampo, quien diseñó un proyecto de ley que regularía los pagos e incluso exigiría que uno de los padres que alquilen el vientre sea colombiano. Deberá ser discutido en la legislatura que comenzó el 20 de julio.

El Ministerio de Salud trabaja en paralelo en otra propuesta legislativa. En Colombia no existen cifras oficiales de niños nacidos mediante esta práctica.

– Mercado –

Según la ginecóloga Karin Franco, propietaria de una clínica especializada en Bogotá, en Colombia hay profesionales más avezados en este tipo de procedimientos respecto al resto de América Latina. También nota un incremento en la demanda tras la invasión rusa a Ucrania en febrero del año pasado, un país destino predilecto de europeos en busca de vientres subrogados.

Además, dice, el mercado colombiano ofrece mejores tarifas que las de Estados Unidos, donde el precio puede ascender por encima de 100.000 dólares. 

La escasez de dinero motiva a muchas colombianas a alquilar su vientre: “Normalmente son mujeres de bajo estrato y entonces van a recibir unos 40 o 50 millones de pesos (unos 10.000 dólares)”, señaló la especialista.

Alrededor de una docena de clínicas de la capital colombiana ofrecen servicios de reproducción asistida, desde la fecundación hasta el parto. En la mayoría de los casos, la mujer que pone su vientre en alquiler no es la progenitora biológica de los niños, es decir, no ha aportado los óvulos.

Muchos clientes usan embriones obtenidos mediante fecundación in vitro y otros acuden a “donantes (de óvulos) que pasan por un proceso de selección y pruebas físicas, infecciosas, genéticas y psicológicas. Para las madres de alquiler, el proceso es similar”, explicó Franco. Así, se garantiza una alta tasa de éxito en el embarazo, que ronda en torno al 60-70%.

– Derechos –

Andreas Abele-Rassuly y su esposo- un matrimonio gay residente en Alemania y cansado de la “discriminación” en los centros locales de adopción- intentaron acceder a un embarazo subrogado en Albania, pero las trabas en la legislación de ese país europeo los espantaron.

Terminaron en la capital colombiana gracias a la intermediación de una empresa israelí. Ahora son padres de dos niños y consideran a las madres biológicas de los menores como “parte de la familia”.

Pero a esta práctica le llueven detractores. La abogada María Cristina Hurtado denuncia una vulneración de los derechos de “miles de mujeres, de niños y de niñas” que “terminan valiendo menos en la jerarquía de derechos” debido al “deseo de unos pocos”.

El congresista Alejandro Ocampo propone pasar a un modelo “altruista” en el que a la “madre de alquiler” sólo se le reembolsan los gastos del embarazo. También plantea vetar esta técnica reproductiva si al menos uno de los futuros padres no es colombiano.

Nadia Afanador, abogada experta en contratos de este tipo, criticó el proyecto de ley por considerarlo “un perjuicio para los extranjeros”.

“El derecho a la reproducción es un derecho humano”, afirmó Afanador, quien, sin embargo, apoya una ley que evite “abusos” y “riesgos comerciales”.

Safina Namukwaya tachó de “milagro” el nacimiento de sus gemelos el miércoles en un centro médico de la capital, Kampala, donde había recibido un tratamiento de fertilidad.

“Es un logro extraordinario”, dijo a la AFP el doctor Edward Tamale Sali, que siguió el embarazo y el parto.

Añadió que la madre y los bebés, una niña y un niño, siguen en observación, pero están en buen estado de salud.

“No hay forma de expresar mi alegría en este momento”, dijo Namukwaya, que vive en una zona rural a unos 120 kilómetros al oeste de Kampala.

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La mujer ya había tenido una primera hija en 2020 tras varios años de intentos infructuosos, que le valieron el apodo de “mujer maldita”.

Con su primer marido, fallecido en 1992, no tuvo hijos.

Su actual pareja, al que conoció cuatro años después, no asistió al parto.

“Quizá no esté contento de que haya dado a luz a gemelos (…) por miedo a las responsabilidades que eso puede conllevar”, declaró Namukwaya.

A mediados de la década de 1970, las dictaduras militares del Cono Sur se unieron para perseguir y eliminar a disidentes de izquierda ( y de otras corrientes democráticas) más allá de las fronteras nacionales, como parte de un plan secreto conocido como “Operación Cóndor”.

Cientos de personas fueron asesinadas bajo este programa de terror estatal apoyado por Estados Unidos, en el que participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, sin contar las miles de víctimas de esas dictaduras en sus propios territorios.

En el 50º aniversario del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende y puso en el poder al general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, repasamos la guerra encubierta que Chile y otros países libraron contra la izquierda.

La mayoría de los asesinados y secuestrados por la Operación Cóndor fueron detenidos en Argentina, donde muchos militantes de izquierda chilenos, paraguayos y uruguayos se exiliaron antes de que la presidenta María Estela Martínez de Perón fuera derrocada en 1976.

En un garaje de Buenos Aires, militares argentinos y uruguayos detuvieron y torturaron a cientos de disidentes de varios países.

Guyana ve el referéndum como un caso de anexión y pidió a la Corte Internacional de Justicia el 14 de noviembre que detuviera partes de la votación. El tribunal no ha emitido una decisión, pero incluso si falla en contra de Venezuela, el gobierno de Maduro tiene la intención de celebrar las elecciones el domingo.

El área de 61.600 millas cuadradas (159.500 kilómetros cuadrados) representa dos tercios de Guyana. Sin embargo, Venezuela siempre ha considerado a Esequibo como propio porque la región estaba dentro de sus fronteras durante el período colonial español, y durante mucho tiempo ha disputado la frontera decidida por árbitros internacionales en 1899, cuando Guyana todavía era una colonia británica.

El compromiso de Venezuela de perseguir el reclamo territorial ha fluctuado a lo largo de los años. Su interés volvió a despertarse en 2015, cuando ExxonMobil anunció que había encontrado petróleo en cantidades comerciales frente a la costa de Esequibo.

El último capítulo de la disputa ha sembrado la ira entre los residentes de la zona, la mayoría de los cuales son indígenas, contra el gobierno de Guyana. La información sobre el referéndum les ha llegado principalmente a través de publicaciones inexactas en las redes sociales que sólo han creado confusión entre los guyaneses.

“Nos sentimos abandonados como pueblo de esta tierra. No se está haciendo nada por nosotros en este momento”, dijo Michael Williams, un líder indígena de la aldea de Annai en Esequibo. “El gobierno (…) sólo viene cuando quiere nuestros votos. Ahora bien, existe esta disputa. Nadie está aquí para decirnos: ‘Estos son los problemas’. Esto puede llegar. Preparémonos para ello. Estamos negociando. Esperamos lo mejor.’ Nadie vendrá a decirnos eso”.

La frontera en disputa fue decidida por árbitros de Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos representó a Venezuela en el panel en parte porque el gobierno venezolano había roto relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

Los funcionarios venezolanos sostienen que los estadounidenses y los europeos conspiraron para engañar a su país y arrebatarles la tierra y argumentan que un acuerdo de 1966 para resolver la disputa anuló efectivamente el arbitraje original. Guyana , el único país de habla inglesa en América del Sur, sostiene que el acuerdo inicial es legal y vinculante y pidió a la corte mundial en 2018 que lo dictamine como tal.

Los votantes venezolanos tendrán que responder el domingo si “están de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme a la ley”, el límite de 1899 y si apoyan el acuerdo de 1966 “como único instrumento legal válido” para llegar a una solución.