Desmantelan red internacional implicada en caso de cocaína mezclada con azúcar

Un total de 18 personas acusadas de formar una red internacional de tráfico de droga fueron detenidas la semana pasada en Francia, España y Dubái, indicó el miércoles el ministerio francés de Finanzas en un comunicado. 


Fuente: AFP

 

El 5 de mayo, fue decomisado en Francia un cargamento de 22 toneladas azúcar mezclada con cocaína proveniente de Colombia y diez sospechosos fueron detenidos.

Al mimo tiempo, siete ciudadanos colombiano acusados de ser los “químicos” encargados de separar la cocaína del azúcar, fueron detenidos en España y un individuo fue arrestado en Dubái.

Estos arrestos se produjeron en el marco de una investigación iniciada en junio de 2021 en el sur de Francia por sospechas de fraude al seguro parcial de desempleo en el contexto de la pandemia del covid-19, indicó el ministerio en el comunicado.

La justicia fue alertada por el ministerio del Trabajo de Francia sobre “una empresa que no parecía tener ninguna actividad”, pero que había recibido un pago de 124.000 euros, señalaron las autoridades.

Los inspectores se percataron que la falta de actividad se debía que se trataba de una “organización criminal” que llevaba a cabo “actividades de contrabando de tabaco y de estupefacientes provenientes de los Emiratos Árabes Unidos y de Colombia”.

Frente a la amplitud del fraude y sus ramificaciones internacionales, una jurisdicción francesa encargada de la lucha contra el crimen organizado y tres jueces de instrucción en París tomaron el caso.

Los investigadores descubrieron que la organización criminal era responsable “de la importación de 12 toneladas de tabaco incautadas por las autoridades belgas en agosto de 2021 y de 600 kilos de cocaína confiscados en septiembre de 2021 en el puerto de Cartagena de Indias por las autoridades colombianas”, precisó el comunicado.

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El clan del Golfo, el poder paralizante del narcoráfico en Colombia

Decenas de poblados desiertos, casi una decena de asesinatos y 187 vehículos incinerados. El ejército del narco en Colombia, que el gobierno llegó a dar por vencido, desplegó su formidable fuerza en la recta final hacia las presidenciales. 


Fuente: AFP

 

La banda de Otoniel – responsable de entre un 30 y 60% de la cocaína que sale del país (equivalente a unas 700 toneladas) – se vengó de la reciente extradición de su jefe a Estados Unidos con un “paro armado” que inmovilizó por seis días una vasta zona del norte y noroeste del país, en las narices de la fuerza pública.

Algunas claves del fenómeno:

 

1. Fallos al desnudo

Tras la captura de “Otoniel” en octubre, el presidente Iván Duque cantó victoria: este es un “golpe que marca el final del Clan del Golfo”.

Pero la banda que se formó a partir de los remanentes de los paramilitares de ultraderecha demostró lo contrario. Pese a la movilización de 52.000 militares y policías, según el gobierno, mató a ocho personas, cinco de ellas de la fuerza pública, y restringió el comercio, las clases y el transporte en 141 de los 1.100 municipios colombianos, según balances oficiales.

“El Estado no tiene muy claro qué hacer. Lo que muestra como éxitos en seguridad, incluso la misma extradición de Otoniel, no significa que en el terreno las cosas cambien”, dijo a la AFP Kyle Johnson, analista de la fundación Conflict Response.

Según Johnson, “en los últimos dos o tres años el Clan es el grupo (armado) que más se ha expandido en el territorio”.

La Fundación Paz y Reconciliación estima que la banda hace presencia en 241 municipios (31 más que el año pasado) y tiene un pie de fuerza de unos 3.200 integrantes, la mitad de ellos armados y el resto colaboradores.

Durante “el paro armado” exhibió su fuerza en regiones que estaban relativamente a salvo de la violencia posterior al acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016.

“El gobierno cree que como hay menos violencia no es tan grave. Pero, así no haya los niveles de violencia que vemos en el sur del país (donde operan rebeldes que siguieron en armas), la situación está muy grave”, opina Johnson.

2. Nuevas formas de lucha

El desafío “ya no es solo militar”. El gobernador de Sucre, uno de los departamentos azotados por el Clan, alertó sobre sus nuevas formas de lucha. “Aquí tenemos un reto, pienso yo, cibernético”, aseguró en entrevista con W Radio.

A punta de audios en WhatsApp y mensajes de Facebook, la banda que ahora comandan “Siopas” y “Chiquito Malo”, lugartenientes de Otoniel, intimidó con igual o más efectividad que con los fusiles.

Según el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, había suficiente policía para garantizar la seguridad “pero la gente no quería salir porque tienen unas cadenas de WhatsApp y de Facebook que les están diciendo que no salgan”.

Un periodista reveló que fue forzado a divulgar un panfleto del Clan desde la página de Facebook de su medio. Pero la amenaza no se quedó ahí.

“Comenzaron a hacer acciones reales donde tu veías que podían hacerte daño o quitarte la vida. Como quemar una motocicleta o darte (golpes) con una varilla. Entonces la gente vio que sí corría peligro su vida y les prestó atención”, dijo el comunicador a la AFP bajo reserva.

Para el experto en investigación digital Carlos Cortés “la idea de que WhatsApp está mostrando una manera nueva de intimidar y controlar a las poblaciones es una cortina de humo política”. “La respuesta no está en WhatsApp. Está en la operación y la presencia de esos grupos en el territorio”, enfatiza Cortés.

