Crece tensión política tras la peor tragedia carcelaria en Ecuador, que dejó 118 muertos

Dos días después de la peor tragedia de la violenta historia penitenciaria del país y amparados por un decreto del presidente Lasso que puso al sistema carcelario bajo estado de excepción, soldados buscaron armas y explosivos en Penitenciaría del Litoral.

Militares de Ecuador requisaron ayer la cárcel de Guayaquil donde una pelea de presos dejó esta semana 118 muertos, varios de ellos decapitados y mutilados, en la peor tragedia de la violenta historia penitenciaria del país.

Los forenses seguían las tareas de identificación de cuerpos, que se presume llevará semanas, y figuras de la oposición apuntaban al Gobierno por la matanza.

Dos días después de los enfrentamientos, y amparados por un decreto del presidente Guillermo Lasso que puso ayer al sistema carcelario del país bajo estado de excepción, soldados buscaron hoy armas y explosivos en la Cárcel Número 1 de la ciudad occidental y portuaria, conocida como Penitenciaría del Litoral, informaron autoridades.

De manera paralela, una veintena de médicos legistas y técnicos disectores llegados desde otras partes del país a Guayaquil, el corazón económico del país, continuaban con las tareas de identificación de los cadáveres para poder entregarlos a sus familiares, decenas de los cuales aguardaban angustiados a las afueras de la morgue judicial de la ciudad.

El director nacional técnico de Investigaciones de la Policía Nacional, Henry Coral, dio por hecho que la tarea de identificación “podría llevar semanas”.

Autoridades dijeron ayer que la masacre del martes fue resultado de una pelea entre presos vinculados a bandas internacionales de narcotraficantes por el «control» de la prisión, un incidente que volvió a poner de manifiesto la severa crisis de superpoblación y violencia que aqueja al sistema carcelario ecuatoriano desde hace tres años.

Otros 80 reclusos sufrieron heridas, agregaron las autoridades.

Solo en lo que va de año han muerto en este tipo de incidentes más 230 presos y el epicentro indiscutible fue el complejo penitenciario de Guayaquil, aunque la violencia no se limita a esa prisión, sino que la ciudad misma es uno de los focos de la actividad delictiva del país por su carácter portuario.

Desde agosto, han sido asesinadas en las calles más de 430 personas.

Políticos opositores y organismos de derechos humanos locales achacaron la crisis penitenciaria al desmantelamiento de numerosas instituciones, incluyendo ministerios, relacionados con el sistema carcelario, decidida por el anterior Gobierno del presidente Lenín Moreno y apoyadas en su momento por el ahora presidente Guillermo Lasso.

Además, Lasso, asumido en mayo pasado, había prometido en campaña que reformaría el sistema penitenciario “para evitar el exceso de personas privadas de la libertad en las cárceles” y “acabar con las mafias nacionales e internacionales, que operan desde adentro».

«Esto es fruto del desmantelamiento del Estado en Gobierno de Moreno con aplauso de Lasso y prensa. Eliminaron Ministerio Coord. de Seguridad, Interior, Justicia, Escuela de Guías, etc», escribió hoy en Twitter el expresidente Rafael Correa, que vive en Bélgica y es uno de los principales críticos de Moreno y Lasso.

El gobernador de la provincia de Guayas -cuya capital es Guayaquil-, Pablo Arosemena, dijo por redes sociales que la requisa en la Penitenciaría del Litoral era una operación conjunta con la Policía.

Se trata, dijo, de una «operación de requisa en varios pabellones de la Penitenciaría del Litoral» y se lleva a cabo «en el marco del estado de excepción decretado para continuar retomando el orden».

Según imágenes difundidas por la Gobernación de la provincia de Guayas, cientos de miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos de unidades de elite, participaron del operativo.

La posibilidad de que el Ejército entrara en la prisión quedó abierta ayer por el decreto emitido por Lasso que puso en estado de excepción todo el sistema penitenciario (SNAI), por 60 días.

«Es lamentable que a las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales», remarcó Lasso en una conferencia de prensa en Guayaquil en la que aseguró que el Estado no cejará en su afán de «recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador».

Según algunos expertos, la crisis carcelaria empezó en 2018, con Moreno en la Presidencia, cuando una serie de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos del crimen organizado y el narcotráfico en la frontera con Colombia marcaron una escalada en la delincuencia en el país y dejaron al descubierto la influencia de carteles extranjeros, entre ellos mexicanos.

Ecuador es un país de paso para la droga que sale desde los vecinos Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos y Europa.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer los hechos de violencia en la Penitenciaría del Litoral y pidió a Ecuador «investigar de oficio y con debida diligencia los hechos».Sobre los cuerpos, medios locales señalaron que no llegaba a la decena las identificaciones y entregas a familiares.

