El 5 de mayo, fue decomisado en Francia un cargamento de 22 toneladas azúcar mezclada con cocaína proveniente de Colombia y diez sospechosos fueron detenidos.

Al mimo tiempo, siete ciudadanos colombiano acusados de ser los “químicos” encargados de separar la cocaína del azúcar, fueron detenidos en España y un individuo fue arrestado en Dubái.

Estos arrestos se produjeron en el marco de una investigación iniciada en junio de 2021 en el sur de Francia por sospechas de fraude al seguro parcial de desempleo en el contexto de la pandemia del covid-19, indicó el ministerio en el comunicado.

La justicia fue alertada por el ministerio del Trabajo de Francia sobre “una empresa que no parecía tener ninguna actividad”, pero que había recibido un pago de 124.000 euros, señalaron las autoridades.

Los inspectores se percataron que la falta de actividad se debía que se trataba de una “organización criminal” que llevaba a cabo “actividades de contrabando de tabaco y de estupefacientes provenientes de los Emiratos Árabes Unidos y de Colombia”.

Frente a la amplitud del fraude y sus ramificaciones internacionales, una jurisdicción francesa encargada de la lucha contra el crimen organizado y tres jueces de instrucción en París tomaron el caso.

Los investigadores descubrieron que la organización criminal era responsable “de la importación de 12 toneladas de tabaco incautadas por las autoridades belgas en agosto de 2021 y de 600 kilos de cocaína confiscados en septiembre de 2021 en el puerto de Cartagena de Indias por las autoridades colombianas”, precisó el comunicado.

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La banda de Otoniel – responsable de entre un 30 y 60% de la cocaína que sale del país (equivalente a unas 700 toneladas) – se vengó de la reciente extradición de su jefe a Estados Unidos con un “paro armado” que inmovilizó por seis días una vasta zona del norte y noroeste del país, en las narices de la fuerza pública.

Algunas claves del fenómeno:

1. Fallos al desnudo

Tras la captura de “Otoniel” en octubre, el presidente Iván Duque cantó victoria: este es un “golpe que marca el final del Clan del Golfo”.

Pero la banda que se formó a partir de los remanentes de los paramilitares de ultraderecha demostró lo contrario. Pese a la movilización de 52.000 militares y policías, según el gobierno, mató a ocho personas, cinco de ellas de la fuerza pública, y restringió el comercio, las clases y el transporte en 141 de los 1.100 municipios colombianos, según balances oficiales.

“El Estado no tiene muy claro qué hacer. Lo que muestra como éxitos en seguridad, incluso la misma extradición de Otoniel, no significa que en el terreno las cosas cambien”, dijo a la AFP Kyle Johnson, analista de la fundación Conflict Response.

Según Johnson, “en los últimos dos o tres años el Clan es el grupo (armado) que más se ha expandido en el territorio”.

La Fundación Paz y Reconciliación estima que la banda hace presencia en 241 municipios (31 más que el año pasado) y tiene un pie de fuerza de unos 3.200 integrantes, la mitad de ellos armados y el resto colaboradores.

Durante “el paro armado” exhibió su fuerza en regiones que estaban relativamente a salvo de la violencia posterior al acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016.

“El gobierno cree que como hay menos violencia no es tan grave. Pero, así no haya los niveles de violencia que vemos en el sur del país (donde operan rebeldes que siguieron en armas), la situación está muy grave”, opina Johnson.

2. Nuevas formas de lucha

El desafío “ya no es solo militar”. El gobernador de Sucre, uno de los departamentos azotados por el Clan, alertó sobre sus nuevas formas de lucha. “Aquí tenemos un reto, pienso yo, cibernético”, aseguró en entrevista con W Radio.

A punta de audios en WhatsApp y mensajes de Facebook, la banda que ahora comandan “Siopas” y “Chiquito Malo”, lugartenientes de Otoniel, intimidó con igual o más efectividad que con los fusiles.

Según el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, había suficiente policía para garantizar la seguridad “pero la gente no quería salir porque tienen unas cadenas de WhatsApp y de Facebook que les están diciendo que no salgan”.

Un periodista reveló que fue forzado a divulgar un panfleto del Clan desde la página de Facebook de su medio. Pero la amenaza no se quedó ahí.

“Comenzaron a hacer acciones reales donde tu veías que podían hacerte daño o quitarte la vida. Como quemar una motocicleta o darte (golpes) con una varilla. Entonces la gente vio que sí corría peligro su vida y les prestó atención”, dijo el comunicador a la AFP bajo reserva.

Para el experto en investigación digital Carlos Cortés “la idea de que WhatsApp está mostrando una manera nueva de intimidar y controlar a las poblaciones es una cortina de humo política”. “La respuesta no está en WhatsApp. Está en la operación y la presencia de esos grupos en el territorio”, enfatiza Cortés.

3. Mano dura o negociación

Faltando días para la elección presidencial del 29 de mayo, el Clan del Golfo aterrizó en la campaña. El izquierdista Gustavo Petro, favorito en la encuestas, criticó la “fallida propuesta de seguridad” del gobierno frente a las drogas.

En otras ocasiones, Petro ha planteado una oferta de “sometimiento colectivo” para narcotraficantes que incluya beneficios jurídicos a cambio de que dejen el negocio.

Su principal rival, el derechista Federico Gutiérrez, pide en cambio que Colombia no ceda “ante estos criminales” y que la fuerza pública siga persiguiéndolos.

Ante el frustrado combate contra las drogas, se aviva el debate entre “mano dura” o negociación. “Hay que pensar en rebajas de penas, en un proceso de desarme, desmovilización y reintegración, además de mecanismos para contar la verdad a las víctimas”, apuntó Johnson.

Pero advierte que un eventual arreglo con la banda narco solo funcionará si el Estado logra “copar el territorio” que hoy domina el Clan. “En el proceso de paz con las FARC no se hizo, la pregunta ahora es si es posible hacerlo con el Clan”, añade.