 

3. Mano dura o negociación

Faltando días para la elección presidencial del 29 de mayo, el Clan del Golfo aterrizó en la campaña. El izquierdista Gustavo Petro, favorito en la encuestas, criticó la “fallida propuesta de seguridad” del gobierno frente a las drogas.

En otras ocasiones, Petro ha planteado una oferta de “sometimiento colectivo” para narcotraficantes que incluya beneficios jurídicos a cambio de que dejen el negocio.

Su principal rival, el derechista Federico Gutiérrez, pide en cambio que Colombia no ceda “ante estos criminales” y que la fuerza pública siga persiguiéndolos.

Ante el frustrado combate contra las drogas, se aviva el debate entre “mano dura” o negociación. “Hay que pensar en rebajas de penas, en un proceso de desarme, desmovilización y reintegración, además de mecanismos para contar la verdad a las víctimas”, apuntó Johnson.

Pero advierte que un eventual arreglo con la banda narco solo funcionará si el Estado logra “copar el territorio” que hoy domina el Clan. “En el proceso de paz con las FARC no se hizo, la pregunta ahora es si es posible hacerlo con el Clan”, añade.

Nuevos desórdenes en prisión de Ecuador donde fueron asesinados 44 presos

La prisión de la ciudad de Santo Domingo, en el centro de Ecuador, donde el lunes fueron asesinados 44 presos en una reyerta entre clanes, fue escenario este miércoles de nuevos desórdenes, según confirmó el servicio penitenciario ecuatoriano.


Fuente: EFE

“Se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad, con las instituciones a cargo: Policía y Fuerzas Armadas, ante alerta de incidentes en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo Nº1”, indicó en Twitter el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).

Al parecer, varios presos se subieron a los techos de las instalaciones de la cárcel para exigir protección.

Los hechos ocurrieron de mañana en el centro de rehabilitación social de Bellavista, donde ocurrió la matanza el lunes y de la que 220 presos lograron escapar, aunque han sido recapturados 200, según las autoridades, que han ofrecido a la ciudadanía 5.000 dólares por información que ayude a detener a los aún fugados.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran a varios presos encaramados a un techo metálico gritando a miembros de las fuerzas de seguridad, además de uniformados militares acordonando el perímetro de la prisión.

Audios atribuidos a presos de mediana seguridad de esa prisión y distribuidos por redes también dan cuenta de algún tipo de incidente y la alarma causada entre los reos por la presunta llegada al pabellón de integrantes de grupos organizados.

Los datos más recientes proporcionados por la Secretaría de Derechos Humanos indican que de los 44 presos fallecidos el lunes y cuyos cuerpos ensangrentados fueron dejados en uno de los patios del centro penitenciario, 42 fueron identificados y una veintena entregados a sus familiares.

La del lunes fue la última de una serie de sanguinarios motines que se han cobrado la vida de más de 400 reclusos desde 2020, de ellos 63 solo en este 2022.

El director del SNAI, Pablo Ramírez, cifró en 124 los presos trasladados desde la cárcel de Cuenca, donde el mes pasado ocurrió otro motín que dejó una veintena de presos fallecidos, a la de Santo Domingo, lo que habría motivado nuevas rencillas.

Estos traslados fueron en cumplimientos de habeas corpus otorgados por la Justicia ecuatoriana a petición de los mismos presos, pese a la oposición del SNAI, el organismo encargado de administras y custodiar las cárceles ecuatorianas.

Esto agravó el hacinamiento de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, una prisión con capacidad para 916 reos pero que a finales de abril sobrepasaba los 1.600, lo que supone una sobrepoblación del 76 %, según los datos del SNAI.

De acuerdo al director del SNAI actualmente hay 33.000 presos en los 36 centros que tiene Ecuador, cuya capacidad total es para poco más de 30.000.

La crisis carcelaria que atraviesa Ecuador ha llevado a organismos como la ONU, a través de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresar su preocupación y pedir al Gobierno ecuatoriano medidas urgentes para reducir la población carcelaria y asumir el control de las cárceles.

Ecuador está en vías de contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, ha anunciado la concesión de 5.000 indultos y desarrollado la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.

El Salvador: Condenan por homicidio a una mujer tras sufrir un aborto involuntario

La defensa considera que el juez actuó con "parcialidad, privilegiando" la versión ofrecida por la Fiscalía, que estuvo "cargada de estigmas y estereotipos de género".


Fuente: AP

Un tribunal de El Salvador ha condenado a 30 años de prisión a una mujer que sufrió un aborto involuntario, pero la corte ha dictaminado que se trató de un homicidio agravado, informa la prensa local.

La mujer, identificada únicamente como ‘Esme’, sufrió una emergencia obstétrica en 2019, y “en vez de recibir atención médica, fue acusada por la Fiscalía General y ha permanecido en prisión preventiva durante dos años”, lejos su hija de siete años, denunció la organización Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Karla Vaquerano, abogada de ‘Esme’, señaló que el juez actuó con “parcialidad, privilegiando” la versión ofrecida por la Fiscalía, que estuvo “cargada de estigmas y estereotipos de género”. La defensa adelantó que apelará la sentencia, mientras que la imputada aseguró que continuará luchando por su hija y su familia.

Ley antiaborto

“Esta condena es la primera que se produce durante el gobierno de Nayib Bukele, quien había prometido poner fin a la persecución sistemática de mujeres que enfrentan emergencias de salud durante sus embarazos. El caso de ‘Esme’ nuevamente refleja la criminalización de mujeres que viven en condiciones de pobreza, sin acceso a educación y servicios de salud”, condenó la organización.

El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más severas. La legislación del país centroamericano penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas a 30 años de prisión.