«Hicimos el levantamiento técnico de los cuerpos sin ningún dato informativo; además, la autopsia tiene un promedio de dos horas por cuerpo y son más de 100. Podríamos tardar semanas», dijo el director Investigaciones Coral, al diario local Expreso.

El funcionario pidió a las familias aportes con información sobre las características físicas de los presos, como tez, estatura, tatuajes y otras, dado que muchos cuerpos son irreconocibles.

Algunos de los cuerpos están quemados, mutilados, decapitados, desmembrados, por lo que se tendrá que aplicar métodos de antropología forense, como el cotejo fotográfico con el cráneo, o la identificación por ADN.

Mujer deberá indemnizar a su exesposo con casi 13 millones de pesos tras escracharlo en redes

Según el fallo que trató las injurias, la denunciada contaba con diferentes perfiles falsos desde donde gestionaba los agravios. Su defensora brindó otra versión de los hechos

Una mujer deberá indemnizar a su ex marido con casi 13 millones de pesos por realizar escraches virtuales en su contra. Así resolvió la Justicia de Control y Garantías de La Banda, Santiago del Estero, en el marco de una audiencia para analizar el delito de injurias concretado a través de publicaciones en redes sociales.

El proceso judicial que culminó con una sentencia indemnizatoria del juez Pedro Carlos Juri por una suma de 12.800.000 de pesos duró tres años y dio cuenta de que la demandada hostigaba a su ex pareja por medio de distintos perfiles falsos que utilizaba para agraviarlo en las redes.

“Este es un fallo ejemplar, que sienta precedentes en la Justicia de Santiago del Estero”, declaró a Noticiero 7 el abogado querellante Rolando Gómez Vélez, quien agregó: “Esto ha sido una odisea judicial”.

Al respecto, el abogado que representó al particular damnificado comentó que el trámite en la Justicia tuvo su inicio antes de la pandemia en virtud de “una mujer” que, “no contenta con la separación de su pareja, comenzó a escracharlo mediante numerosas publicaciones en redes sociales”.

“Él -relato Gómez Vélez-, cansado de estos escraches, se contactó conmigo con el objetivo de frenar este tipo de publicaciones que lo injuriaban. Entonces le enviamos una carta documento para intimarla al cese de las publicaciones, bajo el apercibimiento de iniciar las acciones penales y civiles. Ella no contestó la carta documento y dio pie a realizar la denuncia por calumnias e injurias.

Las injurias se inscriben dentro de los delitos que protegen el honor y están previstas en el artículo 110 del Código Penal de la Nación. Esta cláusula, en rigor, sanciona con una multa al que “intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física”.

Tras la apertura del expediente, según detalló el abogado, el Ministerio Público Fiscal de La Banda dispuso el secuestro y requisa del celular de la mujer demandada. En esa diligencia se constató que ella, en efecto, era la titular de las cuentas desde donde se efectuaban los posteos. “Con eso, más las capturas de pantallas que tenía mi cliente de esas publicaciones, se pudo comprobar la culpabilidad”, explicó.

En ese contexto, el abogado querellante precisó que su cliente se dedicaba al comercio y que los comentarios en internet de su exesposa le habían generado una “notable disminución en su cartera de clientes”. Por esa razón, abundó, “pedimos ante el juez el resarcimiento por los daños y perjuicios y el cese de las publicaciones”.

Luego agregó: “El juez no puede obligar a alguien a no hacer esto si la persona no quiere. Pero sí puede obligarla a pagar la indemnización en concepto de daño moral causado al honor, el buen nombre y la dignidad de mi cliente, entendido esto como un derecho personalísimo de raíz constitucional, que debe tener efectivamente una tutela procesal efectiva”.

Y concluyó: “Al juez no le ha quedado otra opción que fallar a favor de mi cliente. Más allá de que las injurias hayan sido verdaderas o falsas, lo que hacen es menoscabar el honor, independientemente de qué es a lo que se esté refiriendo”.

Por otro lado, en diálogo con El Liberal, la abogada defensora de la mujer demandada, Elizabeth Maldonado, contó su versión de los hechos, atravesados, según dijo, por una “violencia de género, tanto económica, física, y psicológica por años” de parte de su ex marido para con ella. Los ex esposos tienen tres hijos en común y el hombre cuenta con una medida de prohibición de acercamiento hacia su exesposa.

En la versión de la abogada, el conflicto judicial se originó a través de una demanda de alimentos en contra del hombre, que “siempre fue renuente a pagar y por ello se lo condenó a multas diarias, por burlarse con pagos irrisorios, a los fines de burlarse de mi clienta y de lo que ordenaba la jueza de familia”.

Bajo esos términos, para la letrada el padre de los tres chicos “nunca demostró hasta la fecha reales ingresos de su supuesta empresa, porque nunca mostró de qué trabaja o cuáles son sus ingresos reales”. A su vez, sobre las publicaciones en las redes sociales la defensora explicó que el hombre “denunció como injurias un reclamo por ser deudor, y la supuesta pérdida de clientes de una empresa que nunca se llegó a probar sus libros contables, y balances hasta el día de hoy, por el cual la jueza de Familia lo volvió a condenar a una multa diaria (...)”.

Además, entre otros asuntos, explicó al diario santiagueño que la indemnización “no está firme” debido al recurso de apelación que presentó ante la alzada. Consideró también que “esta sentencia además de ser un retroceso, viola los tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional, en especial con relación a la perspectiva de género la ley que ampara en la Argentina establece un principio en el Art. 7 inc. c, el principio de transversalidad que toda norma se debe aplicar teniendo en cuenta la perspectiva de género”.

La abogada intimó al letrado Gómez Vélez para que se retracte por “su violencia mediática en los medios de prensa”, ya que, según consignó, “es falso que se le secuestró el celular” en la causa. Luego concluyó: “El pedido del pago de la cuota alimentaria a un deudor moroso no debe ser respondido como una despechada, muy sexista y con un estereotipo machista que la ley de protección integral desea erradicar, como las políticas públicas del Estado”.


Denuncian el ‘robo’ de los genitales de 7 hombres con un acto de brujería

Un sospechoso confesó haber empleado poderes sobrenaturales conocidos como 'juju' en Ghana para robar su último 'trofeo' a un joven tras un contacto físico no especificado.

Siete residentes de la ciudad de Kasoa, en Ghana, perdieron sus miembros viriles en una sola semana en circunstancias inexplicables: todos denunciaron que sus genitales se desvanecieron tras un supuesto hechizo después de un contacto físico con desconocidos, sin ofrecer más detalles sobre el encuentro.

A juzgar por los relatos, las víctimas no fueron castradas a machetazos y tampoco parece que sufrieron agresiones físicas en el momento del ‘robo’ de sus penes. El último caso ocurrió este lunes, y el sospechoso confesó ante la Policía local haber empleado poderes sobrenaturales conocidos como ‘juju’ para obtener el ‘trofeo’.

La última víctima, un joven que vendía zapatos en la ciudad, se quedó sin pene durante el encuentro con dos desconocidos que afirmaron ser de Níger y expresaron interés por su mercancía, pidiendole asistencia ante aparentes problemas con el idioma local, recoge Pulse.

Según el reporte, en el proceso, uno de los desconocidos se acercó al vendedor y tras un contacto físico no especificado le provocó un ‘shock’ repentino que recorrió todo su cuerpo y la sensación de una extraña pesadez en la zona genital.

El joven ghanés se dio cuenta de que su miembro viril había desaparecido y entró en pánico en un frenesí de gritos y exigencias para que le devolvieran su pene. Los residentes locales acudieron en ayuda y capturaron al misterioso ‘cliente’, llevándolo a la comisaría. Durante el interrogatorio, el sospechoso afirmó haber empleado magia ‘juju’ para robar los genitales al vendedor.

Los intentos del ‘brujo’ de revertir su hechizo y devolver el órgano fueron infructíferos. El medio local asegura que víctimas anteriores de este tipo de brujería tuvieron más suerte. Sin embargo, aunque lograron recuperar sus genitales, no lograron tener erecciones.

Colombia rompe relaciones con Argentina, tras expresiones de Milei

Las agresivas expresiones del presidente argentino Javier Milei contra su par colombiano Gustavo Petro, determinó el rompimiento de relaciones entre los dos países.


El Gobierno de Colombia resolvió la expulsión de todo el cuerpo diplomático de Argentina en su país, tras las declaraciones que el presidente Milei hizo en contra del mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien en una entrevista con CNN llamó “asesino terrorista”.

“Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática”, dijo el Gobierno de Colombia en un comunicado.

Las decisión de Colombia se produce luego de que en conversación con Andrés Oppenheimer, Milei dijera, en referencia al pasado guerrillero de Petro, que “mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”.

De acuerdo a la Cancillería de Colombia, el alcance de la expulsión “se comunicará a la embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos”.

CNN solicitó a la Cancillería de Argentina comentarios sobre esta decisión y está en espera de respuesta.

Antes de conocerse la decisión, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, anticipó en su cuenta de X que el Gobierno colombiano “está explorando todas las medidas” para responder a las declaraciones de Milei en contra de Petro. “Pronto se anunciarán decisiones”, señaló.

Fuente: CNN / Agencias